Frontera Perú - Brasil: Declaración de Pucallpa

CONSIDERANDO QUE:

Contexto

1. Brasil y Perú ostentan juntos el 71% de la selva amazónica y comparten cerca de 2.800 Km de frontera.

2. Como fruto del esfuerzo de las organizaciones indígenas y del gobierno brasileño se han creado Reservas Territoriales, Comunidades Nativas, Reservas Comunales y Tierras Indígenas, que sumadas a las Áreas Naturales Protegidas constituyen un mosaico de áreas socio culturales y ambientales altamente diversas, el cual abarca aproximadamente 23,2 millones de hectáreas.

3. Esta realidad podría representar una oportunidad para que políticas de los gobiernos nacionales y acciones articuladas de ambos países garanticen el respeto de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas que habitan esta zona fronteriza, así como el uso responsable de la biodiversidad.

4. La situación que se vive actualmente en el lado peruano de esta región fronteriza se traduce en desgobierno, vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y saqueo de los recursos naturales.

5. En el lado brasileño de la frontera, acciones del gobierno federal han garantizado derechos territoriales a los pueblos indígenas aislados, pero por efectos de las dinámicas transfronterizas se empiezan a presentar amenazas contra los territorios de esos pueblos.

Legislación

6. La legislación peruana referida a pueblos en aislamiento y contacto inicial contiene vacíos, contradicciones y riesgos que afectan la integridad física, cultural y territorial de estos pueblos.

7. Decretos Legislativos aprobados por el gobierno peruano en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representan una amenaza contra los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial por promover la inversión privada en la Amazonía sin que Reservas Territoriales planteadas por las organizaciones indígenas u otros territorios hayan sido reconocidos por el Estado.

8. En Brasil, los derechos territoriales de los pueblos indígenas se encuentran en riesgo con la actual judicialización de los procesos administrativos de reconocimiento de esos derechos.

Institucionalidad

9. En Perú, no existe una institución gubernamental que cuente con condiciones para asumir la protección y defensa de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. El INDEPA es una institución inestable, carece de recursos humanos, económicos y de directrices apropiadas para cumplir con sus funciones. Decisiones importantes relacionadas a estas poblaciones son tomadas por ministerios, órganos públicos y empresas comprometidas con políticas de explotación de los recursos extractivos.

10. Los avances alcanzados a nivel de reconocimiento de derechos y protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial en Perú son resultado de iniciativas y gestiones impulsadas por las organizaciones indígenas.

Fragilidad de los procesos de consulta previa

11. Procesos de consulta previa, informada y de buena fe a las poblaciones afectadas y a sus organizaciones, tal como lo establecen las Constituciones Políticas de ambos países, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros, no han sido adoptados como parte del diseño, planeamiento y ejecución de políticas públicas, sobre todo en lo relativo a los proyectos binacionales de infraestructura y a la política hidrocarburífera.

12. Los talleres informativos promovidos por el gobierno y las empresas hidrocarburíferas han tenido como único objetivo obtener el consentimiento de las comunidades indígenas y sus organizaciones para ingresar a sus territorios, mediante el ofrecimiento de beneficios, progreso y desarrollo, omitiendo informaciones cruciales sobre futuros impactos negativos y generando en muchos casos divisiones y debilitamiento de las organizaciones y comunidades.

Falta de gobernabilidad

13. El desgobierno se viene dando a nivel del incumplimiento de las atribuciones de las instituciones del Estado peruano, responsables de la administración y fiscalización de las actividades extractivas (principalmente forestal) a lo largo de la frontera, lo cual genera la proliferación de actividades ilícitas.

Falta de protección

14. Las Reservas Territoriales existentes carecen de mecanismos de protección efectiva de parte del Estado, lo cual las expone a incursiones de foráneos, poniendo en riesgo la vida de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

15. Al permitir la ejecución de actividades extractivas, el artículo 5, inciso c, de la "Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial", vulnera los derechos fundamentales de estos pueblos, poniendo en riesgo su integridad física y cultural.

Vulneración de derechos humanos y territoriales

16. La vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial se expresa en la invasión de sus territorios, saqueo de sus recursos, persecuciones, matanzas, contactos forzados, contagio de enfermedades y expansión de epidemias, desplazamientos y sometimiento a condiciones de esclavitud. Estos procesos han llevado a situaciones que pueden ser caracterizadas como genocidio.

Actividad maderera

17. La actividad maderera representa una de las mayores amenazas contra la población en aislamiento, a través de la invasión de las Reservas Territoriales. Eso ocurre por actividades de madereros ilegales y mediante el "blanqueo" de madera, haciendo uso de la documentación oficialmente otorgada a empresas que cuentan con concesiones forestales.

18. La tala ilegal no se restringe a las Reservas Territoriales. En Parques Nacionales con presencia de pueblos en aislamiento también se producen invasiones y atentados contra estas poblaciones.

Contactos forzados e irrespeto de parte de la iglesia

19. Las acciones de misioneros, orientadas a establecer contactos forzados con poblaciones en aislamiento, representan una grave amenaza contra su salud y su derecho a la autodeterminación. Además, sectores de la iglesia están involucrados en gestiones políticas para la construcción de una carretera desde Puerto Esperanza hacia Iñapari, a pesar de las graves consecuencias que esta tendría sobre los pueblos en aislamiento de la zona y del rechazo expresado por los pueblos indígenas de la región.

Política hidrocarburífera

20. El gobierno peruano viene promoviendo la actividad hidrocarburífera de manera intensiva e irresponsable en la amazonia peruana.

21. La conjunción de intereses entre el gobierno y las empresas hidrocarburíferas conllevan la sobreposición de lotes a las Reservas Territoriales oficialmente creadas a favor de pueblos aislados y el otorgamiento de concesiones a favor de terceros en estas áreas. La desatención de las propuestas de Reservas Territoriales planteadas por las organizaciones indígenas es otra consecuencia de esta situación.

22. Las irregularidades y actos de corrupción bajo los cuales se han dado procesos de otorgamiento de concesiones hidrocarburíferas, una de las cuales se superpone a territorios de pueblos en aislamiento de Madre de Dios (lote 157), han quedado al descubierto. Además se ha hecho pública la manifestación de parte de miembros del gobierno implicados en estas irregularidades, respecto a la promoción de la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Reserva Nahua Kugapakori y Nanti, en la zona del río Urubamba, Cusco.

Proyectos de integración binacional

23. Paralelamente se vienen impulsando megaproyectos binacionales de integración regional, principalmente en el ámbito del IIRSA, como por ejemplo el Corredor Vial Interoceánica - Sur. En el rubro de integración energética existen proyectos de producción de biocombustibles, exploración conjunta de hidrocarburos, construcción de oleoductos e hidroeléctricas.

24. Los impactos de los proyectos en ejecución, como las migraciones masivas no planificadas y las consecuentes invasiones de tierras de comunidades indígenas, presión sobre los recursos naturales, graves impactos socio ambientales y conflictos sociales constituirán en un futuro próximo nuevas amenazas a los territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

25. Empresas brasileñas vienen asumiendo un rol central en algunos de esos proyectos, contando con recursos de bancos multilaterales y del banco brasileño de fomento. Grandes constructoras brasileñas son responsables de la pavimentación de la Carretera Interoceánica - Sur. En 2005, la empresa Petrobras obtuvo una concesión sobre el Lote 110, localizado en el alto Yurúa, con extensión de 1,4 millón de hectáreas, sobrepuesto a la Reserva Territorial Murunahua, territorios de comunidades nativas y a las propuestas de creación de las Reservas Comunales Yurúa e Inuya-Tahuanía. En Brasil, esto no sería permitido por las legislaciones ambiental e indigenista.

Dinámicas fronterizas

26. La presión maderera en el lado peruano viene causando desplazamientos de poblaciones indígenas en aislamiento hacia tierras indígenas localizadas en el Estado de Acre, en Brasil, generando conflictos con poblaciones asentadas y otros grupos en aislamiento, así como reordenamientos territoriales. Esta actividad afecta también a Unidades de Conservación en territorio brasileño, produciendo impactos sobre recursos hídricos y la biodiversidad, así como agresiones de madereros contra comunidades locales.

27. Los impactos que la actividad hidrocarburífera impulsada a lo largo de la frontera causará entre la población en aislamiento y de las comunidades indígenas en el lado peruano, se harán extensivos también al lado brasileño, pues buena parte de las cuencas hidrográficas son binacionales, naciendo en territorio peruano.

Falta de respuesta a demandas de medidas cautelares

28. Frente a la situación que atraviesan los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la amazonia peruana, organizaciones indígenas han presentado demandas de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH). Sin embargo, a pesar de haberse fundamentado la emergencia de la situación y de las medidas dictadas por la CIDH a favor de los pueblos indígenas en aislamiento de Madre de Dios, éstas no han sido implementadas por el gobierno peruano, hecho que, por omisión, lo vuelve cómplice de los atentados contra los derechos de estos pueblos.

Frente a la situación expuesta, los participantes del "Encuentro Regional para garantizar la protección y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la frontera Perú-Brasil", acordamos:

1. Exigir a los Estados y gobiernos de Perú y Brasil el cumplimiento de convenios internacionales (Convenio 169 de OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) referidos a consultar con las organizaciones indígenas legítimamente reconocidas (AIDESEP y sus organizaciones regionales y locales, de parte de Perú y, de parte de Brasil, las organizaciones actuantes en la región fronteriza) de manera previa, informada y de buena fe, toda política, plan, programa, proyecto o acción que afecte a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

2. Coordinar con las organizaciones indígenas antes mencionadas que han asumido la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, el planteamiento de propuestas y la implementación de políticas y acciones de protección basadas en el respeto del derecho a la autodeterminación, entendido como el derecho de los pueblos indígenas en aislamiento a decidir libre y voluntariamente la forma de vida que desean tener.

3. Exigir al Estado peruano se eleve a rango de Decreto Supremo, la categoría legal de establecimiento de las Reservas Territoriales Murunahua, Isconahua, Mashco Piro y de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de Madre de Dios, oficialmente creadas en Perú.

4. Exigir el reconocimiento oficial de las Reservas Territoriales propuestas (Napo-Tigre, Yavarí Tapiche Yaquerana, Yavarí Mirim, Kapanawa y Cacataibo) y declarar la interdicción (restricción de uso) de estas áreas mientras dure el procedimiento administrativo.

5. Exigir al Congreso de la República del Perú que modifique el artículo cinco (inciso c) de la "Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial" (Ley 28736) garantizando la estricta intangibilidad.

6. Exigir al Estado peruano que establezca e implemente mecanismos de protección efectiva de las Reservas Territoriales y los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, con la participación activa de las organizaciones indígenas ya indicadas.

7. Exigir al INDEPA el cumplimiento efectivo de sus funciones institucionales, especialmente las relacionadas a la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Demandamos al Estado la restitución de las facultades que le concede la Ley de su creación, así como la asignación del presupuesto necesario.

8. Exigir la derogatoria de los decretos legislativos 997, 1064, 1089, 1090 y otros dictados en el marco de la implementación del TLC, que afectan los derechos territoriales de los pueblos indígenas en aislamiento, principalmente de aquellos cuyos territorios no han sido reconocidos oficialmente.

9. Exigir al Estado que se anulen los megaproyectos y proyectos nacionales o internacionales que vulneran los derechos territoriales de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial.

10. Dejar sin efecto el proyecto de construcción de la carretera Puerto Esperanza-Iñapari, que viene siendo promovida por miembros de la iglesia católica, autoridades y madereros de Puerto Esperanza.

11. Dejar sin efecto los proyectos de construcción de carretera y la vía férrea Cruzeiro del Sur-Pucallpa, que afectaría gravemente la vida de los pueblos indígenas en aislamiento de la Reserva Territorial Isconahua, en Ucayali; el Parque Nacional Sierra del Divisor, en Acre; Comunidades Nativas y una región inmensa de biodiversidad en ambos países.

12. Exigir al Estado que implemente las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la protección de los pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonia peruana.

13. Exigir al Estado que se implementen las normas técnicas de salud para la prevención, contingencia y mitigación de impactos por contagio de epidemias entre poblaciones indígenas en aislamiento y contacto inicial.

14. Priorizar acciones de investigación y fiscalización a las instituciones estatales ubicadas en la frontera Perú-Brasil. Mejorar la presencia del Estado con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

15. Realizar operativos para el desalojo de madereros ilegales de las Reservas Territoriales que se encuentren invadidas, tomando todas las precauciones y cuidados que la situación amerita, dada la vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

16. Exigir al INRENA y a OSINFOR la supervisión y fiscalización de las empresas forestales titulares de concesiones forestales (maderables y no maderables) y la efectiva sanción a los infractores.

17. Exigir al Estado peruano la prohibición de acciones de contacto forzado de parte de cualquier persona o institución, en particular, de misioneros, y aplicar sanciones a quienes infrinjan esta prohibición.

18. Exigir a los gobiernos de Brasil y Perú la implementación de políticas fronterizas comunes y la priorización, de parte del "Grupo de Trabajo Binacional sobre Cooperación Amazónica y Desarrollo Fronterizo Perú-Brasil" y el "Foro Binacional de Integración y Cooperación para el Desarrollo Sostenible de la región Acre - Ucayali", de la protección de los territorios ocupados por pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, el medio ambiente y la biodiversidad, con la efectiva participación de las organizaciones indígenas involucradas.

19. Exigir que los acuerdos entre los gobiernos de Perú y Brasil para realizar acciones comunes de vigilancia y fiscalización en la frontera internacional sean cumplidos, de forma que garanticen la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario impidiendo la explotación ilegal de los recursos naturales y de otras actividades ilícitas en esa región.

20. Exigir al Gobierno Brasilero que las empresas estatales o privadas que operen en la Amazonia peruana reporten a la Comisión Nacional de Política Indigenista, sus actividades, estudios de impacto ambiental y planes de contingencia antropológica, así como los resultados de los procesos de consulta a los pueblos indígenas y demás poblaciones afectadas.

21. Los participantes en este Encuentro respaldamos las iniciativas de cooperación transfronteriza que se vienen estableciendo entre organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales. Exigimos a los Estados el respeto a estas acciones de cooperación.

22. Todos los asistentes a este Encuentro demandamos al Gobierno y Poder Judicial del Perú, se deje sin efecto la orden de captura y detención del coordinador de CIPIACI, Antonio Iviche Quique, dictada por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, en el proceso penal No 2008-157-SP, que se le sigue en su calidad de líder y presidente de FENAMAD, por haber asumido la defensa de los pueblos indígenas y los intereses de su Región.

Firmaron la presente declaración en la ciudad de Pucallpa, el 31 de octubre de 2008:

NOMBRE ORGANIZACIÓN NOMBRE ORGANIZACIÓN
Jaime Corisepa CIPIACI Gilberto Azanha CTI
Organizaciones indígenas:
Lucio Ayala CIPOAP Alejandro Bautista ORAU
Alejandro Chino Mori ORAU Edwin Chota Valera ACONAMAC
Manuel Cuentas Robles GRU Ángel Uaqui Dunu Maya CN MATSES
Mario Duri CIPOAP Fernando Estrella Acusamo FENACOCA
Ulises Fasanando ORDIM Oswaldo García OIRA
Jorge Guevara MONDINASA Victoria Ingrimari ORAU
Pedro Monteluisa ACONADYISH Roger Muro FECONAPU
Luis Nukini OPIRJ Manuel Pereyra ECOPURUS
Francisco Pinhanta APIWTXA Alberto Pizango AIDESEP
Benjur Proaño Trigoso ACONAMAC Ergilia Rengifo Lopez ACONAMAC
Jorge Rios Perez ACONAMAC Samuel Sanchez Majin FECONAU
Ricardo Sanchez Shahuano FECONBU Beltrán Sandi Tuituy FECOMNCU
Karen Shiariri ACONAMAC Mauro Shuarez FECONAPU
Geronimo Vega ORAI Susana Munta ORDIM
André Wapichama Wadick UNIVAJA Gilmer Yoimachi FPIU
Daysi Zapata ORAU Nery Zapata ORAU
Participantes:
Carlos Arana IBC Beatriz Huertas Castillo CIPIACI
Anders Krogh Rainforest Foundation Noruega Helena Ladeira Azanha CTI
Gabriela Mendoza Mendizábal CIPIACI Hilton S. Nascimento CTI
Marcelo Manuel Iglesias Piedrafita CPI/Acre Diego Villegas IBC
Conrado Rodrigo Octavio CTI Asunta Santillán Bartra DAR
Carlos Soria IBC

Fuente: ADITAL