Hidroituango: la destrucción del territorio como negocio

Desde la carretera que lleva al municipio Sabanalarga, en el noroeste colombiano, se puede ver el río Cauca. Ahora es un poco menos río, sus aguas no fluyen rápidas y su color ya no es marrón sino verde. Cambió porque ha sido retenido por un muro de 225 metros de altura que represa 80 kilómetros de río y que forma parte del proyecto hidroeléctrico de Ituango. El embalse está en el fondo de un escarpado cañón cubierto por el bosque seco tropical. La densa vegetación forma un tapiz sobre un suelo que parece desmenuzarse, sólo se sostiene por las raíces de las plantas que lo protegen. Por eso, la sinuosa carretera desde la que se ve el río tiene pequeños derrumbes de ese suelo.

“Estos derrumbes siempre han existido. Cuando se producen, viene la maquinaria y lo quita, hasta que se vuelve a derrumbar”, dice Isabel Cristina Zuleta, lideresa del movimiento Ríos Vivos. Vamos con ella a una asamblea en Sabanalarga donde se debatirán las próximas acciones para intentar revertir el proyecto y conseguir el reconocimiento del daño que la presa ha hecho al territorio y a sus habitantes.

I. El progreso

El coche se tiene que frenar frente a una fila de vehículos parados; un derrumbe que ha cubierto toda la carretera impide el paso, así que toca esperar a que la maquinaria acondicione la vía. Mientras tanto se van haciendo corrillos de gente, muchas de estas personas son de Ríos Vivos y se dirigen a la asamblea. Estos movimientos de tierra, según el gobierno colombiano, no representan ningún riesgo. Cuestión de la que difieren algunos geólogos como Modesto Portilla y Julio Fierro, profesores de la Universidad Nacional. Ambos destacan la ausencia de suficientes estudios y controles sobre la actividad sísmica relacionada con las fallas geológicas activas, la estabilidad de las laderas, la resistencia de las rocas y la relación entre las fracturas y el agua subterránea. De ahí que tengan muchas dudas sobre la capacidad de las laderas de sostener la presa y la elevada presión del embalse.

La inestabilidad de la infraestructura es un riesgo real, como demostró la “contingencia” de abril de 2018. Durante el llenado del embalse, se colapsó la vía de salida de agua de la presa porque sus paredes fallaron ante la presión del agua. El resultado fue que el embalse se llenó rápidamente sin tener la infraestructura lista y empezaron a saltar las alarmas ante el riesgo de colapso de la propia presa. Fue entonces cuando se evacuaron de forma preventiva más de 26.000 personas de la zona de influencia de la obra y se habilitaron otras salidas de agua. Se consiguió salvar lo que pudo haber sido una tragedia de grandes dimensiones, pero la amenaza continúa.

“Los campesinos ignorantes sabíamos que esto podía pasar porque conocemos nuestro territorio”, afirma Genaro Graciano, líder de Ríos Vivos, para hacer referencia a cómo Empresas Públicas de Medellín (EPM), la compañía colombiana responsable, ignoró completamente las advertencias que las comunidades afectadas llevan haciendo mucho tiempo. Ninguna autoridad colombiana les ha dado a las comunidades afectadas alguna certeza sobre su seguridad. Es más, la Contraloría y la Fiscalía confirman la posición de Portilla y Fierro con relación a la ausencia de estudios suficientes para una infraestructura de esas dimensiones.

Después de estar con la población de Sabanalarga, vamos hacia Ituango. Para llegar allí hay dos opciones, un barco que cruza el embalse o la carretera que lleva primero a la presa y después al pueblo. En cualquier caso, hay que esperar el horario marcado por la empresa para moverse. Optamos por la carretera y cuando el coche llega cerca de las obras, esperamos hasta que la seguridad privada nos da el paso. Cuando esto sucede, nos escoltan por una serie de túneles y por la parte superior del muro. Ver de cerca el valle inundado, la maquinaria, la dimensión del muro, la ladera cubierta de hormigón hasta prácticamente la cima, el enorme caudal de agua que sale de la parte superior de la presa y que golpea el río… todo produce una sensación de vértigo y de tristeza. Si esta es la impresión de quien recorre por primera vez el valle y la infraestructura, ¿cómo tiene que ser para quienes este territorio es parte de su vida? La mirada de Isabel Cristina Zuleta, que condensa el dolor de quien lleva más de diez años dedicados a la defensa del cañón del río Cauca frente a Hidroituango, es la respuesta.

El embalse ha destruido más de 4.000 hectáreas de bosque seco tropical, un valioso ecosistema que actualmente sólo se encuentra en el 8% de su distribución original en Colombia. Además del patrimonio ambiental, también ha destruido el patrimonio cultural y ancestral del cañón relacionado con la minería artesanal del oro, llamado barequeo. En la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y la Vida (Amarú) se organizan mujeres afectadas por Hidroituango, muchas de ellas barequeras, que han visto cómo el megaproyecto ha destruido su tierra y sus comunidades y cómo ha profundizado la lógica patriarcal en las relaciones sociales. Rubí Estela Posada, barequera, defensora de los derechos humanos y parte de Amarú nos explica cómo el trabajo les permitía una mayor igualdad a las mujeres, les hacía independientes de los ingresos de sus parejas y podían tener más autonomía y capacidad de decisión sobre sus vidas. Perdieron su río, sus casas y sus medios de vida. Les queda la organización donde aprenden la resistencia colectiva y tejen esperanzas.

II. La memoria

En Ituango hay un albergue donde se alojan personas desplazadas por el proyecto. Eran las y los habitantes de las orillas del Cauca: barequeros y barequeras, campesinos y pescadoras. Primero, los representantes de la empresa, la seguridad privada, la policía y el ejército les desalojaron de las playas en las que vivían. Si no conseguían echarles, llegaban las amenazas por parte de grupos armados ilegales. “Si son actores armados se le llama desplazamiento, si lo hace el Estado se llama desalojo, pero es la misma cosa”, dice Genaro Graciano para hacer referencia a la violencia estatal y paraestatal que les expulsa del territorio.

Cuando se produjo la “contingencia” muchas de estas personas fueron otra vez desplazadas ante el riesgo de desastre ambiental y se alojaron temporalmente en el coliseo de Ituango, un espacio deportivo. Del coliseo fueron llevados al albergue, también con fecha de caducidad: a finales de noviembre el gobierno municipal lo cierra. Decenas de personas que han sido amenazadas por formar parte de Ríos Vivos, y oponerse a Hidroituango, tienen que volver a desplazarse.

“No nos hemos hecho a la idea de que hemos perdido el río”, dice María Eugenia Gómez, ella es barequera y tuvo que salir con su familia de Ituango cuando recibió el mensaje de grupos paramilitares: “Muerte revolucionaria y a quién no salga de las playas”. Le daban 72 horas para irse de su pueblo si quería conservar la vida. Su visibilidad en la lucha por la reversión del proyecto para recuperar el río Cauca molestaba a los actores que se lucran con el control del territorio y con este tipo de proyectos. Los municipios afectados por Hidroituango han sufrido la expansión paramilitar desde la década de los noventa y su ofensiva se volvió más virulenta justo en el origen del proyecto hidroeléctrico, a partir de 1997. Es entonces cuando se multiplican las masacres, los homicidios, las desapariciones forzadas, como apunta Isabel Cristina: “Cuando me entero de la existencia de Hidroituango, empiezo a buscar los hitos históricos del megaproyecto y coincidían con las masacres”.

La relación entre el paramilitarismo y la hidroeléctrica es conocida por la población afectada y por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, que solicitó una investigación en este sentido. Según esta instancia judicial, con la creación de la primera empresa relacionada con Hidroituango “empezaron todas las masacres en esta zona”. La presencia de guerrilla en el área de influencia de la hidroeléctrica justificó la violencia contra quienes pertenecían a una organización social y política, por oponerse al proyecto o por defender los derechos humanos.

El Observatorio Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado a más de 1.000 personas como víctimas de desaparición forzada en los municipios afectados por la presa. Las organizaciones sociales hablan de casi 3.000 desapariciones por las masacres y enfrentamientos que han ocurrido en la zona. “Yo veía pasar los cuerpos y pensaba en el sufrimiento de sus familias. Lo saqué y lo enterré con la esperanza de que algún día su familia le pudiera dar cristiana sepultura”, así relataba una barequera cómo han sido testigos de estas desapariciones durante una audiencia de la Justicia Especial para la Paz que tuvo lugar en Medellín.

Pero no siempre se podía enterrar a los cuerpos que bajaban por el Cauca, el Estado podía hacerles responsables de estas muertes. Lo contaba Cecilia Muriel, víctima del conflicto armado y revictimizada por Hidroituango: “A los muertos se los llevó el río y a los vivos nos desplazaron, sin derecho a recuperarnos como comunidad”. En ese contexto, la Justicia Especial para la Paz se veía como una oportunidad para poder encontrar las fosas, pero el embalse ha inundado gran parte del territorio donde se encontraban.

III. El negocio

De vuelta a Medellín hablamos de los responsables del megaproyecto, de Estados, Instituciones Económico Financieras Internacionales y de empresas que hacen negocio con los graves impactos socioambientales y las violaciones de derechos humanos. No sólo hay que poner en la lista al Estado colombiano y EPM, también hay que sumar al Banco Interamericano de Desarrollo y a varias empresas transnacionales españolas, como expone de forma clara y directa el artículo “La banca y las empresas españolas, en el ecocidio del río Cauca”. Ferrovial se encargó de la construcción de túneles de desviación de la presa en el inicio de la obra y el incumplimiento de su contrato por retrasos y sobrecostes —ambas cuestiones comunes en el “saber hacer” de las constructoras españolas— hizo que fuera relevada por otra compañía. Años más tarde, en 2017, BBVA y Santander financian el proyecto a través de su participación en una línea de crédito otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ninguno de los bancos ha comunicado algún tipo de preocupación relacionada con la persecución, amenazas y muerte de defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio, ni por la inundación de un ecosistema tan valioso como es el bosque seco tropical. Tampoco mostraron alguna inquietud cuando se colapsó la salida de la presa y se estuvo a punto de producir un desastre ambiental y humano de grandes dimensiones. Ni por los informes de la Contraloría General de Colombia que documentan su inviabilidad económica.

Sorprende el silencio ante un estudio que revela un sobrecoste de la obra en torno a 1.500 millones de dólares por inversiones más costosas de lo previsto, el retraso en su construcción, la “contingencia” y los costes financieros asociados. La empresa EPM intenta relativizar el agujero a partir de la cobertura que ha contratado con la compañía española Mapfre. La presencia de esta aseguradora en el megaproyecto sólo ha podido conocerse por el debate que ha suscitado la viabilidad económica de la obra. Lo que está por ver es si realmente la transnacional española va a cubrir tamaño desfase presupuestario o va a encontrar algún documento que le permita no pagar por incumplimiento del contrato. Si no se hace cargo del sobrecoste, el proyecto recuperará la inversión en 2060, año en el que se estima su caducidad. Sin duda, es un buen ejemplo de la irracionalidad e insostenibilidad económica de las grandes infraestructuras.

Las ganancias de las empresas transnacionales españolas en proyectos con graves consecuencias sobre los ecosistemas y la población no les supone problema para sus negocios, nadie les exige responsabilidad alguna. Ni siquiera llega a tener repercusión en su imagen corporativa pues se parapetan detrás de contratos opacos y, en este caso, el BID. Incluso algunas de ellas, como el banco Santander y veremos si también el BBVA, aprovechan la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático para presentarse como empresas pioneras en la defensa ambiental patrocinando el evento. La COP25 es una magnífica oportunidad para su lavado verde y la Cumbre Social por el Clima lo es para nuestra respuesta. Allí estaremos para desmentir la publicidad que les presenta como parte de la solución a la crisis ecológica que vivimos. Son parte del problema porque la solución está en las comunidades organizadas que defienden la vida frente a Hidroituango y a todos aquellos megaproyectos que mercantilizan los territorios.

Fuente: OMAL