La segunda implosión de Centroamérica

Varias décadas después de la finalización de las guerras de revolución y contrainsurgencia en Centroamérica, la región una vez más está al borde de una implosión. El Istmo ha estado sumido en una reanudación de las luchas de masas y la represión estatal, el desmoronamiento de los frágiles sistemas políticos, la corrupción sin precedente, la violencia del narcotráfico, y el despojo y migración forzada de millones de obreros y campesinos. El telón de fondo de esta segunda implosión de Centroamérica –reflejando la crisis galopante del capitalismo global– es el agotamiento de una nueva ronda del desarrollo capitalista que se produjo a raíz de las convulsiones de los 1980 al ritmo de la globalización. 

Perdidos entre los titulares sobre los refugiados centroamericanos que huyen a Estados Unidos están tanto el contexto histórico que desató el éxodo como las transformaciones estructurales mediante las cuales la globalización capitalista ha llevado a la región a la situación de hoy día. Los movimientos revolucionarios de masas durante las décadas de 1970 y 1980 lograron desalojar del poder a las dictaduras arraigadas y abrir los sistemas políticos a la competencia electoral. Pero no lograron alcanzar la justicia social sustancial ni democratizar el orden socioeconómico. 

La globalización capitalista en el Istmo a raíz de la pacificación desencadenó un nuevo ciclo de modernización y acumulación. Transformó la antigua estructura oligárquica de clase, generando nuevas elites y capitalistas transnacionalmente orientados y clases medias de alto consumo. Pero al mismo tiempo desplazó a millones, agravando la pobreza, la desigualdad, y la exclusión social, e hizo estragos al medio ambiente, ocasionando una oleada de emigraciones y nuevas rondas de movilizaciones de masas entre aquellos que se quedaron. Así, las mismas condiciones que dieron origen al conflicto en la primera instancia  se vieron agravadas por la globalización capitalista. 

Pese a la ilusión de “la paz y la democracia” tan pregonada por la elite transnacional a raíz de la pacificación, las raíces del conflicto regional han persistido, es decir: la extrema concentración de la riqueza y del poder político en manos de las minorías elitistas al lado de la pauperización y la impotencia de una mayoría desposeída. Con el golpe de estado en Honduras en 2009, la masacre de los manifestantes pacíficos en Nicaragua en 2018, y el regreso de los escuadrones de la muerte en Guatemala, esta ilusión ha sido definitivamente destrozada. Los regímenes centroamericanos ahora enfrentan crecientes crises de legitimidad, el estancamiento económico, y el colapso del tejido social. 

El modelo transnacional del desarrollo capitalista 

En tanto Centroamérica fue envuelta en la globalización desde los 1990 y en adelante, una nueva generación de capitalistas y elites estatales transnacionalmente-orientados forjaron una hegemonía neoliberal en conjunto con Washington y los institutos financieros internacionales (IFIs, principalmente la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU, el FMI, y el Banco Mundial). Impusieron la privatización, la austeridad, la desregulación de los mercados laborales, nuevos regímenes de inversión para facilitar el acceso del capital transnacional a los abundantes recursos naturales y las fecundas tierras de la región, y los tratados de libre comercio, entre ellos el CAFTA (Tratado de Libre Comercio de Centroamérica) en 2004. 

El modelo transnacional de acumulación abarcó la introducción de nuevas actividades económicas que integraron la región a las cadenas transnacionales de producción y servicios, parte misma de la globalización capitalista que ha involucrado una vasta expansión de las operaciones de la minería, la agroindustria, el turismo, la extracción energética, y los mega-proyectos de infraestructura a lo largo de América Latina, alimentando una economía global voraz y desbordando las arcas de las corporaciones transnacionales. Al igual que los anteriores ciclos del desarrollo capitalista, una expansión de las exportaciones y una mayor integración a la economía mundial resultaron en una reactivación del crecimiento y de la inversión en los 1990 y en adelante. 

La evolución de la economía política centroamericana refleja fielmente la de la economía global en su conjunto. La economía mundial pasó por un periodo de prosperidad en las décadas de los 1950 y 1960, seguido por crisis, el estancamiento, y la transición en las décadas de los 1970 y 1980, para luego pasar al boom de la globalización en los 1990 y los primeros años del siglo XXI. Reflejando esta evolución, el Istmo experimentó una tasa de crecimiento anual promedio de 5.7 por ciento entre 1960-1970, tasa que disminuyó a 3.9 por ciento entre 1970-1980, y luego desplomó a apenas el 0.8 por ciento en la década tumultuosa de 1980-1990. Pero luego, en sincronía con la economía global, el crecimiento se recuperó,  llegando a un promedio anual de 4.0 por ciento durante el boom de la globalización entre 1990-2008. A raíz del colapso financiero de 2008, las tasas de crecimiento en Centroamérica comenzaron a disminuir de nuevo. 

La globalización como una  época cualitativamente nueva en la evolución continua y abierta del capitalismo mundial ha sido caracterizada sobre todo por el surgimiento de un sistema globalmente integrado de producción, finanzas y servicios. En Centroamérica, el modelo transnacional de acumulación que se echó a andar durante el boom ha involucrado una vasta expansión de: las maquiladoras produciendo ropajes, productos electrónicos, y otros productos industriales; los complejos agroindustriales; la minería y la extracción de materias primas; la banca global; el turismo; y la “revolución del comercio”, o la extensión de los Wal-Mart y las otras supertiendas, tal como he escrito en  mi libro, Conflictos Transnacionales. 

Las zonas francas establecidas a partir de finales de los 1980 ahora están repartidas por el paisaje urbano centroamericano. Algunas 70 zonas  actualmente emplean unos 800,000 obreros y obreras, la mayoría de ellas mujeres jóvenes, y han insertado a la región inextricablemente en la Fábrica Global. 

La extensión de los complejos turísticos transnacionales ha convertido a Centroamérica en un punto caliente para el Patio de Recreo Global. Las comunidades indígenas, afro-descendientes, y mestizas han luchado en contra del despojo, de la degradación ambiental, y de la mercantilización de las culturas locales de cara a los mega-proyectos turísticos tales como la Ruta Maya en toda la región, Roatán en Honduras, San Juan del Sur en Nicaragua, Costa del Sol en El Salvador, o la provincia de Guanacaste en Costa Rica, entre otros. La llegada del Supermercado Global ha involucrado la invasión de los conglomerados transnacionales de tiendas minoristas, tales como Wal-Mart y las cadenas de la comida rápida, las cuales han desplazado a miles de pequeños comerciantes, han interrumpido las economías locales, y han propagado una cultura e ideología de consumismo. 

La globalización también ha traído una mayor expansión del agri-negocio transnacional. En Honduras, los capitalistas locales y transnacionales han agarrado vastas extensiones de tierras agrícolas de comunidades campesinas, afro-descendientes, e indígenas y las han convertido en plantaciones de palma africana. En Guatemala también, la palma africana sembrada por suministradores locales de los grandes conglomerados agroindustriales ADM y Cargill  viene desalojando a un número creciente de comunidades campesinas y explica en parte el reciente repunte de migraciones al exterior. En Nicaragua, los campesinos desplazados por el agronegocio transnacional han entrado y colonizado lo que queda de la frontera agrícola. En Costa Rica  la penetración del agronegocio transnacional ha desatado sendas luchas campesinas contra el desplazamiento. 

Pero lo más devastador para la ecología y la subsistencia de las comunidades locales ha sido una nueva ronda de actividad extractivista, que incluye la minería, los hidrocarburos, la industria pesquera, y la silvicultura, para no mencionar los mega-proyectos de infraestructura tales como el canal interoceánico en Nicaragua y la presa Agua Zarca en Honduras. Y nuevamente el Altiplano indígena en Guatemala ha sido azotado por los conflictos en tanto  las comunidades locales luchan en contra de una verdadera invasión de intereses de la minería de oro, plata y otros metales y de los hidrocarburos.  Han enfrentado los escuadrones de la muerte en su resistencia a la intensificada colonización de sus territorios por el agronegocio y la minería. 

Los activistas anti-minería han enfrentado amenazas de muerte y asesinatos en El Salvador, donde se estima que  el 90 por ciento de las aguas de superficie ha sido contaminado por las sustancias químicas tóxicas, los metales pesados, y los desechos como resultado de la minería. Estos activistas obtuvieron una victoria histórica cuando el gobierno aprobó legislación imponiendo una prohibición absoluta a la extracción de metales. Los activistas ambientales y comunitarias  en Nicaragua que luchan contra las concesiones que ha otorgado el gobierno a las compañías transnacionales para proyectos de minería de oro de gran escala, han enfrentado la policía anti-motín,  al igual que los activistas en la zona norte del vecino país de Costa Rica. 

Grietas en la fachada: estancamiento económico, trastorno política, y colapso social 

El precario orden social generado por la globalización solamente podía ser sostenido mientras seguía expandiendo la economía y mientras los despojados podían migrar al Norte. Pero la reanudación del crecimiento desde los 1990 ha dependido de tres factores que ahora están alcanzando sus límites: un fuerte incremento del flujo de la inversión corporativa transnacional, el aumento constante de la deuda externa, y las remesas enviadas por los centroamericanos que viven en el exterior. 

Después de una década de fuga de capitales y la desinversión en los 1980, Centroamérica volvió a ser un destino atractivo para las inversiones del capital transnacional en los años 1990. La  inversión corporativa transnacional subió de un promedio anual de $165 millones en los 1990, a $631millones entre 2000 y 2010, y luego se disparó entre 2011 y 2017 a $6,500 millones (aunque un 45 por ciento de este último incremento correspondió a Costa Rica), en tanto el excedente de capital desde Norteamérica y Asia buscó nuevas oportunidades de inversión en el exterior luego del colapso financiero de 2008. 

Sin embargo, desagregando esta última cifra, la inversión directa extranjera, de hecho, experimentó un marcado descenso comenzando en 2016, alcanzando apenas $1,000 millones. Paralelo a la entrada de este capital transnacional de inversión, la economía centroamericana ha acumulado  niveles de endeudamiento cada vez más elevados. La deuda externa regional pasó de $33 mil millones en 2005 a $79 mil millones en 2018, nivel que representa casi la mitad del PIB regional y que no es sostenible. 

Pero sobre todo los  $20 mil millones que envían los migrantes centroamericanos se han convertido en un salvavidas económico para la economía regional, mientras la emigración funge como una válvula de escape que contiene las explosiones políticas.  Las remesas aportan un sorprendente 18 por ciento y el 19 por ciento del PIB en El Salvador y en Honduras, respectivamente, mientras la cifra se sitúa en 10 por ciento para Guatemala y Nicaragua. De hecho,  las remesas representaron la mitad del crecimiento del PIB en estos cuatro países en 2017, y un increíble 78 por ciento para El Salvador. En otras palabras, la economía regional colapsaría sin el dinero que los centroamericanos en el Norte envían a casa. 

Pero los beneficios del crecimiento nunca filtraron hacia abajo, a la mayoría empobrecida, con la excepción de la expansión de algunos programas sociales en Nicaragua durante los primeros años del retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, y algunos programas que logró introducir el gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. Sin embargo, en tanto ahora la economía global vacila hacia una recesión (o peor) y los flujos de inversión disminuyen, existen cada vez menos oportunidades para la expansión capitalista en el Istmo.  Desde un promedio anual de crecimiento de cuatro por ciento en el período 1990-2008, la tasa de crecimiento descendió a 3.7 por ciento en 2012, a 3.5 por ciento en 2017, y a un estimado 2.6 por ciento en 2018. 

La globalización y el neoliberalismo han hecho estragos a las clases trabajadoras y populares, dejándoles escasamente preparados para sobrevivir a la recesión económica venidera y el estancamiento local. Un  asombroso 72 por ciento de los trabajadores labora en condiciones de precariedad, a menudo en el sector informal, y siete de cada ocho empleos nuevos son precarios. La población centroamericana se ha incrementado  de 25 millones en 1990 a  40 millones en 2017 pero el mercado laboral no es capaz de absorber la mayoría de los nuevos entrantes, lo que ayuda a entender el repunte de la emigración al exterior. El número de los emigrantes  casi se duplicó entre 2000 y 2017, cuando alcanzó los 4.3 millones. 

La crisis social ahora conduce a una escalada de conflicto político y un espiral sin precedente de corrupción. El modelo de la globalización ha sido impuesto por las élites estatales corruptas que han gozado del respaldo de los gremios empresariales en cada país, la clase capitalista transnacional, y las IFI. Estas élites facilitaron las condiciones para que el capital local y transnacional se aprópien de los recursos y la mano de obra de la región a cambio de la oportunidad de saquear el estado. La larga lista de los casos de corrupción en la región ha resultado en el encarcelamiento de varios ex-presidentes y en cargas presentadas contra decenas de altos oficiales gubernamentales. 

En Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina, militar retirado quien participó en el genocidio contra la mayoría indígena de ese país durante la contrainsurgencia de los 1980, dimitió en 2015 de cara a las masivas protestas contra la corrupción generalizada de su gobierno y eventualmente fue enjuiciado y condenado a penas de prisión. El actual presidente Jimmy Morales, elegido luego de la dimisión de Pérez Molina, disolvió la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), formada en 2006 para investigar la corrupción, el narcotráfico, y el genocidio, una vez que la Comisión lanzó acusaciones de fraude y lavado de dinero contra él, miembros de su familia, y otros altos funcionarios. Morales, con el apoyo del poderoso gremio de capitalistas, CACIF, se maniobra ahora para permanecer en el poder después que termine su mandato actual a mediados de este año, en lo que aparenta ser el descenso hacia el autoritarismo. 

El contexto más amplio a la inestabilidad política en Guatemala es el resurgimiento de la movilización de masas entre la mayoría pobre e indígena y el retorno de la  represión generalizada y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo el  retorno de los escuadrones de la muerte que aterrorizaron a la población durante décadas, hasta que la firma de un tratado de paz en 1996 puso fin a la guerra civil de cuatro décadas. El CODECA (Comité de Desarrollo Campesino), el CCDA (Comité Campesino del Altiplano), el CUC (Comité de Unidad Campesina), y otras organizaciones indígena, campesina, estudiantil, y obrera han organizado la resistencia de masa a lo largo del país, y están reclamando por una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la Republica y  desarrollar “una alternativa al capitalismo”. 

En Honduras, varios miembros del gobernante Partido Nacional y miembros de la familia del ex-presidente Porfirio Lobo, llevado al poder por el golpe de estado de 2009, y del actual presidente Juan Orlando Hernández, elegido para un segundo mandato en elecciones fraudulentas en 2017, han sido implicados en el narcotráfico, la malversación, y otros crímenes (la participación generalizada en el narcotráfico de las fuerzas militares y policiacas en Guatemala y Honduras –cuerpos represivos financiados por Estados Unidos– es un secreto a voces). El asesinato en 2016 de la dirigente indígena Berta Cáceres acaparó los grandes titulares internacionales, aunque  han sido tachados para el asesinato decenas de dirigentes de los pujantes movimientos de indígenas, estudiantes, trabajadores, campesinos, y afro-descendientes. 

En El Salvador, los tribunales condenaron al ex-presidente Antonio Saca a 10 años de prisión y emitieron un orden de arresto por malversación para el ex-presidente Mauricio Funes, quien se refugió en Nicaragua. El Procurador de la Republica está investigando otros altos funcionarios por corrupción, entre ellos, algunos del gobernante FMLN, el cual probablemente será depuesto en las urnas en marzo próximo. En Nicaragua,  el gobierno nepotista y dictatorial del Presidente Daniel Ortega y su esposa, la Vice-Presidenta Rosario Murillo, y su círculo íntimo, han hecho pactos con la oligarquía tradicional, enriqueciéndose mediante el saqueo de los recursos estatales en alianzas con el capital transnacional, y han desplegado el ejército, la policía, y fuerzas paramilitares para reprimir violentamente a los campesinos, los obreros, y los movimientos sociales y estudiantiles, quienes se oponen a sus políticas. 

La crisis del capitalismo global y el futuro de Centroamérica 

El capitalismo global enfrenta actualmente una  profunda crisis estructural de la polarización social y la sobreacumulación. Dados los niveles sin precedente de desigualdad mundial, el mercado global no puede absorber la creciente producción de la economía global, la cual está enfrentando límites de su expansión. La continua expansión en años recientes ha sido alimentada en el consumo basado en el endeudamiento, la frenética especulación en el casino global que ha inflado una burbuja tras otra, y la militarización impulsada por los Estados en tanto el mundo entra a una economía global de guerra. 

En estos momentos la economía global está al borde de una nueva recesión. Además, el sistema enfrenta una crisis política de la hegemonía y una escalada de tensiones internacionales. En el cuadro más amplio, esta crisis constituye el telón de fondo de la segunda implosión de Centroamérica. 

La crisis ha resultado en una fuerte polarización mundial entre una izquierda y fuerzas populares insurgentes, por un lado, y por el otro lado, la ultra-derecha en cuyos bordes hay tendencias abiertamente fascistas. Se desarrolla en Centroamérica una nueva ronda de protesta popular de masas, en tanto que los regímenes locales pierden legitimidad, se vuelven más corruptos y represivos, y amenazan una ruptura con el orden constitucional, tal como ya ha sucedido en Honduras y Nicaragua y podría suceder en Guatemala. Como respuesta, los gobiernos de la región han recurrido a falaces leyes anti-terroristas para contener la protesta social. 

Los proyectos de la ultra-derecha y del fascismo del siglo XXI están resurgiendo en Europa, Estados Unidos, Brasil, Israel, las Filipinas, Turquía, y en otros países. En todos estos casos, las comunidades más vulnerables han sido identificadas como chivos expiatorios para la crisis, sobre todo los refugiados y los inmigrantes. Se trata de una estrategia para canalizar hacia estos grupos identificados la profunda inquietud y ansiedad social provocados por la creciente inseguridad socioeconómica. Esto nos ayuda a entender la respuesta fanáticamente racista y hasta fascista del gobierno de Trump hacia los refugiados centroamericanos. 

Ni el fascismo, ni implosión son inevitables. Todo dependerá de la capacidad de las fuerzas populares en Centro- y Norteamérica de movilizarse para preservar el Estado de derecho y empujar hacia adelante la agenda de la justicia social que pudiera paliar los efectos de la crisis. De lo contrario, una recesión económica podría tumbar el castillo centroamericano de naipes. 

Por William I. Robinson es profesor de Sociología, Universidad de California en Santa Barbara.

Fuente:  ALAI, 30 de enero, 2019