Juicios contra fumigadores en Argentina. Boletín N° 452 de la RALLT

RELATOR ONU VISITA ARGENTINA PARA ANALIZAR SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

Centro de Políticas Públicas

James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, realiza visita oficial a Argentina, del 27 de noviembre al 7 de diciembre de 2011 para examinar la situación general de los pueblos indígenas y sus derechos en el país, incluyendo aspectos tales como el derecho a la participación y comunicación, derecho a las tierras y recursos naturales, impacto de industrias extractivas en los territorios indígenas.

La visita ocurre al inicio de un nuevo período gubernamental en Argentina, en donde las recomendaciones que formule el Relator Especial constituirán un referente insoslayable para una agenda de reformas jurídicas y políticas públicas basadas en derechos humanos, necesarias para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas en Argentina.

UNA INTENSA AGENDA EN TERRENO.

Durante su visita de once días, el Relator Especial se reunirá con organizaciones de los pueblos indígenas, con autoridades federales y provinciales, y con organismos de la sociedad civil.

Tras su llegada a Buenos Aires, el Relator viajará al sur del país, a las provincias de Neuquén y Río Negro, territorio mapuche o Puelmapu. Luego viajará al norte del país, a las provincias de Salta, Jujuy y Formosa, territorios tradicionales de los pueblos diaguita, colla, toba, qom, guarani, entre otros.

Argentina constituye un caso de interés regional considerando la diversidad de situaciones en que se encuentran 31 pueblos indígenas, varios de ellos transfronterizos, como el pueblo mapuche. Argentina es un estado federal que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y sus derechos, marco jurídico que se complejiza en diversidad de estatutos y políticas provinciales.

Los pueblos indígenas en Argentina enfrentan diversos desafíos y oportunidades para las comunicaciones, educación y participación indígena. Al mismo tiempo, las tierras y territorios de los pueblos indígenas enfrentan múltiples presiones de parte de las industrias extractivas, conservacionismo y agroindustria, que dan origen a recurrentes conflictos.

El Relator Anaya señaló "Espero que esta visita ayude a dar visibilidad a las preocupaciones de los pueblos indígenas en Argentina, preocupaciones que a menudo son desconocidas por la sociedad mayoritaria".

EL MANDATO DEL RELATOR ESPECIAL

La visita oficial del Relator Especial se realiza en el marco del mandato del Consejo de Derechos Humanos (resolución 15/14 de 2010) que autoriza y solicita al Relator Especial a que "examine las formas de superar los obstáculos existentes para la plena y eficaz protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas."

El mandato del Relator le encarga que “reúna, solicite, reciba e intercambie información y comunicaciones de todas las fuentes pertinentes, incluidos los gobiernos, los indígenas y sus comunidades y organizaciones, sobre las violaciones denunciadas de sus derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas” y “formule recomendaciones y propuestas sobre las medidas y actividades adecuadas para evitar y reparar las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.”

El marco normativo que guía las observaciones del Relator especial está integrado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos.

INFORME DE MISIÓN

Tras su visita a Argentina, el Relator Especial preparará un Informe de Misión con sus principales conclusiones y recomendaciones sobre los temas estudiados durante su misión, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2012.

La visita a Argentina es la 12va misión de país que realiza el Relator Anaya. Con anterioridad ha realizado misiones a Nepal, Brasil, Chile, Colombia, Botswana, Rusia, Nueva Zelanda, Australia, Región Sapmi (Finlandia, Noruega, Suecia), República del Congo, y Nueva Caledonia. (Ver informes en sitio web del Relator)

CLAVE DEL INFORME DE MISIÓN: LAS RECOMENDACIONES.

Los informes de país del Relator Especial presentan un conjunto de observaciones que resumen la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el país visitado, de acuerdo a los antecedentes recibidos por el Relator, evaluados en función de las obligaciones internacionales de derechos humanos. De la evaluación realizada se desprenden recomendaciones.

El producto principal de una visita de un Relator Especial son las Recomendaciones. Se trata de indicaciones o sugerencias respecto a posibles medidas legislativas, de políticas públicas y/o cambios a realizar para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo a las obligaciones de derechos humanos. Estas recomendaciones van dirigidas a los poderes del estado examinado, a los pueblos indígenas y sociedad civil.

¿Qué recomendaciones debería contener el Informe del Relator? Esa es la cuestión clave.

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN PAÍS Y EL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS

Las recomendaciones de los relatores se formulan con expectativa de que, en un país democrático respetuoso de los derechos humanos, tanto las autoridades estatales, organizaciones de los pueblos indígenas y sociedad civil, adopten las recomendaciones y tomen medidas para su implementación.

Después de la visita el Relator Especial mantiene el diálogo diplomático con el Estado y organizaciones indígenas, para el seguimiento de las recomendaciones.

cdhA su vez, las Recomendaciones del Relator son reforzadas por órganos de derechos humanos de Naciones Unidas. Las Recomendaciones del Informe del Relator Especial son reafirmadas por los distintos Comités de Tratados de Derechos Humanos y otros Relatores temáticos, quienes durante los respectivos exámenes del país vigilan por el cumplimiento de las recomendaciones del Relator Especial.

Por ejemplo, si hay recomendaciones del Relator Especial relativas a derechos de niños y niñas indígenas, el Comité de Derechos del Niño solicitará informes al Estado respecto al cumplimiento de dichas recomendaciones. Otro tanto realizan el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial, o el Comité Para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer.

Finalmente, en el marco del Examen Periódico Universal, el Estado debe rendir cuenta ante el Consejo de Derechos Humanos, respecto al cumplimiento e implementación de las distintas recomendaciones de Relatores Especiales y Comités de Tratados de Derechos Humanos. Argentina, debe rendir su segundo Examen Periódico Universal en 2012.

Sin duda las recomendaciones del Relator Especial y su seguimiento, constituirán un referente clave para la agenda de políticas públicas y reformas juridicas necesarias para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas en Argentina.

Víctor Toledo Llancaqueo

Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas

23/11/2011

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JUICIO CONTRA FUMIGADORES EN ARGENTINA

La Cámara 1ª del Crimen será la encargada de juzgar a dos productores agropecuarios y a un piloto de avión, denunciados por fumigación clandestina en el barrio Ituzaingó Anexo.

29/11/2011

Edgardo Litvino

Del 27 de febrero al 2 de marzo de 2012 se sentará en el banquillo de los acusados a dos productores agropecuarios y a un piloto de avión, denunciados por fumigación clandestina en el barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba.

La Cámara 1ª del Crimen será la encargada de juzgar a Jorge Alberto Gabrielli, Francisco Rafael Parra y Edgardo Jorge Pancello, quienes habrían violado el artículo 58 de la Ley de Agroquímicos 9164.

Se trataría de la primera causa a nivel nacional en la que van a juicio productores agropecuarios por fumigar campos con agroquímicos.

La norma en cuestión prohíbe la aplicación aérea de determinados productos en un radio menor a los 1.500 metros (endosulfán) y a los 500 metros (glifosato) de distancia de la población urbana, por tratarse de químicos peligrosos para la salud. Y ambos se habrían detectado en la investigación que motivo la elevación a juicio.

"En un barrio de cinco mil habitantes hay cerca de 200 personas con cáncer y cerca de 100 ya murieron por esa enfermedad. Estos agroquímicos son cancerígenos", dijo el año pasado el fiscal que instruyó la causa, Carlos Matheu, al pedir el enjuiciamiento de los imputados.

La causa comenzó en 2002, cuando un grupo de madres denunció que había numerosos casos de cáncer en el barrio. Luego se constató que la zona estaba contaminada con un cóctel tóxico y se puso la lupa en el PCB de los transformadores de Epec, en el agua contaminada con arsénico y en las fumigaciones cercanas.

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“ITUZAINGÓ MARCARÁ UN ANTES Y UN DESPUÉS"

Entrevista con Gustavo Gómez, fiscal Federal de Tucumán: El especialista en Derecho Ambiental destacó los avances en el juicio por las masivas fumigaciones con agrotóxicos en barrio Ituzaingó Anexo.

28/11/2011 00:20

Por Juan Pablo Martínez

Dos productores agropecuarios y un piloto de avioneta serán llevados al banquillo por haber fumigado de manera clandestina campos de soja muy cerca de viviendas en barrio Ituzaingó Anexo. Para Gustavo Gómez, fiscal federal general de Tucumán y especialista en derecho ambiental, este juicio que se llevará adelante en febrero, el primero en el país contra productores, será emblemático porque “marcará un antes y un después en materia de contaminación con agrotóxicos”.

Para Gómez, es fundamental que en las causas ambientales haya una condena penal. Asegura que esto ayuda mucho en prevención y que por lo general las acciones con recurso de amparo para frenar ilícitos nunca llegan a buen puerto: “Muchas veces se utiliza la figura del amparo para avanzar en estos casos, pero yo no soy muy partidario de esto porque nuestro país adolece de un serio problema en la administración de Justicia, y muchas veces, nuestros poderes políticos y económicos ni siquiera cumplen con lo que pide la Corte Suprema de Justicia”.

El caso Matanza-Riachuelo (en Buenos Aires) es una muestra del fracaso de un recurso de amparo admitido por la Corte, que fija un cronograma de cómo sanear la cuenca y todavía, a dos años del dictamen, no se ha cumplido con casi nada, ilustra el especialista.

“En cambio, la acción penal es la amenaza de poner presos a los infractores. En Tucumán, tenemos condenados a intendentes por ser cómplices de contaminación ambiental, a empresarios del ámbito de la salud por tirar residuos patógenos a basurales, y eso genera prevención. Vaya a ver si en Tucumán se tira una jeringa en un basural, cualquiera sabe que puede ir preso por eso, entonces la represión termina funcionando como prevención”, analiza el fiscal.

La causa que se juzgará en febrero tiene sus inicios en 2008, cuando el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, Merardo Ávila Vázquez, denunció que en barrio Ituzaingó Anexo se estaba fumigando muy cerca de las viviendas de los vecinos, pese a que regía una prohibición para realizar esa actividad a menos de 500 metros de la barriada. La investigación estuvo a cargo del fiscal Carlos Matheu, quien detectó presencia de agrotóxicos a 200 metros de las casas.

“Este juicio será importantísimo, porque acá no están en juego únicamente estas personas. Esto puede llegar a crear jurisprudencia que va a afectar a Monsanto, a las grandes empresas que utilizan agrotóxicos para obtener más dinero”, sostuvo el funcionario. “Creo que el éxito de esta causa está en el fiscal Matheu, que peleó muy firme para que se pueda llegar a esta instancia, apoyado por la gente. Y esto también es importante, porque ninguna causa penal prospera si no hay apoyo social”, dice Gómez.

En Córdoba, los productores están acusados de “contaminación dolosa”. Por ese delito les puede corresponder una pena de 3 a 10 años de prisión, por violaciones a la ley nacional de residuos peligrosos 24.051 y la ley provincial de agrotóxicos 9.164. Por la contaminación en Ituzaingó, se registraron casos de cáncer en 200 personas.

Gómez le sugiere a los vecinos que ante situaciones de estas características no se queden de brazos cruzados, porque hay instancias judiciales para frenar o prevenir casos de contaminación. “Es muy importante no quedarse en la denuncia. Nuestra Justicia en ese sentido fracasa, habitualmente en el ámbito provincial. Por ejemplo, en el norte, está muy al servicio del poder, entonces hay que presentarse como querellantes. Hay que activar el resorte de que cada vecino se transforme en un fiscal de la causa. Esta cuestión, de ser activos en causas penales es nueva, y se ha elevado la posibilidad en los últimos dos años”, sostuvo el fiscal federal.

“NADA NOS VA A DEVOLVER LA SALUD”

Las madres de Ituzaingó aguardan con ansias que llegue febrero. Desde 2002, ellas denuncian la contaminación en el barrio y ahora esperan que el juicio por las fumigaciones en 2008 tenga un resultado favorable para su lucha.

Sofía Gatica y María Godoy son dos de las representantes de estas mujeres que todos los días pelean por un barrio mejor. Serán testigos en el juicio y se ilusionan con la posibilidad de que los productores sean condenados por las fumigaciones.

Sofía tiene a sus hijos enfermos y en tratamiento, por eso desde hace ocho meses no vive más en Ituzaingó Anexo. “Yo viví 22 años en el barrio, eran ellos o nosotros, y como no tuvimos respuesta me tuve que ir. Uno de mis hijos tiene una enfermedad que es acelerable, mi hija tiene tres agrotóxicos en el cuerpo. Mi casa está a 50 metros del campo, yo no me puedo arriesgar a volver, ya perdí un hijo, nada nos va a devolver la salud”.

María todavía no se olvida de lo que se siente cuando el cuerpo entra en contacto con los agrotóxicos. Una vez le tocó parar, junto a otros vecinos, una máquina que estaba fumigando a 100 metros de las casas: “Estaba lejos pero sentía que se me secaba la garganta, que me ardían los ojos, lo sentís muy fuerte en la nariz. Con el avión es peor porque te rocía todo. Al otro día, me levanté con los ojos pegados”.

En el barrio todavía reclaman prevención para evitar que la situación no empeore. Creen que con una condena mejorarían muchas cosas en lo que a contaminación con agrotóxicos y al cuidado del ambiente se refiere, pero por eso saben que aunque hayan llegado al juicio la lucha no se termina.

“Los ciudadanos no somos conscientes de los perjuicios que le generamos al ambiente, no cuidamos el agua, los bosques, a la gente no le importa nada, mientras esté todo bien en casa no se le da importancia a lo que pasa de la puerta para afuera”, analizó María.

PARA MATHEU, HAY PRUEBA

Para el fiscal que instruyó en la causa de Ituzaingó Anexo, Carlos Matheu, hay una altísima probabilidad de que haya una condena. “Tenemos muchas pruebas contundentes, está todo muy bien fundamentado para demostrar lo que planteamos”, sostiene.

De los campos fumigados se extrajeron muestras de endosulfán y glifosato a 200 metros de las casas de las familias. Los imputados en esta causa son Francisco Rafael Parra, dueño de las tierras y productor sojero; Jorge Alberto Gabrielli, inquilino y explotador de uno de los campos; y Jorge Pancello, piloto aplicador de los productos químicos. “Estamos convencidos de que éste va a ser un caso testigo, porque vamos a sentar un precedente para otras causas. Va a ser la primera vez que productores sean juzgados”, destaca Matheu.

De 2008 a esta parte, los imputados intentaron zafar de la situación, primero intentando apartar al fiscal declarándolo incompetente argumentando que se trataba de un delito federal. Luego, diciendo que no había pruebas suficientes.

“Sostenían que no se había visto la espiga de humo desplegada por el avión al momento de la aplicación. Nosotros, con testimonios, constamos que los vecinos habían sentido picazón de garganta, olor, ruidos de motores, un montón de cosas para presumir que efectivamente se había fumigado”, dice Matheu.

Matheu opina que en las leyes ambientales son necesarias figuras penales que castiguen con cárcel a quienes por sus acciones perjudiquen a la salud de terceras personas

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Chile:

CONTROVERSIA ENTRE APICULTORES CHILENOS Y EL SAG POR CULTIVOS OGMS

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

Misael Cuevas, presidente de FILAPI, la Federación Ibero Latinoamericana de Apicultura, a la que está afiliada la Red Nacional Apícola (integrante de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile”) expresó desde Concepción a esta periodista, en entrevista telefónica: “Hasta ahora sólo tenemos la promesa de que ANPROS va a entregar la información sobre dónde están los predios en que hay cultivos transgénicos. En la primera reunión ellos solicitaron que los apicultores entreguemos la información sobre la ubicación de nuestras colmenas, pero lo que nosotros buscamos, y lo que corresponde, es lo contrario. Hasta el momento los productores de semilleros transgénicos en Chile, responsables por la posible contaminación de la miel con polen de maíz o raps transgénicos, siguen sin entregar información sobre la ubicación exacta de estos cultivos. Con el patrocinio de ODEPA se han realizado por primera vez, desde la emergencia, dos reuniones de apicultores con ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas, de Semillas sin resultados concretos hasta ahora.”

ANPROS es responsable de los cultivos de maíz y raps transgénico que han contaminado la miel chilena. La Red Nacional Apícola agrupa a pequeños productores nucleados en ocho organizaciones regionales y sus miembros producen cerca del 35% de la miel del país. Las regiones que tienen más semilleros transgénicos de maíz son O’Higgins (en la comuna de Chimbarongo, por ejemplo, hay 2.019,34 hectáreas de maíz genéticamente manipulado), Maule (San Clemente tiene 1505) y la Región Metropolitana (San Bernardo tiene 379 hectáreas de maíz transgénico). El raps está mayormente en las reuniones de la Araucanía (en Vilcún hay 288,23 hectáreas) y de BioBio (hay 579 hectáreas en la comuna de Los Ángeles). En total, los semilleros transgénicos de maíz totalizan 13.659 hectáreas, en tanto que existen 2.618, 24 hectáreas de raps transgénico, todo ello según cifras publicadas por SAG.

RESPUESTAS DILATORIAS

Misael Cuevas ha demandado al gobierno que adopte medidas para que el gremio de los apicultores pueda encarar la amenaza representada por los cultivos transgénicos, ante la decisión de la Corte Europea (septiembre 2011) de no aceptar miel contaminada salvo que esté etiquetada como transgénica. Explica Misael: “Ema Laval, jefa del Departamento de Políticas Agrarias de ODEPA ha respondido a las cartas que le hemos enviado pidiéndoles un pronunciamiento para saber si tendremos o no apoyo, y nos ha dicho que están estudiando el tema. Nosotros hemos replicado que nos dé una fecha en la cual haya respuesta concreta”.

Cuevas informa que mientras en Chile a nivel oficial nadie hace nada concreto para defender la apicultura nacional, a nivel global se están produciendo novedades en la que distintos sectores adoptan resguardos para defender sus intereses: los envasadores europeos, por ejemplo han establecido grupos de trabajo por el tema del etiquetado de los frascos. El lunes 14 de noviembre se reunirá en Bruselas la Comisión Apícola Europea, un grupo consultor de la Comisión Europea para analizar diferentes aspectos de las consecuencias del fallo del Tribunal. En Madrid se realizaron el 10 y 11 de noviembre las Jornadas Científicas sobre Transgénicos, en la cual apicultores se hicieron presentes para incorporar esta arista en el debate sobre los impactos de los cultivos de organismos genéticamente modificados. Misael Cuevas valoró las recientes declaraciones del senador Navarro respecto de que el Estado debía hacerse cargo de los daños generados por los cultivos transgénicos debido a que protege el secreto de los cultivos, y que estos no deben ser asumidos por los apicultores, agregando que la de Navarro es la primera intervención en este debate desde niveles cercanos al poder político. El senador por la región del BioBio sostuvo que “debe ser el propio Estado, a través del Ministerio de Agricultura, el que asuma los costos y daños que les está produciendo el rechazo de importantes volúmenes de miel contaminada por transgénicos en Europa, debido a su empecinamiento en promover y mantener en secreto las plantaciones genéticamente modificadas”, denunciando: “Tenemos información concreta de que el Gobierno a través del Indap ve como única solución a este problema el suspender los apoyos financieros para las inversiones de este sector, lo que es inaceptable”.

SAG: problema entre privados

A su vez, en la Mesa de Impulso Competitivo del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, en la que la Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile participa en relación a los plaguicidas, Víctor Ramírez, coordinador de la Mesa Inocuidad Alimentaria e Insumos informó oficialmente el viernes 10 de noviembre –atendiendo una consulta de RAP-Chile - que el tema de las exigencias sobre trazas de polen transgénico en mieles “no forma parte de las exigencias oficiales especificadas por el Servicio Veterinario Oficial de Unión Europea”, el cual no le ha entregado información sobre retenciones de miel contaminada con transgénicos. Calificó el asunto como un “problema entre privados”, por lo que eludió la adopción de medidas inmediatas al respecto.

Sin embargo SAG reconoció el inicio de coordinaciones con los afectados, y anunció que los planteamientos que ha hecho el gobierno ante apicultores y exportadores involucrados en el tema son que se mantendrá el secreto sobre la ubicación de las plantas hasta que no se produzca el fallo en la Corte de Apelaciones, en la demanda que Monsanto y von Baer –entre otros- presentaron contra la resolución del Consejo de Transparencia que los obligaba a revelar la ubicación exacta de los cultivos transgénicos. La demanda fue planteada por la Red de Acción en Plaguicidas el año 2009. A la vez SAG informó que la División de Recursos Renovables implementará en un plazo no especificado, un sistema de Información Geográfica con la georeferenciación de los cultivos transgénicos, lo que permitirá a los apicultores saber si están en el área de impacto, antes de trasladar colmenas para polinización o instalar colonias. Agregó que el Laboratorio Lo Aguirre, dependiente del Servicio Agrícola y Ganadero, está implementando la técnica de detección de polen trasngénico, que el SAG en forma eufemística denomina “trazas de polen OGM en miel”.

La interpretación que el SAG hace del fallo de la Corte Europea se limita a reconocer que pedirán etiquetado para la miel transgénica y descarta absolutamente que ello tenga que ver con riesgos para la salud, evidenciando un desconocimiento del marco jurídico del fallo de la Corte del que se deriva la emergencia actual. Para ello, sólo se fundamenta en el derecho a saber, cuestión q no mencionada ni una sola vez en el fallo, pues eso ya no es tema en Europa. Para el SAG, a contrapelo de la realidad en Europa y otros mercados a los que Chile exporta, la inocuidad alimentaria no contempla para nada el asunto de los transgénicos.

ASPECTOS LIGADOS A LA SALUD

El fallo en cuestión cita como marco jurídico para la resolución de la Corte Europea, la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. El quinto considerando de dicha Directiva indica que la protección de la salud humana exige que se preste la atención debida al control de los riesgos derivados de la liberación intencional en el medio ambiente de OMG. El artículo 4, apartado 3, establece que la evaluación tendrá por objeto los potenciales efectos adversos que puedan tener, directa o indirectamente, sobre la salud humana o el medio ambiente, las transferencias genéticas de OMG a otros organismos. El Reglamento nº 1829/2003, también citado, que se deriva de la directiva busca asimismo «asegurar un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas» por medio de la «evaluación de los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, ya sean directos o indirectos, inmediatos o retardados, que puede entrañar la liberación intencional o la comercialización de OMG (artículo 2, número 8, de la Directiva 2001/18);

Considera «alimentos modificados genéticamente»: aquellos que contienen o están compuestos por OMG o han sido producidos a partir de ellos (artículo 2, número 6, del Reglamento nº 1829/2003). En el considerando número 89 del fallo, se dice: “el riesgo para la salud humana que dicho Reglamento pretende evitar es independiente del carácter intencional o fortuito de la introducción de la sustancia correspondiente.”

Finalmente, en el considerando 96 se sostiene que Las Directivas 90/220 y 2001/18 fueron adoptadas sucesivamente para regular la liberación intencional de OMG en el medio ambiente y la comercialización de OMG como productos, con el objetivo de evitar los efectos negativos que dichos OMG podrían producir sobre la salud humana y el medio ambiente.

CONSECUENCIAS DEL FALLO

Los posibles perjuicios para los apicultores chilenos provienen del fallo del tribunal de justicia de la Unión Europea, emitido respecto de miel contaminada con polen transgénico en Alemania – el caso analizado- la cual deberá pasar por un proceso de revisión y etiquetado previo a su comercialización. Alemania recibe el 74,3% de las exportaciones chilenas de miel, seguida por Francia (13,1%), Luxemburgo y Bélgica (datos de ODEPA), y ya ha habido rechazos de embarques. En 2008 Chile tuvo una participación de 2,2% del mercado global de miel, con el puesto 14 a nivel mundial, siempre según ODEPA.

Un análisis realizado a 20 tambores de miel chilenos reveló que todos contenían polen transgénico, según informó Juan Pablo Molina (de JPM Exportaciones) en un encuentro gremial realizada el 2 de septiembre en Talagante. En Chile, los apicultores no pueden ser compensados por el daño, ya que ignoran la ubicación de los cultivos de semilleros transgénicos responsables de la contaminación. La política oficial es promover la coexistencia entre semilleros transgénicos y cultivos convencionales u orgánicos, lesionando como queda una vez más demostrado, los intereses de los productores apícolas, convencionales y orgánicos. Según ODEPA, las exportaciones totales de miel del país durante 2010 totalizaron 8.601 toneladas, avaluadas en US$ 28,9 millones.

La polémica que ha activado a los apicultores chilenos ejemplifica los riesgos no considerados para las exportaciones chilenas, derivados de la producción transgénica, pero pueden extenderse en el futuro a otros negocios de exportación si eventualmente llegaran a aprobarse los cultivos transgénicos para el mercado interno. Existe un fuerte lobby de los productores agrupados en ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas, constituida en un 66% por semillas transgénicas (SAG, 2011). Hasta ahora han contado con la tácita venia del poder judicial que hasta ahora se niega a poner en tabla la demanda que busca “sacarles la capucha” en el campo. Los anteriores directivos del Consejo para la Transparencia habían emitido un fallo unánime ordenando el fin del secreto. Hoy han sido desplazados y el Consejo continúa acéfalo, contribuyendo a mantener el statu quo en relación al tema de los transgénicos.

RESOLUCIONES A NIVEL LATINOAMERICANO

En el congreso Apimondia que tuvo lugar a fines de septiembre en Argentina, FILAPI sacó una declaración relativa al tema, firmada por los representantes de Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, México, Colombia, Brasil, Cuba y Perú. Entre las acciones definidas están promover intercambios entre los distintos actores de la cadena apícola para encontrar soluciones adecuadas; convocar a expertos a establecer una metodología analítica; comunicar la posición de los productores a los consumidores, respecto de la importancia de apicultura para el medio ambiente, los ecosistemas y el compromiso de los productores con una producción sana y de calidad, y convocar a un foro continental de posicionamiento político sobre el tema. Los chilenos que firman la declaración son el presidente de FILAPI, Misael Cuevas y el presidente de la Red Nacional Apícola, Marcelo Rodríguez.

Fuente: Ver Aquí

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Comunicado de Prensa

17 Noviembre 2011

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS: SEIS DE LAS MÁS PODEROSAS TRANSNACIONALES LLEVADAS A JUICIO POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Los gigantes de la industria de plaguicidas y de la biotecnología serán llevados a juicio por violaciones a los derechos humanos por el Tribunal Permanente de los Pueblos. El juicio que sentará un precedente tendrá lugar en la India del 3 al 6 de Diciembre, según anunció hoy la Red de Acción en Plaguicidas de Asia Pacífico, PAN AP.

Organizadas por Pesticide Action Network, PAN Internacional, las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Corporaciones Transnacionales (TNCs por su sigla en inglés), tendrán a la vista casos de violaciones a los derechos a la vida, a la salud y al sustento y los medios de vida, cometidos por Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, BASF y Du Pont. Estos casos serán presentados por sobrevivientes y testigos expertos de todo el mundo, y serán analizados por un panel internacional de distinguidos juristas.

“No existen mecanismos internacionales legales por los cuales se pueda hacer responder a las transnacionales por violaciones a los derechos humanos. Con la ayuda de gobiernos e instituciones, las TNCs se han librado de tener que responder a la justicia por envenenar a poblaciones enteras, contaminar el ambiente y destruir los medios de vida de pequeños productores agrícolas. Esta impunidad tiene que terminar”, dijo Sarojeni Rengam, directora Ejecutiva de PAN AP.

Se destacarán en el Tribunal Permanente de los Pueblos casos de intoxicaciones en Asia causados por endosulfán de Bayer y paraquat de Syngenta; la masiva mortandad de abejas en Europa y Norte América ligados a los plaguicidas neonicotinoides de Bayer; y la contaminación de fuentes de agua por atrazina, de Syngenta en Estados Unidos.

También lo que ocurre en el medio oeste de Estados Unidos, el monopolio de las semillas de Monsanto y la violación de los derechos de los agricultores; acumulaciones de plaguicidas tóxicos obsoletos en África, la muerte de un niño en Latinoamérica por causas asociada al glifosato de Monsanto utilizado en cultivos transgénicos: el envenenamiento de las tribus del Ártico por diversos contaminantes orgánicos persistentes; el acoso a científicos y muchos otros casos

“Por primera vez, sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las TNCs darán un paso adelante y compartirán sus historias de manera que juntos puedan lograr justicia. Este Tribunal Permanente de los Pueblos no sólo se hace por estas víctimas, sino también por las víctimas futuras que podrían incluir a las generaciones próximas”, dijo Irene Fernández, presidenta de PAN AP. Fernández enfatizó que el Tribunal se propone concluir con recomendaciones para que se establezca un sistema efectivo que asegure responsabilizar a las transnacionales por sus crímenes.

La región de Asia Pacífico tendrá como representantes a trabajadores de plantaciones de palma aceitera de Malasia, pobladores de Kasargod de Kerala y niños que trabajan en plantaciones de algodón de India, quienes testificarán sobre el grave daño ocasionado por los plaguicidas y los cultivos transgénicos.

También, se juzgará en el Tribunal de los Pueblos a los gobiernos de Estados Unidos, Alemania y Suiza, países donde tienen su casa matriz las seis transnacionales, por permitir que estas compañías dañen a escala masiva el ambiente y la población, y por no tomar medidas que permitan que estas transnacionales paguen en la justicia por crímenes horribles tales como la tragedia de Bhopal de 1984.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio también son enjuiciadas, ya que sus programas de ajuste estructural y los convenios de libre comercio han allanado el camino para que las transnacionales agroquímicas se apoderen de la agricultura y expulsen del campo a nivel global a millones de campesinos. Estas entidades han hecho que los países del Tercer Mundo promuevan y usen los productos agroquímicos de estas transnacionales.

Las TNCs están aumentando su control sobre la agricultura, que es el corazón del sistema alimentario mundial. A nivel global, sólo seis compañías controlan el 72% del mercado global de plaguicidas con 44 billones de dólares de USA, y el 73% del mercado de semillas valorado en 27 billones de dólares de USA. Desde la Revolución Verde de los años 60, millones de productores agrícolas se hicieron dependientes de los plaguicidas. La llamada “Revolución Genética” también empujó a los agricultores a depender de las semillas transgénicas.

“Sus mentiras tales como “alimentamos al mundo” ya no se pueden sostener más porque el número de hambrientos sigue aumentado, después de cinco décadas de Revolución Verde y dos décadas de Revolución Genética. Es urgente que se pare a estas compañías y que se les haga pagar por décadas de injusticia transnacional y lucro”, dijo Rengam.

A Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, BASF y DuPont se les harán cargos por violaciones de más de 20 instrumentos de ley internacional, incluyendo violaciones a los derechos a la salud y la vida; el derecho a un ambiente seguro y saludable y a condiciones laborales seguras; el derecho al sustento y los medios de vida; el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria; el derecho a la autodeterminación; el derecho a la participación y la información; los derechos de los defensores de los derechos humanos; y los derechos de las mujeres y los niños.

El Tribunal Permanente de los Pueblos en un tribunal internacional de opinión. Tuvo su origen en el tiempo de los juicios por la guerra de Vietnam y las dictaduras latinoamericanas. Comenzó en 1979 en Italia. Hasta ahora el PPT ha tenido 35 sesiones, exponiendo diversas formas de violaciones a los derechos humanos a través de juicios alternativos y articulaciones legales.

”Ya es hora que la comunidad global se dé por enterada de la extensión del daño a la humanidad y al planeta causado por las transnacionales agroquímicas, y emprenda acciones para que paguen por ello”, sostuvo Javier Souza, coordinador regional de RAP-AL, y presidente de PAN Internacional.

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FRANCIA: JUSTICIA ANULA MORATORIA AL CULTIVO DE MAÍZ TRANSGÉNICO DE MONSANTO

AFP | Fecha: 11/28/2011

El Consejo de Estado, la más alta jurisdicción administrativa de Francia, anuló el lunes la moratoria que impedía el cultivo del maíz transgénico MON810 del gigante agroquímico estadounidense Monsanto adoptada por el gobierno francés en 2008 y cuestionada por la Corte de Justicia europea.

"El Consejo de Estado destaca que el ministerio de Agricultura no pudo justificar su competencia para adoptar los decretos, por carecer de pruebas sobre la existencia de un nivel de riesgo particularmente elevado para la salud o el medio ambiente", indicó esa instancia en un comunicado.

"En aplicación de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Consejo de Estado anula los decretos del ministerio de Agricultura suspendiendo la cesión y uso de semillas de maíz OGM MON810 y prohibiendo el cultuvo de esas variedades", indicó el Consejo de Estado en su resolución.

El 8 de septiembre de 2011 la Corte de Justicia de la Unión Europea consideró que los Estados "no tienen competencia" para suspender o prohibir el uso o la venta de OGM excepto si "establecen la existencia (...) de un riesgo importante para la salud humana, animal o el medio ambiente".

Esa instancia pidió a Francia que revisara su posición, no por cuestiones de fondo, sino por cuestiones de procedimiento, según el abogado Arnaud Gossement, experto en derecho del medio ambiente.

"Recibimos positivamente" la decisión del Consejo de Estado, afirmó la asociación Iniciativas Biotecnologías Venegales, que reúne a fabricantes de semillas y de productos fitosanitarios, pues considera que "en periodo de crisis, es necesario que los agricultores dispongan de todas las herramientas necesarias para su competitividad".

La importación y el cultivo del MON810, variedad de maíz concebida para resistir mejor a la mariposa piral, fue autorizada en la UE en 1998.

Pero desde hace unos años, Estados miembros de la UE --Alemania, Francia, Grecia, Austria, Hungría y Luxemburgo-- aplican una cláusula de salvaguarda que les permite prohibir el cultivo de variedades genéticamente modificadas, en particular el MON810, símbolo de la lucha contra los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

España, en cambio, cultiva decenas de miles de hectáreas de maíz OGM de Monsanto, gigante estadounidense presente en una docena de países de América Latina, entre éstos los mayores productores agrícolas como Brasil y Argentina. También está en México, Paraguay, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Chile, Ecuador y Venezuela.

Tras la decisión de la Corte de Justicia de la UE, el gobierno francés advirtió que si se anulaba la moratoria adoptaría una "nueva cláusula de salvaguarda".

"La pelota está del lado del gobierno (que) debe prohibir nuevamente el cultivo del MON810 valiéndose de fundamentos jurídicos adaptados", le recordó el lunes la organización ecologista Greenpeace.

A cinco meses de las elecciones presidenciales en Francia, Greenpace se preguntó si el presidente francés "Nicolas Sarkozy ¿está dispuesto a asumir la presencia de OGM en nuestros campos y en nuestra mesa?"

"Si el gobierno no hace lo necesario adoptando una nueva prohibición, corremos el riesgo de que los OGM vuelvan a nuestros campos", advirtió Sylvain Tardy, director de Greenpeace en Francia.

En diciembre de 2009 el Alto Consejo de Biotecnologías (HCB), comité científico multidisciplinario creado por el gobierno francés para evaluar los riesgos y beneficios de las biotecnologías, había indicado que el MON810 presentaba "más inconvenientes que ventajas".

Monsanto, conocido en el mundo por sus semillas transgénicas de maíz, soja y algodón, y también por sus pesticidas como el herbicida Roundup, un glifosato de amplio espectro considerado peligroso para el medio ambiente por las autoridades europeas, anunció en octubre un beneficio neto anual de 1.610 millones de dólares, superior a sus previsiones.

Fuente: Boletín N° 452 de la RALLT