La guerra sucia en Chiapas sólo cambió de siglas

Zapateando

Susuclumil, Tila, Chiapas. Las voces que dan testimonio de los asesinatos, violaciones y desplazamientos contra los indígenas chiapanecos –lanzados por el gobierno para acabar con las bases de apoyo y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)- resuenan en la zona Norte de Chiapas. La exigencia de justicia no se acaba, como tampoco el terror que ejercen los paramilitares desde hace ya 20 años.

Los sobrevivientes señalan, una y otra vez, a los perpetradores y a los autores intelectuales que les arrebataron vidas, casas, tierra y tranquilidad: Paz y Justicia (hoy bajo otras siglas), el ejército y el gobierno en sus tres niveles.

Los denunciantes pidieron conservar el anonimato porque aún hoy viven en medio de la militarización y la paramilitarización, la guerra sucia y la contrainsurgencia cotidiana. Sus palabras tocan un dolor vivo, la ausencia de justicia, la impunidad y la complicidad gubernamental con los paramilitares de Paz y Justicia (hoy bajo otras siglas, como la Unión General Obrero, Campesina y Popular, UGOCP). Se evidenció el vínculo institucional con los gobiernos federal, estatal y municipal, partidos políticos (especialmente el Partido Revolucionario Institucional, PRI), el ejército y la policía federal.

“Reunión para la justicia y la verdad” fue el nombre de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en su eje “Guerra sucia e impunidad”, realizada el viernes 6 y el sábado 7 de diciembre de 2013 en Susuclumil, Tila, Chiapas. Víctimas de la guerra sucia contra los pueblos, emprendida por el gobierno mexicano después del alzamiento zapatista de 1994, presentaron testimonios sobre crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus comunidades. Los testimonios fueron expresados en chol, tzotzil y tzeltal, y luego traducidos al español. Las palabras en castellano, del jurado y de algunos testigos, así como de integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), fueron traducidas al chol, idioma dominante en esta región del norte de Chiapas.

Zona Norte, castigada con desapariciones y asesinatos

Un hombre chol recuerda que los paramilitares de Paz y Justicia alcanzaron a su hijo y le dieron un disparo calibre 28, el 22 de febrero de 1998 a las 7 de la mañana. Los perpetradores, denuncia, son Carlos López, Samuel Sánchez y otro hombre de apellidos Vásquez Pérez, líderes de Paz y Justicia. “Quiero que se castigue con cárcel a los culpables. No hay reparación de daño, mi hijo no es negocio”, argumenta el indígena.

Otro hombre narra que su sobrino fue asesinado el 17 junio de 1996, en Masojá Shucjál. Fue emboscado y le dieron ocho balazos. Los señalados como culpables son, otra vez, los integrantes de Paz y Justicia. El joven herido, simpatizante zapatista, murió a consecuencia de las heridas. El tío señala como responsables intelectuales al presidente municipal de Tila, a la policía estatal y al ejército, y exige castigo para los responsables.

Una mujer expresa que no olvida la muerte de su esposo. Lo recuerda noche y día, señala, en la tristeza de sus hijos. Fue emboscado en su milpa en 1996. Ella sigue resistiendo a los partidos políticos, y su derecho a la tierra es violado, pues su solar está invadido por paramilitares. Como es mujer, las autoridades no la toman en cuenta, explica.

Una mujer chol testifica que a su papá lo descuartizaron con un machete. Ella, su mamá y su bebé de brazos lograron huir, hasta que de madrugada pudieron regresar. A raíz de todo lo que vivió, explica, entró en una crisis en la que aún vive. Otra joven también vio morir a su padre. Comenzaron los disparos y se escondió en el monte, junto con su hijo, cruzaron monte y potrero y terminaron saliendo por Usipá para ir a Salto de Agua. Tiempo después bajaron a El Limar a denunciar al Ministerio Público (MP). Y vino la impunidad: uno solo de los asesinos (Domingo Montejo Pinto) pasó un tiempo en la cárcel, pero salió. Los demás quedaron libres.

Una estudiante de la secundaria de Tila recuerda la desaparición forzada de su padre. “Dijeron que mi papá estaba muy grave, eso fue el 20 agosto de 1996”, relata. Se dirigió a su comunidad en una camioneta con un chofer. Cuando llegaron a la curva de Miguel Alemán, les dijeron que no podían pasar porque había muchos paramilitares. Argumentó que no le harían nada. Ahí estaban Diego Vázquez y Nicolás Gómez, dirigentes de Paz y Justicia. “Ese día se desapareció. Hasta ahora no sabemos su paradero”, indica.

Un hombre denuncia la desaparición de su sobrino: “Lo agarraron el 30 de septiembre de 1995 en El Crucero, Tila. Hasta la fecha no se ha encontrado el cadáver de mi sobrino. En 1995 hicimos la demanda, cuando desapareció. La mandamos al MP, pero no hizo caso. El asesino sigue viviendo en la comunidad de Crucero. Nadie lo ha mandado a la cárcel, ni el gobierno municipal, estatal ni federal. Es parte del grupo paramilitar Paz y Justicia”.

Otro testimonio deja claro que el dolor de las víctimas y la impunidad de los paramilitares son las constantes: Regresaba de la visita del suegro, intentaron visitar al papá de su esposa. No los dejaron pasar a El Crucero. A la señora también la golpearon y logró huir. Ese mismo día se enteró la comunidad. “Yo fui y tuvimos que caminar para llegar a Tila y la señora estaba en la calle, llorando. El 5 de octubre fuimos a presentar la denuncia al Ministerio Público. Abrieron una averiguación previa y los judiciales sólo dieron aviso a los agresores para que se fueran”.

El uso de armas de fuego es corriente y las agresiones no son investigadas ni sancionadas: “El 14 de septiembre de 1995, como a las 11:30 de la mañana, el abuelo fue emboscado a kilómetros de Uncipá. Cuando regresamos a su casa, había recibido varios balazos”. Perpetradores: miembros del grupo Paz y Justicia. No se han presentado avances en la investigación. Por el contrario, el gobierno busca criminalizar a las comunidades zapatistas: “Cualquier cosa, si es robo o algo, nos echan la culpa. Dicen que (fueron) los zapatistas, se lavan las manos, y ellos quedan libres. Los ministerios públicos lo aceptan porque son cómplices”, señala otro hombre.

“Nuestra culpa, ser bases de apoyo”

Algunos testimonios son de bases zapatistas. Narraron la guerra contra ellos: “Nuestra culpa es ser bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por eso nos desplazaron de esta comunidad, es el gran sufrimiento que tuvimos, el miedo y el terror con Paz y Justicia. Lo que quiero hoy es la verdad, yo no vine a mentir. Conocemos los autores intelectuales. Vengo a solicitar justicia. Cuando reclamamos con el gobierno, en aquel tiempo, no nos hacía caso, porque el gobierno tenía control militar y paramilitarización. Entonces las dependencias del gobierno donde acudimos no nos atendían, no nos hacían caso. Por eso en nuestro dolor seguimos reclamando justicia”.

Quien presenta el testimonio del desplazamiento recuerda que no tuvieron casa, comida, ni ropa. Todo quedó en la casa. “Ahorita no lloramos, pero en aquel momento sí. Gracias a dios estamos vivos”, exclama. “Hoy más que nunca no vamos a olvidar. Este sueño sigue soñando mi sufrimiento. Sigue viendo lo que pasó, porque en ese tiempo era yo muy niño, pero sigo viendo la historia”.

Los indígenas, en un ejercicio de memoria, denuncian la filiación institucional de la guerra sucia: “En 1994 hubo el levantamiento y nos unimos a apoyar. Entre febrero y marzo de 1994 fuimos a las marchas a decir: No a la guerra, sí al dialogo. Entonces las autoridades del comisariado nos empezaron a ver, y mandaban la información al ayuntamiento. Estaban en comunicación con el municipio para ver quiénes somos, dónde vivimos, donde estamos, dónde están nuestras parcelas”.

El hombre acusa que “en marzo de 1995 se constituyó (por el presidente municipal) Paz y Justicia. Se hizo esta organización porque los priistas no estaban de acuerdo con nosotros: nosotros queríamos un cambio, que no haya injusticia, que haya igualdad, pero el gobierno nunca nos escucha. Ésa es la culpa por la cual nosotros fuimos desplazados”.

Las voces de los desplazados señalan que los planificadores gubernamentales “tenían bien planeado nuestro desplazamiento. En agosto de 1995, en reunión con ejidatarios, se tomó el acuerdo. Los que no eran Paz y Justicia se tendrían que ir, para rendir las tierras. Acá hay una comunidad en Crucero, de los 80 salieron casi la mitad de la comunidad”. Los métodos de contrainsurgencia incluyen quema de casas: “Toda la pertenencia quedó y vimos cómo nos estaban quemando la casa. Para salvar la vida nos tuvimos que desplazar. Las pertenencias, la cosecha, todo se perdió. Durante la estancia en Masojá Shucjá, nos prestaron parcela para poder mantener a la familia”.

El hombre da cuenta del terror provocado por las acciones gubernamentales. “Tuvimos que salir porque llegó noticia de que viene seguridad pública, que van a balacear, que van a acabar con las bases de apoyo. En ese momento éramos mayoría. Un representante de Paz y Justicia nos dijo que el gobierno iba a acabar con las bases. Todos tuvimos miedo, pues empezaron a salir los Paz y Justicia. Buscaron pretexto para sacarnos. Ahí quedaron contentos en nuestra comunidad y nosotros desplazados en Jomajil. Salimos cuatro meses y llegamos terminando el mes de octubre”.

Las consecuencias del desplazamiento, refieren, van más allá de tener que abandonar el hogar temporal o definitivamente. “No teníamos libertad de tránsito. Vivíamos con miedo. Había Paz y Justicia, federales, seguridad pública. Los de Paz y Justicia tomaron la escuela primaria. Ahí estuvieron cuatro meses, acompañados del ejército federal y la policía. No los llevaron a la cárcel. Al contrario, los protegió la policía”.

Paz y Justicia, protegidos

La violencia paramilitar era alta antes de la conocida masacre de Acteal, en 1997. Quienes la vivieron recuerdan que un hombre fue asesinado y “colocado allí con un arma para decir que era parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Cuando fuimos al MP nos dijeron que era del EZLN porque tenía arma y cartuchos. Pero en ese tiempo no teníamos electricidad, Rogelio fue a cargar electricidad y por eso salió. No éramos los únicos con esos problemas, también Nuevo Limar y Nuevo Palenque”. En esta zona operó Paz y Justicia.

“Vimos que el gobierno dio armas y protegió a Paz y Justicia. Nosotros, como grupo de desplazados, nunca tuvimos justicia. No tuvimos libre acceso a nuestras comunidades. En el año 2001 vimos que no era sólo Tila, también eran la Zona Alta y Media (Tumbalá, Salto de Agua y Tila). Vimos que había otros representantes luchando por la libertad y por el retorno a sus comunidades”, recuerda uno de los habitantes. En Nuevo Limar, municipio de Tila, el 14 de julio comenzaron las amenazas de los paramilitares. “Rodearon las casas donde vivimos y estuvimos 15 días encerradas. El 30 de julio comenzamos salir. Como hubo un apagón aprovechamos para irnos”.

El 10 de agosto hubo una reunión clandestina de Paz y Justicia, que ya controlaba la comunidad. “Hacían amenazas y guardias nocturnas, porque decían que vienen los enemigos que son los zapatistas. Decían así para espantar y confundir a la gente. Los paramilitares de guardia estaban con uniformes de color negro, como policías, y realizaron disparos y patrullajes con microbuses y camionetas, secuestros y desapariciones. Los autores intelectuales fueron Diego Vásquez Pérez y Sebastián Vásquez Pérez, comandantes paramilitares regionales de la zona baja. Entre los autores materiales: Domingo Pérez Parsero, agente municipal”, denuncian.

Una vez establecido el ejército en Nuevo Limar, “los de Paz y Justicia lo llevaban a patrullar a otras comunidades como Zapata, Cruz Palenque, Miguel Alemán y otras. Cuando regresan, traen ganados, mercancías, ollas, vienen robando las tiendas y láminas. Esto lo vi con mis propios ojos. Los militares regalaban despensa, azúcar y frijol sólo a los de Paz y Justicia”, continua el hombre.

Los paramilitares “cambiaron de organización y dicen que nos andamos metiendo en las comunidades. El gobierno dice que no son necesarias las medidas cautelares porque ya hay paz, porque está la ONU (Organización de las Naciones Unidas). UGOCEP es una organización que no entiendo cómo está, pero son miembros de Paz y Justicia. Se van cambiando de nombre, pero son los mismos”, establece el testigo.

Los denunciantes señalaron que la masacre de Acteal es un crimen de Estado, “porque fue una orden desde gobierno federal, estatal y municipal”, encabezados entonces por Ernesto Zedillo, Julio César Ruiz Ferro y Jacinto Arias Cruz, respectivamente. “El presidente municipal, en 1997, convocó a sus agentes rurales, ancianos y caciques para explicar que el gobierno dijo que no puede ser vencido por los zapatistas”, y que si estos crecían, derrotarían a los caciques, señala el hombre. Empezaron a formar jóvenes como grupos paramilitares, entrenados por los militares.

El testigo recuerda que los muchachos entrenados “se vistieron de azules, como los de Seguridad Pública. Algunos son ex militares y ex seguridad pública, por eso es una orden del gobierno, es crimen del Estado”.

En 1994 Las Abejas decidieron apoyar a los zapatistas. En respuesta, los caciques y el presidente municipal el PRI iniciaron “la guerra sucia, aunque no tenemos armas (dijeron que) somos zapatistas. Fue una preparación de la masacre. Empezó la quema de casas, robo, cooperación para más armas. Pero no aceptamos para acabar con los compañeros. No nos unimos y, al ver que no aceptamos, empezó el desplazamiento”, recuerda un integrante de la organización civil.

El 22 de diciembre, cuando Las Abejas llevaban dos días de ayuno y oración, “se oyeron tiroteos. Antes de eso andaba patrullando la seguridad y así comenzó la masacre. Los que estaban en ayuno se escaparon. Donde había un arroyito, llegaron los paramilitares y empezaron a tirar las balas y 45 quedaron muertos, y a cuatro mujeres estaban embarazadas les sacaron a cuchillazos a sus bebés”. La vigilancia de los paramilitares sobre Las Abejas continuó después de la masacre.

Detuvieron a 87 paramilitares, “pero el gobierno fue soltándolos, por menor de edad y avanzada edad, sin avisar. Los paramilitares no sólo eran de Chenalhó”, denuncian. A los paramilitares, “los liberaron bajo fianza. Recibieron dinero, casa, tierra. Hasta el gobierno dio orden de vivir en Chenalhó”.

Viejo Velasco, crímenes y ofensas

Lázaro Sánchez, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) hizo un resumen sobre la masacre de Viejo Velasco. El 13 de noviembre de 2006, a las 6 de la mañana, llegaron cerca de 40 personas acompañadas de personal de uniforme negro y azul, con armas de uso exclusivo del ejército. Algunas personas corrieron hacia las casas, se introdujeron y asesinaron a una mujer. Secuestraron a Petrona, y la subieron a un vehículo hacia Nueva Palestina. Sus captores vieron que estaba enferma y le inyectaron algo. Al ver que no se recuperaba, la llevaron a otra casa y no se compuso. Fue encontrada el 14 de noviembre, pero después falleció. Fueron desplazados 20 hombres y tres mujeres, y también hay desaparecidos.

A petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado respondió que llevó a cabo un operativo en Viejo Velasco, con 300 elementos de la policía sectorial. En 2007 una comisión hizo recorrido y encontraron dos osamentas. Dieron aviso para el levantamiento. En 2008 acudió a un equipo argentino de antropología forense y dictaminó que el levantamiento fue deficiente. El Estado entregó otras osamentas, lo cual fue denunciado. Luego entregaron los restos en cajas de computadoras, para que recibieran sepultura. A consecuencia de los hechos, fueron detenidas varias personas y continúan sin ejercerse algunas órdenes de aprensión.

Fuente: Desinformemonos