La certificación como instrumento de dominación, Revista Biodiversidad, sustento y culturas Nº 43

Se ha privilegiado la construcción de un sistema agrícola productor de alimento sano con base en consideraciones económicas y ecológicas: el discurso de las sustentabilidades, el punto de encuentro de los tres círculos. Es imprescindible recordar la existencia de valores, principios y propuestas sociales de mayor categoría que lo económico y lo ecológico, en particular elementos morales, éticos, históricos, filosóficos, políticos, religiosos y espirituales; desde luego, sin agotar la lista, aportamos algunos ejemplos: verdad, bondad y belleza, la trilogía de Mokiti Okada, formulador de la agricultura mesiánica; justicia, como lo señala la propuesta agrícola de Nitiren; amor y perdón, como lo planteó Jesús; compasión, si seguimos a Buda; las virtudes de la iluminación personal, al estilo de Lao Tse: austeridad, laboriosidad, humildad, lealtad; libertad en relación con la paz, la democracia, el ejercicio de la propia cultura, el derecho a ser... ¿Se podrá construir un sistema social de relación solidaria perdurable entre productor de alimentos sanos y consumidor comprometido solamente con argumentos económicos y ecológicos?

La visión económica

El número 21 de abril de 2004 de la Revista Semillas aporta consideraciones interesantes; veamos las de Angela Gómez y Laercio Meirelles.

Angela titula su artículo con la siguiente pregunta ¿La agricultura orgánica, una acción de resistencia o un mecanismo más de sometimiento? Después de algo así como veinte años de trabajo de ONGs de desarrollo rural en el área de Riosucio, Caldas, Colombia, y en particular en zona de caficultura campesina e indígena, la autora concluye: "Al interior de las organizaciones (populares) los procesos para desarrollar sistemas de producción agroecológica teniendo en cuenta elementos productivos, socioculturales y económicos, pierden peso y significancia cuando se hace mayor énfasis en las ventajas económicas representadas en el sobreprecio". Y nos cuenta la autora, que caficultores orgánicos dejan de consumir su propio café, prefiriendo marcas convencionales, para no perderse una ínfima fracción del sobreprecio. Es la cultura del producto orgánico para la exportación, soportado por una legión parásita de inspectores, certificadores y reglamentos.

Se excluye la opción de ser ecológicos a nuestra manera, autónomamente, frente a la imposición de la norma extranjera. Después que se cumplan ciertas tecnologías limpias, no importa que el café provenga del sistema latifundiario o empresarial de monocultivo. Y se pregunta la autora si es el campesino ecológico un sujeto de su agricultura, o un objeto industrial, dentro de un sistema en el que las certificadoras lo controlan, sin concederle la menor participación ni en la estructura ni en el funcionamiento de las mismas.

Laercio Meirelles, del Centro Ecológico Ipé, Red Ecovida, Brasil, apelando a sus quince años de experiencia en producción y comercialización de productos orgánicos se declara "contrario a la exigencia legal de certificación para la comercialización de productos orgánicos" argumentando, por un lado, los costos insoportables de la certificación (este sistema parásito ya está desarrollando cadenas de certificación para diferentes procesos de producción de un mismo producto); por otro lado, y esto es lo peor, las certificadoras se asumen por encima de las organizaciones de agricultores familiares, condicionándolas e imponiéndoseles, negando la existencia de opciones de credibilidad en la base popular. Pero también la certificación burocratiza el proceso de producción y comercialización. Para Meirelles la alternativa a la certificación es un sistema en que "la credibilidad es generada a partir de la seriedad conferida a la palabra de la familia agricultora, y se legitima socialmente, de forma acumulativa, en las distintas instancias organizativas que esta familia integra". Para Meirelles la agricultura orgánica se sustenta principalmente en un proceso ético, antes que económico y aun antes que ecológico. Y lamenta que "lo que en un primer momento fue una iniciativa de los propios agricultores para diferenciar el fruto de su trabajo, con una marca que los identificase, acabó transformándose en un intrincado mecanismo que envuelve leyes, normalizaciones, acreditaciones, inspecciones, contratos, certificados, sellos y fuertes intereses comerciales". Y por último, el sobreprecio elitiza el consumo, aleja de los pobres el producto sano, al que tiene derecho cualquier persona.

Con demasiada frecuencia, y casi como norma general, proyectos de la base popular, apoyados en fondos de cooperación internacional, hacen del sello ecológico un objetivo inmediato, desde luego trasladando parte sustancial de aquellos fondos a las certificadoras, y, logrado esto se posesionan en el terreno de las exportaciones o de los mercados de cadena locales: paradoja en que sectores pobres cierran sus conciencias frente a sus intereses de clase, para mejorar aún más la calidad de vida de los consumidores extranjeros y de las élites locales. Pero es más: la cooperación internacional impone su visión política, transformando sectores populares en agentes serviles de las culturas industriales.

Pero no todo es negativo. Al lado de la visión fundamentalmente económica de la agricultura limpia se ensayan otros procedimientos, independientes de la certificación, como lo son: en el campo de las exportaciones, el comercio justo, al estilo de Max Havelaar desde 1997, lamentablemente a veces viciado por el control de los exportadores; el desarrollo de líneas de productos para el consumo popular local, del que son ejemplo el café Madremonte de ACOC - Café sano, en Riofrío, Valle, Colombia; la creación de relaciones directas entre productores pobres y consumidores de barrio popular, como es el caso de las Escuelas Ecológicas Campesinas del Eje Cafetero; el mercado ciudadano de excedentes (primero, el consumo familiar) en la ciudad de Cali, por el grupo de Productores Orgánicos de Guacarí Valle, Colombia; la aproximación a asociaciones campesinas con tendencia orgánica de programas gubernamentales de asistencia alimentaria a sectores poblacionales vulnerables; y desde luego, un número considerable de productores rurales que derivan a la práctica de la agricultura orgánica por convicción, o excluidos de la agricultura de la revolución verde por el alto costo de los insumos y la peligrosidad de los agrotóxicos.

El PDPMM Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, dirigido por el internacionalmente condecorado padre jesuita Francisco de Roux es el proyecto de mayor envergadura rural en Colombia, y además ha acogido elementos de agricultura orgánica. Como corresponde a un proyecto de miles de millones de pesos aportados por el Banco Mundial y la Comunidad Europea, el criterio dominante es económico, y la orientación a la base agricultora se realiza mediante un equipo de técnicos. Una de las preocupaciones conclusivas del gigantesco proyecto es el hecho de que el elevamiento del nivel popular de ingresos deriva a consumos orgiásticos.

Una de las características observadas en la agricultura orgánica de exportación en Colombia por la vía empresarial es la de que el producto menosprecia el mercado local, como es el caso del aceite de palma y del banano de una conocida firma del Caribe.

La visión económica de la agricultura orgánica está derivando en situaciones inconcebibles. Del 5 al 7 de julio de 2004 se realizó en Roma la Primera Conferencia Mundial de Semillas Orgánicas (First World Conference on Organic Seed), con participación de la FAO y la Federación Internacional de las Semillas. Y (¡quién lo creyera!) fue convocada por la International Federation of Organic Agricultural Movements (IFOAM); desde luego, para profundizar el control sobre las semillas orgánicas, someterlas a la certificación y trasladarlas a la empresarialidad de las transnacionales. Vienen a llevarse todo, hasta lo sagrado. Pronto en una sola transnacional observaremos tres divisiones hermanadas: la de los agroquímicos, la de los transgénicos y la de los ecológicos: alcabo, "business are business"; en ausencia de moral y de ética, sólo cuenta el dinero.

Manifiesto de la Red Por una América Latina Libre de Transgénicos (REDALLT) Los participantes de la Asamblea de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (realizada en Montevideo en mayo de 2004) denunciamos la "First World Conference on Organic Seed" organizada por la FAO, IFOAM y la Federación Internacional de las Semillas porque: - Los intentos por certificar las semillas como orgánicas son un paso más en el intento de apropiación de las semillas de los agricultores para continuar creando monopolios y apropiándose de la base del sustento de la humanidad. - Resulta absurdo e inaceptable que las grandes corporaciones de las semillas participen ahora en la certificación orgánica de las mismas cuando han sido ellas quienes han contaminado las semillas locales en diversas partes del mundo con sus semillas transgénicas y han hecho esfuerzos extraordinarios por dificultar la agricultura orgánica, especialmente entre campesinos. - Esta iniciativa es especialmente peligrosa en el momento que se impulsan concertadamente otras iniciativas destinadas a ilegalizar las semillas campesinas. - Creemos que la participación de IFOAM y la FAO en este evento los pone del lado de estas grandes corporaciones y las enfrenta a los pueblos indígenas y agricultores que durante miles de años han alimentado la biodiversidad agrícola en todo el planeta. Frente a todo este panorama manifestamos que: - Las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y cualquier intento de apropiación o control por organizaciones o empresas es inaceptable e ilegítimo. - Nos comprometemos a continuar alimentando el flujo de la vida a través del intercambio y uso de las semillas, desobedeciendo todo intento de certificación y privatización que limite este flujo. - Nos comprometemos a continuar luchando por un mundo y una América Latina libre de transgénicos como parte del camino para lograr una agricultura al servicio de la Soberanía Alimentaria de los Pueblos.

La visión autoritaria

La certificación es el mecanismo policial de la visión económica de la agricultura limpia. Desechada la ética y adoptada la tasa de ganancia como base de construcción de una relación entre productor y consumidor, no quedó otro camino que el del mercado autoritario, policíaco e insolidario, donde media toda una legión de parásitos: expertos, consultores, asesores, dignatarios de organizaciones, inspectores, exportadores... verdaderos dueños del movimiento, los cuales, por lo regular, ni han sido ni serán productores en el campo agrícola.

La certificación es un invento europeo que se inicia con el reglamento 2092, de junio de 1991, del Consejo de la Unión Europea. En esto no fue ajena la IFOAM, la que fundada en 1972 cuenta actualmente con el voluntariado de alrededor de setecientas organizaciones de 101 países. Decidida la política de la importación de alimentos sanos, con sobreprecio, a los países enriquecidos de Europa Occidental, la vía regulatoria para prevenir trampas se impone, y su cumplimiento es confiado a las certificadoras: el poder para las certificadoras como órganos de control, de dominio sobre el productor. Establecidas con la resolución 2092 las condiciones del comprador, del importador, del dominador del comercio, vienen luego los condicionamientos locales para el productor, donde el exportador se lleva las partes del león.

A modo de ejemplo, el caso colombiano

En el caso colombiano rige la resolución 074 del año 2002, sobre la cual haremos algunos comentarios.

a) En primer lugar, su carácter exclusivamente autoritario, desconociendo cualquier rudimento de procedimiento democrático, así fuera por parte de organizaciones del movimiento orgánico, ya no del orden nacional pero ni siquiera del orden latinoamericano; en segundo lugar, la concepción del oficio del productor orgánico como sujeto de un procedimiento preexistente, de una tecnología prefijada, y no de un proceso creativo, dinámico, cambiante, colectivo, autónomo, a condiciones regionales; así, la agricultura orgánica no la crea el productor sino que la condiciona la norma y sus guardianes, las certificadoras.

b) En su artículo segundo la resolución 074 crea dos clases de productores: por inclusión, los legales, los reconocidos por la certificación, los capaces de pagar por el requisito, los empresarios, los ricos, los exportadores; y por exclusión, los pobres, los pequeños, los incapaces de pago, precisamente el sector más promisorio para la construcción de una sociedad que realice el derecho al alimento sano para todos: un ladrillo más del edificio de una sociedad descaradamente injusta, donde el Estado se niega a apoyar a los agricultores no certificados(1). Todo el poder para las certificadoras, entidades de servicio comercial, con ánimo de lucro, carentes de la capacidad creativa para resolver las interrogantes y tomar las decisiones a las que les da atribución la resolución 074.

c) En su artículo 12 se establece la medida dictatorial totalitaria del empadronamiento: el productor tiene que inscribirse en un programa de certificación, a partir de cuya fecha comienza a correr el primer requisito: el periodo de conversión. El previo consentimiento y satisfacción de la entidad certificadora queda establecido en el Capítulo VI, donde solo faltó que la respiración del productor se sometiera a la autorización de la certificadora, y donde desde luego se desconoce la existencia de más de veinticinco escuelas y paradigmas de agriculturas alternativas, además de la permanente capacidad creativa del agricultor. En el Anexo I, de veintisiete aditivos al suelo, 15 están referidos a consulta con la certificadora.

d) En el artículo 6 se excluye del uso en agricultura orgánica los organismos transgénicos vivos. Y aunque el parágrafo 2 del artículo 15 da prioridad a las semillas nativas, ese artículo y el 18 sobre pies de cría animal, no excluyen las semillas y razas patentadas, como es el caso de las semillas científicas y de toda la industria aviar moderna. Así queda burlada la agricultura orgánica como alternativa frente a la privatización de la vida. Pero es más: el Estado colombiano, aliado de las trasnacionales de la biotecnología, le pasa el peso de la prueba al agricultor (artículo 39), quien queda con la misión de exigirle a los proveedores de semillas o insumos una "declaración" de que éstos no son transgénicos.

Pero aquí no acaba el asunto

Hacemos notar el contraste de esta visión autoritaria de la agricultura orgánica con el tratamiento de "mangas anchas" y de apoyo que se otorga a la agricultura de agroquímicos y de transgénicos. Desde luego, en la aludida resolución no aparece la más mínima referencia a la justicia social como elemento rector de la producción rural: lo mismo da certificar un "gamonal" o caudillo latifundiario que una organización de campesinos pobres. Al fin y al cabo se trata sólo de tecnologías.

Pero aquí no acaba este asunto autoritario. La resolución 0148 de 2004 del Ministerio de Agricultura de Colombia, crea ¡por fin! el sello ecológico y lo hace invocando el artículo 78 de la constitución de 1991, que le ordena en su primer párrafo al Estado proveer los medios para la debida información al consumidor y vigilar la calidad: desde luego, no se han tomado medidas con respecto a alimentos transgénicos o producidos con agroquímicos; tampoco se ha construido el sistema correspondiente a los otros dos párrafos del artículo 78: el de la responsabilidad de los industriales y de las transnacionales por sus "maravillosos" productos; y el de la participación de las organizaciones de consumidores en las disposiciones estatales.

Esta resolución se apodera de un zarpazo del trabajo civil de más de veinte años declarando en su artículo segundo que el sello es de propiedad de la Nación, depositado en el Ministerio, el cual a su vez, lo cede en administración a las certificadoras (artículos 6 y 7). Todo el poder para las certificadoras. Y desde luego, la medida totalitaria del empadronamiento para acceder ¡por fin! al sello. Si usted es crítico del gobierno ¿accederá? Y desde luego la novedad de la definición de alimento ecológico (Art. 3, lit. d): "todo producto natural o procesado, que ingerido aporte al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos". Una perla jurídica que excluye a los animales, que condiciona el alimento a ser ingerido, y que incluye cualquier cosa, hasta pollos tratados con hormonas. Y finalmente, el soñado sello (como si el sello vendiera solo) reglamentado hasta el más asfixiante detalle de imprenta en el artículo 10, olvida algo esencial: la palabrita Colombia, nación representada en el sello por los colores de la bandera, que son los mismos de Rusia, Venezuela y Ecuador. Oremos por el Ministerio. Recordémosle al acucioso Ministerio que también existen los artículos 63, 64, 65, 72, 79, 80, 81 de la Constitución del 91, bastante maltratados, en especial el 64, que trata del acceso a la tierra; el 79, que trata del derecho a un ambiente sano; el 72, que ordena que los bienes culturales (como las semillas campesinas, por ejemplo) que conforman la identidad nacional son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

La Corporación de Agricultura Limpia

A partir del año 2004 los grandes "cacaos" 2 de Colombia se suman a la agricultura orgánica. Lo cual no necesariamente significa el poder para los agricultores ecológicos. Todo lo contrario. Es la captación del movimiento por los dueños civiles del poder político. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (no se trata de un sarcasmo mío, sino que ese es su nombre) ha creado la Corporación Colombiana de Agricultura Limpia. Es el mismo Ministerio que ha privilegiado durante los últimos setenta años la agricultura química, por ejemplo, eliminándole aranceles a los agroquímicos y apoyando todo el montaje académico de la revolución verde, y que promueve en alianza con Monsanto, el rey de los transgénicos. Es el mismo, también, que basa la seguridad alimentaria del país en comida importada, incluidos alimentos transgénicos. El Ministerio absorberá los costos burocráticos de la corporación, los cuales quedan a cargo de las oficinas de Política Sectorial y de Desarrollo Tecnológico y de Protección Sanitaria. Aunque se dice que la Corporación operará "sin burocracia", es obvio que las oficinas mencionadas no le trabajarán de noche y en festivos a la noble causa. Es también evidente que la Corporación se crea para competir por los recursos que la cooperación internacional destina al movimiento ambiental civil y, a través de esos recursos, minar el poder popular creado por las ONGs de desarrollo rural.

Por descontado se da que la Corporación acaparará los recursos del Estado administrados por cualquiera de sus aparatos en todos los niveles: nacional, departamental, municipal y descentralizados. Los personajes que aparecen como pioneros de la reciente Corporación son: la señora Lina Moreno de Uribe, esposa del señor Presidente de la República; el señor Hernán Echavarría Olózaga, ex-ministro y paradigma del empresariado que elige los presidentes; el señor Jorge Cárdenas Gutiérrez, ex-gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, la entidad más poderosa del país, bajo cuyo prolongado mandato no sólo se arruinó el sistema cafetero colombiano, sino que se persiguió con toda acritud al movimiento orgánico; el señor Mariano Ospina Hernández, del clan presidencial respectivo.

No se trata del diablo haciendo hostias: es una clara expresión de ejercicio de poder sobre algo que ofrece perspectivas económicas y que va creando poder civil alternativo: cuestión de dominación, de autoridad, de control, de vigilancia, de manejo, de separación de categorías: los buenos, los legales al lado derecho. ¿Qué se busca? ¿Proveer alimento sano a toda la población, o dinero, poder y dominación?

¿Y de qué lado van a estar la ciencia y la tecnología en esto de la agricultura orgánica? Por supuesto, del lado de la visión industrial. Como prueba, el proyecto de norma técnica colombiana NTC 5167 de marzo de 2004, a todas luces elaborada por operadores de laboratorios químicos; a falta de conocer siquiera superficialmente la esencia de las agriculturas alternativas, suponen que los "productos usados como abonos o fertilizantes y enmiendas del suelo" obedecen invariablemente a la visión N, P, K, Ca, etc. Incluso, pasando por encima de algunas escuelas alternativas, aceptan abonos provenientes de basuras urbanas y de lodos de aguas residuales, con tal que no contengan algunos patógenos: la primitiva y lineal idea de la OMS: un mundo sin patógenos es el ideal; negación de los patógenos en vez de manejo, límites, procedimientos, contextos, antagonistas.

La resolución del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de octubre de 1995 se refiere al control técnico de los insumos agrícolas. Como es de esperarse, la norma se refiere sólo a actividades comerciales e industriales, y su criterio en lo que respecta a investigación es confesional del método científico; de modo que la norma no tiene que ver con las culturas rurales, por fortuna. Pero estos asuntos ya los tenemos resueltos a nivel de agricultura orgánica popular: preparación de los insumos en la propia finca, con recursos locales, mediante la elevación del nivel cultural del agricultor.

... y más de la visión dominadora

De la visión dominadora no se escapan ni siquiera las organizaciones del nivel internacional de agricultura orgánica. Desde 2003 la IFOAM ha tomado la decisión de participar en la política mundial agrícola, corriendo el riesgo de legitimar intereses de organizaciones de nivel superior como la FAO y la Federación Internacional de Semillas. Por su parte, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) ha dedicado esfuerzos para situarse, mediante un reglamento técnico (no falta el homenaje a la técnica), como autoridad en materia de agricultura orgánica, y, consecuentemente, aspira a avalar o reconocer a sus afiliados. Esto ya es algo: un sustituto o alternativa, mediante un sello agroecológico privado, frente a la certificación; pero de todos modos con procedimientos de control, comenzando por el, ya al parecer, indispensable empadronamiento, de donde ojalá no se derive al sistema de inspectores sino, por el contrario, a la credibilidad de la palabra de la familia, de la organización rural local, del consenso veredal. De todos modos hay que abonarle al MAELA su rechazo al sistema de certificación internacional en su IV Asamblea.

Es necesario un deslinde entre practicantes de la agricultura orgánica y las instancias dominadoras de la actividad rural, las cuales han adoptado el camino de los transgénicos, a saber: el Banco Mundial y sus agentes (por ejemplo, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Colombia), las organizaciones del Estado, y, en especial la FAO, quien en su Informe sobre el Estado de la Agricultura y la Alimentación en el Mundo, presenta la biotecnología como solución a las necesidades de los pobres (Biotechnology, meeting the needs of the poor?). Por fortuna dentro de tales instituciones existen disidentes, que hay que aprender a identificar para nuestro trabajo. La FAO ha devenido a favor de los dominadores: el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos de 2001 legitima la biotecnología, privilegia el sistema Banco MundialCGIAR (el CIAT, su representante en Colombia) y acoge reservas de países a favor de la propiedad intelectual sobre formas de vida, aunque todavía no se atreve a borrar los ya maltrechos "derechos del agricultor".

La certificación no es garantía de que el producto sea orgánico, por razones como las siguientes:

- Porque permite el empleo de transgénicos no vivos; por ejemplo, materias primas transgénicas para la fabricación de alimentos para animales.

- Porque permite la crianza de semillas y razas patentadas, privatizadas, contra el principio de no apropiación de la vida.

- Porque deja de lado otros principios éticos, morales, históricos, culturales, filosóficos, políticos, espirituales, religiosos, aceptando, por ejemplo, que los empleados y obreros de la producción orgánica permanezcan con menos calidad de vida que los animales utilizados.

- Porque burocratiza y elitiza el alimento sano.

- Porque legitima la exportación de alimentos desde países empobrecidos y desde grupos de productores subalimentados, a favor de élites adineradas y de países enriquecidos.

- Porque reduce el sistema de producción a una norma impuesta por los países opulentos, imposibilitando el desarrollo de formas autónomas, es decir, de acuerdo con las propias condiciones geográficas, culturales y biodiversas de las regiones productoras.

Los reglamentos europeos sobre semilla ecológica seguramente serán copiados por las autoridades colombianas y confiados a las certificadoras, como si Colombia fuera Suiza. Lo que viene ocurriendo en Europa con respecto a normas sobre semillas es patológico; una pesadilla de reglamentos, del que son muestras disposiciones como las siguientes: la norma 98/95 del Consejo de la CE de 1998, que modifica 16 directivas sobre semillas; que considera "comercialización" hasta los regalos entre agricultores; y que por fortuna exige el etiquetamiento de los transgénicos. Y el reglamento 1452 de 2003 sobre propagación vegetativa, que pide elaborar catálogos de semillas, que admite tratamientos químicos, que se remite al uso de internet para que los agricultores se informen (detalle especial para los pobres del tercer mundo), y que autoriza cobrar por inscribirse como usuario de semillas. ¿En qué callejón nos hemos metido?, preguntaba Camila Montecinos en el año 2000 en la Revista Biodiversidad.

¿Qué hacer?

Desde luego, en primer lugar el debate, la actitud crítica, la autocrítica, la reflexión, el estudio, la lectura... avanzando en la clarificación de la idea, en la diferenciación de los intereses.

También en la agricultura orgánica lo fundamental es el crecimiento cultural, intelectual, espiritual, incorporando al proceso elementos morales, éticos, históricos, políticos, filosóficos, religiosos... Si no es así, no vale la pena. Es preciso definir si bastan planteamientos económicos y ecológicos para construir un movimiento alternativo en agricultura. Es preciso diferenciar la agricultura de exportación, la agricultura comercial (aunque tenga sobreprecio), para beneficio de las élites nacionales y de los consumidores extranjeros de altos ingresos, frente a una agricultura que permita realizar el derecho de acceso al alimento sano para todos a precios corrientes. Es preciso tener claro el concepto de seguridad alimentaria para todos a través de un sistema de soberanía y autonomía.

- La oferta al consumidor de alimentos excedentarios primero, la comida de la familia del productor en los "mercados" populares o de barrio se confronta con la idea de sembrar para vender o sembrar solamente lo que se venda. Llevado aquel principio a la escala nacional es primero el autoabastecimiento que la exportación.

- En caso de comercio exterior preferir formas alternativas, sin certificación, como el llamado "comercio justo", con independencia del control de las firmas exportadoras, y la relación directa entre organizaciones de agricultores ecológicos con comunidades y organizaciones de consumidores extranjeros a través de mecanismos de credibilidad.

- Frente a los sellos institucionales, los sellos propios, los de libre creación de cada colectivo o de cada familia.

- Frente al autoritarismo de los dominadores, poder popular, autogestión, afirmación de la identidad, resistencia civil a los reglamentos, creación autónoma de lo nuestro, a nuestras condiciones, a nuestro ritmo, dentro de nuestras limitaciones. Diferenciar la agricultura popular frente a la de los "cacaos".

- Aprender a diferenciar culturas: las populares (campesina, afrodescendientes, indígena) frente a las dominadoras (académica, tecnológica, gringa, europea). No son lo mismo. Y tampoco podemoshacer una mezcolanza de elementos de todas ellas.

- Crecimiento cultural para producir y conservar nuestras propias semillas, nuestros propios insumos: liberarnos de las tiendas y de las ofertas cautivas de las transnacionales y de las agencias del Estado.

- Rechazar la certificación; crear alternativas, pero fundamentalmente establecer la palabra de la familia agricultora y del consenso veredal o de la organización campesina como fuente primaria de credibilidad.

- Abstenerse de consumir productos certificados, en forma similar al rechazo a las industrias que ofrecen comida "chatarra" o "frankestein", o que constituyen oligopolios dominadores de la semilla y del alimento.

- Actitud crítica frente a las organizaciones internacionales de agricultura orgánica, especialmente frente a IFOAM, debido a los juegos políticos de sus directivos.

No obstante los sobreprecios, en Europa Occidental para la agricultura orgánica apenas alcanzan, según los países, del 0.1% a un máximo del 8% o 10% (como son los porcentajes máximos en los casos de Suiza y Austria, respectivamente). He aquí un indicador de que los sobreprecios y subsidios no son el meollo del asunto. Un informe de IFOAM de julio de 2004 menciona que en Gran Bretaña la Soil Association (entidad creada por Albert Howard, paradigma inglés de la agricultura llamada primariamente "orgánica") apenas va a certificar los primeros productos teniendo en cuenta aspectos éticos; para el caso, trato a los empleados, participación en programas cívicos y, en general, aspectos sociales. Se trata de la empresa Doves Farm que, según la revista especializada Organic and Natural Business, pretende impresionar a sus consumidores: la ética como negocio o, en otras palabras, ser ético también da dividendos.

Notas

• 1 Es el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la Gobernación de Sucre, Colombia, ante una petición de apoyo para la Segunda Feria Regional de Semillas y Comidas Tradicionales de la etnia indígena Zenú.
• 2 N. del E.: nombre que se le da en Colombia a los empresarios muy acaudalados.

(*) Este artículo trata el caso colombiano, que tiene similitudes con otros países del Tercer Mundo, en especial los latinoamericanos.El autor expresa sus agradecimientos al personal del Programa Semillas, Bogotá, Colombia, por su apoyo en la obtención de documentos aquí comentados, así como al señor Juan José Soriano, de la Junta de Agricultores Orgánicos de Andalucia, España, por su apoyo documental. Por el artículo completo, contactarse con oc.moc.taselet@aijemoiram

Revista Biodiversidad, sustento y culturas