Fondos europeos Next Generation. Más capitalismo tecnoverde, digital y elitista

En julio de 2020 la UE puso en marcha el proceso para pedir créditos a los mercados de capitales por 750.000 millones, que trasladaría a los países miembros en forma de “subvenciones” y de créditos subrogados. Al Gobierno español se le adjudicaron 140.000 millones, de los cuales 72.700 serían subvenciones y el resto créditos.

Pero todavía no ha llegado ni un euro desde la Unión Europea y no está claro si llegará el primer desembolso en 2021. Fundamentalmente porque la Comisión Europea y el Consejo tienen que aprobar los planes de cada país (de aquí a julio) y los 27 países tienen que aprobar por unanimidad el mecanismo por el que la UE podría captar esos créditos y, a mediados de mayo, siete países no lo han hecho. Se ha optado por un mecanismo financiero para hacer frente a un escenario de crisis múltiple y sistémica. Ante una encrucijada del modelo productivo, han apelado a la vieja política de inyectar dinero a las grandes empresas y dirigir ese dinero precisamente a lo que está en el origen de las crisis: al crecimiento.

¿Son ciertas las promesas asociadas a los fondos europeos?

En un desborde de propaganda, el Gobierno ha llegado a decir que: “La movilización de un volumen tan importante de recursos (…) permitirá no solo la superación de la crisis y la recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización de nuestra economía, para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social” [1]. De los análisis que venimos realizando sobre el mecanismo, los fondos y sus condicionantes, se deduce que no permitirán superar la crisis, ni recuperar el empleo, ni mucho menos cambiar el modelo económico en un sentido ecológico, inclusivo y social, sino que caminan justo en el sentido contrario.

En primer lugar, porque, aunque las cifras que se barajan pueden impresionar (de hecho, una comisaria de la UE habló de un “tsunami de fondos”) cuando se comparan encogen notablemente. El Parlamento de la UE propuso que los fondos fueran de dos billones de euros y el Gobierno español, junto con otros, planteó que fueran de 1,5 billones y solo en subvenciones. Finalmente, se han quedado en 390.000 millones de subvenciones, poco, comparado también con lo destinado en otras regiones del mundo.

Confrontando las subvenciones prometidas con la deuda pública reconocida (aspecto que va a tener cada vez más protagonismo) apenas llegarían a cubrir un 5,3 % de los más de 1,366 billones que se deben a febrero de este año. Más aún, si tenemos en cuenta que la deuda pública sigue creciendo (solo durante el mes de febrero de 2021 creció en más de 18.000 millones) y que cada año el Estado español tiene que abonar más de 31.500 millones, solo por los intereses de la misma, los 72.700 millones de los que hablamos apenas llegarían para pagar los intereses de la deuda pública de dos años y tres meses y todavía quedarían las amortizaciones del principal, que únicamente en 2021 están previstos en 95.000 millones [2].

Si se repartieran los fondos previstos entre la población, supondrían unos 1.500 euros por persona durante seis años, lo que son unos 250 euros por habitante y año. No son cifras insignificantes, pero ni mucho menos copiosas, aunque la propaganda lo repita. De hecho, las solicitudes de grandes empresas y las Comunidades Autónomas en sus manifestaciones de interés superan varias veces el total de fondos anunciados. Solo las de los gobiernos de Andalucía, Comunidad de Madrid y Catalunya suman más de 87.000 millones.

En segundo lugar, no está garantizada la llegada de la totalidad de esos fondos y menos a tiempo, por los retrasos que se vienen dando, por las dificultades que puede haber para captarlos. Lo que se debe a las posibilidades de veto que están sobre la mesa, así como a los recortes que se pueden producir por parte de la UE, especialmente si se restaura el Pacto de Estabilidad, que ha estado suspendido durante 2020 y 2021. Hasta junio no sabremos si seguirá suspendido en 2022. Si se restaura, sería obligatorio dar prioridad absoluta a la reducción del déficit al 3 % del producto interior bruto (PIB) y de la deuda al 60 %, cuando en el Estado español están en el 11 % y 122 % del PIB. Si el Pacto de Estabilidad entrara de nuevo en vigor, el reglamento establece además que se reducirán los fondos en un 25 % a quien sobrepase esos niveles de déficit y deuda.

En tercer lugar, esos fondos están condicionados a los recortes obligatorios que establece la UE a través de sus dictámenes anuales, conocidos como semestre europeo. En nuestro caso, se refieren a las pensiones, los derechos laborales y una posible subida de impuestos como el IVA, con el fin de reducir el déficit y la deuda pública. Recortes que ya se están planificando para presentarlos a la Comisión Europea con el fin de que apruebe la transferencia del presupuesto solicitado por España. De momento, sólo conocemos documentos y manifestaciones contradictorias. Una vez pactados con la UE, previsiblemente en junio, los recortes se irán desarrollando de manera significativa a partir de 2022.

El objetivo del plan España Puede

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede que, según el discurso oficial, contiene todas las inversiones y reformas para que la “recuperación sea verde, digital, inclusiva y social”, apenas aporta información. De la misma manera que sólo sugieren cambios en materia laboral, fiscal y de pensiones, presentados de forma muy ambigua, las inversiones que se contemplan son muy generales. No se conocen los proyectos que se van a desarrollar ni qué empresas van a participar.

Aun con la falta de transparencia, de acceso a la información y de control público que está caracterizando el proceso, se puede anticipar que las grandes compañías transnacionales serán las protagonistas [3]. De hecho, están presentes en el propio diseño de su gestión. El real decreto-ley 36/2020 para la ejecución del plan de recuperación, recoge las propuestas que presentaron la CEOE y escribieron abogados de los principales bufetes de abogados: Cuatrecasas, Garrigues, Uría-Menéndez y PwC.

Las administraciones públicas están externalizando cuestiones como la captación y diseño de proyectos a las grandes consultoras. Para muestra un botón, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha contratado a la consultora Deloitte para que les ayude en la captación y ejecución de los fondos europeos. La misma consultora también ha sido contratada por la petrolera Cepsa para formular sus proyectos. Así, las grandes compañías son asesoradas por las mismas consultoras que tienen un pie en la Administración, que es quien concede los fondos. Además de vías privilegiadas de acceso a la Administración, tienen la capacidad de generar una amplia cartera de proyectos. El Ibex35 en su conjunto ha presentado proyectos por un valor superior a los 120.000 millones de euros y las energéticas están a la cabeza de las solicitudes con un mayor importe. Iberdrola ha presentado proyectos con un presupuesto de 30.000 millones de euros y Endesa por 19.000 millones.

Los proyectos que se están presentando para su aprobación están relacionados con la renovación de infraestructuras, la digitalización de redes eléctricas y empresas, el AVE, la extensión del 5G, las gigafactorías de baterías, el automóvil eléctrico y el hidrógeno. Por cierto, este gas se está presentando como un recurso clave para la transición energética, en cambio,  siempre viene acompañado de grandes petroleras y gasistas. Así es como uno de los proyectos estratégicos del plan Euskadi Next sobre el hidrógeno tiene entre sus promotores privados a Petronor, Repsol, Nortegas, Enagas e incluso la petrolera saudí Aramco.

Por otra parte, en ningún caso se tiene en cuenta el agotamiento de los recursos materiales y energéticos que sostienen el metabolismo del sistema de producción y consumo. En vez de adecuar las propuestas a esta realidad, se apuesta por grandes proyectos que requieren ingentes cantidades de minerales, metales, agua, energía… Se prevé, por tanto, la profundización del extractivismo que está destruyendo la biodiversidad, incrementando el calentamiento global, desplazando a comunidades rurales e indígenas y generando situaciones de graves violaciones de derechos humanos que afectan especialmente a los países del sur global.

En definitiva, el plan España puede consiste en centenares de páginas para dar una buena capa de pintura modernizadora, verde y violeta al objetivo principal que se persigue con los fondos europeos: sostener las bases del modelo socioeconómico y los beneficios de las grandes empresas del capitalismo español. Una transformación del modelo socioeconómico con criterios de justicia social y ambiental plantearía la desmercantilización de servicios básicos, una fiscalidad que recayera en las grandes fortunas y transnacionales y las inversiones necesarias para ajustar la esfera económica a los límites biofísicos del planeta. Justo en el sentido contrario al que van estos fondos.

Notas

[1] Gobierno español, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede, octubre de 2020.

[2] Se puede encontrar un análisis más detallado sobre la regulación de los fondos, su calendario y sus condicionantes en  https://vientosur.info/bienvenido-mister-marshall/

[3] Nicola Scherer, Erika González y Nuria Blázquez, Guía NextGenerationEU: más sombras que luces. Análisis de los fondos europeos de recuperación y resiliencia: oportunidades, deficiencias y propuestas, Observatori del Deute en la Globalització, Observatorio de Multinacionales en América latina, Ecologistas en Acción, marzo de 2021.

Fuente: Ecologistas en Acción