Genocidio constituyente: ataques al pueblo mapuche

Robo de bebés. Desaparición de personas. Torturas. Campos de concentración. Asesinatos.

Lo sufrió la sociedad argentina en manos de la dictadura cívico-militar. Lo sufrió el pueblo judío en manos del nazismo.

El Pueblo Mapuche también ha padecido robó de bebés, desaparición de personas, torturas, campos de concentración, asesinatos. Pero no hubo jamás pedido de perdón, tampoco reparación ni justicia. No hubo un “nunca más” para lo sufrido por los pueblos indígenas.

Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la Universidad de Buenos Aires, lo resume así: “El Estado se construyó sobre un genocidio. Se requirió que no hubiera más diversidad interna. Se anulan los tratados con los indígenas, el Estado se garantizó que no iban a interferir en la constitución de ese Estado. Es lo que se llama genocidio constituyente, son genocidios que dan origen a un Estado”.

De esta manera tan clara y contundente expresa Darío Aranda la situación del pueblo mapuche, que se parece a la de muchos otros pueblos indígenas en Argentina y se entreteje con la de los pueblos indios del continente. Hasta hace muy poco, Argentina ­negaba incluso que existieran indígenas dentro de sus fronteras. Pero no sólo existen, también están organizados y reivindican su cultura y sus territorios. El territorio ancestral de los mapuches, Wallmapu, se despliega más allá de fronteras políticas, en Chile y Argentina. Los gobiernos de turno de ambos países los han perseguido desde la Conquista, incluyendo campañas militares a ambos lados de la Cordillera de los Andes en el siglo XIX para exterminarlos y explotar impunemente su territorio. En Argentina le llamaron la “Campaña del desierto”, como si fuera un terreno vacío.

Lejos de ser solamente historia pasada, los ataques siguen en ambos lados de la cordillera, bajo múltiples formas, desde la aplicación de leyes antiterroristas acuñadas en las dictaduras, a una escalada represiva que ha cobrado vidas de los que resisten e incluso de los que los acompañan como Santiago Maldonado y en noviembre 2017, el joven Rafael Nahuel de 22 años, que apoyaba una ocupación de mapuches reclamando recuperar su territorio en Lago Mascardi, cerca de Bariloche. El caso de Santiago Maldonado fue emblemático además por tratarse de una desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y la aparición de su cuerpo luego de protestas masivas en todo el país. En el caso de Rafael Nahuel, los testimonios de los sobrevivientes –que siguen en la ocupación– son contundentes: no se trató de un enfrentamiento, fueron fuerzas especiales que tiraron a matar.

En ambos casos, no sólo hubo violencia brutal y unilateral en la represión, además, se intenta cubrir los hechos con una campaña de falsedades para hacer aparecer a los mapuches, no como luchadores que defienden su propio territorio y sus derechos, sino como grupos violentos, vinculados a una supuesta organización RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que según denuncia Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones, parece ser una construcción de los servicios de inteligencia. Amnistía explica que en noviembre de 2016, “se filtró un informe interno del Ministerio de Seguridad de la Nación en el que se acusa a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar ninguna prueba).” Iniciaba una nueva construcción del “enemigo interno”, para justificar la represión oficial. Consecuentemente, en enero 2017, se dio el primer ataque violento a la ocupación en Lof Cushamen, Chubut, tierras invadidas por Benetton (tierras malhabidas con cobertura “legal”), la misma comunidad en la que meses después, la gendarmería, en un nuevo ataque brutal apresa y desaparece a Santiago Maldonado.

Con el asesinato de Rafael Nauel, se escala esa campaña de mentiras, afirmando además que la RAM, tendría relaciones con movimientos armados, como FARC; ETA y organizaciones kurdas.

Del otro lado de la cordillera, en Chile se volvió a reactivar la acusación –otro proceso ampliamente falseado, con fabricación de pruebas- contra la machi Francisca Linconao, autoridad tradicional mapuche, a la que acusan de haber participado en un incendio donde murieron dos personas. Ha estado encarcelada por meses y ha sido absuelta en dos juicios, pero en diciembre 2017 anularon de forma amañada el segundo juicio, para volverla a procesar junto a otros once comuneros mapuches.

Como explica Darío Aranda, se trata de un genocidio que además de no haber sido reconocido ni sobre que ha habido ninguna reparación, sigue ocurriendo. Ahora de nueva cuenta y con amplio apoyo gubernamental para dar paso y garantizar las ganancias de mineras, petroleras, forestales, represas y agronegocios transgénicos. Los ataques, además de violentos son ilegales, porque vulneran incluso leyes argentinas que establecen que el Estado debe entregar a los pueblos indígenas tierras “aptas y suficientes” para vivir; que no pueden ser desocupados de sus tierras, y también tratados internacionales que requieren que los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta y deben dar su consentimiento antes de avanzar con esos proyectos.

El pueblo mapuche, como tantas veces lo ha manifestado, seguirá en resistencia. Al igual que muchos otros pueblos indígenas en Argentina y las Américas que a contrapelo de la negación, el racismo y la violencia, siguen resistiendo y construyendo. La atención y solidaridad de todas y todos es imprescindible para parar este genocidio que no ha terminado.

Para conocer un poco mejor estos caminos y su contexto, recomiendo ver el libro de Darío Aranda “ Argentina originaria, genocidios, saqueos y resistencias”, lavaca, 2015.

Silvia Ribeiro, Periodista y activista uruguaya, directora para América Latina del Grupo ETC, con sede en México.

Fuente: Desinformémonos