La “revolución ciudadana” contra los movimientos sociales

“Esta casa constituye ahora el símbolo de la resistencia de este pueblo contra la prepotencia. Este edificio es fruto de la lucha del movimiento indígena, del levantamiento del 90, y por eso estamos aquí para defender la memoria histórica de nuestro pueblo”, señaló Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) el 6 de enero durante la movilización para defender el edificio de la Conaie en Quito[1].

“Expulsar a la Conaie de su edificio es un acto injusto y políticamente insensato”, puede leerse en la carta abierta que el sociólogo portugués envió al presidente Rafael Correa[2]. La Conaie es el más importante movimiento social del país y uno de los más destacados de América Latina. Ocupa su sede en el norte de la ciudad desde 1991, cuando el presidente Rodrigo Borja firmó un convenio con la organización.

“Tendrán que desalojarnos”, dijo la dirigente quichua Blanca Chancoso. La organización indígena ha protagonizado varios levantamientos, desde junio 1990, paralizando el país para colocar las demandas indias en el centro de la agenda política. La Conaie agrupa más de cinco mil comunidades de la sierra, la selva y la costa, jugó un papel destacado en la caída de los gobiernos de Abdalá Bucaram en 1997 y de Jamil Mahuad, en enero de 2000, defenestrados en medio de masivas movilizaciones.

En Ecuador el protagonismo indígena y popular ha jugado un papel destacado en la deslegitimación del modelo neoliberal, abriendo paso a gobiernos progresistas y a una nueva Constitución (2008). Desde 2007 gobierna Correa, quien domina ampliamente al parlamento y cuenta con un poder judicial afín.

La Conaie argumenta que el comodato por el que ocupa su edificio está vigente hasta el año 2021 pero el gobierno pretendía desalojarlos el 6 de enero. En un comunicado el 15 de diciembre, la organización denunció el carácter colonial de la medida, ya que la sede fue entregada por el Estado como parte de la reparación histórica que le corresponde. La dirigente Nina Pacari enfatizó que en realidad se vive una “persecución política de este gobierno a los pueblos indígenas y a los sectores populares”[3].

A principios de enero el gobierno dio marcha atrás y suspendió el desalojo por dos meses, en medio de una movilización indígena en defensa de su local y ante el creciente repudio internacional, ya que Correa busca mantener su imagen fuera del país. En todo caso, el episodio sirve para mostrar el tipo de régimen que se está construyendo en Ecuador, y el carácter de las relaciones que quiere mantener con los movimientos sociales.

Un mal año para Correa

Las relaciones entre Correa y los movimientos sociales nunca fueron buenas. En marzo de 2009, el gobierno retiró la personería jurídica de la ONG Acción Ecológica, que existe desde hace más de 20 años, por haber “incumplido los fines para los que fue creada”. Una carta de Eduardo Galeano y la extensa solidaridad internacional convencieron al presidente de dejar la medida sin efecto.

Debe recordarse que hay casi 200 dirigentes y militantes indígenas acusados por desórdenes e incluso por terrorismo, por hacer lo mismo que siempre hicieron los movimientos bajo el modelo neoliberal, (bloquear carreteras, interrumpir mercados, realizar marchas y manifestaciones), un tipo de activismo del cual se beneficiaron quienes ahora ocupan el Ejecutivo. La animadversión mutua no es nueva, pero se agudizó en los últimos años.

El enfrentamiento entre Correa y los movimientos contrasta incluso con las relaciones que mantuvieron algunos gobiernos durante el período neoliberal. El socialdemócrata Borja reaccionó de forma negociadora al levantamiento indígena del Inti Raymi en 1990, promoviendo la entrega de tierras a las comunidades, además de impulsar la alfabetización y la educación bilingüe.

En los últimos meses ese distanciamiento se convirtió en una mezcla de represión y acoso, porque 2014 fue un mal año para Correa: puso fin a la Iniciativa Yasuní con lo que se disparó un amplio movimiento social en defensa del parque nacional; sufrió una derrota imprevista en las elecciones y la protesta social creció de modo exponencial.

El gobierno decidió poner fin a la Iniciativa Yasuní, por la que se había suspendido la explotación petrolera en el parque nacional que lleva ese nombre, como compromiso del país contra el calentamiento global. Los ingresos no percibidos por Ecuador serían compensados con aportes internacionales. El 15 de agosto de 2013 el gobierno decidió suspender la iniciativa y el movimiento Yasunidos 700 mil firmas para convocar un plebiscito, opción rechazada por el Consejo Nacional Electoral.

La ecologista Esperanza Martínez, integrante de Acción Ecológica, desnuda el modo como las autoridades impidieron el plebiscito. Se aplicaron todo tipo de medidas, desde las que pretendieron “desmoralizaron a los recolectores (de firmas) hasta las trampas directas”[4]. El movimiento Yasunidos recogió una cantidad de firmas que superaba con creces el 5% exigido por la ley para convocar un plebiscito.

Pero las firmas fueron confinadas en un cuartel militar, sin que los miembros del movimiento tuvieran acceso a ellas. Luego el Consejo Nacional Electoral comenzó la eliminación masiva de formas, con mínima presencia de miembros de Yasunidosen la verificación. Finalmente, la mayor parte de las firmas fueron desechadas y el plebiscito no se pudo convocar. Según Martínez, fue “un fraude anunciado”.

Derrota electoral y protesta laboral

El gobierno tuvo una importante derrota electoral en las elecciones locales de 2014. Vale la pena detenerse en los resultados de las elecciones del 23 de febrero porque es la primera vez que sufre una derrota en ese campo y porque a partir de ese momento se dispararon los temores del oficialismo de ser desbancado del poder estatal.

Alianza País, el partido de Correa, fue derrotado en las tres principales ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, y retrocedió en la sierra, donde estuvo su base social desde el comienzo del proceso. La derrota del candidato oficialista en Quito (Augusto Berrera) fue estrepitosa: alrededor de 20 puntos a favor de Mauricio Rodas, del centroderecha. Lo importante es que en la capital, que era gobernada por el oficialismo, el gobierno volcó enormes recursos y todo el apoyo institucional.

En Guayaquil, por el contrario, aunque la derecha ganó por sexta vez consecutiva, Alianza País recortó distancias. Además perdió en las zonas mineras y de expansión petrolera y retrocedió en la sierra. Como señala el sociólogo Pablo Ospina, “todos los prefectos que se pronunciaron contra la explotación minera a gran escala obtuvieron mayor votación que en 2009”[5].

El gobierno perdió diez capitales de provincia pero el retroceso a nivel de alcaldías fue aún mayor: en 2009 ganó 73 alcaldías de las que conservó sólo 65. Creció en la costa pero se despeño en la sierra, pasando de 36 a 14 alcaldías. En la sierra vive la población india, la más politizada, la que protagonizó la resistencia al neoliberalismo y la que fue base social del gobierno de Correa. Por eso Ospina sostiene que estamos ante “un desplazamiento del electorado de Alianza País de la sierra a la costa”.

“La gran cantidad de episodios autoritarios del gobierno nacional en el último año pueden ser perfectamente responsables de un parte de la factura electoral”, sostiene Opsina. Dos de los partidos que mantuvieron su fuerza o crecieron son de izquierda: Pachakutik (aliado de la Conaie) creció en la sierra y obtuvo 26 alcaldes y el Partido Socialista alcanzó 12 alcaldías. Pero también crecieron los nuevos partidos de centroderecha.

Algunos analistas, como el economista Francisco Muñoz Jaramillo, sostienen que el gobierno tuvo un “revés estratégico” en las elecciones, lo que puede significar la pérdida de hegemonía del régimen así como la creación de “un escenario que podría revertir la tendencia electoral triunfalista de Correa durante los últimos siete años”[6].

Cabe preguntarse por qué se trata de una derrota estratégica, cuando estamos sólo ante un declive electoral, importante pero no necesariamente definitivo. Según Muñoz, algo que comparten otros analistas ecuatorianos, la carencia de cambios estructurales en el país, relacionados con las demandas históricas de los sectores populares e indígenas, “influyeron y hasta determinaron las recientes pérdidas electorales de Alianza País y del oficialismo”.

Las masivas protestas de noviembre contra la reforma laboral, protagonizadas por la Conaie ybel Frente Unitario de Trabajadores (FUT), fueron un toque de alerta para el gobierno, de la misma importancia que la derrota electoral. Fue la tercera oleada de protestas en menos de seis meses con marchas en las ciudades. Mesías Tatamuez, del FUT, dijo que la movilización sindical busca “defender el derecho a la organización, sobre todo en el sector público”, pues las reformas eliminan la sindicalización de los empleados estatales[7].

Buena parte de los manifestantes también rechazaban la intención de Correa de establecer la reelección presidencial mediante una reforma constitucional. El último síntoma de autoritarismo se dio el 4 de diciembre, cuando la cancillería negó la entrada al Ecuador a un grupo de parlamentarios alemanes que planeaban visitar diversos proyectos en el país y, particularmente, el Parque Nacional Yasuní.

Crisis económica y racismo de izquierda

En junio pasado, Ecuador entregó a Goldman Sachs la mitad de sus reservas de oro para avalar un crédito de 400 millones de dólares. De ese modo el regresó al financiamiento externo, sin ningún riesgo para el prestamista precisamente por la prenda en oro. El gobierno está necesitado de fondos, entre ellos 700 millones de dólares para saldar obligaciones en el extranjero y otros mil millones que quiere invertir en hidroeléctricas.

Según el economista Oscar Ugarteche, “los cambios en la economía internacional están afectando a las economías latinoamericanas que se pensaban más allá de las restricciones externas”[8]. Por el momento uno de los países más afectados sería Ecuador, pero en el paquete ingresan también Argentina, Venezuela y más recientemente Brasil. La caída de los precios del petróleo es un problema agudo para los tres primeros.

Hasta la prenda del oro, casi el único prestamista de Ecuador era China, quien puso algunas condiciones, entre ellas la explotación del petróleo de Yasuní. Pero los problemas no quedan ahí. “Mientras el fondo de contingencia de los BRICs no se firme y se arme el observatorio económico del mismo para seguir y respaldar a las economías emergentes, es poco probable que haya otro actor que no sea el mismo Fondo Monetario Internacional el que dé estos avales”, sostiene Ugarteche.

En ese escenario poco propicio, todo indica que el gobierno quiere cerrar el frente interno. Las preguntas de De Souza, quien ha mostrado su apoyo a los gobiernos progresistas, parecen entonces pertinentes. “¿Porqué desperdiciamos de manera tan desatinada una oportunidad única de transformar el Ecuador en una sociedad más justa, intercultural y plurinacional? ¿Cómo es posible dejar de ver que una oportunidad como esta no volverá en muchas décadas?”, escribe en su carta.

Pero quizá la más importante, y dolorosa, sea: “¿Cómo es posible transformar tan fácilmente adversarios con quienes deberíamos debatir en enemigos que se quiere abatir? ¿Cómo es posible que el código genético racista de la izquierda latinoamericana nos atropelle cuando menos lo imaginamos?”.

La socióloga Natalia Sierra sostiene que “el gobierno ha configurado como enemigos de su proyecto a los pueblos y comunidades indígenas-campesinas y a los colectivos ecologistas”[9]. Es posible, como apunta, que los movimientos sociales empezaron a convertirse en “obstáculos” a los proyectos modernizadores y desarrollistas de los gobiernos progresistas, en particular la minería y el petróleo.

Controlar a la sociedad organizada

Quizá el aspecto más preocupante de la realidad ecuatoriana, sea el permanente intento del régimen correísta de controlar la sociedad. El 4 de junio de 2013 Correa emitió el Decreto 16 que reglamenta el funcionamiento de las organizaciones sociales a través del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS) y el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS). El objetivo es regular y controlar los movimientos que en adelante no pueden existir sin la aprobación del Estado y pueden ser disueltos si se salen de los fines declarados.

El movimiento indígena, así como otros movimientos, se oponen a este reglamento, Según el abogado quichua y presidente de Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel el gobierno busca “el control total de las organizaciones sociales y comunitarias que funcionan en el país”, a través de los diversos registros que “constituirán una especie de GESTAPO o KGB que registrará toda nuestra información personal”[10].

En efecto, el articulo 43 obliga a las organizaciones a dar información actualizada sobre todos los aspectos de la organización y el artículo 40 las obliga a entregar al gobierno actas de asambleas, informes económicos y cualquiera información que el Estado requiera. “Solamente las organizaciones creadas por el Gobierno y bajo sus directrices podrán participar en asuntos de interés público, según dispone el artículo 26”, explica Guartambel.

“Quienes no sigan las directrices del gobierno o se resistan quedarían al margen de la ley y serán acusados penalmente de asociación ilícita”, sigue el abogado quichua. Todo el espíritu del decreto y la forma como viene funcionando el Estado ecuatoriano, avalan un tipo de control que vulnera la autonomía de la sociedad y de las organizaciones sociales.

La Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), sostiene que el decreto “desconoce la capacidad de autodeterminación de la sociedad civil en su conjunto y vulnera los principios básicos de una sociedad democrática”, además de violar varios artículos de la Constitución[11]. Critica que la regulación de las organizaciones sociales se haya decidido sin dialogo ni consulta, a través de un decreto presidencial.

De este modo las miles de comunidades indias, las decenas de miles de organizaciones de la sociedad, se ven sometidas al control del Estado. La llegada al gobierno de Rafael Correa y su Alianza País fue posible gracias a la lucha de los movimientos, que ahora son criminalizados y controlados. Se repite la vieja historia de más de dos siglos, desde la Revolución Francesa. El nuevo poder devora a quienes lo hicieron posible.

Por Raúl Zibechi | 15 / enero / 2015

Notas

[1] Conaie es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, integrada entre otras por la Ecuarunari, la organización quichua de la sierra.

[2] Ver aquí

[3] El Universo, 11 de diciembre de 2014.

[4] Esperanza Martínez, “Yasuní: la democracia en extinción” en Autores Varios, La restauración conservadora del correísmo, Motecristi Vive, Quito, 2014, pp. 138-141.

[5] Pablo Ospina, “Radiografía de un remezón. Las elecciones seccionales del 23 de febrero de 2014”, en Autores Varios, ob. cit., pp. 77-84.

[6] Francisco Muñoz Jaramillo, “Elecciones 2014: el correísmo en declive”, Autores Varios, ob. cit., pp. 85-99.

[7] Infobae, 19 de noviembre de 2014.

[8] Alai, 9 de junio de 2014.

[9] PlanV, 14 de diciembre de 2014.

[10] Carlos Pérez Guartambel, “Decreto 16, la antítesis al Sumak Kawsay”, en El derecho a reunirnos en paz. El Decreto 16 y las amenazas a la organización social en el Ecuador, Fundamedios, Quito, 2014, p. 71.

[11] Cedenma, Quito, 27 de junio de 2013.

Fuente: Programa de las Américas