La biodiversidad en venta
Casi terminando el 2022 se firmó un nuevo acuerdo global sobre biodiversidad, luego de 4 años de negociaciones en Naciones Unidas, que culminaron en la 15ª conferencia del Convenio de Diversidad Biológica (Cop15 del CDB) en Montreal, Canadá. El tema es acuciante porque el capitalismo de todos los colores ha acelerado en las últimas décadas la devastación vertiginosa tanto de la naturaleza y los ciclos de la vida en el planeta como de las comunidades y pueblos que los sostienen. Esto ha provocado, según el panel internacional de expertos IPBES, que más de un millón de especies estén en peligro de extinción: un ritmo de erosión “cientos de veces superior a la media de los últimos diez millones de años”.
El acuerdo, que operará como plan de trabajo del CDB, tiene claroscuros. Algunas decisiones podrían ser útiles como referencia, pero prima el lado oscuro (más detalles en el comunicado del Grupo ETC) El nuevo marco no se propone detener la máquina capitalista trituradora de gente y ambiente –causa de la erosión de la biodiversidad–, pero además llama a los gobiernos a alentar a las empresas y grandes capitales especulativos a invertir en negocios con la biodiversidad.
El Convenio de Diversidad Biológica es uno de los tres pactos ambientales globales que originaron en la conferencia Eco92 en Río de Janeiro, hace 30 años. Los otros dos son las convenciones sobre cambio climático y desertificación. Aunque el tema de la apropiación de las crisis ambientales por parte de las trasnacionales para hacer negocios “verdes” ya estaba presente, al mismo tiempo emergieron desde la Eco92 algunos principios y normativas que pese a sus limitaciones, han podido ser desarrollados y usados por pueblos, organizaciones de base y movimientos para defender sus áreas y territorios, a menudo en colaboración con científicos críticos, abogados no comprados por las empresas y solidaridad internacional en las protestas.
Entre éstos, está el principio de precaución y lo que luego se instrumentó como obligación legal en muchos países de realizar consultas previas y evaluaciones de impacto ambiental, entre otras normativas específicas de comunidades indígenas y rurales, como el derecho al consentimiento previo, libre e informado. No obstante, las mismas normativas han sido también usadas desde gobiernos y empresas, manipulándolas contra de los intereses de las comunidades, de las y los consumidores, de la salud humana y ambiental. Nunca una normativa establecida en Naciones Unidas, aunque sea presentada en procesos legales, ha sido suficiente por sí misma. En todos los casos, su aplicación a favor de los pueblos y la naturaleza, depende de la organización y la lucha real desde los territorios, barrios y comunidades de las y los afectados, de la capacidad de organizarse, denunciar, resistir, persistir.
Pese a la relativa debilidad de esos principios, en el proceso hacia el nuevo acuerdo y en la propia Cop15 los cabilderos de la industria biotecnológica los combatieron ferozmente. La presencia masiva de cabilderos de esa y otras industrias contaminantes, junto a los super millonarios (el puñado de los hombres más ricos del mundo) con sus fundaciones filantrocapitalistas, nunca había sido tan numerosa y pesada. Por ejemplo, las delegaciones de países donde abundan los transgénicos, como Brasil y Argentina, actuaron como si fueran representantes de Bayer-Monsanto y otras industrias contaminantes más que como delegaciones gubernamentales.
En la discusión del nuevo acuerdo esas delegaciones y cabilderos se dedicaron en forma sistemática a eliminar la mención al principio de precaución, borrándolo finalmente del texto del acuerdo. Intentaron también hacer desaparecer la mención a “agroecología” como opción para proteger la biodiversidad en la meta sobre agricultura y lograron a empujones que para “equilibrar” se incluyeran términos que defienden los agronegocios y los promotores de nuevas biotecnologías, como “intensificación sustentable”. Que en realidad es una forma de promover nuevos transgénicos y más agrotóxicos, causando así más devastación de la biodiversidad y de comunidades campesinas. También se opusieron a la mención de la declaración UNDROP, sobre derechos campesinos. Aunque esas delegaciones se comportaron como golpeadores en este y otros temas, lo que consolidó el desastre fue que muchas de las delegaciones de América Latina y África apoyaron las mismas posiciones.
En el caso de África, porque la Fundación Bill y Melinda Gates ha trabajado desde hace años para inmiscuirse en las negociaciones, pagando cabilderos, falsos científicos y finalmente, a los propios delegados de gobiernos, financiados a través de diversas organizaciones. Decenas de delegados de ese continente asistieron bajo esas premisas. En la Cop15, con la meta de asegurar que no haya más limitaciones a la tecnología de impulsores genéticos, una nueva biotecnología no regulada ni regulable en ningún país, que es una forma de hacer especies transgénicas en la naturaleza y potencialmente extinguir especies que molestan a los agronegocios (ver artículo sobre la actuación de la Fundación Gates en el CD: Ejército de Estados Unidos, Gates y Monsanto detrás de transgénicos para extinguir especies).
En efecto, Bill Gates ha sido uno de los pioneros en este tipo de acciones, para invadir CDB y otros foros de Naciones Unidas para evitar marcos regulatorios. Ahora también los demás super multimillonarios, como Jeff Bezos, dueño de la empresa Amazon, ven la crisis de biodiversidad (y la climática) como gigantescas oportunidades para acaparar territorios -diciendo que es para “conservar la biodiversidad” en áreas protegidas.
Varios elementos del nuevo marco de biodiversidad se agravan en el contexto de la codicia de los multimillonarios, e implican graves riesgos para las comunidades y la biodiversidad.
Entre ellos, la inclusión en el nuevo marco del programa “30×30”, que se propone lograr que 30 por ciento de la tierra y de los océanos sean en 2030 áreas protegidas. Esto, que podría sonar bien si no se piensa o no se sabe lo que significa, implica en realidad extender el control de las empresas y gobiernos -a través de gobiernos o en contratos directos- sobre las comunidades y territorios indígenas y campesinos, que es dónde se encuentra más de 80 por ciento de la biodiversidad.
Para consolidar el asalto, se incluyó además específicamente en la meta 19 del nuevo acuerdo global, que los gobiernos deben “apalancar la financiación privada, promoviendo la financiación combinada (…) alentando al sector privado a invertir en la biodiversidad, entre otras cosas, mediante fondos de impacto y otros instrumentos”, entre los cuales se nombran “planes innovadores, pago por servicios de los ecosistemas, bonos verdes, compensaciones por pérdida de diversidad biológica…”, así como “optimizar los beneficios colaterales y sinergias” de invertir simultáneamente en biodiversidad y crisis climática. Traducido significa darles todas las garantías para desarrollar mercados especulativos de bonos y compensaciones de biodiversidad y de carbono.
Son amenazas nuevas, cuyos mecanismos y formas de acción necesitamos entender para poder fortalecer la lucha de resistencia y verdadero cuidado de la diversidad biológica y cultural desde las bases y territorios.
Fuente: Desinformémonos