La imposición violenta de las normas de las transnacionales

Si la declaración de derechos humanos y la declaración de derechos sociales, económicos y culturales de Naciones Unidas sentaron la base para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y las personas y después de ellas se ha logrado el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Asamblea de las Naciones Unidas, el 13 de septiembre de 2007.

Por otra parte las transnacionales gestionan la imposición de sus derechos en la organización Mundial de Comercio OMC y en los llamados Tratados de Libre Comercio TLC, como el firmado entre Colombia y Estados Unidos y el ya negociado entre Colombia y Canadá.

Las transnacionales son hoy el poder real del mundo y por ello logran paulatinamente imponer sus leyes si la resistencia masiva de los pueblos no lo impide.

Sabemos que las transnacionales son grandes empresas, pero generalmente cada gran corporación transnacional no está sola, sino que hace parte de un grupo de capital en el que unos pocos propietarios controlan un grupo de varias transnacionales. Unos mismos integrantes de las juntas directivas se cruzan en varias empresas, porque los grandes accionistas de unas y otras son los mismos.

Para ilustrar lo que esto significa, basta percatarse de que empresas están ligadas a los dos grupos de capital más grandes del mundo. El grupo del banco Citibank, liga a empresas como la petrolera Chevron-Texaco que explota el gas de la Guajira, habiendo sido la señora Condoleeza Rice, secretaria de Estado del gobierno Bush, gerente en Asia central de esta empresa. Otra empresa de este grupo es la General Dynamics, que produce los helicópteros Black Hawk del Plan Colombia, de la cual fue ejecutivo el ex secretario de defensa de Bush, señor Rumsfeld.

También la Halliburton, encargada de la reconstrucción de Iraq, de la cual que ejecutivo el vicepresidente de Estados Unidos. Se puede pasar entonces del negocio de la guerra al de la reconstrucción.

También están ligadas al grupo Citibank, la Monsanto que produce el glifosato con que hacen las fumigaciones aéreas y la Philip Morris, que es la dueña de Marlboro y ahora de Coltabaco-Pielroja, accionista de SAP-Miller, ahora dueñ de Bavaria y la principal comercializadora del café colombiano.

Un segundo gran grupo de capital está ligado al banco JPMorgan-Chase. Este grupo este grupo está centrado en la petrolera Exxon-Mobil, dueña de Intercor, empresa de la que fue ejecutivo por 36 años nuestro ministro de Minas y Energía que dirige toda la política petrolera y minera. Ligadas con este grupo están la General Electric y la Bechtel, empresa que quiso privatizar el agua en Bolivia.

Este grupo es uno de los grandes accionistas y por tanto copropietario junto con transnacionales inglesas y una familia sudafricana, de la minera Anglo Gold, que actualmente opera en numerosos lugares del país, entre ellos en la mina de oro de Cajamarca, la más grande de Colombia.

Como se ve por estos dos ejemplos, se trata de grupos de poder inmenso, por la importancia estratégica y tamaño de las empresas que controlan y por la infiltración que han logrado en los gobiernos de los diferentes países, donde los ejecutivos de las transnacionales copan los principales ministerios y manipulan la política interna y externa.

Es así como imponen los TLC que aunque supuestamente son tratados de comercio, solamente en parte se refieren al comercio, pero en lo fundamental apuntan a definir los derechos de las transnacionales. ¿Cuáles son esos derechos?

En primer lugar hay que mencionar la extraterritorialidad. Los TLC estipulan que los litigios de los inversionistas extranjeros con cualquier nacional, persona o comunidad, no sea juzgados por los jueces y las leyes del país, sino por árbitros internacionales, jueces privados, “de acuerdo a las costumbres del comercio internacional”. ¿Dónde quedará entonces la jurisdicción especial indígena vigente en los territorios indígenas?

Los juicios según el derecho propio de los pueblos indígenas, sus autoridades y costumbres no regirán frente a las transnacionales que entren a sus territorios, en vez de los usos y costumbre de los indígenas, regirán los abusos que acostumbran las transnacionales.

En segundo lugar está la que llaman “seguridad jurídica”. Quieren que si un país cambia una ley, le pague a las transnacionales lo que se hubieran ganado si no hubieran cambiado esa ley.

Así como en Bolivia iban a privatizar el agua y el pueblo se levantó y obligó a derogar la privatización, la Bechtel demandó a Bolivia para que le pagara lo que se hubiera ganado si privatizan el agua. La Bechtel perdió la demanda porque Bolivia no ha firmado el TLC.

Pero aquí nos están aprobando una cadena de leyes antes de la vigencia del TLC, para que el TLC las vuelva eternas. Están por ejemplo el Código de MInas y su reforma en curso y la legislación petrolera, ya que Ecopetrol pasó de tener el derecho al 50% de toda explotación, a sólo el 30% con Pastrana, para que aprobaran el Plan Colombia y al nada por ciento con Uribe.

También el Estatuto Rural, que legaliza las escrituras fabricadas durante las violencias; prohíbe constituir, ampliar o sanear resguardos indígenas en el Pacífico y la cuenca del Atrato, donde proliferan los megaproyectos, como la carretera del Tapón del Darién, la interconexión eléctrica hacia centro y Norteamérica, el Plan Puebla Panamá, minería de oro y plantaciones ilegales de palma aceitera para producir biodiesel. Además permite a cualquier departamento o municipio hacer la misma prohibición mediante normas de “ordenamiento territorial”. Permite entregar a las empresas indefinida cantidad de tierra en las “zonas de desarrollo empresarial”. La ley 1182 de 2008 sanea la falsa tradición, es decir legaliza las escrituras falsas, completando el cuadro de legalización del despojo de las tierras de los desplazados.

 

Otra de las leyes nuevas que entrarán al paquete de seguridad jurídica es la ley 1032 que penaliza la violación de la llamada “propiedad intelectual”. Cualquier agricultor que use una semilla patentada sin pagarle regalías a quien la patentó, tiene 4 años de cárcel, casi los mismos que un paramilitar que confiese haber cometido 100 masacres u otros crímenes de lesa humanidad.

La propiedad intelectual es otros de los derechos que las transnacionales reclaman, a pesar de desconocer la propiedad intelectual colectiva. Por ejemplo, el maíz cuando los indígenas de México comenzaron a sembrarlo hace más de 7 mil años, era una espiga gruesa. Las mazorcas exuberantes y la gran variedad de maíces cultivados son el resultado 7 mil años de trabajo de colectivo de selección hecho por los agricultores indígenas.

Una transnacional usa ese patrimonio colectivo para obtener una variedad y se apropia de ella, la patenta. Cada vez se impone más leyes en el mundo para que terminemos usando semillas patentadas, prohíben usar semillas no registradas o condicionan los subsidios o créditos a que las semillas sean registradas.

La contaminación aérea y por la polinización extiende las variedades patentadas en detrimento de la diversidad. La tecnología “terminator” hace que las semillas reproducidas sean estériles y haya que comprar nuevamente cada siembra.

Por otra parte los TLC permiten patentar seres vivos que ya están en la naturaleza o genes. La “propiedad intelectual” así concebida es el cuarto gran derecho de las transnacionales.

Otros de los derechos de ellas que pretenden imponer tienen que ver con la privatización de todos los servicios públicos incluida el agua, de las telecomunicaciones y el acceso a los contratos con el estado incluidas todas las entidades territoriales.

Aun en lo que se refiere al comercio imponen sus intereses: prohíben que un productor agropecuario venda directamente sus productos en el otro país y, obliga a venderlos a un intermediario comercial, es decir a Philip Morris, Cargill, Dole o cualquier transnacional que haga el verdadero negocio; y exigen máxima apertura a la importación de alimentos, de manera que sus productos altamente subsidiados por los gobiernos de Estados Unidos, Europa o Japón, quiebren a nuestros productores, para que luego suban los precios.

México, el primer país donde se sembró el maíz, arruinó a sus productores de maíz, ahora el maíz subió y el alimento nacional, la tortilla de maíz está carísima. A esto lo llamaron la crisis de las tortillas y otros dijeron que México quedó destortillado por el TLC.

Mientras que nos imponen perder la soberanía alimentaria nos imponen también las plantaciones para agrocombustibles, en Colombia caña de azúcar para etanol y palma aceitera para biodiesel.

Nuestra producción en estos renglones no es competitiva internacionalmente, pero es la producción de las grandes propiedades, por lo que se aprueban exenciones de impuestos y leyes para obligar a su consumo interno a la vez que se imponen, mediante las mal llamadas cooperativas de trabajo asociado, salarios miserables y condiciones inhumanas para los trabajadores corteros de caña y recolectores de semilla de palma.

Los afrocolombianos en el Pacífico son despojados para imponer estas plantaciones; en el norte del Cauca la tierra que iba a ser adquirida para la reparación integral al pueblo Nasa por la masacre de El Nilo, fue arrendada por un ingenio de etanol del grupo Ardila Lülle. Mientras se nos obliga a consumir agrocombustibles caros, se llevan barata la gasolina cuyo costo de producción en Colombia, es la mitad del costo de producción del etanol.

No es cierto que en Colombia los agrocombustibles eviten que se contamine la atmósfera con el consumo de gasolina, pues la gasolina colombiana supuestamente ahorrada, se consume en Estados Unidos o Europa, cuya atmósfera es la misma que se está calentando alrededor del plantea.

Se quedan pues con los territorios, con el petróleo, con los minerales, con la biodiversidad, con el agua. Pero hay una riqueza más que perdemos y que les interesa demasiado. Nosotros mismos, nuestros cuerpos, nuestra vida, porque si se sobrevivimos sin territorio no tendremos más remedio que ser su mano de obra barata o su cerebro de obra para producir ganancias para las transnacionales, incluso como migrantes ilegales sin derechos, como muchos indígenas mexicano en Estados Unidos ahora.

La mano de obra barata la imponen también con las leyes laborales. Lo hacen en todo el mundo. Ese es otro “derecho” de las transnacionales. Pero en Colombia esos derechos de las transnacionales se han impuesto a costa de los derechos de la gente y se están imponiendo, matando la gente, con masacres, con asesinatos de los líderes por los actores armados, con desplazamiento forzado. Así le han quitado a los campesinos y a los asalariados sus derechos.

Las reformas laborales, las privatizaciones, el desconocimiento formal de la condición de trabajador mediante sistemas como las “cooperativas de trabajo asociado” o los “contratos de servicios”, la planilla unificada que arranca los pocos ingresos de los trabajadores “independientes” para los fondos de pensiones, la desaparición de la contratación colectiva y el derecho laboral han sido impuestas matando sindicalistas. “Este año sólo han matado 30” dice Uribe, porque otros años para esta época ya habían matado 100. Y llegará el día que ya no maten sindicalistas porque los habrán exterminado.

La mitad de los asesinados este año son maestros, porque los maestros son uno de los pocos grupos del país que aun tienen derechos reconocidos en la ley. El otro sector cuyos derechos están vigentes, no sólo en la ley sino en la Constitución y le Convenio 169 de la OIT son los indígenas, por eso se ha concentrado durante los gobiernos de Uribe el ataque contra los indígenas.

Entre el 2002 y el 2006 fueron asesinados por motivos políticos o sociales 146 indígenas cada año. Es n récord, pues el promedio histórico, muy alto, era de 60 indígenas por año y durante el gobierno Pastrana se había elevado a 134. Según el Sistema de información de CECOIN la mayoría de los asesinatos durante este cuatrienio, como durante el anterior, fueron ejecutados por grupos armados ilegales.

Los paramilitares fueron responsables de 238 (257 en el cuatrienio anterior) y los guerrilleros de 151 (igual número que en el cuatrienio anterior). La fuerza pública fue responsable de 62 de los asesinatos entre 2002 y 2006, cuando había sido responsable de 26 casos en el período anterior.

A partir del año 2007, aunque se reduce el número total de asesinatos y violaciones de derechos humanos, pero se aumenta desproporcionadamente el porcentaje de violaciones cometidas por la fuerza pública, que de acuerdo con el el Sistema de Información sobre Derechos Humanos de la ONIC (SINDHO) ya alcanzaba el 38% de los casos en 2007 y llega al 72,2% durante lo que va corrido del 2008, cuando 103 mil indígenas han sido objeto de actos violatorios de derechos humanos.

La crisis de derechos humanos que viven los pueblos indígenas significa la base para despojarlos de los derechos que después de 5 siglos de resistencia, los indígenas lograron que fueran reconocidos en 1991.

Tras la ola de violaciones de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y otras violaciones de derechos humanos de los indígenas, fue aprobado en 2007 el Estatuto Rural que es el golpe más duro dado a los derechos de los pueblos indígenas desde que el gobierno de Turbay quiso imponer su Estatuto Indígena. Es desde luego un Estatuto inconstitucional, pero si e ha impuesto hasta ahora es mediante sangre y fuego contra los indígenas.

Así como defendiendo los intereses de las transnacionales y de los parapolíticos latifundistas fue aprobado el Estatuto Rural, Ley 1152 de 2007, y se paralizan los procesos de adquisición de tierras o mejoras para indígenas, así mismo el gobierno colombiano fue el único gobierno latinoamericano que no votó a favor de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de naciones Unidas, la cual tuvo el voto en contra de Estados Unidos y Canadá, precisamente los dos gobiernos que han acordado sendos TLC con Uribe.

Si permitimos que la violencia contra los indígenas siga, si no la detenemos con la resistencia civil, masiva, pacífica y decidida, con la solidaridad internacional, van también a desconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. No lo podemos permitir.

Por el contrario, con esta organización, con esta espiritualidad y con esta decisión vamos a lograr que con los pueblos indígenas se levanten también los demás sectores, las demás víctimas de las transnacionales y de los poderes locales, de manera que la defensa de los derechos indígenas sea la mejor forma de restaurar los derechos de todas las gentes ahora despojadas.

Termino recordando el ejemplo de un joven Nasa, Rafael Coicué, líder muy activo de su pueblo, que perdió a su hermano en la masacre de Nilo en 1991 y ahora perdió su ojo por un ataque del ESMAD. Los Nasa liberan la Madre Tierra, no solamente para ellos sino para que todos tengamos un planeta vivo, una mare que nos de alimento y libertad.

Fuente. Etnias de Colombia