Extractivismo, territorio y conflictos en Bolivia

Por Patricia Molina.

Hasta el año 2011, el TIPNIS, Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, era prácticamente desconocido, a pesar de que sus habitantes lideraron la I Marcha Indígena de 1990, que logró por vez inicial el reconocimiento de los territorios indígenas de tierras bajas para su posterior titulación. Con el conflicto suscitado por la construcción de una carretera que dividiría el territorio, pasando por el núcleo del parque, cerca de las concesiones petroleras, el TIPNIS pasó a ser conocido en el ámbito mundial al poner en evidencia las tensiones entre el gobierno indígena del presidente Evo Morales y los pueblos indígenas de la Amazonía.

El conflicto del TIPNIS visibilizó, además, mecanismos de expansión territorial y de acumulación capitalista que extienden las relaciones de mercado, integrando progresivamente el territorio indígena al espacio económico de la producción de coca, sobre la base del principio de división del trabajo y la especialización. Pero el TIPNIS también colocó en el mapa geopolítico a los capitales petroleros, mineros y de la especulación financiera que generan la lucha de clases. La infraestructura de transporte y la reducción de sus costos van ineludiblemente asociadas a las actividades extractivistas y a la atracción de inversiones.

El TIPNIS mostró cómo es realmente este territorio producto de la actividad de los pueblos yurakarés, chimanes y mojeños que lo habitan. Su historia combina la persecución, que data de más de un siglo atrás, cuando escapaban de las reducciones y posteriormente del enganche cauchero, y el tiempo actual, cuando deben enfrentarse a comerciantes, jatateros o colonos.

Estos pueblos indígenas se apropiaron del territorio y construyeron una identidad asociada al manejo de un espacio con características naturales muy particulares. La cordillera y los ecosistemas que crea en su abrupta caída la altísima pluviosidad —la mayor del país—, así como la vinculación territorial relacionada con la navegabilidad de los ríos, todo ello sumado a las presiones externas, fueron intensificando los intercambios y las relaciones sociales e interétnicas, dentro y fuera del territorio.

El TIPNIS es el resultado de la construcción y la dinámica de acumulación de conocimientos, vivencias colectivas e individuales, prácticas de producción y manejo de recursos abundantes y escasos; asimismo, de la regulación de las relaciones sociales mediante normas internas que se resumen en las estrategias territoriales ahora visibles. De allí su capacidad de resistir y defender su territorio, capacidad desarrollada durante siglos.

El 15 de julio del 2009, el presidente del Territorio Mosetén, ubicado en el norte de La Paz, al oeste del TIPNIS, también en la Amazonía boliviana, retuvo en su comunidad, Simay [1], varios vehículos de la empresa norteamericana Geokinetics, contratada por el consorcio Petroandina —de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)— para realizar exploración sísmica en el Bloque Lliquimuni, dentro del cual se encuentra dicho territorio indígena. Este fue el primer conflicto de magnitud que se suscitó entre un pueblo indígena y la empresa estatal, desde la asunción del nuevo gobierno.

En abril del mismo año, la ONU, a instancias del presidente boliviano, había aprobado la Declaración de los Pueblos Indígenas. En las convenciones internacionales, el país destacaba por su crítica posición radical de defensa de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas. Resultó evidente que esto no constituyó una prioridad inmediata de las políticas públicas en la búsqueda de una transformación posextractivista y del posdesarrollo que responda efectivamente a las urgencias que plantean la crisis ambiental global y sus graves efectos en el país.

A ese conflicto le siguieron otros en el sector de la minería, como los de Corocoro, Mallku Khota y Colquiri, todos ellos con consecuencias dramáticas de confrontación, violencia y represión. Esto puso en evidencia los efectos del camino neoextractivista adoptado.

Desde las instituciones estatales se han diseñado diversas estrategias para manejar los conflictos. Algunas de ellas han logrado entablar la negociación y reducir las tensiones, pero la base misma de la conflictividad está intacta. En su avance sobre los territorios, la apuesta por el extractivismo seguirá confrontando a sus habitantes con los intereses destructivos, aun cuando estos se justifiquen en el interés prioritario del Estado.

Extractivismo y conflictividad:

El término extractivismo se refiere a las actividades que remueven grandes volúmenes de recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la exportación. No se limita a los minerales o al petróleo. Hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero.El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace quinientos años, debido a las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas —es decir, de bienes primarios—, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan naturaleza; las segundas, la importan [2].

Para esta óptica no existen consideraciones sobre el agotamiento de recursos ni menos aún sobre la sustentabilidad de los proyectos extractivistas, por lo que constituye un mecanismo de saqueo y apropiación colonial y neocolonial. El objetivo es la explotación de las materias primas indispensables para el desarrollo industrial y el bienestar del norte global, como las demandas de los países emergentes.

La historia muestra que los países con abundantes recursos naturales que apostaron por exportarlos solo consiguieron la generalización de la pobreza, sometidos a crisis económicas recurrentes y consolidando mentalidades meramente “rentistas”. Es el caso de Bolivia y su minería desde tiempos coloniales.

Los gobiernos progresistas de América del Sur han apostado por el extractivismo para resolver las demandas populares de acceso al agua, alimentación, crédito y servicios; asimismo, para consolidar su legitimidad y apoyo social con el fin de mantenerse en el poder y continuar el proceso de cambio. Por ello, si bien han efectuado algunas variaciones de componentes, como mejoras tributarias que devienen en mayores ingresos fiscales, en la actual estructura de acumulación no hay modificaciones sustantivas. Dichos gobiernos argumentan que el extractivismo es indispensable para combatir la pobreza y promover el desarrollo. En consecuencia, el neoextractivismo mantiene y reproduce elementos claves del extractivismo de origen colonial.

El rechazo al extractivismo y la destrucción ambiental en general, así como la defensa de los territorios de los pueblos indígenas y campesinos ante la lógica expansiva de la acumulación, fue uno de los ejes principales de las luchas antineoliberales. Sin embargo, durante la última década se ha acentuado en el país la dependencia primario-exportadora. En Bolivia la participación de los productos primarios como proporción del valor total de las exportaciones pasó de ser el 89,4% en el año 2005 al 92,6% en el 2010 [3].

El vicepresidente Álvaro García Linera caracteriza las políticas extractivistas impulsadas por su gobierno como una primera etapa que permitirá crear las condiciones materiales para salir del extractivismo. Sostiene que “detrás del criticismo extractivista de reciente factura en contra de los gobiernos revolucionarios y progresistas se halla, pues, la sombra de la restauración conservadora” [4].

García Linera considera que el extractivismo, el no extractivismo o el industrialismo son “sistemas técnicos de procesamiento de la naturaleza mediante el trabajo, y pueden estar presentes en sociedades pre-capitalistas, capitalistas o sociedades comunitaristas”. Añade que “Los críticos del extractivismo confunden sistema técnico con modo de producción, y a partir de esa confusión asocian extractivismo con capitalismo; olvidando que existen sociedades no-extractivistas, las industriales, ¡plenamente capitalistas!”. “En eso consiste el Vivir Bien: en utilizar la ciencia, la tecnología y la industria para generar riqueza, de otra manera con qué se podrían construir carreteras, levantar postas sanitarias, escuelas, producir alimentos, satisfacer las necesidades básicas y crecientes de la sociedad”, afirma [5],[6],[7].

En el artículo “Topología del Estado” [8], García Linera sostiene que “[…] la territorialidad del Estado Plurinacional es homogénea, es decir, geográficamente similar en derechos en cualquier lugar de la patria” y con una territorialidad policéntrica, “es decir, con múltiples polos de desarrollo, nodos de irradiación de oportunidades, de conocimientos y beneficios capaces de equilibrar el bienestar de una región con respecto a las otras regiones que componen la patria”. En consecuencia, esta territorialidad policéntrica, en forma de heptágono, con un centro gravitante, tendría en cada uno de sus vértices un polo de desarrollo, “núcleo irradiante y equilibrante de las fuerzas productivas de la economía y el bienestar social”. De acuerdo con García Linera, estos polos son:

1. El vértice sur, en el Chaco tarijeño, con la producción e industrialización del gas.

2. El vértice suroeste, Uyuni, con el litio y el complejo industrial.

3. El vértice sudeste, con el Mutún, el precámbrico y los incipientes procesos de industrialización.

4. El vértice noreste, con San Buenaventura y la actividad agrícola-forestal-hidrocarburífera del norte paceño.

5. El vértice noreste, con la intensa actividad agrícola y agroindustrial cruceña.

6. El vértice norte, con Cachuela Esperanza, el potencial hidroeléctrico y la castaña.

7. Y el vértice central del trópico, con la industrialización del gas y la articulación entre Amazonía y valles.

En cada uno de estos vértices, asevera el vicepresidente, “las materias primas, junto con la industrialización, constituyen el núcleo movilizador de recursos, tecnología y ganancias que permiten un equilibrio entre regiones, una irradiación homogénea de derechos y una creación de nuevos vértices, de nuevos polos regionales, capaces de utilizar las potencialidades económicas que tienen” [9].

La crítica al extractivismo se plantea desde la perspectiva de la búsqueda de alternativas civilizatorias a la sociedad depredadora del desarrollo sin fin. El extractivismo está lejos de ser solamente una “relación técnica con la naturaleza”. Una vez instalada en la sociedad, la lógica económica, política y cultural del rentismo adquiere una dinámica inercial de autorreproducción que muy difícilmente puede ser revertida, como lo demuestra la experiencia venezolana. La lógica rentista refuerza un modelo de Estado vertical y centralizado incompatible con la plurinacionalidad y con un Estado comunal, y socava de forma sistemática toda posibilidad de autogobierno participativo y democrático [10].

Extractivismo y resistencia:

En la etapa actual de crisis ambiental hay un reordenamiento de los roles productivos de los territorios, y los países de América Latina —“progresistas” o no— han entrado a cumplir su rol. Esta conquista de nuevos territorios conlleva el desplazamiento de la violencia hacia regiones del sur, porque el capital necesita conquistar mercados para exportar capital. Por ello, las empresas petroleras, mineras y otras hacen fila para obtener concesiones o contratos por treinta o cuarenta años, que luego mantienen a como dé lugar. Es el caso de Río Hondo, de Petrobras, y Tuichi, de Repsol, empresas que tenían concesiones para exploración obtenidas en gobiernos anteriores, ubicadas en Pilón Lajas, Madidi y el TIPNIS, las que fueron convertidas a pesar de haberse acogido a la “cláusula de fuerza mayor”. Por esta cláusula, ambas empresas alegaron que no habían podido cumplir con el contrato debido a la sobreposición con áreas protegidas, aunque, más que eso, lo que las hizo desistir fue la movilización local contra las actividades petroleras en territorios con una intensa actividad ecoturística. Estos contratos les servirán para la especulación financiera y, además, son transables [11].

David Harvey acuñó el concepto de acumulación por desposesión, que consiste en el uso de métodos de acumulación originaria para mantener el sistema capitalista, mercantilizando ámbitos antes cerrados al mercado, a partir del despojo o del pillaje de recursos, fuerza de trabajo y hasta dinero, que están todavía bajo relativo control de algunas clases, grupos o, como en el caso de la Amazonía, de las nacionalidades/etnias indígenas. La expansión nacional de las fronteras agroforestales, mineras y petroleras produce el despojo de los territorios indígenas porque allí se encuentran los bosques, las aguas, la riqueza biótica, los minerales y, desafortunadamente, el petróleo. La raíz del despojo es la privatización de la propiedad comunitaria. Las prácticas del despojo siguen un protocolo de privatización, financiarización, gestión y manipulación de las crisis y redistribuciones estatales de la renta [12].

En la actual fase de acumulación por desposesión se ha acelerado la creación de capacidades financieras y tecnológicas para superar la mayor parte de los obstáculos que hasta hace relativamente poco establecían que regiones enteras del planeta (Amazonía, cordillera de los Andes, etcétera) estuviesen más o menos protegidas del agresivo proceso de mercantilización y comodificación de la vida. Estos son los territorios donde vive una elevada proporción de los pueblos y comunidades campesinas e indígenas que, a pesar de medio milenio de sometimiento colonial, han logrado preservar modos de vida no plenamente sometidos a la lógica del capital y de la modernidad colonial [13].

Las resistencias de pueblos indígenas y campesinos del sur, en la defensa de sus territorios, sometidos al renovado vigor del asalto extractivista, constituyen hoy las fuerzas más vigorosas de freno y contención a la lógica devastadora del crecimiento sin fin que está destruyendo las condiciones que hacen posible la vida en el planeta Tierra. Estas luchas expresan los intereses estratégicos de la humanidad por la preservación de la vida [14].

Resulta paradójico, por ello, que precisamente el gobierno popular surgido como resultado de las luchas de los pueblos indígenas que impulsaron el proceso constituyente desde la V Marcha Indígena, y principales aliados durante la difícil fase de elaboración de la nueva Constitución, acuse a las naciones indígenas de estar políticamente subordinadas a discursos y poderes externos.

Las carencias y necesidades de amplios sectores de Bolivia no serán resueltas a largo plazo siguiendo el patrón que ha llevado a la grave crisis ambiental global, como consecuencia de la industrialización y el desperdicio. La esperada abundancia material, para luego impulsar políticas alternativas orientadas a vivir en armonía con la Madre Tierra, es un espejismo traducido en la entrega de bonos de diferentes tipos que no generan desarrollo local.

Un obstáculo que no se puede dejar de señalar en la gestión de los conflictos socioambientales derivados de actividades y políticas neoextractivistas son las dificultades para entablar diálogos abiertos y convergentes sobre políticas públicas en Bolivia. Esto se expresa en el tono de confrontación que ha asumido el debate entre el gobierno y sus críticos indígenas, ecologistas y de izquierda.

Estado, empresas y población:

Hace algo más de diez años, un proyecto del Banco Mundial pretendía reglamentar “las operaciones petroleras en territorios indígenas y áreas protegidas” en Ecuador, Perú y Bolivia. En realidad se trataba de llevar la consulta establecida en el Convenio 169 de la OIT al terreno del arbitraje en instancias empresariales. Dicho reglamento estuvo a punto de ser aprobado en Bolivia, pero diversas organizaciones indígenas y otras lograron frenarlo, al mismo tiempo que colocaron en la agenda la necesidad de trabajar en un reglamento general de consulta.

El año 2007 se aprobó el Reglamento de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas en Actividades Hidrocarburíferas. Dos años antes, el 2005, como resultado de las luchas en el país, se habían incorporado elementos esenciales de la consulta indígena en la nueva Ley de Hidrocarburos, vigente hasta hoy. Con esta ley, la consulta pasó de ser responsabilidad de las empresas al Estado, a estar cargo de la Unidad Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, lo que convirtió a esta unidad en un aliado natural de las empresas, para viabilizar la aprobación de las licencias ambientales.

Luego de los conflictos de Lliquimuni, TIPNIS, Corocoro y Mallku Khota, la estrategia del Estado se orientó a limitar la consulta indígena. El mismo presidente ha señalado en reiteradas ocasiones que la consulta indígena es solo un mecanismo que dificulta los avances petroleros en el país, y en otras, se estrella contra el proceso de evaluación de impacto ambiental, mientras que el vicepresidente ha señalado que la consulta indígena no se debe aplicar en otros casos, como en proyectos carreteros. En cualquier caso, los esfuerzos gubernamentales se han concentrado en limitar la consulta, discutir su carácter vinculante y convertirlo en un mecanismo de negociación de proyectos a cargo del Fondo Indígena [15]. Es decir, mecanismos de compensación administrados por reparticiones burocráticas, por decir lo menos, que propagandizan estrategias de aceptación forzada como si se tratara de desarrollo local.

Lo anterior se debe a que la consulta indígena, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, ratificada como ley de la república, al igual que la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, y además constitucionalizada en el país, se ha convertido en el principal mecanismo de defensa de estos pueblos frente a los proyectos extractivistas. A la fecha (2013) está aún en debate el proyecto de ley de consulta, a pesar de los muchos talleres de validación y todos los mecanismos desplegados para conseguir la aprobación de las organizaciones indígenas.

Entre estos otros mecanismos para enfrentar los conflictos indígenas derivados de la defensa territorial y del avance extractivista se encuentra la división de las organizaciones indígenas, en particular la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), aunque no escapa a estos intentos el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Aun cuando la CIDOB paralela no ha logrado viabilizar la legislación de la consulta, esta situación impide el desempeño pleno de la organización reconocida por la instancia superior, que es la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (COICA), y a la fecha incluso se pone en tela de juicio su legalidad.

Extractivismo minero:

Durante el periodo 2001-2005 el crecimiento del producto bruto interno estuvo liderado por el incremento de la producción de hidrocarburos, especialmente de gas natural, con una tasa promedio anual de 10%. En el periodo 2006-2009 correspondió a la actividad minera, que alcanzó una tasa promedio anual de poco más del 20% [16].

En el caso de la minería estuvo ausente la nacionalización como proceso de reversión de empresas privadas a manos estatales, motivo por el cual la participación estatal continúa siendo marginal. Las reformas se limitaron a la modificación parcial del régimen tributario para las empresas productoras, respetando la propiedad sobre las concesiones y los contratos de asociación con el Estado y con terceros. Por ello, durante los primeros cuatro años de gobierno los aspectos productivos continuaron siendo asumidos por el sector privado, especialmente mediante la puesta en marcha del megaproyecto minero San Cristóbal en el 2007. La presencia de las empresas privadas extranjeras, agrupadas como “minería mediana y grande”, sigue siendo dominante en la producción de minerales. El Estado, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), se limita a la producción de estaño por la empresa minera Huanuni y de cobre por la empresa minera Corocoro.

La importancia de la empresa minera San Cristóbal desde el 2008 se refleja en que controla el 69% de la producción de zinc, el 84% de plomo y el 46% de la plata, minerales que ese año representaron el 96% de la producción minera del país.

El complemento de la privatización de los yacimientos mineros en el país es la proliferación de las cooperativas mineras, emprendimientos informales que sobreviven a costa de la extrema explotación de la fuerza de trabajo, en condiciones técnicas precapitalistas y ambientalmente degradantes.

Los cooperativistas constituyen un sector que presenta diferenciaciones de clase camufladas en una organización que hereda la disciplina sindical por haber acogido a los relocalizados mineros de los años noventa. Dieron su respaldo al nuevo gobierno e impusieron su presencia en el gabinete y en el cuerpo diplomático, con lo que velan por sus derechos adquiridos y logran la rápida atención de sus demandas. Han generado conflictos de extrema violencia, como el caso de Colquiri, que provocó heridos e incluso un muerto de la Federación de Mineros, en una marcha en la ciudad de La Paz. Numerosas tomas de minas, violentas expropiaciones y confrontaciones con comunidades son hechos asociados a estos grupos. Firman alianzas con empresas transnacionales para facilitar el acceso a los yacimientos y se han convertido en un factor de poder que alienta las formas más aberrantes de extractivismo, tanto por la explotación humana como por la nula gestión ambiental, todo ello justificado en la creación de empleo, en lo que el Estado no ha avanzado sustancialmente en el sector.

En resumen, las políticas estatales en la minería no se orientan a la recuperación de los recursos ni a la estatización, sino al mantenimiento de la inversión privada extranjera y al fortalecimiento de las cooperativas mineras. Esto, además de impedir el objetivo gubernamental de control estatal de la cadena productiva, somete riesgosamente el aparato gubernamental a un sector muy violento que no tiene escrúpulos para hacer alianzas ni para romperlas.

Conflictos mineros: el caso de Mallku Khota, intereses y demandas

La concesión —sin consulta previa— de una de las más grandes reservas mundiales de plata, indio y galio a la canadiense South American Silver movilizó hacia la sede de gobierno a cientos de comunarios del norte de Potosí, que reclamaban derechos sobre los recursos naturales de su territorio ancestral. La South American Silver obtuvo la concesión el 2006, durante la administración del presidente Evo Morales, sin que fueran consultadas la comunidad Mallku Khota ni el aillu Sullk’a Jilaticani.

La Marcha de Mallku Khota reflejó el rechazo a la implementación de políticas públicas y a la toma de decisiones inconsultas, de parte del gobierno de Evo Morales, sobre proyectos que afectan de manera directa tierras comunitarias de origen (TCO).

El cerro Mallku Khota (‘Lago del Cóndor’, en aimara) se ubica al norte de Potosí, entre los municipios de Sacaca y San Pedro de Buena Vista. Está rodeado por cinco lagunas de agua dulce, la más grande de la cuales lleva el mismo nombre; en sus orillas se alberga la comunidad Mallku Khota, que, con otras comunidades, forma parte del aillu Sullk’a Jilaticani, titulado como tierra comunitaria de origen.

Las cinco lagunas constituyen fuentes de agua estratégicas. Alimentan las vertientes que dotan de agua a todo el norte de Potosí para el consumo humano y de los animales, y para los sembradíos. Están conectadas al sistema hidrológico de la región, y son fuente de origen y reserva acuífera de seis microcuencas que se extienden hacia abajo de la serranía, fundamentales para la producción agrícola y piscícola.

Además de su importancia como fuente de agua para todo el norte de Potosí, el Mallku Khota es uno de los yacimientos más grandes de plata, indio y galio conocidos en el hemisferio occidental; asimismo, cuenta con importantes reservas de oro.

Los comunarios exigieron el cumplimiento del acuerdo firmado con el Ministerio de Minería que garantizaba la conclusión de la fase de exploración de las reservas minerales de esa región. El conflicto se profundizó en la gestión del 2009, y desde entonces los aillus no cesaron de demandar la expulsión de la empresa.

Los primeros días de mayo del 2012 el conflicto hizo crisis tras el anuncio de la empresa de iniciar la explotación de los yacimientos a cielo abierto; la comunidad debía abandonar el lugar y reubicarse en otros predios. Las protestas se tornaron contundentes y, en respuesta, se ordenó la intervención policial de Mallku Khota.

South American Silver Corp. es una empresa minera de exploración, de poca experiencia, con sede en Vancouver (Canadá), registrada en la bolsa canadiense bajo el código TSX: SAC. El cálculo aproximado del valor accionario de esta compañía, a finales del 2010, alcanzaba a algo más de 80 millones de dólares americanos.

El 7 de mayo del 2012, la South American Silver anunció que acababa de firmar un contrato de financiamiento por 16 millones de dólares con varios grupos de inversionistas en alta tecnología, con base en Asia, destinado al desarrollo del proyecto Mallku Khota.

En su página web (junio 2012) la empresa se describe como una compañía en crecimiento, basada en la exploración minera, que se encuentra desarrollando uno de los mayores depósitos no explotados de plata, galio y especialmente indio del mundo: el proyecto Mallku Khota, cuyas reservas calificadas alcanzan a 230 millones de onzas de plata y 1481 toneladas de indio, y un recurso inferido de 140 millones de onzas de plata y 935 toneladas de indio. La firma canadiense asegura que el yacimiento podría proveer el 10% o más del suministro mundial de indio y galio. Puntualiza que “La propuesta de negocio combina el conocimiento y experiencia de excelencia del equipo e integra un enfoque en fuertes relaciones comunitarias y responsabilidad social corporativa […] con 20 años de experiencia en Bolivia. La compañía tiene transacciones financieras en la Bolsa de Valores de Toronto Stock Exchange y en el mercado de los Estados Unidos”. Describe a Mallku Khota como un proyecto íntegramente privado, cuya “vida útil prevista es de 15 años”.

En su estudio económico, y basándose en diferentes escenarios de precios de los metales, la compañía canadiense estima que la amortización del proyecto —tiempo que necesita la operación para recuperar todo el capital invertido, es decir, gastos de exploración, construcción de infraestructura, explotación, mano de obra, pago de regalías, etcétera— está garantizada en solamente quince meses; así pues, los catorce años restantes serían de plena ganancia para la empresa.

La empresa había previsto una explotación a cielo abierto, con un proceso de lixiviación con ácido clorhídrico. Planeaba abrir cuatro open pits (minas a cielo abierto) o tajos muy próximos a las lagunas en cuyas orillas se asientan los comunarios de Mallku Khota.

El vicepresidente García Linera ratificó la legalidad de las concesiones de la South American Silver Corp. y acusó a los comunarios que protagonizaban la marcha de explotar ilegalmente oro, contaminando las lagunas de Mallku Khota. Aseguró que de los cuatro ayllus que viven en la zona, formados por unas sesenta comunidades, todas, exceptos dos, respaldaban la presencia de la transnacional canadiense.

Ante la falta de consulta previa, la empresa diseñó una estrategia orientada a asegurar el aval de la comunidad a sus planes de exploración y explotación de las reservas mineras, basada en los exitosos modelos implementados por Suminoto en la mina San Cristóbal y por Newmont en las minas Inti Raymi. Estos modelos se centran en un “enfoque fuerte en las relaciones con las comunidades para facilitar proactivamente acuerdos de beneficio mutuo” [17].

Dicha estrategia contemplaba la negociación de acuerdos con los aillus dueños del territorio para mitigar los impactos y otorgar beneficios como becas, contribuciones a las escuelas locales, apoyo a iniciativas de salud, involucramiento en el monitoreo ambiental, entrenamiento a las comunidades locales para el trabajo de exploración, promoción de actividades tradicionales y culturales, proyectos de sanidad animal y programas de vacunación y tratamiento veterinario de animales domésticos para mejorar la economía de la región —que se basa en una agricultura de subsistencia— y, asimismo, trabajar con las comunidades indígenas proyectos para facilitar el desarrollo económico y comercial de la región.

Lo que la referida estrategia no tomó en cuenta es que, con otras comunidades, Mallku Khota forma parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Ayllu Sullk’a Jilaticani; y que, tratándose de una propiedad colectiva, no es posible ninguna estrategia que no sea la aplicación y el cumplimiento de la normativa vigente respecto los derechos territoriales e indígenas consagrados en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política del Estado.

El propio informe de la South American Silver Corp. reconoció que el proyecto se ubica en una cabecera de cuenca, de la que se originan seis pequeñas subcuencas. Estas lagunas son esenciales para la producción agrícola de las poblaciones aguas abajo. Su desaparición implicaría cambios y efectos no previstos en el sistema ecológico e hídrico y, desde luego, consecuencias en las condiciones de producción agropecuaria de las comunidades.

Otro impacto es el asociado a la generación de residuos. Según el informe de la empresa canadiense, se preveía generar un promedio de 25 millones de toneladas de residuos por año, lo que supone que luego de quince años este proyecto dejaría en la zona cerca de 375 millones de toneladas de desechos que, junto con sus instalaciones, requerirían la ocupación de grandes extensiones de suelos, de donde desplazarían a las poblaciones que hoy las ocupan.

Por otra parte, todos los compuestos del indio deben ser considerados como altamente tóxicos, pues provocan daños en el corazón, riñones e hígado, y pueden ser teratógenos (generadores de anomalías congénitas). Los datos disponibles acerca de los efectos de esta sustancia en la salud humana son insuficientes y no han sido aún investigados, por lo que, según Water Treatments Solutions Lenntech, se deben tomar extremas precauciones [18].

El gobierno cedió finalmente a la presión y revocó las concesiones mineras, incluido el Proyecto Minero Mallku Khota. La empresa inició un arbitraje internacional el 2013, enmarcado en el reglamento de arbitraje de la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional y el tratado de protección de inversiones entre el país andino y el Reino Unido.

Conclusiones:

El extractivismo sigue vigente, aunque asume formas nuevas en un Estado que ha recuperado roles e ingresos. Tales formas incluyen asociaciones de empresas estatales, cooperativas-Estado y cooperativas-empresas.

La consulta indígena se ha convertido en el principal mecanismo de defensa, sobre todo si se aplica en territorios que buscan la protección del mismo y no simplemente negociaciones de compensación.

Surgen nuevas estrategias, nuevos disfraces para limitar la consulta y promocionar las actividades en las que se basa la economía extractivista, como la distribución de pequeños proyectos, la creación de reparticiones para la elaboración de los mismos, las divisiones de organizaciones o los proyectos de “responsabilidad social”.

Un territorio con identidad parece incomprensible para funcionarios y gobernantes que, con una mentalidad rentista o de modernidad capitalista, no consiguen comprender por qué sus actores —los pueblos que lo habitan— están decididos a defender su historia, su pasado, su presente y también su futuro.

Notas:

(1) Véase Pablo Cingolani , vitemos otro Baguá en Bolivia. Paremos la violencia. En Amazonia Blues. Denuncia y poética para salvar la selva. FOBOMADE. La Paz-Bolivia, 2009.

(2) Véase Alberto Acosta, “Extractivismo y neoextractivismo, dos caras de la misma maldición, en Más allá del desarrollo. Quito y La Paz, Fundación Rosa Luxemburgo, 2011.

(3) Véase Edgardo Lander, Carlos Arze, Javier Gómez, Pablo Ospina y Víctor Álvarez, Promesas en su laberinto.Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina. La Paz, Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y Centro Internacional Miranda (CIM), 2013.

(4) Álvaro García Linera, Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y acumulación capitalista. La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, p. 110.

(5) García Linera, Geopolítica de la Amazonía, ob. cit., p. 107.

(6) García Linera. Geopolítica de la Amazonía, ob. cit., p.107.

(7) García Linera, “Las tensiones creativas de la revolución. Quinta etapa del proceso de cambio”, La Razón, 6 de junio del 2011.

(8) García Linera, “Topología del Estado en animal político”,La Razón, 17 de febrero del 2013.

(9) García Linera, “Topología del Estado…”, ob. cit.

(10) Véase Lander y otros, Promesas en su laberinto, ob.cit.

(11) Patricia Molina, “Etnocidio y lucha de clases en elTIPNIS”, en SENA No 16/06/13.

(12) Véase Patricia Molina, “TIPNIS: ¿destruyendo los vínculos comunicativos del territorio?”, en Boletín del Servicio de Noticias Ambientales (SENA), n.° 117, 27 de agosto del 2012.

(13) Véase Lander y otros, Promesas en su laberinto, ob. cit.

(14) Véase Lander y otros, Promesas en su laberinto, ob. cit.

(15) Véase Rubén Pinto, “Análisis del anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada” en Boletín del Servicio de Noticias Ambientales (SENA), n.° 181, 27 de noviembre del 2013.

(16) Véase Edgardo Lander, Carlos Arze, Javier Gómez, Pablo Ospina y Víctor Álvarez, Promesas en su laberinto. Cambios y continuidades en los gobiernos progresistas de América Latina. La Paz, Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y Centro Internacional Miranda (CIM), 2013.

(17) soamsilver.com

(18) Véase Zulema Alanes y Patricia Molina, “Mallku Khota: el vuelo de los cóndores”, en Boletín del Servicio de Noticias Ambientales (SENA), n.° 109, 16 de junio del 2012.

- Publicado en PUNTO DE VISTA, No 5, noviembre 2013. Revista de la Red de Industrias Extractivas RLIE.

Fuente: Oilwatch