La resistencia contra la minería en Mesoamérica

Iracema Gavilán

Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Las diversas experiencias de lucha que llevan a cabo los pueblos de Chicomosuelo, Chiapas; Veracruz; Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí; y Capulálpam, Oaxaca, en México; así como en Guatemala, Honduras, El Salvador y Canadá, reunidas en el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, se refirieron, entre otros temas, a los problemas de salud provocados por alimentos cultivados en tierras y aguas contaminadas por la minería, tales como deformaciones congénitas en rostro, abortos, partos prematuros y otras enfermedades visibles en la piel. Denunciaron también las estrategias de soborno y cooptación que realizan las empresas mineras hacia los liderazgos comunitarios y el vínculo que mantienen con los gobiernos locales. Incluso se habló de la contratación de sicarios, quienes persiguen a los líderes en beneficio de las empresas, canadienses en su mayoría. En cuanto a los procedimientos de exploración y de obtención de concesiones, las comunidades revelan el nulo acceso a la información sobre el tema, la ausencia de explicaciones técnicas e impedimentos para realizar investigaciones, así como la falta de transparencia y legalidad en la realización de las Manifestaciones de Impacto Ambiental.

Del 17 al 20 de enero se realizó en Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica, con la asistencia de comunidades y pueblos pertenecientes a Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, Honduras, Argentina Canadá y México, así como redes y medios libres locales e internacionales. Las jornadas versaron alrededor de tres paneles que tuvieron por tema común el análisis de la minería y su impacto en la Región Mesoamericana.

Las organizaciones y comunidades asistentes advirtieron que el extractivismo se basa en una ideología que enfatiza el progreso y el desarrollo y que en la práctica justifica la acumulación de ganancias, a partir de la explotación de la naturaleza y por medio del capital especulativo y la conjunción de actores políticos y de gobiernos que otorgan los permisos correspondientes al capital nacional y transnacional.

El extractivismo es, por lo tanto, un emblema de la modernidad que no sólo abarca la minería sino los servicios ambientales, los parques eólicos, las represas y las hidroeléctricas que son también implementadas por empresas mineras para el abastecimiento de la energía en las minas. Los panelistas señalaron los impactos en la biodiversidad por la contaminación del suelo y los manantiales y denunciaron las estrategias y procedimientos en los cuales incurren las empresas mineras para la obtención del consentimiento parcial de las comunidades.

Por ello es importante reconocer al extractivismo como parte de un modelo que se ha implementado en Mesoamérica y que genera una serie de impactos culturales, sociales, económicos, políticos y psicológicos sobre las comunidades, porque su discurso e ideología son dominantes en el sentido de que se justifica el saqueo y la comercialización de los bienes comunes. Esta dominación que tiene distintos rostros es todavía más violenta, pues usa viejas estrategias como el compadrazgo y el cacicazgo, la división comunitaria, los sicariatos, el uso de la fuerza pública y militar, y disfraza nuevos discursos bajo la sustentabilidad, el progreso, la responsabilidad social o el bienestar para generar empleos e infraestructura para la comunidad. “Algunas de las empresas reparten despensas y juguetes en las plazas públicas, construyen escuelas, pequeñas clínicas e incluso museos”, señaló Leticia Silva, del FAO.

Lo anterior develó cuestiones importantes en términos de la acción y la organización comunitaria, que versan alrededor de la resistencia cultural por un lado, y por el otro, en la diversidad de estrategias que las mineras emplean para obtener el consentimiento comunitario, siendo en muchos de casos actos violentos bajo manifestaciones ideológicas, discursivas e institucionales.

La resistencia cultural comunitaria

La erosión de la identidad y de la cultura a partir de la mercantilización de la tierra, el aire, los bosques, los manantiales, los cerros y los senderos; el rompimiento de los lazos comunitarios, la cooptación de liderazgos y la consecuente toma de decisiones de manera distante a la asamblea; los asesinatos, la persecución a líderes, la criminalización de la protesta e incluso el racismo y el paternalismo, son manifestaciones de la intromisión de las empresas mineras y el contubernio con los gobiernos locales. De acuerdo a las experiencias compartidas de Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá y México, se puede afirmar que son características del proceso extractivista que experimentan las comunidades campesinas, indígenas y de afrodescendientes, en las cuales coinciden los yacimientos minerales, de petróleo, bosques, acuíferos y, en suma, áreas únicas en términos de su biodiversidad.

Durante el Encuentro de Pueblos de Mesoamerica ¡Sí a la Vida, No a la Minería!, se reconoció que los impactos anteriores son comunes en la región, y se ponen en marcha mediante la violencia extrema que las empresas extractivas y los gobiernos respaldan para proteger la propiedad privada. Los asistentes no dejaron de enfatizar una cuestión importante como resultado de la intromisión de las empresas en territorios indígenas y que tiene que ver con la reorganización comunitaria, a partir de la violencia en las comunidades también ha crecido su fuerza interna en torno a la asamblea y la unidad de diversas comunidades que comparten la lucha, han recuperado paulatinamente los valores, las prácticas, las cosmovisiones y las relaciones comunitarias ancestrales.

El proceso de resistencia en las comunidades, señalaron las autoridades tradicionales de Capulálpman de Méndez, tiene fundamento en los principios de la organización que la caracteriza, es decir, el fortalecimiento de la comunidad a través de la unidad de sus autoridades tradicionales y municipales. Su historia de lucha inicia en los diálogos intergeneracionales entre los abuelos y los comuneros jóvenes sobre el saqueo de oro y plata para el enriquecimiento ajeno; siendo la asamblea el espacio para la participación y la toma de decisiones, declararon en el año 2006 una lucha frontal, y dijeron “No a la minería” en los terrenos comunales, planteando así una nueva relación respetuosa y no conflictiva con el gobierno federal para tomar las decisiones sobre la propiedad del subsuelo. Con una experiencia minera de 200 años, las comunidades zapotecas identificaron que toda la riqueza que proviene del oro y la plata de su subsuelo nunca los benefició y en cambio les dejó pobreza y el desecamiento de 13 manantiales. Además de la recuperación de la memoria histórica y de la comunidad, los mayores lograron generar conciencia sobre la importancia de preservar los valores y prácticas culturales de Capulálpan, con el fin de impedir el saqueo de los lugares sagrados de las montañas, donde realizan la petición de lluvias.

Acciones desde la organización local-regional

El “modelo extractivista” es una forma estandarizada y generalizada desplegada en América Latina, Europa, Asia y África, donde participan las mismas empresas y las mismas leyes y procedimientos que son identificables: la generación de riqueza a través de la producción masiva de productos a bajos costos. Esta producción acelerada y a gran escala se lleva a cabo sin regulaciones, sin pago de impuestos, sin las compensaciones ambientales y bajo subsidios gubernamentales y el amparo de los tratados de libre comercio, explicó Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos, A.C.-REMA.

Agregó que esta industrialización masiva que incluye la industria automotriz, la eléctrica, farmacéutica, del entretenimiento, el turismo, la alimentación de la vivienda, publicidad, la pesca, la construcción de hidroeléctricas, los monocultivos de soja, palma de aceite, eucalipto, maíz, plátano, tomate o piña, pone precio a las funciones de la naturaleza y le otorga propietario. Afirmó que no solamente generaliza la industrialización masiva sino el saqueo de los bienes comunes que son culturales, como los lenguales y los símbolos. El extractivismo dijo “se lleva vidas y la felicidad a través del rompimiento de las comunidades y el uso del miedo”.

Este proyecto generalizado en Mesoamérica produjo interrogantes entre la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). ¿Qué hacer? ¿cómo combatir este modelo? ¿cuáles son las alternativas? Organizaciones como la REMA buscaron la integración local-regional y conformaron el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo eExtractivo Minero (M4); en conjunto plantean mecanismos de prevención a través de la información y la detección de lugares donde se realizan las prospecciones, y promueven el intercambio de experiencias para el fortalecimiento de los territorios. Este movimiento mesoamericano contra el extractivismo minero identifica además tres formas posibles para la organización y la acción: la resistencia pasiva, la resistencia activa y la resistencia propositiva. La primera significa no hacer lo necesario ante determinada situación de injustica; la segunda equivale a salir a la calle y movilizarse para detener un proyecto minero; la tercera es una resistencia que impulsa a plantearse formas distintas de vida al capitalismo depredador y otra relación con la Madre Tierra.

Los diversos panelistas señalaron que hay aún mucho trabajo por hacerse en términos de las campañas de prevención, de la integración de las redes, de sistematización e intercambio de experiencias locales-regionales y de la presión a las instituciones para los seguimientos judiciales; recalcaron que el modelo extractivista en Mesoamérica impone nuevos modos de vida y otras relaciones sociales, no obstante que es en la comunalidad que los pueblos y organizaciones encuentran el aprendizaje para resistir dignamente por los bienes comunes que son de las futuras generaciones y de la humanidad.

El rol del Estado en la imposición del extractivismo

Desde Canadá hasta Argentina, el modelo extractivista no difiere del régimen de gobierno, puesto que se trata de un modelo basado en la acumulación de ganancia a costa de la explotación de la naturaleza y la fragmentación de los lazos comunitarios. Tanto los gobiernos derechistas, como el de Canadá, México, Honduras, Guatemala, y los del socialismo del siglo XXI o progresistas como el de Ecuador o Argentina; o bien pluralistas como el de El Salvador, basan sus economías en el extractivismo.

En el caso mexicano se evidenciaron las anomalías en Cerro de San Pedro, donde a pesar de los logros judiciales, la lucha ha imposibilitado expulsar a la empresa minera, debido, en principio, “al modelo extractivista que se ha implantado en la Nación y que es impulsado por los gobiernos federales y estatales”, señaló Rurik Hernández de FAO-REMA.

En el caso de Honduras, se habló del grado de violencia, tanto por la militarización de los territorios de afrodescendientes, campesinos e indígenas, como por la intervención extranjera (en territorio hondureño existen tres bases militares estadounidenses), como por la existencia de sicariatos y militares entrenados en la Escuela de las Américas. Juan Armendariz denunció la guerra que los gobiernos mantienen contra los pueblos para apoderarse de los territorios y dijo que los “Estados de derecho tienen leyes sometidas a los intereses multinacionales”

“Los gobiernos terminan dando permiso al capital nacional y transnacional”, y esta relación, puntualizó Alejandro Villamar, de REMA, “sostiene y apoya la lógica desarrollista especulativa que causa daño a las comunidades”. En este sentido, los gobiernos en sus distintos niveles tienen un rol determinante en todo el proceso que conlleva la definición de las concesiones mineras: en el plano económico sostienen la ideología y narrativas del desarrollo y progreso a partir de la minería y la privatización de los bienes comunes; desde el marco político-jurídico realizan las maniobras necesarias para ajustar las leyes de propiedad del subsuelo, de aguas, de minería, de tenencia de la tierra y de libre mercado; en términos administrativos, cancelan las posibilidades de consultas libres, informadas, legales y bajo el consentimiento de las asambleas, autoridades comunitarias, autoridades municipales, representantes de instituciones ambientales y de derechos humanos. Los gobiernos son también responsables de la violencia ejercida en las comunidades, que se manifiesta en la corrupción, la criminalización de la protesta, la cooptación, la intimidación y los asesinatos por parte de las empresas mineras. En suma, la minería significa un retroceso en cuanto a los logros del movimiento indígena, puesto que demerita la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades y repercute en el ejercicio de los derechos humanos a partir de la defensa del territorio.

En síntesis, el Encuentro de Pueblos de Mesoamérica ¡Si a la Vida, No a la Minería! trajo nuevas reflexiones, alianzas y propuestas alternativas desde las cosmovisiones, los valores, los modos de vida y las formas organizativas comunitarias. En cuanto a las estrategias para la prevención, consideraron clave el intercambio de experiencias, la documentación e investigación, pero sobre todo, en lo que respecta a la resistencia comunitaria, los participantes concluyeron que se requiere del fortalecimientos de las asambleas como figuras organizativas y espacios únicos y legítimos para la toma de decisiones sobre el usufructo de los bienes comunes; la recuperación de los valores y las cosmovisiones y las relaciones comunitarias determinan la fuerza de una comunidad y su capacidad organizativa en un plano global. La mayor evidencia de este encuentro es que la esperanza por otros mundos posibles unifica las luchas por la vida y los bienes comunes que pertenecen a todos.

Publicado el 28 de enero de 2013