La pulseada del agronegocio por las retenciones y la voz de los pequeños productores

La decisión del Gobierno de cerrar las exportaciones de aceite y harina de soja, paso previo a un posible aumento de las retenciones para esos subproductos sojeros, generó una furiosa reacción por parte de los sectores del agronegocio. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y la portavoz del Presidente, Gabriela Cerruti, se encargaron de descartar que el incremento del derecho de exportación se extienda a los granos —trigo, maíz, girasol y soja—, a pesar de que el sector agropecuario registra grandes márgenes de ganancia por la suba de los precios internacionales por la guerra entre Rusia y Ucrania, y por mejores rindes en las cosechas de verano. 

La Mesa Agroalimentaria Argentina, que representa a los campesinos y pequeños productores, respaldó la decisión de incrementar la retención a los subproductos, exigió avanzar con más retenciones segmentadas y reclamó al Gobierno que los fondos se dirijan a medidas que fortalezcan al sector “que  abastece de alimentos a nuestro país”.  

El martes, el presidente Alberto Fernández evitó pronunciarse respecto de las decisiones en torno a las retenciones, pero reconoció el problema crítico del incremento del  precio de los alimentos, que se vio potenciado por la guerra en Europa del este y calificó como "la mayor complicación económica que sufre el mundo" a la "lucha tremenda por los alimentos, vuelan los precios en todo el mundo".

"Por sobre todo somos peronistas, ¿y qué hacemos los peronistas? Le ponemos el pecho y buscamos soluciones. Espero que esta semana podamos empezar a poner  orden al tema de la deuda tremenda que heredamos y el viernes va a arrancar la guerra contra la inflación en la Argentina”, declaró el mandatario sin anticipar medidas. Hasta el momento, las que trascendieron van en línea con los acuerdos de precios con los grandes hipermercados y la creación de fideicomisos con las cámaras exportadoras.

La presión del agronegocio por las retenciones y la respuesta del Gobierno

El domingo, el Gobierno avanzó con el cierre del registro de exportaciones para los productos derivados de la soja, pero desde el viernes se rumoreaba no solo un incremento de retenciones para ese sector sino que se incluía la posibilidad de incrementar las retenciones a los cereales maíz, trigo, girasol y soja. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) había dejado el viernes su “férreo rechazo” y advirtió en tono de amenaza: “No deben seguir provocando a nuestro sector”. 

Las alarmas encendidas por los representantes del agronegocio coincide con un aumento internacional del precio de los granos por la guerra entre Rusia y Ucrania —el incremento llegó a ser del 60 por ciento para el trigo—, y un incremento en los márgenes de las cosechas de maíz, trigo y soja, según un informe reciente de la Bolsa de Cereales. 

Por su parte, el mismo domingo, la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara) emitió un comunicado amenazando con poner fin a los acuerdos de fideicomisos con lo que la Secretaría de Comercio Interior busca desacoplar los precios internacionales de maíz, trigo y aceite para el mercado interno. “Pone fin a los fideicomisos de maíz, trigo y aceite, puesto que cambia las condiciones de comercio exterior”, fue la primera advertencia lanzada por la cámara.

El coro de presiones por las retenciones llegó el lunes por la tarde a cargo de los senadores que integran el bloque de Juntos por el Cambio. En la reunión de la Comisión de Hacienda a la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó para hablar del acuerdo con el FMI, los senadores de la oposición indagaron sobre la suba de las retenciones y, en el rumor de pasillo, llegaron a amenazar con no respaldar el dictamen buscado por el oficialismo para aprobar el acuerdo de refinanciamiento de la deuda tomada por la gestión de Mauricio Macri.  

"No se está contemplando un incremento en los derechos de exportaciones de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos", tuvo que confirmar Guzmán ante una pregunta del senador de Juntos por el Cambio por Entre Ríos, Alfredo De Angeli, quien llegó al Congreso como emergente de las protestas rurales de 2008 contra la resolución 125 de retenciones móviles. 

"Se presenta la oportunidad de tener una balanza de pagos más favorable, pero el impacto en el precio de los alimentos es significativo y es algo que se viene viendo en las últimas tres semanas", reconoció Guzmán en el Senado al tiempo que prometía no tocar las ganancias del agronegocio. 

"Tenemos que entender que las consecuencias económicas de la guerra ya llegaron a la Argentina", salió a pedir comprensión la portavoz de la Presidencia en relación a la falta de aceite en varias partes del mundo —por la caída de los embarques exportaciones en los puertos de Ucrania en el Mar Negro—  y a los consiguientes aumentos de los precios internacionales. Y aseguró que "la preocupación del Presidente es detener estas subas que se dan en un contexto mundial". 

Pero volvió a aclarar para los oídos del agronegocio: "Se están estudiando una cantidad de medidas". Tras lo cual aclaró que "ninguna de esas medidas es la suba de la retención a la producción de maíz, la soja o el trigo".

Las retenciones no se tocan

Con la voz del Ministro de Economía y la Vocera Presidencial, el Gobierno salió a mostrarle a los sectores del agronegocio que como máximo avanzará en subir dos puntos las retenciones a la harina y el aceite de soja para llevarlos a un 33 por ciento, misma alícuota que se le cobra a los porotos de soja, cuya exportación sigue sin freno y a precios que no se vieron por décadas.  

En medio de las negociaciones por el refinanciamiento del acuerdo con el FMI, el Gobierno no se atrevió a tocar las retenciones, algo que sí hizo el gobierno de Mauricio Macri en septiembre de 2018, cuando acudió al FMI y se comprometió a achicar el déficit fiscal. En 2015, a días de asumir, Macri cumplió con su promesa de campaña y eliminó los impuestos de exportación del trigo y el maíz —que se ubicaban en 20 y 23 por ciento— y redujo el de la soja de 35 a 30 por ciento, y continuó bajando hasta 18 por ciento. Tras el primer acuerdo con el FMI, el macrismo subió las retenciones al 12 por ciento para trigo, maíz y girasol o de cuatro pesos por dólar vendido, según qué ecuación resultara más favorable por los volúmenes vendidos. Para la soja el cálculo era el mismo pero se suma al 18 por ciento que estaba vigente, lo que volvía a dejar la alícuota final, otra vez, en un 30 por ciento.    

"Sabemos que es un impuesto malo, malísimo, que va en contra de lo que queremos fomentar. Pero les tengo que pedir que entiendan que es una emergencia y necesitamos de su aporte”, pidió disculpas Macri. “Estamos en contra de las retenciones, pero hay una situación de emergencia que el campo no puede desconocer”, le respondió Carlos Iannizzotto, titular del Coninagro, una de las entidades de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA —más conocida como Mesa de Enlace—).  

“El sector está pagando muchísimo dinero en impuestos, probablemente más que en la época de Cristina de Kirchner. Pero la sensación que tiene el sector es que tiene en Macri un interlocutor válido. Pagamos más, pero contentos”, confesaba en días macristas el empresario del agronegocio  Gustavo Grobocopatel. En diciembre de 2019, el gobierno del Frente de Todos al asumir eliminó por decreto el cálculo de cuatro pesos por dólar exportado y puso cifras definitivas a las retenciones. 

En los primeros meses del Frente de Todos las retenciones fueron de 12 por ciento para el trigo, el maíz y el girasol y de 30 por ciento para la soja. En marzo, otro decreto mantuvo en el 12 por ciento el porcentaje para el trigo y maíz, bajó a cinco por ciento el del girasol e incrementó a 33 por ciento el de la soja. En paralelo, se puso en marcha un mecanismo de  compensación para los pequeños productores para devolver un total de 6700 millones de pesos, que habían sido liquidado durante el macrismo equiparándolos con las grandes pooles de siembra. 

Viento de cola para el agronegocio e impacto en los bolsillos de los consumidores 

El Gobierno se comprometió a mantener el nivel de retenciones para los exportadores, pero los precios internacionales no son los mismos que en 2019, la diferencia se incrementó a partir de la caída en la oferta y la demanda como consecuencia de la pandemia de Covid-19 y tocaron récords con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entre ambos países, según JP Morgan, realizan el 29 por ciento de las exportaciones globales de trigo y el 19 por ciento de las exportaciones de maíz. En tanto, según S&P Global Platts, Ucrania es el mayor productor mundial de aceite de girasol, mientras que Rusia ocupa el segundo lugar.

Como consecuencia de la inestabilidad de las exportaciones de ambos países en medio del conflicto bélico, el trigo llegó a aumentar un 54 por ciento por la presión en el mercado internacional. ¿Cómo se tradujo en el mercado local? Según denunciaron desde la Federación de la Industria Panaderil de Buenos Aires: el trigo aumentó 21 por ciento, mientras que la harina subió 29 por ciento. 

Esta situación de precios internacionales impacta directamente en los precios de los alimentos a nivel global. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los alimentos se incrementaron un 21 por ciento en febrero, en comparación al mismo mes de 2021. 

Pero para los productores del agronegocio la suba de precios internacional coincide con un incremento en los márgenes de ganancia entre la campaña 2021/2022 y la campaña 2020/2021, según un reciente informe de la Bolsa de Cereales. La entidad señaló que el margen medido en dólares se incrementó un 58 por ciento para el maíz, un 43 por ciento para la soja de primera, un 37 por ciento para la soja de segunda, y un 39 por ciento para el trigo. 

El incremento de los márgenes y la suba internacional de precios también coincide para los productores de trigo y maíz con un acelerado  aumento de las hectáreas producidas. En agosto del año pasado, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que en la campaña 2021/22, el área de producción de trigo crecería cerca de 100 mil hectáreas, mientras que el maíz tendría un incremento del entre un cinco y seis por ciento. 

En este contexto, la decisión del presidente Alberto Fernández se aleja de una posible suba de retenciones. Según trascendió, el mandatario mantuvo una reunión el lunes con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el secretario de Comercio, Roberto Feletti; y el propio Guzmán para analizar un paquete de medidas a anunciar en los próximos días. 

La voz de los pequeños productores 

En medio del ruido mediático generado por las entidades agropecuarias y el oligopolio agroexportador —en el trigo, por ejemplo,  cinco multinacionales concentran el 75 por ciento de las exportaciones—, la Mesa Agroalimentaria Argentina —integrada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra y la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe)— fue la única voz que se alzó desde las organizaciones campesinas. 

“Esta suba no impacta directamente sobre los números del productor, sino sobre la industria sojera, principalmente controlada por grandes empresas. Durante el gobierno de Macri se tomó la misma medida, al eliminar el diferencial de retenciones, y aunque en aquel momento fue bien recibida por el campo concentrado, hoy la critican”, apuntaron los productores.   

En su comunicado, la Mesa Agroalimentaria insistió con el pedido de un esquema de retenciones con segmentaciones para que quienes más tienen, más aporten. “En los últimos años los aumentos de los precios de alquileres de campos y de los fertilizantes contribuyen a la concentración de la tierra y al aumento de las ganancias de las empresas transnacionales”, sostuvieron.  

Aunque el anuncio de aumento a los derechos de exportación quedaría limitado a los subproductos de soja —que implicaría un incremento en la recaudación de 400 millones de dólares—, desde la Mesa Agroalimentaria valoraron la decisión en busca de una mejor redistribución, pero destacaron que lo esencial será ¿en qué se invertirá esta nueva recaudación?

“Estos fondos no pueden destinarse para reducir el déficit fiscal, sino que deberían ir a los fideicomisos que permitan abaratar la canasta alimentaria y a créditos para que cooperativas y pequeños productores puedan seguir garantizando un alimento sano, seguro y soberano”, sostuvieron en medio de las negociaciones por la aprobación del acuerdo con el FMI e insistieron: “Necesitamos y exigimos políticas de fondo que permitan desarrollar a nuestro sector, el que abastece de alimentos a nuestro país, y el que permitiría que el pueblo deje de pasar hambre y pueda acceder a una alimentación sana”.

Fuente: Agencia Tierra Viva