Internacionalización empresarial y poder político: complementariedad sistémica

La internacionalización empresarial es una realidad que se suele describir como si de un fenómeno meteorológico se tratase. Convivimos con sus consecuencias a diario y no nos paramos demasiado a reparar en ello. Forma parte del paisaje cotidiano de la cultura empresarial hegemónica que impregna la vida económica, social, cultural y política de nuestras colectividades. Es una realidad en auge, siendo como es una de las principales manifestaciones del modelo económico globalizado realmente existente. Y, como la globalización neoliberal, pareciera responder a lógicas inexorables y autónomas, ajenas a la voluntad de nadie pero tan reales en su efectividad como la ley de la gravedad. Nadie la ha puesto allí, simplemente está, y hay que atenerse a sus códigos. Nadie tiene la culpa, y no hay decisión política que pueda, no ya anular su vigencia, sino ni tan siquiera modificar levemente su rumbo. Estamos ante un campo que constituye una de las máximas expresiones del There Is No Alternative thatcheriano.

En una Europa en la que, tímidamente, y desde un cierto keynesianismo escasamente rupturista, se han comenzado a poner parcialmente en cuestión las bondades de la ortodoxia neoliberal más férrea (la erróneamente denominada “austeridad”), el debate sobre la internacionalización empresarial es virtualmente inexistente. Tan inexistente como el debate sobre las políticas públicas que, desde instancias institucionales de distinto nivel, colocan los peldaños en los que las empresas se apoyan para sumergirse en este tipo de procesos de inserción en la economía global.

Internacionalización empresarial y poder político

El leitmotiv de la no intervención del Estado en la economía, eje central de la retórica ideológica que envuelve al modelo neoliberal realmente existente, es una falacia. Lo cierto es que el Estado, en el marco vigente, vive un proceso de refuerzo de su papel en toda una serie de dimensiones. Este refuerzo obedece a una lógica básica, que atraviesa todo el despliegue de esta complementariedad neoliberal entre los mercados y el Estado: la habilitación de mecanismos político-institucionales y legislativos encaminados a garantizar, cuales sean las circunstancias y coyunturas, la reproducción del proceso de acumulación capitalista y el mantenimiento/aumento de la tasa de ganancia de los grandes conglomerados empresariales. Así quedó patente en el caso del rescate bancario en el Estado español a partir de 2008. O en el caso del llamado “impuesto al sol” del ya ex ministro de Industria Soria. Y, en el marco de toda una serie interminable de ejemplos de complementariedad sistemática (y por tanto, sistémica) entre los grandes poderes económicos y el poder político, es patente en el caso de la internacionalización empresarial. Efectivamente, si hay un ámbito en el que puede hablarse de “clase políticoempresarial”, es en el de la internacionalización y las políticas públicas destinadas a su fomento. Este fenómeno (y con él, el despliegue del poder y de las estrategias globales de las Empresas Transnacionales –ETN- que lleva aparejado) es inconcebible sin tomar en consideración el rol fundamental que juega el poder político.

El “Segundo Desembarco” español como exponente de una lógica sistémica

El caso español es especialmente ilustrativo. El proceso de creación y consolidación de las principales ETN “españolas” (o, en términos más rigurosos, con sede matriz localizada en territorio español) no fue fruto de ninguna casualidad, ni del libre despliegue de las fuerzas del mercado jugueteando espontáneamente las unas con las otras hasta dar lugar, por arte de magia, a gigantes como Repsol, Endesa, Banco Santander, Iberdrola, Telefónica o BBVA. Estamos, de hecho, ante realidades empresariales creadas desde el poder político en el marco de un planeamiento estratégico “de Estado”. Como “de Estado” se califica la actual política pública de apoyo a la internacionalización de empresas de matriz española en el exterior.

La iniciativa y el diseño del proceso de transnacionalización de los sectores estratégicos de la economía española provinieron del poder político. Efectivamente, en el marco de la recomposición económico-productiva que se venía gestando desde los años 80 con motivo de la inserción del país en la división del trabajo operante en la CEE-UE, los distintos ejecutivos de los años 80 y 90 desplegaron una estrategia que pasó por distintas fases.

En primer lugar, se fomentó la concentración de las distintas unidades empresariales públicas, que operaban en términos casi monopólicos en los sectores estratégicos de la economía española, dando lugar entidades unificadas de gran tamaño. Se trataba de generar grandes conglomerados de carácter público.

A continuación se procedió a privatizar todos esos grandes conglomerados, controlando desde el poder político a las personas directivas e inversionistas que tendrían responsabilidad en sus instancias decisorias y en la estructura de propiedad. El caso de Juan Villalonga, colocado por José María Aznar –su compañero de pupitre en el elitista Colegio del Pilar- como Presidente de Telefónica, fue uno de los más ilustrativos y burdos en lo que respecta a esta práctica, mezcla de nepotismo y afán de control de vectores nucleares de la economía nacional.

En tercer lugar, una vez privatizados estos grandes conglomerados empresariales, se procedió a articular la estrategia de expansión exterior (es decir, de internacionalización), con el fin de convertir a estos gigantes en multinacionales bajo tutela y protección del Gobierno español. El destino escogido para esta expansión fue América Latina, y gracias a este padrinazgo gubernamental, empresas como Iberdrola, BBVA, Banco Santander, Endesa o Unión Fenosa se hicieron con porciones importantes de mercados estratégicos locales. Este proceso de adquisición de empresas, que pasaban a convertirse en filiales locales del nuevo poder multinacional español, tuvo como cooperador necesario al proceso de privatizaciones generalizadas que durante los años 90 aconteció en América Latina. Fue lo que se denominó el “Segundo Desembarco”, y el principal elemento explicativo del proceso fue el impulso, tutela y acompañamiento sistemático del Gobierno español, del signo que fuere, al gran capital involucrado en esta operación.

Crisis económica y expansión del discurso de la internacionalización

Con la crisis de 2008 se reavivaron los esfuerzos del poder político para apoyar y favorecer la internacionalización de las empresas españolas. Frente a la crisis y a la consiguiente caída brutal de la capacidad de consumo en el mercado interno, se presentó la internacionalización como la vía de escape perfecta para proseguir acumulando beneficios. En esta coyuntura se impulsaron algunas iniciativas de sistematización de la política del Gobierno de apoyo a la internacionalización, agrupándola bajo el paraguas de la llamada Marca España, en el contexto del auge general de las marcas-país como vía para envolver estas políticas de fomento empresarial hacia el exterior.

Así, en los últimos años, nos hemos topado con el entonces todavía Príncipe Felipe agradeciendo en 2012 al Gobierno panameño las facilidades ofrecidas al empresariado español a la hora de instalarse en el país [1]. Palabras que adquieren una nueva dimensión hoy, en el marco de la publicación de los conocidos como “Papeles de Panamá”.

O con el ex ministro Soria acompañando en 2015 a delegaciones empresariales españolas a Colombia [2]. Empresas sobre todo de la construcción, como Sacyr, interesadas en el boom que el sector (especialmente de grandes infraestructuras) vive en el país latinoamericano al calor del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos, más conocido por su referencia a las “locomotoras” y su “sala de máquinas” neoliberal.

O con el Gobierno español mediando en 2014 en el conflicto entre el gobierno panameño y, de nuevo, Sacyr, por el conflicto de la paralización de las obras del Canal y la exigencia de la asunción de sobrecostes.

O con los ataques del Gobierno de Rajoy en pleno contra el ejecutivo argentino en 2012 con motivo de la nacionalización de YPF, filial de la multinacional en este país. Multinacional que, en aquel momento, ni siquiera contaba ya con un accionariado mayoritariamente español.

¿En qué consiste el apoyo público a la internacionalización empresarial?

Son estos algunos ejemplos de una política que ha ido sistematizando con el tiempo los elementos que la componen.

Fundamentalmente hablamos del ejercicio de la llamada “diplomacia económica”, del establecimiento de exenciones fiscales, o de la habilitación de programas subvencionales de apoyo, tanto a la exportación como a la instalación permanente en terceros países vía creación de filiales, es decir, Inversión Extranjera Directa.Javier Pérez, de la Plataforma 2015 y más, ha sistematizado el conjunto de elementos sectoriales que compondrían una política de apoyo a la internacionalización empresarial como la española, en lo que ha denominado “mosaico de políticas”[3]:

• Acceso a mercados y protección de las inversiones en el extranjero.
• Apoyo e incentivo financiero a la internacionalización de las empresas.
• Fiscalidad de la actividad de las empresas en el extranjero.
• Lucha contra la corrupción de las empresas en el extranjero.
• Protección de los derechos humanos en relación con la actividad de las empresas transnacionales.
• Participación de las empresas como actores de la política de cooperación al desarrollo.
• Iniciativas voluntarias de Responsabilidad Social Empresarial.

Evidentemente, más allá de la necesidad de contemplar la totalidad de vertientes que representa una política pública tan compleja como la de fomento de la internacionalización de la empresa, el peso fundamental de la misma en casos como el español recae sin duda sobre los tres grandes ejes arriba mencionados.

De la Marca España a la Marca Basque Country

En ámbitos autonómicos han surgido modalidades propias de esta visión del necesario apoyo institucional a las empresas que deseen sumergirse en procesos de internacionalización, vía crecimiento de las exportaciones pero, sobre todo, vía implantación permanente en el exterior mediante la creación de filiales, adquisición de empresas preexistentes en terreno, etc. Cada vez más, la IED se convierte en el eje prioritario de los gobiernos en esta materia. Ahí tenemos el ejemplo de la Marca Basque Country, uno de los proyectos estrella del Gobierno Vasco a partir de la X legislatura.

En este caso, se trata de hacer hincapié en determinados factores de diferenciación que alejarían estas nuevas iniciativas de apoyo a la internacionalización del modelo español de finales de los años 90 y principios de siglo. Efectivamente, como hemos visto, el proceso español tuvo un carácter marcadamente favorable a los intereses del poder corporativo al más alto nivel, convirtiendo en emblemas a unas pocas firmas pertenecientes a la cúspide del Ibex 35. Es decir, se trató de un proceso monopolizado por la élite del gran capital español, ahora transnacionalizado. Procesos como el vasco tratan de poner el foco discursivo en la pequeña y mediana empresa, o en el mundo cooperativo. También se trata de poner en valor una supuesta singularidad económica vasca, tanto en lo que respecta al tejido productivo como al modelo de empresa, que, entre otras cosas, serían factores de fomento de un modelo de globalización más humano, generador de beneficios tanto para la población vasca como para la de los lugares de implantación de las empresas internacionalizadas, y con un nivel de impacto sobre el territorio de destino más reducido que el que ha derivado de la expansión latinoamericana de Repsol, Unión Fenosa, o Endesa, por poner algunos nombres.

El contraste de este discurso con la realidad de la política de apoyo a la internacionalización de sujetos subestatales de relevancia, como el Gobierno Vasco, es uno de los retos más importantes de los próximos tiempos en un área cuya centralidad estratégica crece por momentos.

Gorka Martija es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Artículo publicado en el nº 70 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2016.

Ver en línea : Pueblos, nº 70, julio de 2016.

Notas

[1] www.eldiario.es

[2] www.eldiario.es/