Héctor Mondragón

Los campesinos de Sumapaz llegaron por Usme y Santa Librada, a las grandes manifestaciones del paro nacional el 4 de diciembre en Bogotá. Estuvieron ahí delegaciones de comunidades campesinas de otras partes del país, que llegaron en chivas, como los millares de indígenas del Cauca, Caldas, Huila y Valle o las comunidades negras del norte del Cauca y se hicieron presentes también indígenas de la Amazonia.

Para entender lo que está pasando con los acuerdos de paz, es necesario identificar el poder político enorme que tienen en Colombia los acaparadores de tierra. Sin entender el problema del latifundio y la concentración de la propiedad de la tierra no se puede entender nada de lo que ha pasado en el país los últimos 80 años.

El objetivo del proyecto de ley 133 de 2014 presentado a la Cámara de Representantes por el gobierno nacional es el de legalizar y perpetuar el acaparamiento especulativo de tierras baldías adjudicadas gratuitamente por la nación a colonos campesinos y adquiridas por grandes propietarios, grandes empresas o inversionistas.

El paro nacional realizado pacíficamente por cientos de miles de campesinas y campesinos, ha abierto la posibilidad para que el sector agropecuario del país tome un rumbo diferente al que le han marcado el modelo económico y las políticas agrarias de gobierno tras gobierno.

"Se requiere invertir toda la política agropecuaria, reconocer el papel de la economía campesina, recuperar la institucionalidad agropecuaria, proteger la producción nacional en vez de mantener abiertas las importaciones agropecuarias, modificar la política macroeconómica y las prioridades del desarrollo."

El desarrollo del campo colombiano mediante la gran empresa y el desplazamiento del campesinado fue la propuesta del economista canadiense Lauchlin Currie, asesor de varios gobiernos, cuyas concepciones aun dirigen la política agropecuaria de Colombia y marcan la visión de destacados economistas y políticos colombianos.

En Colombia, el desarrollo rural, la defensa de la diversidad étnica y cultural, la protección de los bosques naturales y las aguas, la recuperación de la soberanía alimentaria y de la competitividad agropecuaria y el bienestar de las comunidades rurales exige con urgencia una reforma agraria.

"Se trata de una crisis alimentaria mundial que tuvo ya un episodio agudo en 2007 y 2008 y que ha sido causada por el desvío de los productos y extensas áreas a la producción de agrocombustibles; el daño climático que ha incrementado las catástrofes con sequías e inundaciones; y la especulación financiera con las ventas a futuro, que se ha extendido ahora a un proceso de acaparamiento internacional de tierras."