La responsabilidad de las transnacionales como actores del conflicto armado en Colombia

Por Fernando Arellano Ortiz

18 de abril, 2016

La reparación efectiva de las víctimas del inveterado conflicto interno colombiano constituye un aspecto fundamental de las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Farc. Pero tal responsabilidad, a la luz del derecho internacional y de los acuerdos a que se han llegado en la mesa de negociación de La Habana, no solo debe recaer en los principales actores generadores de violencia en Colombia: el Estado, la guerrilla y las bandas paramilitares, sino que necesariamente tiene que ampliarse a terceros que son cómplices y articuladores de delitos de lesa humanidad, como varias empresas transnacionales que se han aprovechado de la confrontación armada y del histórico debilitamiento institucional de este país andino para consolidar sus negocios corporativos vía fractura social y territorial.

El capital transnacional, como en buena parte del mundo y particularmente en América Latina, ha jugado papel funesto y criminal en el proceso de la expansión del capitalismo, y por supuesto Colombia ha sido un botín a lo largo de su intrincada historia para sus protervos y codiciosos propósitos con la complicidad directa de la elitista clase dirigente. Baste recordar la masacre de las bananeras en el recóndito municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, en el norte del país, a finales de la década de los años 20 del siglo pasado, por parte del Ejército colombiano que estaba al servicio de la United Fruit Company (hoy Chiquita Brands) para complacer sus intereses económicos.

La historia en Colombia se ha repetido como tragedia, pues al despuntar el siglo XXI, su clase dirigente como en la época de la matanza en la región bananera del Magdalena, ha continuado poniendo a órdenes del capital transnacional el aparato estatal y los recursos naturales del país con consecuencias humanitarias y medioambientales funestas en las comunidades y territorios, hasta el punto que se puede afirmar que varias empresas multinacionales han sido actores del conflicto interno, por lo general, apoyando bandas paramilitares que les han posibilitado ampliar su dominio económico y territorial, en lo que el geógrafo inglés David Harvey, ha denominado " acumulación por desposesión".

Empresas minero-energéticas como instigadoras de violencia y aprovechadoras del conflicto interno

Un caso paradigmático de cómo el capital transnacional se ha beneficiado en forma directa del conflicto interno colombiano es el de algunas empresas minero-energéticas, acusadas por la comisión de supuestos delitos de lesa humanidad. El muy documentado informe El lado oscuro del carbón elaborado y editado por PAX Holanda en septiembre de 2014, denuncia la estremecedora ola de violencia desatada en el departamento del Cesar, en el noreste del país, por grupos paramilitares que actuaban con el aparente apoyo y complicidad de las trasnacionales mineras Drummond y Prodeco.

Con base en cifras oficiales, dicha investigación que puede calificarse como el informe del horror, realizado por solicitud explícita de las víctimas, hace un cálculo conservador durante el periodo comprendido entre 1996 y 2002 y establece que en esta región carbonífera colombiana los paramilitares con la supuesta colaboración financiera y logística de las citadas empresas transnacionales cometieron no menos de 2.600 asesinatos selectivos, ejecutaron masacres en las que murieron unas 500 personas, e hicieron desaparecer a más de 240 habitantes de la zona, generando más de 59 mil desplazamientos forzados, con lo cual, además, se produjo un fenómeno de apropiación ilegal de tierras.

El informe de PAX es además un relato de lo que constituye la acumulación por desposesión que al decir de Harvey, Colombia es el país paradigmático de este fenómeno de saqueo y latrocinio. Se trata, como bien lo ha reseñado el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, de la "apropiación, casi siempre ilegal y violenta, y siempre con recurso a mecanismos extraeconómicos (políticos, coercitivos), de la tierra, de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo necesarios para sostener la reproducción ampliada. Esos mecanismos han incluido históricamente el despojo colonial, la esclavitud, la coerción política, la violencia paramilitar, la ocupación extranjera para controlar los recursos naturales y las poblaciones" [1].

La actividad de estas transnacionales se enmarca además dentro de lo que la socióloga argentina Maristella Svampa ha denominado el " Consenso de los Commodities" para explicar la segunda fase del modelo neoliberal en América Latina y que en Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos se ha dado en llamar "la locomotora minera". Esta es una segunda etapa, explica Svampa, porque la primera, el Consenso de Washington, estaba consagrada sobre todo a la privatización de los servicios públicos y de los recursos naturales, y ahora se apunta a la ola de desposesión.

Esta fase de profundización del modelo neoliberal en Colombia ha venido a agravar el conflicto interno por la ola de desplazamiento humano, desposesión de tierras, explotación laboral, asesinatos selectivos y, en general, violación de derechos humanos. En este contexto las transnacionales que explotan recursos minero-energéticos en el país han generado toda una tendencia cuyos alcances "es la prevalencia de los intereses corporativos sobre los públicos, en cuanto a la evolución del territorio, de la economía y de las sociedades locales, explica el geógrafo brasileño Milton Santos (1947-2001). "Dentro de ese cuadro -agrega- la política de las empresas -esto es, su policy- aspira y consigue, mediante un governance, tornarse política; en verdad una política ciega, pues deja la construcción del destino de un área entregada a los intereses privados de una empresa que no tiene compromisos con la sociedad local" [2].

Posibilidad de que terceros actores del conflicto respondan

En un país como Colombia, caracterizado por la desviación del papel del Estado y por la profunda concepción neoliberal de su modelo económico, así como por el "secuestro" de amplios gobiernos locales por mafias políticas y corporativas, genera amplias expectativas y no pocas dudas el horizonte del proceso de paz con la insurgencia de las Farc y, por supuesto, si las buenas intenciones respecto de la reparación de las víctimas del conflicto, llegarán a buen puerto.

La expectativa por parte de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos radica en la posibilidad cierta o remota que se abre con este proceso en el sentido de si los terceros responsables en la comisión de delitos de lesa humanidad van a responder a las víctimas. Las negociaciones en La Habana mediante dos acuerdos abren tal posibilidad.

En efecto, el Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto y el que crea una Jurisdicción Especial para la Paz apuntan en esa dirección por cuanto su objetivo es "contribuir a luchar contra la impunidad", dándoles garantías jurídicas a "quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado" para que asuman sus responsabilidades penales.

Además, la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia sobre agentes del Estado y otros responsables directos o indirectos del conflicto, como financiadores o colaboradores de los grupos armados ilegales.

En este sentido, la competencia de dicha Jurisdicción alcanza a quienes no han combatido, pero que, por ejemplo, han financiado grupos paramilitares, como es el caso concreto de varias transnacionales que operan en territorio colombiano, teniendo en cuenta también "las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos".

Se establecen, igualmente, "medidas de reparación integral para la construcción de la paz" que "buscan asegurar la reparación integral de las víctimas, incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición; y la reparación colectiva de los territorios, las poblaciones y los colectivos más afectados por el conflicto y más vulnerables, en el marco de la implementación de los demás acuerdos".

Queda por verse si se llama a responder jurídicamente a los terceros responsables en el conflicto colombiano, de lo contrario las víctimas y las organizaciones activistas de derechos humanos no tendrán otra vía que la de acudir a la justicia penal internacional.

Lo complejo de este tema es que en la sociedad colombiana hay víctimas directas e indirectas de este prolongado conflicto armado.

En el imaginario colectivo del país no se relaciona "el conflicto armado con la falta de garantías en materia de derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos que afectan al grueso de la población colombiana" [3].

Y es que como lo señala el antropólogo Arturo Escobar, " el posconflicto en Colombia no se puede construir con las categorías tradicionales de desarrollo y representación políticas que fueron precisamente las que generaron el conflicto". Al fin y al cabo, como lo sostuvo recientemente en Bogotá, en la Universidad Nacional, el politólogo y sociólogo argentino Atilio Boron, "paz y neoliberalismo en Colombia son incompatibles".

Notas

[1] De Sousa Santos, Boaventura. Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2011.

[2] Santos, Milton. Por otra globalización. Del pensamiento único a la conciencia universal, Convenio Andrés Bello, Bogotá, diciembre 2004.

[3] Girón, Ortiz Claudia; Vidales Bohórquez, Raúl. El rol reparador y transformador de la memoria en: Memoria, Silencio y Acción Psicosocial, Ediciones Cátedra Libre, Bogotá, octubre 2010.

Fuente: OMAL