Informe de la misión internacional de Vía Campesina y FIAN en Paraguay: el Estado está cometiendo graves violaciones a los derechos campesinos e indígenas

Campaña Global por la Reforma Agraria
Pan, Tierra y Libertad
Via Campesina - FIAN

“La soja vale más que la vida de las comunidades campesinas e indígenas”
Misión Investigadora Internacional verificó graves violaciones a los derechos campesinos e indígenas en Paraguay

Asunción, 02 de junio del 2006 – La Misión internacional de FIAN y La Vía Campesina llegó a la conclusión que el Estado de Paraguay está cometiendo graves violaciones del derecho a la alimentación al no utilizar el máximo de los recursos disponibles para la reforma agraria.

“La redistribución de tierra, eje de la reforma agraria, está avanzando muy lentamente”, concluyó Sofía Monsalve, coordinadora de la Campaña Global por la Reforma Agraria por parte de FIAN Internacional, una organización de derechos humanos para el derecho a la alimentación. Además añadió que “el instrumento de la expropiación, disponible en casos de un ‘interés social’ se utiliza cada vez menos. Además, los propietarios se oponen exitosamente a la compra de tierras de alta calidad para fines de Reforma Agraria.”

La Misión denunció especialmente la práctica de desalojos violentos de comunidades campesinas que han ocupado latifundios improductivos. “Ante la no implementación de la Reforma Agraria, muchos campesinos sin tierra ejercen sus derechos mediante actos de desobediencia civil. La repuesta del Estado ha sido muchas veces la represión y violencia, convirtiendo a las protestas y reclamos en delitos, y a los pobres en delincuentes.”, declaró Rita Zanotto de La Vía Campesina., un movimiento internacional de campesinos.

Según las averiguaciones de la Misión Internacional, los indígenas, las mujeres, los niños y los ancianos son los grupos más vulnerables quienes enfrentan graves problemas de salud, desnutrición y hambre. “Carecen programas e infraestructura básica para lograr una vida digna”, declaró Monsalve.

Con mucha preocupación la Misión Internacional observó la grave situación de salud, medio ambiente, la expulsión de campesinos a causa de la expansión descontrolada principalmente de la soja. “Se fomenta un modelo agroexportador en detrimento de la soberanía alimentaria; la producción campesina es la base fundamental para la alimentación del pueblo de Paraguay”, comentó Zanotto.

La Misión Internacional verificó 6 casos concretos en los Departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Paraguari, San Pedro, Canindeyú y Caaguazú, en los cuales se constató violaciones de los derechos económicos y sociales, particularmente el derecho a la alimentación, de las comunidades campesinas e indígenas.

También se realizaron audiencias con el Presidente del Congreso Nacional, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del INDERT, Fiscal General del Estado, Secretario del Medio Ambiente, Presidente del Instituto Nacional del Indígena, Gobernador del Departamento de Itapùa, Presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Los Obispos de la Pastoral Social Nacional y Organizaciones de la Sociedad Civil.

La misión se realizó a pedido de las Organizaciones Campesinas integrantes de la Vía Campesina Paraguay: Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Organización de Lucha por la Tierra (OLT), Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) y la organización de derechos humanos Servicio Jurídico Integral Para el Desarrollo Agrario (SEIJA).

La Misión Investigadora Internacional visitó Paraguay del 26 de mayo al 2 de junio para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas. La misión estuvo compuesta por delegados/as de FIAN Internacional (Organización de Derechos Humanos para el derecho a la alimentación) y La Vía Campesina (Movimiento Campesino Internacional) y se realizó en el marco de la “Campana Global por la Reforma Agraria” que estas dos organizaciones impulsan desde 1999.

El resultado final de esta Misión Internacional de la “Campaña Global por la Reforma Agraria” será presentado al Gobierno de la República, a la Sociedad Civil Paraguaya, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para mayor información:

Campaña Global por la Reforma Agraria, moc.ugtennma@argc_anisepmacaiv

FIAN Internacional gro.naif@evlasnom

Contactos en Paraguay: Magui Balbuena(CONAMURI) 021490 203 y 0981 851061- Luis Aguayo(MCNOC) 021 550 598 y 0971 323 614.Alberto Alderete (SEIJA) 0981 224 060.J osè Bobadilla (MCP) 0971 282 994-Mariela González (Apoyo Comunicacional)-0961 896 120

Agradecemos la difusión del mismo. Saludos cordiales

Asunción, 30 de mayo de 2006

Adjuntamos el Informe Preliminar

INFORME PRELIMINAR DE LA MISION INTERNACIONAL

Asunción, 02 de Junio del 2006 – A pedido de las Organizaciones Campesinas integrantes de la Vía Campesina Paraguay: Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Organización de Lucha por la Tierra (OLT), Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) y la organización de derechos humanos Servicio Jurídico Integral Para el Desarrollo Agrario (SEIJA), la Misión Investigadora Internacional visitó Paraguay del 26 de mayo al 2 de junio para verificar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas. La misión estuvo compuesta por delegados/as de FIAN Internacional y La Vía Campesina, y una representante de la Obra Episcopal Alemana de Cooperación al Desarrollo, Misereor en calidad de observadora. La misión se realizó en el marco de la “Campaña Global por la Reforma Agraria” que La Vía Campesina y FIAN impulsan desde 1999. El objetivo de la misión fue verificar denuncias de 6 casos concretos en los Departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Paraguarí, San Pedro y Caaguazú, en los cuales los derechos económicos y sociales, particularmente el derecho a la alimentación y a la tierra, de las comunidades campesinas e indígenas están amenazados o violados. La misión internacional tuvo audiencias con el Presidente del Congreso Nacional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del INDERT, el Fiscal General del Estado, el Secretario del Medio Ambiente, el Presidente del Instituto Nacional del Indígena (INDI), el Gobernador del Departamento de Itapúa, el Presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, los Obispos de la Pastoral Social Nacional y las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Situación General: El Paraguay es el país de América Latina que tiene la más alta concentración de la tierra en manos de unos pocos, mientras que la gran mayoría de la población campesina carece de ella. El último censo agropecuario nacional elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en 1992, nos muestra que el 1 % de los propietarios concentra el 77 % de las tierras mientras que en el otro extremo el 40 % de los agricultores, aquellos que tienen de 0 a 5 hectáreas, poseen sólo el 1 % de las tierras. La desigualdad en la distribución de la tierra se torna alarmante al observar que tan sólo 351 propietarios concentran 9,7 millones de hectáreas, mientras que existen, según organizaciones de la sociedad civil más de 350.000 familias sin tierra o con cantidad de tierra insuficiente.

Esta desigualdad en la distribución de la tierra es una de las causas centrales del hambre y desnutrición grave en el campo ya que el 22,8 % de la población rural está en la extrema pobreza, es decir, sufre de hambre y desnutrición por la ingesta insuficiente de alimentos. El ingreso promedio de dichas familias sólo cubre el 58,3 % del costo de la canasta básica de consumo, lo que implica que consumen sólo un poco más de la mitad de lo que necesita el organismo.

Paraguay ha ratificado el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), por lo tanto está obligado a respetar, proteger y promover el derecho a la alimentación. En el campo esto significa que el Estado tiene que utilizar el máximo de recursos disponibles para implementar una reforma agraria integral que beneficie a los grupos afectados o vulnerables del hambre.

Política de reforma agraria .La redistribución de tierra agrícola a campesinos sin tierra es un eje central de una reforma agraria, donde la falta de acceso a la tierra es una mayor causa de hambre. Observamos, sin embargo, que este proceso está avanzando muy lentamente y que el Estado no está utilizando el máximo de los recursos disponibles. El instrumento de expropiación, disponible en casos de interés social según la Constitución Nacional y el Estatuto Agrario, se está utilizando cada vez menos. Según el Presidente del INDERT, para la expropiación de tierras no hay recursos financieros presupuestados para el pago previo contemplado en la Constitución Nacional. Además, se requiere una mayoría absoluta en el Congreso Nacional en cada caso individual de expropiación lo que constituye un obstáculo para la aplicación de este instrumento. La política vigente de compra de tierras para fines de reforma agraria también se enfrenta a obstáculos como la falta de recursos financieros necesarios, la política y la composición de la Junta Asesora y de Control de Gestión. Según el Presidente del INDERT, en muchas ocasiones algunos miembros de la Junta cercanos de los terratenientes, se oponen a la compra de tierras de alta calidad y prefieren comprar solamente tierras ofertadas voluntariamente por los propietarios, siendo en muchas ocasiones tierras remotas y de baja calidad. Observamos con gran preocupación que el Gobierno pretende resolver el problema del acceso a la tierra a través del mecanismo de mercado que el Banco Mundial está promoviendo en otros países. Las reformas asistidas por el mercado en Colombia, África del Sur, Brasil y otros países, han retardado la redistribución de tierra, forzado a los campesinos sin tierra a pagar precios de mercado a los propietarios, mercantilizado la tierra y socavado principios constitucionales como el de que la tierra cumpla una función social. Tememos que la titulación obligatoria y la dinamización del mercado de tierra aumenten el peligro de que los pequeños campesinos sean presionados a vender tierra y que se legalice la posesión de la tierra malhabida en el tiempo de la dictadura. El proyecto “Políticas de Tierra y Readecuación Institucional para el Desarrollo Rural”, propiciado por el Banco Mundial y con donación por el PHDR de Japón, pretende reestructurar el INDERT para la implementación de las políticas de tierra, sin que se haya previsto la participación y consulta de las organizaciones campesinas.

Desalojos forzosos y criminalización de las luchas sociales. Por la no implementación de un proceso de reforma agraria y al no encontrar respuesta de las instituciones estatales, las organizaciones campesinas e indígenas presionan por exigir sus derechos humanos económicos y sociales, mediante distintas formas de desobediencia civil, como manifestaciones pacíficas, tomas de instituciones, cierres de rutas y ocupaciones de latifundios improductivos. Observamos en los casos visitados que la respuesta del Estado ha sido la represión y violencia, convirtiendo las protestas y reclamos en delitos, y a los pobres que reclaman, en delincuentes. Los desalojos forzosos han sido realizados por el Estado sin que ofreciera a los desahuciados otras tierras para cultivar sus alimentos, como lo prescriben los tratados internacionales de derechos humanos. Los desalojos han sido realizados por las fuerzas de seguridad con el uso desmedido de la fuerza en contravención a los estándares jurídicos internacionales. Los desalojos ilegales, la persecución, las detenciones ilegales, las torturas y los asesinatos de labriegos, en su gran mayoría no han sido investigados por el poder judicial, por lo que dichos actos ilegales han quedado en la impunidad. En algunos casos como el de Benito Gavilán, a las víctimas, por hacer las denuncias de los crímenes que se cometen contra ellas, terminan imputadas por supuestos delitos que cometen. Gavilán fue víctima de un atentado criminal de homicidio frustrado cometido por agentes policiales en Mbuyapey en el 2005. La situación indígena. La inacción del gobierno ante el despojo de sus tierras por parte de estancieros y empresarios de la soja; la negativa del gobierno al reconocimiento de sus territorios, el hambre y la desnutrición, amenazan con la extinción lenta y sistemática, física y cultural de los pueblos y comunidades indígenas.

Consideramos que el Estado paraguayo debe modificar la legislación nacional sobre los pueblos y comunidades indígenas, de tal forma que se adecue a los tratados internacionales de derechos humanos.

La situación de las mujeres, niños y ancianos en el campo. Quienes sufren la mayor discriminación y violaciones a los derechos humanos son los sectores más vulnerables como las mujeres, los niños y los ancianos. Pudimos constatar los graves problemas de salud, el no acceso a la educación, la desnutrición y una alta mortalidad de niños, principalmente. Además que carecen de programas e infraestructura básica para llevar una vida digna.

Crecimiento descontrolado del cultivo de la soja y modelo agroexportador Se ha observado en las comunidades campesinas e indígenas los efectos nocivos del crecimiento del cultivo de la soja en la salud de las personas por el uso de los agrotóxicos, el daño al medio ambiente y la desaparición de algunas comunidades campesinas e indígenas quienes emigran hacia los centros urbanos. El aumento de las áreas cultivadas de soja que permite el Estado a empresarios brasileños principalmente, además de los daños sociales y ambientales, está erosionando la soberanía alimentaria y nacional. Contrario a las proclamaciones de diferentes interlocutores del Gobierno la política agraria no propicia la agricultura campesina que garantiza la alimentación del pueblo y la protección de los recursos naturales. Al contrario se fomenta un modelo agroexportador basado principalmente en el monocultivo extensivo principalmente de la soja.

Verificación de casos específicos en el campo Caso 1 – Comisión Vecinal de Campesinos Sin Tierra “Tetâgua Guaraní”, Dep. de Alto Paraná Encontramos una comunidad integrada por 2000 familias, que han sido desalojadas de manera violenta por fuerzas policiales. Hace dos años están acampados a la orilla de la empresa AGROPECO S.A., supuesta propietaria de 12.000 hectáreas. En el desalojo 14 personas fueron encarceladas, entre ellas dos mujeres madres solteras, las que fueron golpeadas y heridas. Además se destruyeron los cultivos de autoconsumo y se quemaron sus viviendas con sus pertenencias de manera que las familias carecen acceso a los alimentos y sufren de hambre y de grave desnutrición. Las madres denunciaron que los niños sufrieron terribles torturas psicológicas cuyas secuelas permanecen hasta hoy. Caso 2 – Asentamiento campesino “Primero de Marzo”, Dep. de Itapúa Encontramos una comunidad de 145 familias que, acampadas en un área de solo 140 hectáreas, están sufriendo hambre, que solo tienen acceso a agua de mala calidad. Especialmente los niños y las madres están afectados por varias enfermedades. A partir de diciembre del 2005 han sido desalojados de un área de mil hectáreas donde producían suficientes alimentos para el autoconsumo y la venta en el mercado. El desalojo se realizó en diferentes momentos, sin orden judicial y fue encabezado por el fiscal de Edelira, Nelson Ramos. Varias personas fueron gravemente heridas, una mujer sufrió un parto prematuro y un hombre sufrió graves heridas con señas permanentes causadas por balas de goma. Durante la visita de la misión la policía hacía recorridos que tienen efecto intimidatorio, que se manifiesta en el temor de los niños a la presencia de los mismos. Caso 3 – Muerte de Silvino Talavera por intoxicación con agrotóxicos Encontramos una comunidad campesina en Pirapey, km 35, Itapúa, afectada seriamente por la fumigación de los sojales con pesticidas. Como consecuencia de estas fumigaciones falleció en el 2003 el niño Silvino Talavera de 11 años de edad por intoxicación, cuyo cuerpo fue bañado por la fumigación que hacían Herman Schlender y Lauro Laustenlager en sus propiedades, al pasar por frente a la misma. La familia del niño fallecido también fue fumigada por Laustenlager y padecieron graves intoxicaciones pero sin perder la vida.

El caso del niño muerto por agrotóxicos es el primero en ser llevado a la justicia, logrando la condena de los autores en primera instancia, aunque por la apelación de los autores el caso está pendiente. Como consecuencia, la familia de la víctima recibió amenazas de muerte por parte del capataz de los condenados; el tío Serapio Villasboa fue secuestrado y asesinado hace un mes, sin que hasta el momento la justicia haya individualizado a los autores.

Caso 4 – Yryvukuá, Departamento de San Pedro. Encontramos a la Coordinadora Distrital de Sectores Sociales del distrito de Yryvukuá quienes denunciaron todos los atropellos y crímenes cometidos por el “Consejo de Seguridad Ciudadana”. Según los relatos de la coordinadora, este consejo es una banda armada impulsada por el Ministro del Interior a pesar de que ni la constitución o ley alguna permite la creación de este tipo de órganos de seguridad. Hay relatos de muertes, de persecución, de intimidación, de amenazas. Las víctimas de estos crímenes exigen que se desmantelen estos consejos, que se castigue a los culpables de los crímenes y que se recojan todas las armas que fueron distribuidas a miembros del consejo de seguridad ciudadana por agentes gubernamentales.

CASO 5 – Comunidad Indígena Paraje Pukú – Departamento de Caaguazú. Una comunidad indígena abandonada, empobrecida, con hambre, con muchas enfermedades, sin camino, y con sus tierras ocupadas por campesinos manipulados por políticos locales. Los invasores se han apropiado de los recursos naturales de estas tierras y le impiden a la comunidad indígena hacer uso de estos recursos para su subsistencia. Es urgente que la Fiscalía ordene el desalojo de los invasores y que el INDERT proceda a mensurar las 1.065 hectáreas de tierras tradicionales de esta comunidad, de manera que el INDI pueda proceder a entregar estas tierras a la comunidad.

CASO 6 – Comunidad Arroyito Maria Antonia, Distrito Mbuyapey – Departamento de Paraguari 70 familias sin tierra se encuentran acampadas al lado del camino después de que fueron desalojadas violentamente del terreno que habían ocupado desde julio del 2004 como una manera de presionar al INDERT a que les asignara tierras. Sus líderes han sufrido persecuciones y amenazas de muerte y un homicidio frustrado contra el dirigente principal por lo que actualmente ha tenido que abandonar su familia. Las familias padecen hambre y hay casos de niñas que necesitan atención médica urgentemente. Es urgente que el INDERT proceda comprar la tierra ofrecida por un terrateniente cercano al área del campamento, al mismo tiempo que proceda a afectar tierras expropiables de la zona.

Resultado de audiencias La Misión fue recibida en forma deferente y cortés por las diferentes autoridades quienes brindaron informaciones requeridas y sus puntos de vistas sobre la problemática planteada, las que en su mayoría difieren de la realidad que hemos comprobado.Las autoridades manifestaron su disposición para implementar medidas para la prevención de los hechos ilícitos y encaminar soluciones a los problemas. Lamentamos profundamente que el Señor Presidente de la República no haya recibido a la Misión pese a los reiterados pedidos de audiencias solicitados. Hubiera sido una buena oportunidad de demostrar sus promesas de apertura y cooperación con Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos. Agradecemos a las organizaciones de la sociedad civil por compartir su información, opinión y ofrecimiento de contribuir a buscar juntos alternativas de solución.

Seguimiento de la Misión. El presente informe de carácter preliminar será elaborado y concluido a finales del mes de julio, que luego será presentado a las organizaciones campesinas y de derechos humanos en el Paraguay así como a las respectivas instituciones estatales, además será presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, a los Relatores Especiales del Derecho a la Alimentación, del Derecho a la Vivienda, de los Defensores de Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Le estaremos dando seguimiento al cumplimiento de los compromisos ofrecidos por las autoridades gubernamentales a la Misión Internacional. En aras de denunciar la invasión de grandes agricultores sojeros brasileros en el país, emprenderemos una campaña de información y denuncias a la sociedad brasileña y al gobierno del Brasil, tendiente a considerar esta grave situación.

moc.ugttenma@argc_anisepmacaiv / gro.naif@evlasnom