Extractivismo y derechos humanos en Guatemala

En 2014 Aso-Seprodi publicó la investigación “Extractivismo y derechos en Guatemala. Legislación, fiscalidad, organización y género”, con el objetivo de comprender

las problemáticas que se generan alrededor de las industrias extractivas y su responsabilidad en la vulneración de derechos humanos.

Presentamos los principales conclusiones de la investigación y los invitamos a leerla. El PDF está disponible para su descarga o para su consulta en la mediateca de CEPPAS-GT de lunes a viernes de 10 a 17 hs.

Antecedentes del extractivismo en Guatemala

La historia del extractivismo en Guatemala se puede entender en tres períodos:

- La explotación minera colonial encomendera: caracterizado por la búsqueda y explotación de metales preciosos, una primera etapa, ampliándolo posteriormente a productos mineros no metálicos, bajo un modelo de uso de mano indígena esclava.

- La monoproducción de añil, café, algodón y caña: monocultivos impulsados por terratenientes españoles y criollos, que luego vieron la incursión de empresas norteamericanas como la United Fruit Company.

- El modelo neoextractivista: transnacionales de minería a cielo abierto, hidrocarburos, hidroeléctricas y biocombustibles, telecomunicaciones y agua, amparados por el TLC-CAFTA y el Acuerdo de Asociación con la UE.

Conflictividad

La oligarquía guatemalteca se ha asegurado de poner todo el andamiaje político, institucional y legal del Estado para garantizar sus inversiones en el sector extractivo. Las comunidades más afectadas son las indígenas, puesto que la explotación se da en sus territorios. Incluso contando con instrumentos internacionales que garantizan el derecho a consulta previa, libre e informada —como el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Guatemala en el año 1996, los proyectos se llevan a cabo a pesar de las comunidades. Las manifestaciones y expresiones de resistencia indígena se han perseguido y criminalizado: amenazas, asesinatos, desapariciones forzosas y represión.

Fiscalidad

La violencia y el saqueo se refuerzan si analizamos los beneficios fiscales de los que las empresas extractivas gozan en el país. La modificación de la Ley de Minería, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, redujo de 7% a 1% la obligatoriedad de los beneficios que las empresas debían entregar al Estado.

“Guatemala está entre los 15 principales países con índices de extración y exploración minera más altos. Sin embargo, registra los niveles más bajos de recaudación fiscal por estas actividades” (p. 7).

Además, “las prácticas de evasión y elusión fiscal y tributaria, así como el uso de precios de transferencia, paraísos fiscales, el uso del capítulo de inversiones y de libre movilidad de capitales en el marco de los Tratados de libre comercio, han sido prácticas comunes de las transnacionales extractivas” (p.47).

Género

“La violencia sexual, que implica la violación, acoso sexual y la prostitución forzada que lleva a la trata de niñas, es una práctica que se está instalando en las áreas urbanas cercanas a las empresas extratviistas” (p. 52). “En tribunales canadience está la demanda legal que Angélica Choc, mujer q’eqchi’ del Valle de Polochic, (...) ha interpuesto por la violación sexual de 11 de sus compañeras por miembros de la seguridad privada de la empresa minera canadiense Hudbay Minerals Inc.” (p.51).

Como si esto fuera poco, las afecciones a la salud causadas por los impactos ambientales de la actividad extractiva tienen doble impacto sobre las mujeres. Por un lado, porque sufren las consecuencias en sus propios cuerpos, con alteraciones hormonales, interrupciones de embarazos y “nacimientos de niños y niñas con deformaciones”. Por el otro, porque se encuentran sobrecargadas en sus tareas de cuidado al resto de familiares afectados.

Estas son apenas algunas de las manifestaciones que presenta la “globalización del modelo neoliberal sustentado en el despojo sistemático de los países empobrecidos”.

Fuente: CEPPAS