La energía es un derecho: propuestas para una transición energética desde los pueblos

El 42% de la energía eléctrica de América Latina es producida a base de petróleo y un 25%, a partir de gas natural, pero también hay fuerte incidencia de las fuentes hidroeléctricas, que representan el 18% de la matriz energética regional, y solo un 8% de energías renovables. “Cuando comparamos con el resto del mundo, vemos que América Latina tiene una gran participación de fuentes fósiles en su matriz energética, pero si pensamos cuánta energía se produce en Latinoamérica en relación al resto del mundo, vemos que solamente es un 6,21%. Entonces, cuando nos hablan de la responsabilidad del consumo energético y el efecto que tiene nuestro consumo en el cambio climático hay que entender que no todos los países tienen la misma responsabilidad”, explicó Luján Rodríguez, trabajadora de Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y militante de la organización Marabunta. La ingeniera enfatizó que para comprender la matriz energética también hay que pensar en sus usos: “A veces se piensa a la energía sólo como un recurso o una tecnología, pero también hay que pensar cuál es su destino. Esa energía, ¿para qué y para quién se genera? ¿Con qué lógica? ¿Con qué objetivo?”.

Además, Rodríguez señaló que al momento de discutir el modelo energético no solo hay que pensar en sus usos, sino también en cómo impactará en los territorios y quiénes deciden sobre ese modelo. “No se trata solamente de preguntarnos cuán contaminante es una fuente energética, sino también de cuánta participación popular hay en el aprovechamiento de ese recurso para resolver necesidades básicas de la población. ¿Esas poblaciones fueron parte de la decisión de generar energía de ese modo? ¿Están de acuerdo con estos proyectos o son zonas de sacrificio en pos de trasladar esa capacidad energética a otros usos y a otras zonas en condiciones que no definió la comunidad?”, preguntó y trajo a la memoria a  Berta Cáceres, lideresa del pueblo lenca que fue asesinada en 2016 tras oponerse a la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras.

Desde Chile, Francisca “Pancha” Fernández Droguett, referente del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), analizó el modelo energético chileno y aseguró que el país tiene “una contradicción bien interesante: por una parte, la mayor parte de los hidrocarburos se importan —somos dependientes en un 70% del petróleo, el gas y el carbón—, pero al mismo tiempo exportamos. Habitamos la contradicción energética donde se nos plantea un imaginario permanente de déficit energético y lo que vemos, en realidad, es que hay una sobreproducción —se produce el doble de la energía que se consume— y una negociación energética que favorece a unos pocos”. Para la activista socioambiental y feminista, la clave para avanzar hacia una transición energética justa, sustentable y soberana es romper con el paradigma extractivista que piensa a la naturaleza y los bienes comunes como mercancías para cambiarlo por un nuevo modelo que los piense como derechos humanos. “Estamos ante una desigualdad energética estructural. Por eso, el campo energético se ha convertido en un campo de batalla para nosotras”, explicó.

“Hoy vemos que está ocurriendo un horror a nivel de contaminación, saqueo y despojo territorial como consecuencia del modelo extractivista. Y es por eso que levantamos otra consigna: no hablamos de zonas de sacrificio, sino que pasamos a hablar de territorios en sacrificio. ¿Por qué? Primero, porque no son zonas, son territorio con memoria, con identidad, con historia, con ecosistemas. ¿Y por qué decimos en sacrificio? Porque mientras se mantenga la misma matriz energética, productiva y de consumo, todo territorio es proclive a ser sacrificable”, aseguró.

Por su parte, Esperanza Martínez, referente de Acción Ecológica de Ecuador —una organización socioambiental que trabaja principalmente en la Amazonía ecuatoriana—, se refirió a los impactos ambientales y sociales del modelo energético actual en América Latina, fuertemente basado en el petróleo, y aseguró: “Hay que trascender a otro modelo porque tras el petróleo no solo están las guerras, sino también están la contaminación, los despojos territoriales, los desplazamientos y las enfermedades propias de esta civilización petrolera”. Además, la ambientalista denunció que la pandemia y la guerra en Ucrania son utilizadas como excusa para profundizar el modelo extractivista en la región. “Antes de la guerra, cualquier análisis partía del hecho de que el petróleo se estaba acabando, de que estábamos llegando al límite petrolero. A nivel mundial ya habíamos llegado al pico petrolero en 2010, y en el caso del Ecuador estábamos en un proceso de declive. Entonces, la transición energética se presentaba vinculada con el hecho de que se agotaba el petróleo. Sin embargo, lo que ha pasado es que el impacto inmediato que la guerra ha tenido ha sido que todos los temas ambientales y  la transición energética han pasado a un segundo plano de las políticas gubernamentales”, aseguró. “Ahora hay un nuevo argumento para poder avanzar incluso sobre aquellos espacios en donde habíamos logrado frenar las fronteras petroleras. Y esto no solamente pasa en América Latina, sino también en la mayoría de países europeos”, agregó. 

En esa línea, Martínez señaló que “la guerra, pero también la pandemia, ha significado que las empresas petroleras reciban una cantidad de subsidios enormes. En 2020, la industria petrolera recibió 5.9 mil billones de dólares, es decir,  11 millones de dólares por minuto. Entonces, estamos hablando de una industria petrolera absolutamente subsidiada, que se justifica con la necesidad de seguir extrayendo de forma ilimitada, lo que realmente nos pone en una situación muy compleja”. Por esto, aseguró que el escenario actual obliga a los países que tienen petróleo a “estar alerta” respecto al avance sobre los territorios y las comunidades.

Por una transición energética feminista

Cuando hablamos de transición energética nos referimos al cambio de un sistema energético basado en los combustibles fósiles por uno de bajas o nulas emisiones de carbono, basado en fuentes renovables. Pero no se trata solo del cambio hacia energías limpias, sino de un cambio de paradigma de todo el modelo energético. Por eso, incorporar la perspectiva social y de derechos humanos es fundamental para lograr una transición justa para todxs.

Desde esa perspectiva, Fernández Droguett sostuvo que es fundamental vincular la agenda energética y de defensa de los territorios con la feminista. “Muchas veces pareciera que son temas que se tocan y, justamente, ocurre todo lo contrario. Hoy más que nunca tenemos una necesidad de articular estas agendas porque tienen que ver con las definiciones de la vida que queremos, y la vida que queremos hoy está atravesada fuertemente por una crisis ecológica, climática y social que genera una necesidad urgente de problematizar. ¿Y qué más problematizador que el concepto de energía?”. La activista chilena aseguró que “la gran pregunta que hay que hacer siempre es qué energía, energía para qué y energía para quién”. En ese sentido, enfatizó la importancia de trabajar en la construcción de la soberanía energética de los pueblos, “que no es solamente el derecho a la energía, sino también a decidir cómo producimos energía, de qué tipo, cómo la controlamos y cómo la administramos”. La “Pancha” sostuvo que “las energías son campos coloniales y masculinizados”. “Decimos esto porque los países de Abya Yala y América Latina seguimos con la lógica de la monoexportación, de la realización de actividades que en otra parte del mundo no se producen y que aquí sí permitimos, seguimos siendo dependientes de un sistema de economía-mundo, seguimos produciendo para las ganancias y no en términos de generación de bienestar de los comunes. Entonces, en ese sentido hablamos de la energía como campos coloniales. ¿Y por qué masculinizados? Porque las mujeres, las disidencias y la niñez en sí misma tenemos una vida que está cruzada por la violencia y la precarización. Entonces, la disputa del campo energético se agudiza aún más porque nuestras condiciones son precarias en sí”.

“Está claro que siempre vamos a necesitar energía, pero pensarla como un derecho implica consensuar con los distintos actores y actrices que forman parte de todo el proceso, implica pensar la energía en pos de las necesidades populares y en esas necesidades populares hay que tener en cuenta las necesidades de las mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias que en general estamos ubicadas en un lugar de consumo energético —muy vinculado con tareas de cuidado y muchas veces eso no está visibilizado—. Entonces, cuando se piensa que las mujeres no sabemos nada de energía, la realidad está muy lejos de eso porque hacemos la comida todos los días, limpiamos la casa, lavamos la ropa, etc. —y todo eso tiene energía detrás—, pero también estamos en lugares de producción, de planificación de la energía y de debate respecto de qué energía queremos y para qué la queremos”, agregó Rodríguez.

Falsas soluciones vs. alternativas territoriales

Día a día, en toda la región, activistas y organizaciones socioambientales trabajan y construyen alternativas de cambio frente al modelo energético actual. Fernández Droguett alertó sobre la necesidad de evitar caer en falsas soluciones ya que no alcanza con una reconversión tecnológica y productiva, sino que hay que apostar por un nuevo paradigma que “ponga en disputa a las cadenas expansivas que tiene el capitalismo neoliberal”. “Por eso hablamos de economías territoriales solidarias, de recuperar el consumo según los ciclos de la naturaleza, de no solo recuperar los territorios, sino restaurar y regenerar territorios”, agregó. La activista señaló que en Chile esta discusión se da en un escenario muy complejo, marcado por una fuerte privatización pero también por el debate en torno a la nueva Constitución, que se abre como una oportunidad de cambio respecto a cómo pensar la energía en el país trasandino. “Si logramos que en la nueva Constitución haya cinco incisos sobre energía que reconozcan que toda persona tiene derecho a un mínimo vital de energía sensible y segura, que el Estado debe garantizar el acceso equilibrado, equitativo y no discriminatorio de la energía que permita a la persona satisfacer sus necesidades. Es decir, logramos instalar el derecho a la energía, algo que era bien impensable hace unos años”, aseguró y se mostró expectante sobre cómo continuará ese proceso tras el  rechazo al Apruebo. “Sin duda, estamos frente a grandes desafíos. Creemos que tiene que haber una política energética integral. La plurinacionalidad no es solo algo que tiene que ver con cómo se piensa el Estado, sino que también implica repensar la energía, como recuperamos las prácticas energéticas de los pueblos originarios y cómo consolidamos esto que hemos llamado autonomía energética, que la administración y control de los pueblos”, concluyó.

Fuente: Observatorio Petrolero Sur