Impacto social y ambiental de las multinacionales y los megaproyectos en Colombia, por Irene Vélez

Entendemos la sustentabilidad como el único camino posible que tenemos los seres humanos para salir de la encrucijada de vida o muerte en la que nos encontramos, crisis que se refleja claramente en las caóticas condiciones sociales y ambientales en las que se encuentra la mayoría de la población planetaria. La sustentabilidad se presenta como la posibilidad que tiene la humanidad de desarrollar proyectos de vida y de sociedad, justos, equitativos y autodeterminados, enmarcados en un territorio en el cual, la relación con los demás seres de la naturaleza se rige por el equilibrio y la justicia.

En estos tiempos en que todo tiene un precio, incluso la vida misma por descabellado que resulte, existen ejemplos que nos prueban que es posible construir sociedades en las que las relaciones que se desarrollen eviten la agresión entre nosotros y a los demás seres del universo; estos ejemplos están en la cotidianidad de hombres y mujeres que a través de sus prácticas culturales han logrado desarrollar a lo largo del tiempo, una verdadera sustentabilidad: culturas como la indígena, la afro colombiana, la campesina, entre otras, que están ahí como testimonio de sustentabilidad para nuestra sociedad.

Pretendemos en este espacio ilustrar la situación de conflicto ambiental y social que vivimos en Colombia, cuyo origen se ve claramente relacionado con la intervención que las multinacionales y los grandes megaproyectos, impulsados por agencias transnacionales, hacen en nuestros territorios, atentando contra cualquier posibilidad y estrategia de construcción de sustentabilidad. Intentaremos exponer la posición que como jóvenes tenemos frente a esta situación, dilucidando nuestras propuestas y estrategias en la preservación y construcción de condiciones ambientales y sociales sustentables, explicando y reafirmando la importancia de detener la explotación indiscriminada y el robo que las multinacionales hacen de los recursos naturales de países como Colombia; explotación que acaba, no sólo con los recursos naturales, sino también con las culturas que se han desarrollado en el territorio y que necesitan de él para su supervivencia.

Nos interesa mostrar que Colombia, como muchos otros países del sur, esta siendo fuertemente afectada en términos de diversidad cultural, construcción de sociedades sustentables y preservación del medio ambiente, por la intervención que en nuestros territorios hacen las multinacionales a través de megaproyectos, que sólo están generando pobreza, perdida de la diversidad cultural y biológica, deterioro de las condiciones ambientales sustentables, entre otros problemas. Nos interesa señalar que lo que países como el nuestro necesitan no son mayor cantidad de donaciones por parte de países desarrollados, sino, que se detenga la intervención y explotación desmedida de nuestros recursos, de manera que se garanticen las condiciones para la construcción de nueva civilización: una en la que por fin, todos podamos Ser sin obstáculos.

Los problemas

El concepto de desarrollo que los grandes poderes económicos y políticos del mundo utilizan, se nos presenta como un modelo universal, científico y tecnológico cuyos patrones son impuestos como prototipo para todo el conjunto de la humanidad. De esta manera, las formas locales y tradicionales de vivir y relacionarse con el ambiente a partir de patrones culturales propios y sustentables, son calificadas de "premodernas", "pobres", "periféricas", "subdesarrolladas". El resultado, es pues, la negación de toda estrategia de construir sustentabilidad que se diferencie de la versión convencional de desarrollo capitalista.

En países como el nuestro se observa que la apertura de los mercados equivale a: la destrucción de sistemas productivos sustentables; migración de comunidades locales hacia las grandes urbes, debido al desplazamiento que se hace infrenable en las regiones; quiebra de la pequeña y mediana industria; empobrecimiento de los agricultores; explotación desmedida e irracional de los recursos naturales; concentración de la riqueza y afianzamiento del inmenso abismo que se abre cada vez más entre la población pobre y la población rica, generando una pobreza y miseria de proporciones sin precedentes.

Los megaproyectos que son liderados por las grandes multinacionales se evidencian como: primero, un claro ejemplo de la contradicción que hay entre el supuesto desarrollo de una nación en términos capitalistas y las prácticas de las comunidades que ancestralmente han habitado los territorios de nuestro país; las comunidades tienen una visión del territorio según la cual no existe dicotomía alguna entre la Tierra y el Ser (opuesto al dualismo occidental) de manera que para ellas Ser es "ser en el territorio", territorio en el que ancestralmente se han construido a través de prácticas sustentables. Y segundo, una clara estrategia por parte de los grandes poderes mundiales de apropiarse de las riquezas biológicas y culturales de países como Colombia, y finalmente apropiarse de nuestro territorio.

Decimos pues que existen varias estrategias de estos grandes poderes que evidencian una intención de despliegue geoestratégico para controlar nuestros recursos naturales y nuestros territorios; algunos de estos esquemas intervencionistas se expresan en programas como el Plan Colombia que, con la excusa de debilitar el negocio del narcotráfico, ha fortalecido el sometimiento de las políticas nacionales a los intereses de la dinámica capitalista; atentando contra cualquier pretensión de soberanía y sustentabilidad, haciendo cada vez más patente el control extranjero de regiones especialmente estratégicas a nivel planetario como lo es la Amazonía. Plan que ha causado, entre otras cosas, fenómenos como el desplazamiento, la pérdida del sustento alimentario, la contaminación de las fuentes de agua, el detrimento de la salud de las comunidades locales, etc.; todo debido a las fumigaciones que, entre otras cosas, sólo han logrado reducir en un 14% las hectáreas de coca cultivadas que, en el año 2000 estaban alrededor de las 163.000 Hectáreas.

La política estatal colombiana es, a pesar de la resistencia de las comunidades, una política "compensatoria" que indemniza a las comunidades por los daños ocasionados, daños que responden a los intereses de la actual racionalidad económica capitalista, aún por encima del bienestar de la sociedad y en contra de toda sustentabilidad. Es esta política la sistematización del abuso que se comete contra las comunidades y el medio ambiente ya que, a través de ella se legitiman y perpetúan los daños irremediables que se hacen a las comunidades y su medio ambiente.

El problema se encuentra, sin duda alguna, en pensar que el mundo es un mercado, en pensar que todo está sujeto a las leyes de compra y venta y que éstas han de ser entonces las que determinen los principios de la política, incluso si estos atentan contra toda pretensión de justicia ambiental y social por parte de las comunidades y pueblos. El capital financiero parece haber adquirido una autonomía sobre los individuos, las comunidades, los pueblos, e incluso sobre el sector productivo, que ha hecho que las leyes de la economía estén al margen y aún por encima de los hombres y mujeres de la sociedad. Imponiendo a nuestros gobiernos y gobernantes una forma de ver el mundo que sólo ha ponderado las intervenciones que se hacen a nuestros territorios, afectando la sustentabilidad y atentando contra el legítimo derecho que, como pueblos, tenemos a Ser.

Para las comunidades y pueblos que han construido ancestralmente sustentabilidad en sus territorios, el desarrollo debe guiarse por unos principios derivados de sus derechos y aspiraciones y debe buscar la afirmación de la cultura y la preservación del medio ambiente. Sin embargo, a pesar del empeño y claridad de las comunidades y pueblos, y de la protección y respaldo que el Estado dice otorgarles, son las fuerzas del mercado las que definen las metas del desarrollo en países como Colombia.

Las intervenciones que en nombre del Desarrollo de una Nación se hacen a los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y afro colombianas han sido, ante todo, un camino rápido hacia la colonización de los territorios, la destrucción de los ecosistemas y una presión para que los miembros de las comunidades abandonen sus valores sociales, culturales y económicos tradicionales y para que finalmente se alejen para siempre de la sustentabilidad.

Los ejemplos que en Colombia tenemos de la intervención que se ha hecho a los territorios de las comunidades, están presentes a lo largo y ancho de la geografía nacional: las comunidades afro colombianas, U'WA, Páez, Embera Katio, los pescadores del Río Sinú, los campesinos del Macizo colombiano, los grandes megaproyectos petroleros de la región de la Orino quía, son tan sólo algunos de los casos en los que, en nombre del "desarrollo", se han desconocido los derechos que como individuos, comunidades y pueblos tenemos. Este desconocimiento ha generando escenarios de conflicto y violencia que se manifiestan, no sólo en la aparición de grupos armados que imponen con la irracionalidad de las armas lo que con la razón y la argumentación no consiguen; sino también, con el desconocimiento de los valores tradicionales, del territorio y de la importancia de éste en la constitución del Ser, en la construcción de las diferentes formas sustentables de relacionarse, de ver y entender el mundo.

Los pueblos y comunidades indígenas

Para sólo citar un ejemplo de lo anterior, hablaremos del megaproyecto multipropósitos Urrá. Proyecto que ha sido ante todo, un proceso, a todas luces dañino para las comunidades indígenas, campesinas y de pescadores que han habitado ancestralmente los terrenos aledaños al Río Sinú, entre otras cosas, por la cantidad de violencia que se ha generado alrededor del proceso de su construcción y funcionamiento, violencia que ha dado como resultado la muerte y desaparición de importantes voceros, líderes y chamanes de la comunidad como Alonso Domico Jurupia, Alejandro Domico, Lucindo Domico Cabrera, Rubén Darío Mosquera Pernía, Kimy Pernía Domico, entre otros.

En el proceso de construcción de la hidroeléctrica de Urrá ha generado grandes alteraciones a los ecosistemas y culturas de la región, tales como:

- Alteración y destrucción de importantes ecosistemas de páramo, selva húmeda, humedales y estuarios.

- Alteración del balance hidrológico, que ha dado como resultado la desecación de ciénagas y la muerte de muchas de las especies de peces que allí habitan. De lo que resulta, entre otras cosas, el deterioro de la economía de los pescadores del Bajo Sinú y la desnutrición de los indígenas Emberas y Zenús del Alto Sinú.

- Generación de procesos de división interna de la comunidad Embera. Lo que ha generado pérdidas humanas y pérdida de la cultural.

- Perdida de formas de transporte tradicional a través del río.

- Penetración de aguas salinas en el estuario.

- Desplazamiento de por lo menos 300 personas.

- Inundación de las tierras más fértiles de la comunidad Embera Katio.

- Inundación de 28 lugares sagrados de la comunidad.

- Indemnización monetaria que ha generado abandono del territorio, alcoholismo y prostitución.

El Ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr, y el Ministro del Interior, en su afán por impulsar los acuerdos que legalmente son necesarios para este tipo de acciones (la inundación de un territorio con dueño) engañó a los gobernadores indígenas para que dieran el aval para el llenado y operación del embalse, así, lograron que un sector del pueblo Embera (Cabildo del Río Esmeralda), sin tener en cuenta los impactos y daños futuros del megaproyecto, aceptara una indemnización monetaria de US $ 18 mensuales para cada persona desplazada y la sustitución de sus tierras, a cambio de aprobar la inundación de sus territorios.

Para la comunidad indígena Zenú, también afectada por el proyecto Multipropósitos Urrá, la tierra es fundamental dentro de la lucha: es fuente del conocimiento, es el medio de subsistencia, y significa entonces la vida, el presente, el futuro, la seguridad alimentaria, la libertad, la protección y el fortalecimiento de la identidad cultural: "nos entierran el ombligo en ella al nacer, eso nos da derecho a vivir, defenderla y morir por ella".

El proyecto Urrá ha significado para la cultura Zenú, entre otras cosas, debido a la desecación de la ciénaga del Bajo Sinú, el arrebatamiento del sustento del verano (comprendido entre diciembre y mayo), ya que en esta época los miembros de la comunidad bajan a la ciénaga a cumplir la misión de agricultores, recolectores y cazadores.

Consideramos que desde ningún punto de vista es excusable el atentado que se hace, mediante la explotación del territorio, a las comunidades indígenas, de pescadores y campesinas. El supuesto "desarrollo" de una nación no puede ser la razón que justifique la muerte de tantos otros miembros de la sociedad y el detrimento de las prácticas sustentables de comunidades y pueblos. Además, estos megaproyectos no son sinónimos de desarrollo económico de la nación, si examinamos el caso del petróleo, por ejemplo, nos damos cuenta que este se está exportando como materia prima cuando al procesarlo y producir sus derivados se aumenta la ganancia en más de un 400%.

Las comunidades afrodescendientes

La región geográfica del Pacífico Colombiano ha sido considerada como fuente de materias primas y como depositaria de riquezas naturales que se creían inagotables y que el conocimiento de los hechos han mostrado que no lo son. La Fiscalía General de la Nación afirma que El Pacífico Colombiano "(...) se convierte cada vez más en una región de interés nacional e internacional [y por esta razón] existen mayores posibilidades de introducir proyectos de inversión pública que ignoren las estrategias adaptativas de la comunidad local y amenacen la estabilidad ecológica - ambiental de la región".

Carlos Rosero, antropólogo afro-colombiano del Proceso de Comunidades Negras de Colombia afirma que el territorio representa la posibilidad de construir, desde la diferencia, la sustentabilidad, único escenario en el que es posible vivir la diversidad. En detalle podemos observar que el desplazamiento de una comunidad para explotar su territorio constituye una insalvable injusticia y una inevitable causa de conflicto ambiental y social, por varias razones precisas:

Una comunidad ubicada en la parte media de un río, por ejemplo, no puede ser ubicada río arriba porque las prácticas productivas son diferentes.

Los curanderos se encuentran con los mayores (los muertos) en lugares del territorio en el que habitan; en un nuevo lugar de asentamiento ¿dónde podrían encontrarse con sus muertos?

Cuando una persona se muere sus familiares y amigos siembran un árbol con el que han de seguir teniendo una relación similar a la que tenían con la persona viva, en otro lugar ¿dónde podría estar este árbol?

Los palenques (que son su territorio) son un sistema cuya dinámica depende de todos los pequeños y grandes asentamientos que hay alrededor del río, con un sólo asentamiento que se desplace se interrumpe todo el sistema que constituye territorio sustentable.

Cada comunidad asentada alrededor del río ha generado una relación con su territorio que es producto de un reconocimiento ancestral del espacio en el que se habita, éste reconocimiento tardaría siglos en volverse a dar.

Ahora, dinero en compensación por la expropiación del territorio tampoco constituye justicia tanto por el valor (no monetario) que tiene todo lo anterior, como porque en las relaciones productivas y económicas de éstas comunidades no existe el dinero; éstas relaciones se fundamentan en una lógica de intercambio en vez de venta y de préstamo en vez de arriendo, en este sentido, el dinero en compensación por la expropiación injusta de alguno de sus territorios no constituye justicia, ya que este no tiene ningún sentido dentro de sus relaciones y concepciones de vida.

Puede verse entonces, que la defensa de las prácticas culturales es un asunto estratégico tanto para la encarnación de la resistencia al capitalismo y a la modernidad, como para la construcción de sustentabilidad. En este sentido, las comunidades negras que a unísono levantan las banderas de territorio, autonomía y sustentabilidad son consientes de que el modelo económico dominante, encarnado en la estrategia extractiva de las multinacionales, impone una lógica para pensar la región que impide el ejercicio prospectivo en la búsqueda de alternativas sustentables de preservación y manejo de la biodiversidad y, de esta manera, son consientes que la defensa del territorio implica la defensa del complejo patrón de relaciones sociales y construcciones culturales que sustentan a la comunidad.

Nuestras aspiraciones y propuestas

Lo que requerimos para garantizar las posibilidades de construir sustentabilidad es que se pare la explotación desmedida de nuestros recursos naturales y culturales. Es decir, una decisión por parte de las grandes fuerzas económicas y políticas de parar su agresión contra las comunidades y el medio ambiente, decisión que sólo puede ser tomada tras la concienzuda reforma de la teoría y practica económica dominante, de manera que las metas del desarrollo comprendan e integren las estrategias adaptativas ancestrales, el conocimiento de los pueblos y comunidades, y las iniciativas de los diferentes sectores sociales y culturales en busca de condiciones que garanticen la vida y la paz.

Nuestros pueblos, individuos y comunidades exigen que se les reconozca el igual valor a todas las culturas, no sólo que se las deje sobrevivir, sino que se les reconozca su legítimo valor; lo que se requiere no son mayores o nuevos espacios y derechos dentro de una política liberal, sino "auténticos juicios de valor igualitario". Los pueblos que serían los supuestos beneficiarios de una política del reconocimiento esperan de ésta, que sea, no la posibilidad de acceder a cargos de poder, ni la condescendencia "ciega" por parte de los demás, ni una mayor cantidad de donaciones por parte de los países desarrollados, sino la posibilidad de ejercer su genuino derecho a un verdadero respeto y valoración de sus construcciones sustentables.

En este sentido, toda política que pretenda brindar unas condiciones de justicia ambiental y social que garanticen condiciones de paz en los países, debe reconocer la posesión y propiedad de los territorios y recursos naturales que ancestralmente han pertenecido a las comunidades y pueblos; también debe permitir desarrollar en estos territorios las formas de gobierno y de jurisprudencia ancestralmente utilizadas, desarrollar el sistema político y económico que se ha construido tras un proceso milenario, respetando al igual que reconociendo pleno derecho de las comunidades a ejercer sobre su territorio principios culturales, religiosos, políticos y económicos, que ancestralmente han fundamentado las relaciones justas entre la gente, el manejo soberano de los recursos naturales y la relación sustentable con el medio ambiente.

*Fuente: Fundación Censat Agua Viva.

Publicado por: Etnias de Colombia