Honduras: Inversiones turísticas que cercenan territorios y fagocitan derechos ancestrales

GIORGIO TRUCCHI | ALBA SUD

Medelin David fue detenida la tarde del pasado 10 de noviembre junto a otros cinco miembros de la comunidad garífuna de Guadalupe, municipio de Santa Fe. Fue arrestada y encerrada en una celda por participar con otros jóvenes de la comunidad en la recuperación de un terreno en el que, en su momento, existió un proyecto de turismo comunitario.

El grupo de jóvenes, que pertenecen a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), asegura que en la última década ha habido un acelerado proceso de venta ilegal de tierras ubicadas dentro del perímetro del título comunitario. En particular, acusan al inversionista canadiense Randy Jorgensen de usurpación de tierra comunitarias para la construcción de complejos turísticos y casas vacacionales, en confabulación con testaferros nacionales e internacionales, miembros de la comunidad y funcionarios públicos. Efectivamente, Jorgensen está siendo demandado en los tribunales por la comunidad garífuna de Cristales y Río Negro por usurpación y compraventa ilícita de tierras dentro del título comunitario.

“La legislación hondureña es muy clara cuando dice que es ilegal la compraventa y el registro de tierras dentro de un título comunitario. Nadie puede autorizar la venta de tierras comunitarias. Sin embargo, hemos visto como nuestras tierras han sido usurpadas y nuestros derechos cercenados”, dijo a Alba Sud, Celso Guillén, miembro de la Ofraneh en la comunidad de Guadalupe.

Contra él y otros tres miembros de la comunidad fue emitido una orden de captura. “Estoy tomando algunas medidas de seguridad porque sé que me están buscando para capturarme, igual que hicieron con Medelin. Además, la situación se ha puesto más complicada porque sabemos que en conflictos como el que vivimos hasta la vida puede estar corriendo peligro”, manifestó Guillén.

Según el miembro de Ofraneh, la venta ilícita de tierra comunitaria es una muestra más de la connivencia de intereses entre el capital transnacional ligado a la explotación turística del territorio garífuna, y autoridades locales y nacionales.

En este contexto de desprotección y ausencia de institucionalidad, las personas que ya fueron expulsadas de sus tierras sufren ahora un proceso de revictimización. El caso de Medelin David, Celso Guillén y las demás personas que están siendo judicializadas es un claro ejemplo de ello. Según las últimas informaciones obtenidas por Alba Sud, Medelin ya fue liberada con medidas cautelares, entre otras la prohibición de acercarse al terreno recuperado por los jóvenes y la de salir del país.

El origen del conflicto

En 1998, como resultado de la lucha de Ofraneh y la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (Conpah) por la titulación y la demarcación de los territorios ancestrales, el Estado de Honduras tituló casi todas las tierras de las comunidades garífunas. Ese mismo año se entregó el título definitivo de dominio pleno sobre casi 240 hectáreas a la comunidad de Guadalupe, que fue inscrito en el Registro de la Propiedad dos años después. Amparada por la ley, la comunidad de Guadalupe instó a las autoridades municipales a respetar el título definitivo, absteniéndose de realizar nuevas e ilegales desmembraciones, así como otorgar dominio pleno sobre parte del territorio comunitario.

En el año 2000, en la comunidad surgió la idea de destinar un terreno de 3,3 hectáreas para la realización de un proyecto de turismo comunitario, orientado al fortalecimiento de la condición económica de las mujeres. “Nos reunimos y la asamblea otorgó potestad a la directiva del patronato para desmembrar el área donde se iba a realizar el proyecto etno-eco turístico. Fue así que comenzamos a limpiar el predio y a construir las cabañas. Lamentablemente, el material que se usó para la construcción no era el más adecuado y fue deteriorándose rápidamente, dilatando los plazos previstos para la inauguración del proyecto”, explicó Guillén, quien en ese momento era el presidente del Patronato.

Fue entonces necesario buscar a alguien que cuidara el predio y los materiales que ya se habían adquirido para el desarrollo del proyecto. Lamentablemente, la persona escogida fue apropiándose del lugar y, en contubernio con un juez local y la municipalidad de Santa Fe, logró que se le reconociera un derecho de usucapión. Poco tiempo después vendió el terreno al ciudadano canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación CARIVIDA S. de R.L.,y para muchos la caravisible de Randy Jorgensen, CEO de Life Vision Developments.

De acuerdo a la información brindada en su portal web, Life Vision es actualmente el mayor promotor inmobiliario en Trujillo. Cuenta con más de 600 hectáreas de tierra frente al océano, donde desarrolla proyectos de viviendas con fines turísticos, como por ejemplo Campa Vista, Coroz Alta, Alta Vista, o se dedica a la venta de lotes. Jaguar Construction es su empresa constructora privilegiada.

Tras el golpe de Estado que en 2009 sacudió a Honduras desintegrando su institucionalidad, empresas de capital canadiense y estadounidense multiplicaron su presencia y proyectos a lo largo y ancho de la Bahía de Trujillo. Banana Coast, Carivida Villas, Njoy Trujillo Beach Residences y Njoy Santa Fe Beach Residences y Marea Honduras son solamente algunas de las principales inversiones turísticas. En más de una ocasión el territorio garífuna ya fue rebautizado como la “Pequeña Canadá”.

Una voracidad que impacta frontalmente con el derecho de las comunidades garífunas sobre la tierra. “Hay una presión enorme sobre la costa garífuna, donde empresarios nacionales e internacionales pretenden apoderarse de nuestras tierras para la construcción de proyectos turísticos. La comunidad ha quedado solamente con el casco urbano, porque desde la playa hasta la montaña ya fue vendida ilegalmente a los canadienses. Casi el 70% de las tierras comunitarias de Guadalupe ya está en manos ajenas”, indicó Guillén.

Recuperar la tierra

Tras la venta ilegal del terreno destinado al proyecto ecoturístico comunitario, en 2012 los nuevos “propietarios” se adueñaron físicamente del lugar, cercando el terreno de 3,3 hectáreas y destruyendo todo lo que se había comenzado a construir. Durante más de 3 años el área quedó prácticamente abandonada, hasta que un grupo de unos 50 jóvenes de Guadalupe decidieron recuperar lo que consideran “propiedad legítima de la comunidad garífuna”.

“Las y los jóvenes de Guadalupe sienten que su futuro es incierto y que la tierra que los vio nacer está siendo acaparada por extranjeros, en contubernio con miembros de la comunidad y funcionarios públicos corruptos. Nos reunimos con ellos y ellas para compartir ideas y finalmente decidieron recuperar este terreno. Fue algo muy importante. La comunidad misma se ha involucrado, apoyando activamente el esfuerzo y empoderándose del proyecto”, indicó Guillén.

Las mujeres de la comunidad se están alternando para ir a cocinar, mientras los hombres apoyan a las y los muchachos en los trabajos de limpieza y duermen con ellos para garantizar su seguridad. Jóvenes de las demás comunidades garífunas han llegado a apoyar la recuperación. El sueño de las y los jóvenes es construir sus viviendas y echar a andar proyectos productivos que les garanticen una vida digna.

¡Abran los ojos!

El día que llegamos al terreno recuperado, Medelin David no estaba. No había podido salir a tiempo de Trujillo. Varias mujeres estaban cocinando, mientras a pocas distancias del alambrado unos guardias custodiaban el proyecto de casas vacacionales de lujo de CARIVIDA.

Belinda David, hermana de Medelin, y Delcio Róchez, otro de los jóvenes de Ofraneh, nos acompañaron a visitar el terreno, y nos explicaron el porqué de esta decisión. “Nos veníamos preguntando qué estábamos haciendo por nuestra tierra, por nuestra comunidad. Mirábamos nuestras playas, nuestras montañas ocupadas por un montón de extranjeros. Veíamos nuestros compañeros y compañeras obligados a emigrar, a dejar lo que es suyo desde hace siglos y decidimos que era el momento de actuar. Que era el momento de despertar, de abrir los ojos y decir ¡tomemos lo nuestro!”, dijo Belinda a Alba Sud.

La joven garífuna y sus compañeros y compañeras tienen las ideas claras. “Aquí nos vamos a permanecer, fortaleciendo a nuestra comunidad, que nos ha abierto los brazos, que nos respalda, que hizo sentir su presencia. Ya estamos comenzando a construir nuestras cabañas y a sembrar. Queremos crear micro empresas. No es posible que nuestra gente tenga que abandonar sus tierras y morirse de hambre. Los jóvenes tenemos el deber de hacer algo, de sacar nuestra comunidad a flote y parar la venta ilegal de nuestras tierras”, agregó con ímpetu.

Belinda asegura que en ningún momento están en contra del desarrollo turístico, siempre y cuando sea en beneficio de las comunidades garífunas y de sus pobladores. “Nuestra lucha es pacífica. Hacemos un llamado a todos los jóvenes para que dejen de quedarse callados, para que dejen de huir. Nuestros ancestros lucharon por esta tierra y nosotros debemos unirnos y hacer lo mismo”, concluyó la joven garífuna.

Este artículo se realiza en el marco del proyecto "Turismo responsable, derechos humanos y trabajo decente" ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona - Programa Barcelona Solidaria convocatoria 2015.

Fuente: ALBA