La triple discriminación: un breve bosquejo de la mujer indígena en Chiapas y en México

Introducción

Este boletín pretende ser simplemente un esbozo de las desigualdades culturales, económicas y sociales que las mujeres indígenas y campesinas en Chiapas viven. Esto constituye un primer paso hacia la reflexión y concientización sobre la situación de las mujeres, que consideramos necesaria y trascendental para el trabajo de CIEPAC. Cabe mencionar que el contenido de este boletín, parte de una realidad latente en las comunidades con las que trabajamos y se alimenta de un proceso vivencial que ahora queremos compartir en esta nueva etapa de CIEPAC, que incluye como uno de los ejes fundamentales de trabajo el enfoque de género. Esperamos que este escrito marque el inicio de una serie de boletines en dónde ahondaremos sobre cada una de las problemáticas de las mujeres que brevemente mencionamos a continuación.

La triple opresión

La subordinación de las mujeres indígenas puede ser reconocida desde la perspectiva de una triple opresión: desde su clase, desde su género y desde su condición étnica. Es decir, las mujeres indígenas son oprimidas y excluidas por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. Es necesario ver esta triple condición como producto de un proceso histórico-cultural. Las mujeres indígenas a través de los años reproducen esta condición subordinada de indígenas pobres, transmitiendo de generación en generación esta característica como una más de su ser mujer. La subordinación de género determina la forma de existencia en todos los ámbitos de su vida: en la familia, con la pareja, con los hijos e hijas, con la comunidad, con las autoridades, que imponen socialmente este modelo, además de controlar su cumplimento y exigibilidad.

Los modelos genéricos en todas las sociedades han privilegiado a los hombres, construyendo sobre las diferencias sexuales orgánicas un sistema de desigualdades legitimado socialmente -y considerado como natural en tanto producto histórico- con que el estado a través de sus instituciones públicas, oprime y excluye a las mujeres de muchos espacios públicos y considera que nuestra función es tener hijas e hijos, educarlos y cuidarlos, y que por lo tanto nuestro lugar es la casa.

En las comunidades indígenas la construcción social del género se fundamenta y se representa a través de una marcada división sexual del trabajo, que sólo da valor a las mujeres en función de su maternidad, concebida como fin natural de la mujer, mientras que los hombres son los jefes, los dueños de las mujeres, los que tienen el poder y toman las decisiones. Esta situación podemos observarla en el cotidiano en las calles de San Cristóbal de las Casas, dónde los hombres caminan delante de las mujeres, mientras éstas los siguen silenciosamente con la mirada agachada, descalzas, junto con las hijas y los hijos.

Las identidades genéricas desiguales entre hombres y mujeres se construyen desde la niñez. Desde la infancia las mujeres indígenas son educadas para reproducir los patrones de género patriarcales y socialmente aceptables; desde niñas asumen responsabilidades en la casa, especialmente adquieren el deber de ayudar a su madre en las tareas "normales" y cotidianas de ésta. Barren, limpian, lavan, hacen tortillas, cocinan, además de cargar sobre su espalda a sus hermanos pequeños. Cuestiones con las que se reafirman y recrean las identidades genéricas de las funciones y los roles "naturales" del ser mujer. Los hombres también tienen que ayudar a su padre en el campo, pero ellos al igual que sus padres son dueños de su tiempo libre y sujetos de otros derechos que a las niñas les son negados como el derecho a estudiar.

La discriminación por género, clase y etnia es parte de la estructura nacional capitalista y patriarcal. En la actualidad, son evidentes los datos que reflejan la situación subordinada y excluyente que ocupan los indígenas en general y las mujeres indígenas en particular. Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena del país, situación relacionada directamente con los altos índices de pobreza y marginación de los que también es protagónico. Los datos censales nos indican que las mujeres en relación a los hombres indígenas presentan índices más altos de marginación. Según el censo de 2005, son monolingües el 15.6% del total de las mujeres indígenas del país y analfabetas el 40%. En Chiapas por cada 100 hombres analfabetos, existen 182 mujeres que no cuentan con la capacidad de comunicarse por escrito. Asimismo, son monolingües el 32% de las mujeres indígenas y analfabetas más del 50%. Creemos que estos datos son bastante conservadores, ya que no es posible que existan mujeres monolingües y que sepan leer y escribir a la vez.

Las mujeres indígenas tienen más hijos que las mujeres mestizas; en algunos lugares el promedio es de seis o siete hijos por mujer en edad reproductiva. Los altos índices de natalidad en el Chiapas rural van acompañados de altos costos para la salud de las mujeres, teniendo como consecuencia su temprano envejecimiento, amén de un alto índice de mortalidad materna e infantil.

La discriminación que las mujeres indígenas padecen por su condición de género y clase, no se da únicamente en los ámbitos económicos nacionales, sino también en sus propios ámbitos familiares que las considera y encapsula como madres, esposas y trabajadoras del hogar. El trabajo doméstico es concebido en las comunidades indígenas y no indígenas como una obligación femenina natural que recluye a las mujeres en el espacio doméstico. Junto con la maternidad, el trabajo doméstico es considerado aporte y garantía para la supervivencia diaria de los miembros de una familia. En algunas ocasiones, se considera al trabajo doméstico como un complemento del trabajo de los hombres para el sostén y reproducción de una familia. Sin embargo, no se toma en cuenta la desigualdad de género existente en esta supuesta complementariedad del trabajo. Es decir, los hombres son dueños de su tiempo; su trabajo tiene un principio y un fin. Pero el trabajo en el hogar nunca termina, ni tiene horarios determinados. Además muchas mujeres realizan también trabajos en la milpa, mientras que los hombres pocas veces se responsabilizan del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos e hijas. Cuando logran acceder al mercado de trabajo, las mujeres indígenas, al igual que las mujeres mestizas, no dejan de realizar el trabajo doméstico, lo que se traduce en dobles y triples jornadas con pésimos salarios.

La mujer en el neoliberalismo

La reestructuración del sistema económico y el embate de las políticas neoliberales, han ocasionado muchas transformaciones en el campo, ya que la falta de tierra y la dependencia cada vez mayor del mercado y de los cultivos importados han aumentado la migración a Estados Unidos y Canadá. La migración ha ocasionado que las mujeres asuman, además de sus tareas cotidianas, el rol de jefas de hogar; en esta reestructuración social muchas familias son encabezadas por mujeres. Una consecuencia más de la migración de los hombres del campo, es la creciente ocupación de las parcelas por las mujeres; esposas, hijas o hermanas de esos migrantes. Sin embargo, la inequidad de género también está presente en la tenencia de la tierra, ya que aún cuando hay cada vez más mujeres campesinas, no existen mecanismos legales, ni políticas públicas que aseguren la propiedad de la tierra para éstas. En este contexto muchas mujeres también migran a las ciudades en busca de trabajo, algunas también se arriesgan con sus hijos para ir a Estados Unidos, a pesar del abuso de los "polleros", del temor a la migra, de ser violadas y hasta asesinadas como ha sucedido con muchas mujeres.

Los intentos de las mujeres indígenas por acceder al trabajo asalariado son especialmente difíciles. La mayoría de ellas se emplean en trabajos domésticos en condiciones de semiesclavitud, asumiendo el papel de reproductoras y garantes del bienestar familiar y social de otras familias en las ciudades. El manejo deficiente del español y los bajos niveles de escolaridad las conduce a trabajos con salarios muy bajos y condiciones de explotación inimaginables. Las indígenas de Chiapas, se han convertido también en una potencial reserva de mano de obra barata para las maquiladoras que comienzan a instalarse en el estado, y las que próximamente se instalarán para cumplir cabalmente con los mandatos del Plan Puebla Panamá.

Los tratados comerciales que el neoliberalismo impulsa han resultado muy favorables para las empresas. Pero para las campesinas y campesinos estos tratados comerciales lo único que han ocasionado es hacerlos dependientes de las grandes empresas transnacionales, que se han convertido casi en la única vía para comercializar sus productos. Las políticas comerciales del neoliberalismo privilegian la exportación de los cultivos comerciales no tradicionales y la importación de los alimentos básicos, por lo que están terminando la producción destinada al autoconsumo y al mercado local dejando a las campesinas en desventaja ante el mercado internacional. Muchos campesinos y campesinas se han convertido en jornaleros en su propia tierra al quedarse sin sus parcelas, que las grandes empresas van adquiriendo aprovechando las oportunidades dadas por la modificación al artículo 27 Constitucional.

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares--PROCEDE (programa oficialmente concluido en 2006) es una política federal dirigida al campo, que abre las vías para la privatización de la tierra y para que las empresas transnacionales puedan acaparar grandes extensiones de tierra para la producción de cultivos comerciales. Con el cambio de propiedad ejidal o comunal a propiedad privada, las mujeres quedan excluidas de la posesión de la tierra, pues la titulación de tierras se hace a nombre de los hombres y las mujeres sólo son propietarias cuando son viudas y los hijos son menores de edad. Esta situación es especialmente grave, si se considera que de los 30 millones de habitantes en las zonas rurales, la mitad son mujeres, siendo Chiapas uno de los estados con mayor población femenina rural, con alrededor del 54.3% de su población total. Con las reformas constitucionales, la parcela que era el patrimonio familiar se convierte en mercancía a manos del ejidatario, quien puede decidir rentarla, venderla o dejarla en sucesión a quién le parezca (tradicionalmente al primogénito masculino). La anterior ley agraria establecía obligadamente que la sucesión de la tierra al morir el ejidatario, era preferente para la viuda y después a los hijos. Esta exclusión de las mujeres permite que los hombres vendan las tierras, sin consultar siquiera al resto de la familia.

Sin embargo, este criterio sexista en la propiedad de la tierra no se da únicamente a partir de las reformas al artículo 27 constitucional, sino que en muchas comunidades indígenas es parte de los usos y costumbres. Muchas mujeres indígenas no tienen acceso a la tierra, puesto que es reservada para los hijos varones, limitando su participación también en las asambleas y decisiones estratégicas que tienen que ver con la tierra, el territorio y los recursos naturales. En este sentido, las mujeres también son vulneradas puesto que son las administradoras y responsables en muchas ocasiones de estos recursos; sobre sus espaldas cargan la leña y sobre sus brazos el agua, ambos elementos fundamentales para la supervivencia familiar. Entonces las mujeres indígenas se enfrentan a una doble opresión y exclusión: por un lado la impuesta por su comunidad y familia, y por otro lado la ejercida por un sistema económico neoliberal que pauperiza cada vez más su entorno.

La respuesta gubernamental a esta situación han sido los llamados "programas de combate a la pobreza", que no son otra cosa que migajas de la economía nacional disfrazadas de beneficios, que pretenden reducir a las comunidades indígenas al concepto de pobres, es decir, sujetos pasivos y no actores sociales dueños de su propio destino. Son programas focalizados que generan dependencia, desmovilizan a la población y que no combaten las causas estructurales de la pobreza. El programa Oportunidades es una beca bimensual otorgada a las madres de familia por cada niño o niña cursante de educación básica. Este programa se ha manejado como la panacea para la solución de la pobreza extrema. Sin embargo, en los hechos la irrisoria cantidad es una solución asistencialista que niega la cuestión de fondo de la pobreza. Además el programa es condicionado a la aceptación de otros programas como Procampo y Procede. La última modalidad de este programa es el llamado "Oportunidades Energético" que otorgará cien pesos más para el pago de la luz (cuando los recibos en las comunidades indígenas son por cantidades estratosféricas) y les condicionará la entrega a la presentación del recibo de luz pagado. La dependencia que genera este tipo de programas provoca que algunas mujeres en las zonas rurales procuren tener más hijos, porque mientras más hijos tienen más dinero reciben. En muchas ocasiones estas situaciones son obligadas por el esposo, quién se ve beneficiado la mayor parte de las veces del dinero otorgado por estos programas asistencialistas.

Violencia: las mujeres como objeto

Hablar de violencia de género implica una necesaria integración de la violencia social, económica, laboral, doméstica, política, emocional, cultural y sexual, que las mujeres en general y las indígenas en particular padecen. Violencia que sustenta el mandato del sistema patriarcal, donde las mujeres somos consideradas desiguales, con menos valor que el género masculino.

La violencia estructural del sistema se ha traducido en un fuerte incremento de la violencia social y de género para muchas mujeres indígenas. En pleno siglo XXI aún es practicada en varias partes del mundo y nuestro país la venta de mujeres. En muchas comunidades indígenas y campesinas de Chiapas, las mujeres son consideradas mercancía; son vendidas por sus padres a hombres que las convierten más que en sus esposas en sus esclavas y sirvientas. Por cantidades que van de los 3 mil a los 10 mil pesos, según la edad, condiciones físicas y estado civil (solteras o viudas, con hijos o no) las mujeres son objeto de compra venta, como parte de los usos y costumbres, constituyendo un acto de humillación y vejación. Cuando las mujeres no "cumplen debidamente" con las tareas encomendadas, el esposo puede devolverlas a sus padres y éstos se ven obligados, además de aceptarla de mala manera, a regresar el dinero que ya les pagaron por ellas.

La militarización de los territorios indígenas en el estado de Chiapas, incrementado a raíz del levantamiento armado del EZLN en 1994, ha traído como consecuencias división en las familias, confrontación en las comunidades y un incremento de la violencia hacia las mujeres. La guerra de baja intensidad con la que el estado mexicano ha respondido al levantamiento del EZLN, coloca en una situación de vulnerabilidad a las mujeres y los niños y niñas. Las mujeres son blanco de violencia y abuso sexual, son inclusive asesinadas como sucedió en Acteal, como ha sucedido en varias partes del estado con la intervención de los grupos paramilitares y como sucede en muchos otros lugares del país, siendo los más recientes casos el de las trabajadoras sexuales violadas tumultuariamente por militares en Coahuila y el de la indígena nahua de 73 años Ernestina Ascensión, quién fue violada tumultuariamente, torturada y asesinada por militares en la sierra de Zongolica en el estado de Veracruz.

Es así como la violencia contra las mujeres se "normaliza" en todos los espacios, incluido ahora el judicial y militar, que ya no sólo tolera la violencia sexista sino que la usa como forma sistemática de control. Basta ver los ejemplos de Atenco y Oaxaca, donde el abuso y la violencia sexual contra las mujeres se utilizaron como arma de intimidación y represión, utilizando el cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Sin embargo, las mujeres indígenas no han sido únicamente víctimas de la violencia, sino también símbolo de la resistencia y la respuesta. Si bien en décadas recientes han comenzado a gestarse espacios de participación, es a partir del levantamiento zapatista en 1994 que las mujeres indígenas comenzaron a exigir espacios de participación pública, política y social. Uno de los referentes más importantes de la reivindicación de participación política de las mujeres se da en la formulación de la Ley Revolucionaria de Mujeres, que marca un hito en el proceso histórico de la vida de las comunidades, al legitimar la participación política de las mujeres indígenas. La ley reivindica la igualdad y el derecho de participación política, además de los derechos elementales, y que históricamente han mantenido a las indígenas en una posición subordinada, como el derecho de casarse con quien elijan y a tener el número de hijos que quieran, el derecho a la educación, y el derecho a la no violencia en sus cuerpos, en sus casas y en los espacios políticos. La voz pública de las mujeres indígenas también se hizo escuchar en la intervención de la Comandanta Esther en el Congreso Federal en 2001, dónde hizo patente la situación de opresión que las mujeres viven:

"También sufrimos el desprecio y la marginación desde que nacimos porque no nos cuidan bien. Como somos niñas piensan que nosotros no valemos, no sabemos pensar, ni trabajar, cómo vivir nuestra vida. Abusan de nuestra decisión, nosotras como mujer nos golpea, nos maltrata por nuestros propios esposos o familiares, no podemos decir nada porque nos dicen que no tenemos derecho de defendernos...

Nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, los que tienen todo el derecho de decidir de todo. Sólo ellos tienen el derecho a la tierra y la mujer no tiene derecho como que no podemos trabajar también la tierra y como que no somos seres humanos, sufrimos la desigualdad..."

A manera de conclusión

La subordinación y exclusión de las mujeres indígenas de muchos espacios políticos, laborales, sociales y culturales, es violencia. Violencia que se manifiesta en muchas formas y grados. Sin embargo, las mujeres comienzan a cuestionar los usos y costumbres que las mantienen subordinadas y que refuerzan el mandato patriarcal construido y legitimado histórica y socialmente. A través de los espacios de reflexión que han generado, las mujeres indígenas comienzan a tomar en sus manos su destino, su vida, sus preferencias y sus participaciones.

Es necesario considerar que la situación de opresión y exclusión de las mujeres indígenas es resultado de un proceso histórico cultural, que requiere un cambio de raíz estructural, pero también requiere de un proceso de reflexión y concientización que parta de la experiencia propia de las mujeres. El contexto social, político, cultural y económico en el que las mujeres indígenas están insertas es determinante en la construcción de sus identidades y marca las formas específicas de sus relaciones con los hombres y con otras mujeres indígenas y no indígenas. También marca la forma en que gestan sus luchas y reivindicaciones políticas.

En este sentido, consideramos que una alternativa para el conocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres, son procesos de empoderamiento personales y colectivos donde las mujeres sean las protagonistas e impulsoras de su proceso de liberación. La fortaleza que les proporciona la reflexión en espacios colectivos con otras mujeres sobre su problemática, situación y condición de género, incrementa sus capacidades analíticas y organizativas. El acceso a recursos como información, capacitación y formación otorga elementos de reflexión y concientización, pero sobre todo refleja una lucha al interior de sus propias comunidades y organizaciones por cambiar aquellos elementos de la "costumbre" que las oprime y subordina, además marca el inicio de su participación e inserción en el contexto político, que les permite una voz pública sobre sus experiencias de exclusión como mujeres y como indígenas, y sobre las alternativas propuestas desde esta concientización del ser mujer.

Sistematización y redacción: Norma Iris Cacho Niño

Equipo CIEPAC - 30-Jul-2007 - num.539
CIEPAC, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas