La mirada post extractivista

A partir de esa preocupación, comparto con ustedes un breve texto enfocado en los debates que actualmente están en marcha en Bolivia. Fue publicado días atrás en el quincenario Nueva Crónica e incluye un comentario sobre aportes de unos años atrás (¿tal vez olvidados?) del vicepresidente de Bolivia y otros analistas, donde describen los males del modelo neoliberal en cuanto al manejo de los recursos naturales, que sorpresivamente resultan muy similares a la situación que actualmente promueve el gobierno de Evo Morales.

Forzando los límites

Las explotaciones mineras e hidrocarburíferas avanzan empujadas por los altos precios internacionales, una demanda sostenida, y el interés de los gobiernos en promoverlas. Sin embargo, el extractivismo enfrenta varios problemas, tanto bajo los gobiernos conservadores como con la izquierda. En el flanco político, desencadena reclamos ciudadanos, por temas como los impactos en la salud, desplazamiento de comunidades locales, o inadecuadas consultas públicas. En muchos sitios se fuerzan los límites democráticos, al imponerse emprendimientos extractivistas, que a su vez disparan movilizaciones, marchas o protestas.

En la dimensión ecológica también hay serias dificultades, debido a que casi siempre implican contaminación, deforestación y otros deterioros sobre la biodiversidad. De estas y otras maneras se fuerzan los límites ambientales, ignorando o minimizándose los impactos en juego, o bien asumiendo un manejo tecnológico o conformándose con compensaciones económicas para olvidarlos. En casos extremos, se invocan necesidades nacionales para imponer sacrificios locales.

Finalmente, los análisis económicos ahora muestran todas las incertidumbres en la que está sumido el extractivismo. Esto se debe a que no existe una evaluación precisa de los costos económicos desencadenados por la minería o los hidrocarburos (tales como pérdidas de suelos agrícolas, contaminación del agua y el suelo, destrucción de economías regionales, o afectaciones de la salud). Entretanto los subsidios, exoneraciones y otras transferencias gubernamentales casi siempre se minimizan o simplemente no se contabilizan. Cuando se hacen las cuentas en serio, y se suman todos estos gastos, los pretendidos beneficios económicos del extractivismo quedan en entredicho.

A pesar de las tensiones y contradicciones en estas y otras dimensiones, el extractivismo sigue avanzando sin pausa en todo el continente. Está presente en países como Perú y Colombia, pero lo sorpresivo es que los gobiernos de izquierda también se abocan a profundizarlo. Este neo-extractivismo progresista tiene varias particularidades que no pueden desatenderse, como la mayor presencia estatal. Si bien, en el pasado, la izquierda denunciaba las economías de enclave, y acompañaba a los movimientos sociales en su defensa del territorio y el ambiente, ahora se ha transmutado en asociarse con la explotación minera o petrolera. Desde allí se sostiene que esos proyectos son indispensables para asegurar el crecimiento económico, y desde allí poder financiar los programas de bonos económicos a los sectores más pobres.

El presidente Evo Morales lo dice claramente, a propósito del debate sobre la carretera del TIPNIS (el territorio indígena y parque nacional I Sécure): frente a las “organizaciones indígenas y originarias (que) se oponen a estos planes que generan desarrollo social y económico”, se pregunta “de qué va a vivir Bolivia?” (La Razón, 26 julio 2011). No puede decirse que estas posiciones sean inusuales, ya que otro tanto sucede en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa está listo para habilitar varios proyectos de megaminería.

Esta actitud tampoco está restringida a los gobiernos de la izquierda más radical, ya que lo mismo sucede con el llamado progresismo moderado o socialdemócrata en Brasil o Uruguay. Por ejemplo, el presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, batalla por habilitar la megaminería de hierro abierto, deslumbrado por sus posibles ganancias. Y allí también, como en Bolivia, se dispararon los reclamos y protestas ciudadanas, en particular de quienes no encuentran justificativo en convertir una producción renovable (agropecuaria) en otra no-renovable (minería).

De esta manera se observa un creciente consenso extractivista, basado en los altos precios de las materias primas, y las necesidades imperiosas de flujo de caja que tienen los gobiernos. Las disputas de la izquierda dejaron de centrarse en las empresas transnacionales o la globalización económica, ya que ahora dependen de aquellas para insertarse en los mercados globales. Entretanto, las protestas ciudadanas y los reclamos escalan en todos los países, y en lugar de repensar las estrategias de desarrollo, los gobiernos encuentran más fácil quejarse de las ONGs y los movimientos sociales.

Alternativas al extractivismo

Lejos de apagarse, el rechazo al extractivismo sigue en aumento, y avanza el consenso de una necesaria reforma en ese sector. La nacionalización de recursos, la presencia de empresas estatales, y las altas regalías son un paso importante en solucionar los problemas que se enfrentan. Pero, las alternativas no pueden detenerse allí, tal como sucede en casi todos los países progresistas.

Es que en algunos casos, los emprendimientos extractivistas no deberían ser permitidos por sus altos impactos y dudosas ganancias, más allá de las posibles ganancias que brinde. Pero además, porque es una ruta de desarrollo que impide la diversificación productiva, incrementa nuestra dependencia de los mercados globales, y se basa en recursos agotables, muchos de los cuales desaparecerán en un futuro cercano. Las promesas de beneficios económicos o inocuidad ambiental, ya no convencen a casi nadie.

Por esas y otras razones, se hace inevitable discutir las rutas de salida al extractivismo, y quienes antes lo hagan estarán mejor preparados para enfrentar los próximos desafíos. Este es un post-extractivismo tanto para sus versiones clásicas, como con las del progresismo actual, y ya contamos con varios ejemplos.

El plan nacional de desarrollo de Ecuador apunta a un futuro post-extractivista. La discusión está enfocándose en cómo lograrlo, e incluso se ha lanzado un plan de moratoria petrolera en la Amazonia. Por supuesto que existen acalorados debates alrededor de esas ideas, pero el punto que deseo subrayar es que están centrados en cómo salir del extractivismo, y no en defenderlo a como dé lugar.

Bajo otro contexto político, en Perú, un significativo conjunto de organizaciones y redes ciudadanas elaboró una plataforma de “alternativas al extractivismo” para la reciente elección. Ese era una reclamo impensado hasta hace poco tiempo atrás dado que en Perú (como en Bolivia), se observa un cultura minera profundamente arraigada.

Las organizaciones peruanas sostienen, por ejemplo, que sin consulta previa, ni participación sobre los proyectos extractivos y de inversión, no hay democracia. Reclaman evaluar donde se pueden instalar emprendimientos extractivos, y donde no será posible, desembocándose así en la necesidad de contar con un efectivo ordenamiento territorial y zonificaciones ecológicas – económicas, entre otros instrumentos. También se advierte que si los proyectos de inversión y extractivismo, no contemplan adecuadamente sus impactos sociales y ambientales, no hay desarrollo posible. Por lo tanto es necesario reformar las evaluaciones, incorporando en los costos económicos los efectos sociales, sanitarios y ambientales, y proteger la autonomía en los procedimientos de evaluación.

Estos y otros ejemplos muestran que así como la izquierda ha redefinido el extractivismo, los movimientos sociales re-enfocan sus demandas y acciones. Bajo este nuevo contexto, sin embargo, vuelve a quedar en evidencia la necesidad de explorar alternativas al desarrollo extractivista, que dejen de estar restringidas solamente a repartir excedentes captados por el Estado, y vuelvan a enfocarse en la calidad de vida de las personas y la calidad ambiental.

NO SOMOS JUGUETES DE NADIE

Las resistencias en admitir la necesidad de re-encauzar el extractivismo y comenzar a discutir estrategias de salida queda en evidencia en varios de los actuales conflictos socioambientales en Bolivia. En casi todos ellos está presenta el extractivismo, sea directamente (bajo proyectos mineros o petroleros), o indirectos (como por ejemplo, carreteras o hidroeléctricas, ya que proveen transporte o insumos que hacen posible ese extractivismo).

Muchos de los viejos problemas aparecen en la actualidad bajo nuevos ropajes. Un buen ejemplo, es un estudio publicado en 2006 sobre los movimientos sociales, el Estado, la descentralización y el manejo de recursos naturales en Bolivia. Allí se reconocía que las economías de enclave “simplemente deterioran las condiciones de reproducción de las economías tradicionales, pero sin la fuerza de sustitución histórica”. No es menor que los autores de esa advertencia sean Alvaro García Linera, Shirley Orozco R. y Pablo Stefanoni, quienes agregaban que “por la nueva estructura propietaria de la economía «moderna» y su propia orientación extractiva de recursos naturales, las inversiones extranjeras son y seguirán siendo sujetos de tensiones y confrontaciones con otros actores sociales locales en la disputa por el uso y la gestión de los recursos naturales”.

En ese tiempo, los autores ya reconocían flujos de inversión extranjera orientado a enclaves que no permiten redistribuir beneficios, generar empleos o promover la industrialización, aunque advertían que en minería podría haber una mejor situación apelando, por ejemplo, a crear empleos locales o lograr compensaciones ambientales. Sin embargo, al menos por ahora, sigue avanzando la transnacionalización de la minería boliviana, de donde cuando se repasa la descripción del viejo “modelo” neoliberal que ofrecen García Linera, Orozco y Stefanoni, se vuelven visibles varias permanencias, a saber:

“1) una ampliación de las áreas geográficas de disputa y apropiación intensiva de recursos naturales para ser sometidas a una economía de enclave de exportación; 2) un reconversión de la lógica del acceso a recursos como derecho, a una lógica de provisión y consumo de recursos en función de la rentabilidad y el mercado; 3) una creciente valorización de recursos anteriormente poco mercantilizados”.

Hay muchas semejanzas entre estos tres puntos, y la situación actual, donde el extractivismo aparece como un punto de conexión evidente. En los casos estudiados por García Linera y su equipo años atrás (el TIPNIS, los chiquitanos de San Juan, la gestión del agua en El Alto, y la actividad petrolera en tierras guaraníes), el extractivismo jugaba un papel clave en varios de ellos.

En la actualidad se observan varios cambios, en particular en los actores (mayor presencia estatal), y la gestión en la captación de excedentes y su uso (mayores regalías, esquema de bonos sociales), pero se mantiene la dinámica extractivista de fondo. Por lo tanto, desde el punto de vista de los agrupamientos locales, los conflictos reaparecen, y se repiten los problemas ilustrados por esos autores. Entre ellos se encuentran por un lado, las limitaciones del Estado para resolver este tipo de conflictos, incluyendo posturas “directamente favorables a aquellos actores promotores de apropiaciones empresariales de los recursos”. Por otro lado, se observan movimientos sociales que defienden esos recursos desde posturas que no son necesariamente mercantiles ni privatistas, tienen una fuerte capacidad de organización, donde se desconfía del Estado, hasta caer en una “guerra de baja intensidad perpetua” por los recursos.

La enseñanza es clara: apelar a reformar el extractivismo desde la instrumentalización de ayudas monetarias, es una solución incompleta e ineficiente frente a estas tensiones y contradicciones. Las soluciones verdaderas están en un desarrollo post-extractivista.

Todas las citas de S. Orozco R., A. García Linera y P. Stefanoni, “No somos juguetes de nadie…”Análisis de la relación de movimientos sociales, recursos naturales, Estado y descentralización. NCCR Norte Sur, COSUDE y Plural, 2006.

El texto original fue publicado en Nueva Crónica, La Paz, Bolivia, 1a quincena agosto 2011.

Fuente: Acción y Reacción