Guatemala: Violencia en el Estado finca

Poderes del Estado, empresas nacionales e internacionales y la mayoría de la comunidad internacional, priorizan sus inversiones frente a los derechos de los pueblos y frente al propio Estado de derecho. La democracia se desdibuja en esta visión, es utilitaria o meramente discursiva: la transición democrática que fracasa cuando no había iniciado. La burla de la ley o su retorcimiento se convierten en norma. ¿No es así? Analicemos la impunidad empresarial por delitos ambientales (entre otros, desvío de ríos), sobornos para obtener licencias, estudios -o falta de- impacto ambiental, incumplimiento de la consulta, defraudación fiscal, violación de derechos laborales, contaminación por fumigación, etc.

Maquillando el despojo:

Puestos a elegir entre inversión y derechos, empresas y la mayor parte de la comunidad internacional no tienen ninguna duda. Sucedió y sucede en Agua Zarca, Honduras, con Holanda, en Santa Cruz Barillas con apoyo español y noruego, en Santa María Cahabón con Florentino Pérez y la "Marca España". La diversidad y carismática apertura del gobierno canadiense se acaba cuando toca arrinconar la ética y defender sus indefendibles y destructivas empresas mineras en todo el mundo mundial.

Situación similar se produce con el cabildeo de los donantes guatemaltecos a favor de la reglamentación de las consultas comunitarias (especialmente la Unión Europea), que los sitúa más cerca de las posturas abolicionistas (de derechos y consulta previa) de las cámaras empresariales, que de las propuestas antirestrictivas de los pueblos indígenas. La solicitud de la Embajada de Estados Unidos a la Corte de Constitucionalidad -CC- para un dictamen sin demora en el caso Minera San Rafael (ver imagen abajo) forma parte de este proceso. El dictamen sin demora se refiere, sin duda, a una decisión similar a la otorgada en favor de los proyectos hidroeléctricos Oxec el 26 de mayo de 2017: permiso para seguir operando sin consulta, mientras realizan ésta conforme a los criterios definidos por la propia CC y el Ejecutivo (Guía operativa para la implementación de la consulta a pueblos indígenas, julio 2017). En fin, legalización de la impunidad y el gobierno de los negocios.

Los artificios verbales maquillan el despojo. Se habla de defensa del derecho a la propiedad privada, inversión, seguridad, certeza jurídica, progreso, desarrollo. Se adorna el discurso para evitar mencionar la destrucción, el deterioro de la Madre Tierra y la convivencia comunitaria, el desastre ambiental y social que provocan los grandes emprendimientos. Identidad (negación de la existencia de pueblo xinka en el área de Minera San Rafael, por ejemplo), medio ambiente, agua, vida, son derechos menospreciados.

Las razones de la población son obviadas, aunque estén expuestas de forma directa y clara, como en el comunicado reciente de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán afectada por Minera San Rafael:

“No estamos de acuerdo con el proyecto minero. No queremos que la entidad Minera San Rafael SA continúe operando, porque viola nuestros derechos. Lo que queremos es que se vayan y nos dejen vivir en paz, que dejen de herir nuestra madre tierra...A través de engaños, Minera San Rafael obtiene firmas que posteriormente presenta ante las instituciones y accionistas, para tratar de hacerles creer que cuentan con el respaldo y apoyo de la población, y que estamos de acuerdo con el proyecto minero".

Comunicado de la Comunidad Indígena de Santa María Xalapán, 21 de mayo.

Imágenes que grafican la destrucción no son tenidas en cuenta, si bien podrían servir para el inicio de investigaciones de oficio por parte del Ministerio Público (el actual o el anterior, ambos rocosos e impenetrables para abordar denuncias contra empresas). Observemos sino estas fotografías de la hidroeléctrica Oxec en Santa María Cahabón, capturadas por Consulta Comunitaria Río Cahabón, en mayo de 2018.

Más inversión, menos derechos, resistencia, represión:

La aritmética más inversión-menos derechos se completa con la ecuación resistencia-incremento de la violencia. La represión agrede -históricamente- a dirigentes, organizaciones y comunidades, para debilitar las resistencias y favorecer los proyectos de despojo. Esta historia no tiende a diluirse sino se agudiza, en la medida que proyectos extractivistas en contra de la decisión de las comunidades y el bien común se multiplican. Presos políticos y órdenes de captura masivas y arbitrarias arrinconan a comunidades y organizaciones, obligándolas a elegir entre derechos-dignidad y cárcel. Bernardo Caal, Abelino Chub, los comunicadores comunitarios y pescadores del Lago de Izabal, Jovel Tobar, María Choc, las comunidades de Mucbilha y San Pablo San Marcos, entre muchos otros casos, son víctimas de un sistema de justicia y un Estado autoritarios, construidos y fortalecidos a favor de las empresas.

A la confluencia de intereses empresarios-ejecutivo-Congreso- Ministerio de Gobernación-Ministerio Público-operadores de justicia-empresas transnacionales, para agudizar la persecución, se añade la crisis institucional y social. Un modelo en la antesala del colapso, construido para la acumulación privada, sin capacidad de construir consensos y sin mecanismos de oxigenación eficaces (como antes eran las elecciones) tiende a agudizar la violencia política. La inminencia de un proceso electoral que no garantiza estabilidad ni gobernanza, pero todavía resulta instrumento adecuado para el reparto de negocios, incrementa las amenazas para las luchas sociales.

Los riesgos son, entre otros, la apertura de procesos judiciales masivos bajo los cargos de hurto de fluidos y usurpación agravada; desarrollo de desalojos pendientes (¿100?); nuevos encarcelamientos selectivos de dirigentes ( en línea de lo sucedido con Abelino Chub o Bernardo Caal); persecución de poblaciones en resistencia (sujetas políticas y sujetas a proceso, como sucede entre otras en Mucbilha, 52 órdenes de captura); más atentados y asesinatos, mientras se modifican marcos legales represivos. La violencia física (al menos tres asesinatos y un atentado en menos de dos semanas) completa el cuadro de agresiones.

Asesinatos de Luis Marroquín, Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, 9 de mayo; José Can Xol, Comité Campesino del Altiplano, CCDA, 10 de mayo; Mateo Chamán Paau, CCDA, 13 de mayo.

Atentado contra Omar Jerónimo, Coordinador General de la Organización Central Campesina Cho´rti´Nuevo Día, 22 de mayo.

El silencio no es opción:

Sucede en este país, este momento y este Estado, construido sobre la exclusión y el aplastamiento de los pueblos indígenas, las mujeres y todos los sectores populares. Un modelo de inversión - a gran escala, extractivista- respetuoso de los derechos humanos y de la Madre Tierra no es posible. El Estado en la fase neoliberal es estructuralmente violento y autoritario.

Toca entonces pensar y construir-fortalecer nuestros proyectos propios. Por eso queremos otro Estado y modelo de vida, donde las luchas por derechos colectivos de personas y madre tierra sean principios comunes y no tipos penales. El fin del Estado finca, neocolonial. El inicio del gobierno de los pueblos. Ello es viable si y solo si avanzamos hacia la articulación social desde visión dialogadas y la defensa colectiva y solidaria.

Fuente y foto: ALAI