Honduras y Paraguay: el fantasma acecha tras los golpes del agronegocio

Denuncian complicidad estadounidense en el derrocamiento de Zelaya y Lugo

Por Carmen Esquivel Sarría, Nubia Piqueras Grosso y Javier Rodríguez *

París, La Habana y Asunción (PL).- El aumento de la corrupción, la violencia, el desempleo y la pobreza distinguen a Honduras cuatro años después del golpe de Estado, perpetrado el 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente constitucional Manuel Zelaya. A un año del derrocamiento de Fernando Lugo en Paraguay, llaman a evitar la criminalización de la histórica lucha del campesinado paraguayo por la tierra, así como la movilización popular para sacar del poder a la mafia política del país.

Las similitudes de los golpes de Estado en Honduras y Paraguay y la complicidad de Estados Unidos en ese quiebre democrático fueron denunciados el año pasado en Francia durante una conferencia en la Casa de la América Latina “Cuando vemos lo ocurrido en ambos países nos damos cuenta que estamos ante nuevas formas de derrocar gobiernos democráticamente elegidos que han iniciado reformas de mayor inclusión social y participación popular”, explicó a Prensa Latina el dirigente del Colectivo Paraguay Gustavo Zaracho.

El 28 de junio de 2009 el entonces presidente hondureño Manuel Zelaya fue secuestrado y llevado a la fuerza a Costa Rica por militares encapuchados para impedir la realización ese día de una encuesta sobre futuras reformas constitucionales. Tres años después, también en el mes de junio, su homólogo paraguayo, Fernando Lugo, fue destituido tras un expeditivo juicio político que la comunidad internacional calificó de golpe de Estado Parlamentario.

Hay mucha semejanza entre lo ocurrido en los dos países. Lo que no funcionó en Honduras lo perfeccionaron en Paraguay, denunció a través de una videoconferencia Dina Meza, activista del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Declaró la también periodista hondureña que en los dos casos se trató de legalizar el golpe de Estado y de presentarlo como una sustitución presidencial y no como una ruptura democrática.

Oradores en el encuentro recordaron que los documentos publicados posteriormente por Wikileaks revelaron la implicación de Estados Unidos en el golpe de Estado en Honduras y afirmaron que después de lo ocurrido aumentaron a siete las bases militares norteamericanas en ese país centroamericano. La oligarquía hondureña, en complicidad con los militares, perpetraron el golpe para destruir lo que se había avanzado con el gobierno de Zelaya.

En Paraguay las grandes multinacionales del sector agroalimentario, como Monsanto, Cargill y otras, intervinieron directamente en el complot porque el gobierno de Lugo, en algunos aspectos, dificultaba las acciones de esas grandes empresas, explicó Zaracho. Otros consorcios como el canadiense Río Tinto Alcán, que desde hace años intenta instalarse en Paraguay, así como la oligarquía nacional que veía sus intereses peligrar, estuvieron implicadas en la ruptura institucional.

Zaracho alertó sobre el peligro de un aumento de los golpes de Estado en América Latina, alentados por los sectores estadounidenses más conservadores, que quieran intervenir como antaño en la región. En un mensaje transmitido a la conferencia el presidente Fernando Lugo destacó la importancia de este encuentro y agradeció la solidaridad internacional hacia su país. El orden constitucional volverá a Paraguay de la mano de los demócratas, no de los golpistas, dijo Lugo y añadió que pueden desalojar a un presidente, pero no revertir la decisión de un pueblo de vivir en democracia.

Paraguay: El regreso a Curuguaty

Un año después de los trágicos sucesos del 15 de junio del 2012, los paraguayos vuelven nuevamente los ojos hacia Curuguaty, a 240 kilómetros de Asunción, escenario del acontecimiento que dio un giro a la historia presente del país. En realidad, no se trata sólo de un aniversario, porque Curuguaty permaneció presente durante todo el tiempo en el desarrollo del panorama político de la nación guaraní, que se mide en un antes y un después del sangriento desalojo campesino efectuado ese día.

Es imprescindible recordar los principales elementos que rodearon lo ocurrido entonces, muchos de los cuales siguen manteniéndose como puntos vitales, tanto para cualquier análisis de los hechos como del influjo que mantienen en el día a día paraguayo. En primer lugar, todo partió de la impactante realidad que constituye el problema de la tenencia de la tierra en el país mediterráneo, con cifras impresionantes de una masa calculada en 300 mil campesinos sin acceso a ella, muchos viviendo en carpas en las cercanías de los grandes latifundios.

Más de un 40 por ciento de los paraguayos viven en territorios rurales, pero también más del 90 por ciento de las tierras cultivables está en poder del dos por ciento de grandes propietarios nacionales y extranjeros. La pobreza golpea hasta al 49 por ciento de la población, 29 por ciento de ella viviendo en la pobreza extrema y es precisamente en este ultimo sector donde se ubica la mayor parte del campesinado que poco sabe o entiende de las jubilosas estadísticas sobre las buenas noticias publicadas continuamente en relación con el estado de la macroeconomía.

La ONU, la FAO, las instancias internacionales de Derechos Humanos, señalan reiteradamente la grave situación del campo paraguayo y la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos, que realizó un impresionante estudio sobre lo ocurrido en Curuguaty, sitúa a Paraguay como uno de los países con mayor desigualdad en el mundo.

La ya famosa frase ¿Qué pasó en Curuguaty? se ha repetido miles de veces durante este año como consigna vital en protestas campesinas y sindicales, en manifestaciones y concentraciones, y en las pintadas que pueden verse en las calles de ciudades y pueblos. Hay cosas que están muy claras para todos. El fatídico 15 de junio del pasado año, más de 600 policías armados llegaron hasta la finca Marina Cué, en Curuguaty, donde grupos de familias campesinas, integradas por hombres, mujeres y niños, reclamaban el derecho sobre unas dos mil hectáreas.

Esto es apenas una parte del latifundio de la familia Riquelme, mantenido en su poder a pesar de los reclamos por ser tierras pertenecientes al Estado y destinadas a una supuesta Reforma Agraria. Por decisión de un fiscal y una jueza, se convirtió una orden de imputación de los campesinos en otra de desalojo inmediato por la fuerza y un tiroteo generalizado dejó como saldo 11 labriegos y seis policías muertos, más de 70 heridos y un grupo de civiles detenidos.

La investigación de la Plataforma, encabezada por un jurista español, con lujo de detalles, fotografías, videos y declaraciones de quienes se encontraban en el lugar, mostró que personas desconocidas, con armas automáticas nunca poseídas por los campesinos, iniciaron el tiroteo y facilitaron la represión indiscriminada. El país estremecido hasta sus fibras más íntimas, una campaña mediática implacable y una conjunción de planes de los partidos tradicionales, lograron casi inmediatamente lo que, para muchos, fue el objetivo cuidadosamente preparado: el golpe parlamentario para destituir al presidente constitucional y ocupar el poder.

Durante todo el tiempo transcurrido posteriormente, organizaciones sociales y sectores progresistas insistieron en la necesidad de aclarar debidamente el episodio. Los abogados defensores de los 14 presos, todos campesinos, denunciaron el carácter parcial de la actitud del fiscal Jalil Rachid, a quien acusan de vinculación familiar y amistosa con los latifundistas de la zona, incluida a la propia familia Riquelme, sin conseguir eliminarlo de la causa.

También lo acusaron de no admitir en la propia causa las pruebas presentadas sobre la inocencia de los presos, los atropellos contra ellos, la muerte innecesaria de algunos de los labriegos fallecidos y las condiciones de prisión de los encarcelados durante el largo período de tiempo sin juicio, incluidas dos mujeres embarazadas.

El documentado informe de la Plataforma permitió revivir gráficamente instantes de los hechos que abonan a favor de la presencia en el lugar de elementos ajenos a los trabajadores rurales, cuya misión fue magnificar el mortal incidente. Ahora, Paraguay arriba al primer aniversario de la llamada masacre de Curuguaty y encuentra a muchos campesinos de la zona y familiares de las víctimas dispuestos a reeditar la ocupación de las tierras en reclamo de justicia y de la intervención del Estado para recuperarlas y entregarlas a los campesinos.

Los sectores de izquierda y especialmente el Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones progresistas, pretenden reclamar en el nuevo Congreso que tomará posesión el primero de julio, la integración de una Comisión independiente para que resplandezca la verdad. El tiempo dirá si ello se logra y si en Curuguaty se consigue vencer el derecho de los campesinos por sobre el insaciable apetito de los geófagos paraguayos.

El presidente del paraguayo Frente Guasu Fernando Lugo dijo que el atentado contra el ganadero Luis Lindstron tiene la marca del accionar de la mafia presente en otros hechos de violencia en el país. En apoyo a esa afirmación, puntualizó el ensañamiento propio de asesinatos mafiosos y se refirió a los 15 disparos recibidos por Lindstron este viernes y hechos parecidos en la zona de Pedro Juan Caballero, frontriza con Brasil.

Al responder a preguntas de la prensa, Lugo llamó la atención de que el grupo armado mencionado en principio como responsable del hecho acostumbra a reivindicar sus acciones, lo cual hasta ahora no sucedió, aunque no niega su responsabilidad ni la rechaza. Igualmente, recordó que Aníbal Lindstron, hermano de la víctima, acuso a la policía de estar implicada en el ataque que costo la vida al ganadero.

Sin dejar de eximir de responsabilidad al grupo que, según la policía, opera en los departamentos de San Pedro y Concepción, pidió se abran otras líneas de investigación, relacionadas con la actuación de la policía y la eventual acción de la mafia. Añadió Lugo que lo sucedido no puede quedarse en la nebulosa como el caso del desalojo campesino de Curuguaty, durante el cual murieron 11 labriegos y seis policías y para el que también reclamó se abra otra línea de investigación independiente.

Impedir la criminalización de la lucha campesina

Domingo Laino nos recibió en la acogedora sala de su residencia después de traspasar el umbral de una puerta que, a su costado derecho, llama la atención del transeúnte por un imponente mural con batallas populares y clamores, materializado por manos militantes a las cuales cedió ese espacio. Economista, escritor, dos veces candidato presidencial, ex diputado y ex senador, Laino vuelca ahora sus esfuerzos entusiastas, como en otras ocasiones, a la defensa de los campesinos sin tierras y en el aporte a la recuperación de un proceso democrático en Paraguay.

Ese camino lo llevó a la fundación de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, en una nación donde la inequidad en la tenencia de la tierra, el poder del latifundio y la lluvia constante de denuncias sobre la corrupción del Poder Judicial y las autoridades niegan sus derechos a los labriegos y comunidades autóctonas.

El esclarecimiento de la llamada masacre de Curuguaty, el sangriento desalojo campesino en la localidad paraguaya del mismo nombre en junio pasado, que devino argumento fundamental para la expedita destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo, es el nuevo reto de la Plataforma. Laino siente como un triunfo de ella y de las organizaciones de derechos humanos paraguayas la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que demandó al gobierno de Federico Franco el esclarecimiento definitivo del luctuoso episodio de Curuguaty y de la operación política desarrollada para la ruptura del orden constitucional.

En Curuguaty lo principal es la real propiedad de esas tierras que no son de quienes pidieron el desalojo por la fuerza de los campesinos, pues esos latifundistas no tienen la titularidad correspondiente, son los verdaderos invasores, no las familias de labriegos, apuntó inicialmente. La investigación hecha por la Plataforma en el lugar de los hechos, con la ayuda del abogado español Ayrton Martínez, demostró que los terrenos fueron donados al Estado por la empresa Industrial Paraguay S.A. debido a un tributo no pagado y se asignaron al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra para distribuir entre los campesinos.

Se trata de una propiedad pública, del Estado, los campesinos no fueron allí a invadir, los verdaderos invasores son quienes se adueñaron de ellas y nunca han podido, a pesar de nuestras exigencias, presentar la titularidad porque sencillamente no existe, subrayó. El entrevistado fustigó la actuación del fiscal Jamil Halid, a cuyo cargo está la causa, la cual denominó una farsa, "pues es una investigación arbitraria, elaboró los cargos solamente con los criterios de policías y sus familiares y por declaraciones anónimas, para criminalizar la lucha campesina y demonizar a Rubén Villalba, el líder agrario, porque es miembro del Partido Comunista".

Recordó las visitas a la zona, sus diálogos con los labriegos y las narraciones de los atropellos y torturas sufridos, así como el relato de los asesinatos en el lugar de los hechos. Hubo personas fusiladas allí mismo con tiros a corta distancia en la cabeza, un joven de 15 años preso, apaleado, torturado, para obligarlo a confesar cosas inciertas, un campesino con un balazo en la quijada que pasó siete meses sin asistencia médica y aún sufre de infecciones, dijo.

Por supuesto, señaló, ni el fiscal Halid ni la Fiscalía General tomaron en cuenta los gravísimos descubrimientos hechos por la Plataforma y silenciados convenientemente, los cuales fueron seguidos por los asesinatos en las puertas de su casa de dos dirigentes campesinos, testigos excepcionales de todo lo ocurrido. Por todas las razones anteriores es que Laino siente la reciente resolución de la ONU como una suerte de victoria de la Plataforma que impulsa a sus integrantes a continuar adelante.

Vamos a sacar a la luz pública todos los documentos, filmaciones y otras pruebas en nuestro poder y que, en su momento, fueron presentados sin éxito a la Fiscalía pero ahora contribuyeron al fallo de la ONU, anunció. Una prueba de la contundencia de las pruebas presentadas es que el gobierno de Franco mandó a Ginebra una delegación integrada por su ministra de Trabajo y Justicia, el Fiscal General del Estado y otros funcionarios pero les fue imposible convencer a la Comisión de la ONU.

Una pausa en la entrevista para aceptar un café no fue motivo de que el entusiasmo de Laino disminuyera, sobre todo al analizar la actitud asumida por el actual gobierno paraguayo intentando disminuir la importancia del pronunciamiento de la ONU y, por supuesto, no mostrando interés en cumplir las recomendaciones allí hechas. La resolución de Naciones Unidas es demasiado importante para que puedan ignorarla pues es una exigencia de la comunidad internacional, adoptada por unanimidad en el seno del Comité de Derechos Humanos reclamando adoptar las medidas necesarias ante la realidad y gravedad de las denuncias, manifestó.

Irónicamente, se refiere a esa posición adoptada por el presidente Franco: Yo he conocido a muchos políticos del Partido Liberal pero Franco es uno de los más limitados; sus limitaciones intelectuales son bárbaras, quiere minimizar el acuerdo de la ONU porque no le conviene tomarlo en serio, pero es imposible lograrlo, expresó. Ya en la despedida, planteó la trascendencia de esta batalla por evitar la criminalización de la histórica lucha del campesinado paraguayo por la tierra, así como la movilización popular para sacar del poder a lo que definió como la mafia política del país.

Golpe de Estado en Honduras: el fantasma acecha

El aumento de la corrupción, la violencia, el desempleo y la pobreza distinguen a Honduras cuatro años después del golpe de Estado, perpetrado el 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente constitucional Manuel Zelaya. Ese panorama se recrudece al convertirse esa nación centroamericana en una de las principales rutas del tráfico de drogas hacia el mayor consumidor mundial, Estados Unidos, y por incapacidad del Gobierno para superar conflictos sociales.

En los últimos 19 meses, los poderes Ejecutivo y Legislativo aprobaron sin éxito 17 disposiciones para combatir la criminalidad, que al cierre de 2012 exhibía una tasa de 86 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Este hecho cobra más relevancia cuando los casos llegan a los tribunales de justicia y solo se investiga el 20 por ciento de los crímenes, confirman autoridades hondureñas que explican así el alto nivel de impunidad.

Justamente la poca efectividad en las pesquisas y los altos niveles de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad obligaron a realizar pruebas de confianza entre los uniformados, en un intento por depurar a la Policía. En declaraciones a BBC, publicadas el pasado año, Zelaya aseguró que la situación en la nación centroamericana empeoró tras la asonada golpista.

“Los derechos humanos no son respetados, la economía apunta hacia abajo, la pobreza aumentó y el país se convirtió, según datos públicos, en el más violento del mundo con una tasa de homicidios récord”, precisó el político.

Un reciente informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales reveló que la crisis fiscal en Honduras se agudiza pese a las reformas tributarias introducidas por el Gobierno. Según este organismo, la nación centroamericana atraviesa una situación caracterizada por alta violencia, inestabilidad institucional, ingresos insuficientes, gasto público poco transparente y un déficit que hizo insostenible la deuda.

Sobre este particular, el economista Hugo Noé acotó que el saldo actual de la deuda representa el 40 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que pone en riesgo sectores como educación, salud y seguridad alimentaria. El también ex presidente del Banco Central de Honduras reiteró la necesidad de realizar un ajuste fiscal, que dependerá de la orientación política del próximo presidente, quien será electo en noviembre venidero.

En una reciente intervención pública, la candidata presidencial por el partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, propuso un modelo alternativo que permita el desarrollo del país e impulse programas sociales para evitar el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado. La realidad demuestra que las fuerzas que orquestaron el golpe de Estado de 2009 siguen controlando el poder político y económico de Honduras, además de obstaculizar cualquier posibilidad de cambio, aseveró.

El actual modelo neoliberal afecta por igual a empresarios, trabajadores, soldados, policías, mujeres, niños y ancianos, recordó la favorita en la intención de voto popular con un 28 por ciento, según las más recientes encuestas. A solo cinco meses de los comicios generales en Honduras, la posibilidad de convocar a una asamblea nacional constituyente no solo recrudece las críticas de algunos analistas políticos contra Xiomara Castro, sino que reviven los fantasmas de una asonada militar como la que sacó a su esposo del poder.

Durante la reciente reunión extraordinaria de Libre, la candidata dijo que, de llegar a la presidencia, propondrá la creación de un socialismo democrático en Honduras y la elaboración de una nueva Constitución. Esta última iniciativa, acariciada por Zelaya durante su mandato y excusa utilizada por la reacción para propinar el golpe de Estado, resulta hoy blanco de ataques para quienes opinan que la constituyente no resolverá los problemas de exclusión y pobreza enfrentados por el país.

Según los expertos hondureños Raúl Pineda y Jorge Yllescas, en tiempos de crisis económica, problemas sociales y violencia desatada, los políticos deben hacer propuestas concretas que animen la esperanza de una solución. Por ello Xiomara Castro promueve la creación de un Estado libre e independiente de cualquier potencia o gobierno extranjero, y que Honduras no sea patrimonio de ninguna familia ni persona, apuntó al recordar la redacción que hicieron los próceres Dionisio de Herrera y Francisco Morazán.

En su mensaje incluyó, además, iniciativas de Gobierno en importantes campos como educación, salud y seguridad. Ante esta contienda “a sangre y fuego”, no son pocos los que avizoran un nuevo descalabro en la transparencia electoral, porque “Honduras es un laboratorio para ver cómo se pueden generar más golpes de Estado en la región”, expresó la coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva.

Por mucho que este partido (Libre) lidere las encuestas, temo que no haya elecciones, y creo que si finalmente se celebran, aunque la organización de Xiomara gane, el Tribunal Supremo Electoral acomodará los resultados conforme a los acuerdos que se alcancen, aseguró la luchadora social. El golpe apoyado por los poderes Legislativo y Judicial también desató un resurgir en la conciencia popular y en particular de los movimientos sociales, ambientalistas y campesinos que hoy integran Libre.

Esa agrupación política pretende acabar con la larga hegemonía del bipartidismo (Liberal y Nacional), un fenómeno que en 100 años solo dejó atraso, injusticia, hambre, pobreza, deuda y violencia, aseveró Xiomara Castro. Hoy los sondeos de opinión hablan del colapso en la confianza de la gente en los partidos tradicionales, que no solo resultan protagonistas de la violencia política y de golpes de Estado, sino del poder repartido por más de un siglo.

Encuestas como la realizada en Honduras por la estadounidense Universidad Vanderbilt, muestran que la caída en los niveles de aceptación popular de los partidos Liberal y Nacional son el reflejo del descontento de la población con el golpe de Estado. En tal sentido la pesquisa arrojó que un 58 por ciento de la gente se mostró contraria a la asonada militar, ejecutada por sectores antidemocráticos y oligárquicos nacionales con la complicidad del gobierno de Estados Unidos, en tanto un 72 por ciento no apoyó la expulsión de Zelaya del país.

A pesar de la resistencia al viejo golpismo y los deseos de cambiar la realidad, muchos dudan de la transparencia del sistema, incluso avizoran un futuro sangriento, como el período vivido en 2009, porque como apuntara Oliva, la oligarquía no dio un golpe de Estado para entregar el poder cuatro años después.

El 28 de junio de 2013 miles de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) marcharon por las principales ciudades de Honduras con motivo del cuarto aniversario del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. “Ni olvido ni perdón” y “El pueblo unido, jamás será vencido” fueron algunas de las consignas coreadas por los manifestantes en la movilización en esta capital, encabezada por el ex presidente Manuel Zelaya.

El derrocado presidente constitucional y actual coordinador general del Frente Nacional de Resistencia Popular y su brazo político, Libre, firmó un comunicado en el que se critica la incapacidad del Gobierno para garantizar la vida y los más elementales derechos del pueblo hondureño. El texto suscrito por Zelaya destaca el desconocimiento de las autoridades gubernamentales en torno a las conquistas gremiales, magisteriales y las luchas sociales, entre ellas las estudiantiles.

* Carmen Esquivel y Nubia Piqueras son periodistas de la redacción Centroamérica y Caribe, y Javier Rodríguez es corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.

Fuente: Bolpress