La pelea de los nasas con las petroleras en Colombia

Por Edinson Bolaños
5 de agosto de 2016

En la vereda La Manuela, del municipio de Puerto Asís (Putumayo, Colombia), cerca de la frontera con Ecuador, los indígenas nasas están llorando. La guardia ancestral merodea por la carretera que la empresa Gran Tierra está abriendo para la exploración petrolera y, en medio de la presencia del Ejército, que condiciona su tránsito, pretenden paralizar la obra porque arqueólogos autorizados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) encontraron el pasado 1° de julio una olla ancestral.

“En el área del proyecto se profanó un sitio sagrado, lo cual genera desarmonía y desequilibrio tanto físico como espiritual. Exigimos que se suspendan de inmediato las actividades del proyecto. Este es un territorio donde se conservan rasgos físicos y espirituales de culturas que allí habitaron”, dice Serafín Ramos, consejero de derechos humanos del resguardo Kiwnas Chxab del corredor Puerto Vega-Teteyé, mientras caminamos por la trocha.

Que no se identificó presencia de comunidades indígenas, ni del pueblo rom, ni de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el área del proyecto, le certificó el Ministerio del Interior a la empresa canadiense. Por eso, el 27 de enero de 2016, la empresa cumplió el requisito y el entonces director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Fernando Iregui, le concedió la licencia. Autorizó la construcción de 6.100 metros de vías nuevas y tres plataformas exploratorias y la perforación de diez pozos verticales con una profundidad de 4.200 metros cada uno para explotar petróleo en este piedemonte amazónico.

Así como cuando el Gobierno Nacional le concesionó el contrato a la Texas Petroleum Company (Texaco) en 1959, para la explotación de petróleo en el valle del río Guamúez por 30 años. Finalmente, en 1963, esa compañía descubrió el gran yacimiento de crudo y se fundó el campo Orito-Pungo, cuya producción se condujo al puerto de Tumaco, a través del oleoducto Transandino.

Luego, tras pasar de bombear 120.000 barriles de petróleo por día (bpd) en 1981, cuando alcanzó el nivel de producción de 20.000 barriles diarios, Texaco le cedió el contrato a la estatal Ecopetrol, la cual creó el Distrito Sur de Producción de Orito, pues la canadiense tenía intereses en otro bloque en el hermano país de Ecuador.

Ya en el año 2000, en los albores del Plan Colombia, la llegada de empresas petroleras al Putumayo arreció y las movilizaciones sociales en su contra empezaron a fortalecerse. Para esa época arribaron Canadian Petroleum, Alberta Energy Colombia, City Investing Colombia del Grupo Pacalta (adquirida por Alberta Energy), Argosy Energy International, Ecopetrol, Hocol y Ram Petroleum Ltd. De esas compañías, la mayoría ya no están en el departamento. La razón: se retiraron o hicieron parte de las fusiones empresariales de la década pasada.

La zona más deseada para la extracción petrolera está concentrada en la cuenca Caguán-Putumayo, cuya extensión se deriva de la cuenca oriental del Ecuador y norte del Perú. En Colombia se abre paso por el río Caguán hasta los ríos fronterizos San Miguel y Putumayo. La Universidad Nacional ha documentado cuánto crudo podría tener la región. En 2007 estableció que dicha cuenca ocupa el cuarto lugar en reservas, con cerca de 5.000 millones de barriles de petróleo. Luego están las cuencas de los Llanos Orientales, los Cayos, en San Andrés, y Vaupés-Amazonas.

Hoy, Putumayo sigue inundado de petróleo y pobreza. Existen 13 compañías extranjeras, la estatal Ecopetrol y barrios enteros del pueblo más grande, Puerto Asís, sin energía. En 2015, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se ejecutaron en este departamento 32 contratos de explotación petrolera y el total de barriles de crudo sacados fue de 520.296, mientras que las regalías en ese año ascendieron a $164.920 millones.

En lo corrido de 2016 han estado activos 11 contratos de producción para 22 campos de explotación de petróleo y existen 29 contratos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos. Uno de ellos es el de la Gran Tierra, cuyo contrato de ejecución figura a nombre de Petro Caribbean Resources Ltd. El Espectador consultó a la ANH por qué en la resolución de licencia ambiental figura esta empresa y en el terreno hace presencia otra. La respuesta es que quien ejecuta el contrato es un consorcio conformado por Gran Tierra Energy Corp. (operador), con el 50 %, y Petro Caribbean Resources Ltd., con 50 %.

Los indígenas nasas, que están en Putumayo, llegaron desplazados del Cauca en los años 60, tras ser arrinconados hacia las montañas por los terratenientes y los ingenios azucareros. Dicen que los sitios donde encuentren vestigios, como la olla de barro que encontró la Gran Tierra, son territorios ancestrales y sitios sagrados que deben ser respetados. En las orillas de la nueva trocha por donde entran y salen las máquinas amarillas haciendo la carretera se ven los calambales caídos. Son los árboles que conservan el humedal muerto en este momento para los aborígenes.

A lo largo del monte donde no ha llegado aún la carretera hay cinco rectángulos de 40 centímetros de profundidad. Fueron perforados por los arqueólogos que buscan vestigios ancestrales, a pesar de que el Ministerio del Interior haya dicho que allá no habitan los indígenas. “Este hallazgo es una vasija que está en un contexto doméstico, hace parte de alguna comunidad. Está metido dentro de la legislación del patrimonio arqueológico, es decir, les pertenece a comunidades indígenas prehispánicas, antes de la Conquista. Hace parte de la identidad de todos los colombianos”, explica Cristian Mauricio Sánchez, arqueólogo autorizado por el Icanh para realizar este trabajo. Habla mientras deja que los indígenas vean la olla que está en la casa donde se hospeda el equipo de la Gran Tierra.

El proyecto está en la etapa de obras civiles y luego viene la instalación del taladro. A la petición de las comunidades, la respuesta de la empresa es: “Nosotros no podemos parar las actividades. Hicimos el compromiso de que en el punto cinco, donde encontramos la vasija, el trabajo se iba a parar”, dice Diego Plaza, profesional de apoyo indígena de Gran Tierra.

“Tampoco vamos a parar la movilización. Ni usted ni yo tenemos la culpa. Yo soy una mensajera de los ancestros y usted de la Gran Tierra. Tenemos que estar en movimiento, porque yo no voy a permitir que por el avance de la empresa a mí me den fuete”, le responde la líder nasa Fanny Alvarado, mientras vemos un rectángulo de terreno que, en su cosmovisión, ha sido profanado.

“Hemos hecho comunicados y pusimos una tutela ante la Corte Constitucional de que sí existimos, tenemos todos los documentos. Es que donde hay un asentamiento indígena, ahí está el camino ancestral. Ellos conocen que tenemos asentamientos indígenas de los pueblos nasa, siona, inga, embera, kofán, camentsá y el pueblo awá”, enfatiza Alvarado.

Ya los awás del valle del Guamúez me habían comentado que allá también están llorando, pero por las enfermedades que les ha generado la explotación petrolera. “Las mangueras del oleoducto pasan por encima de nuestras casas y la mancha negra cae en nuestro entorno. Yo pienso que, si queremos la paz, el Gobierno debe empezar haciéndola con nuestros territorios, o si no los conflictos van a perdurar”, dice un awá de 20 años, quien quiere que la tecnología llegue a su comunidad, pero controlando el consumismo.

Mientras Fanny Alvarado saca un puñado de tierra de la olla, para ofrendarla a los dioses en una ceremonia clandestina, el funcionario de la Gran Tierra dice que la empresa está esperando la orden del Icanh para saber qué hacer con la vasija, no para frenar las obras. Pero los nasas advierten que no están peleando por lo que pueda valer exhibida en un museo, sino por lo que significa para su historia. “Que la devuelvan al sitio donde la encontraron y que no sigan profanando el territorio”, puntualiza Alvarado. En todo caso, están empeñados en que a Putumayo dejen de llamarlo distrito minero y, como otrora, ahí empiece la Amazonia.

Ver en línea : El Espectador, 23 de julio de 2016.

Fuente: OMAL