Extractivismo en América Latina: el despojo de los derechos

Los altos precios de minerales e hidrocarburos que, según un estudio de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE), se cuadriplicaron entre 1991 y 2001, conllevaron que la región se volviese más atractiva y rentable para las empresas, como lo muestra que en 2013 captase 27% de la inversión en exploración minera a nivel mundial. Al mismo tiempo, los Estados latinoamericanos lo vieron como uno de los principales medios para generar renta pública, inversión extranjera directa, crecimiento económico y aumentar el comercio exterior. Es decir, para mejorar toda una serie de indicadores que a los gobiernos les gusta publicitar como muestras de buena gestión pública.

Sin embargo, el otro lado de la moneda, que rara vez gobiernos, empresas e iniciativas internacionales, como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), señalan en sus informes sobre el desarrollo de la actividad extractiva en los países, es la de los daños sociales, ambientales y climáticos que, por su propia naturaleza, genera. Tampoco incluyen información sobre la sistemática violación de derechos humanos y, en especial, de los derechos de los pueblos indígenas y tribales que acompaña a la actividad extractiva; pues como señala acertadamente el periodista e investigador uruguayo Raúl Zibechi, el extractivismo implica características del estado de excepción permanente, ya que “allí donde se instala el modelo extractivo, las leyes, las protecciones legales a las poblaciones desaparecen”.

Ante este hecho, no debería sorprendernos que la explotación de minerales e hidrocarburos, pero también de otros tipos de extractivismo como el hidroeléctrico, el forestal y el agrícola, entre otros, sea una causa permanente de conflicto social y ambiental en América Latina. Por dar sólo un dato, el O bservatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) tiene identificados, al menos, 210 conflictos provocados por 220 proyectos mineros y que afectan a 315 comunidades. En la lista de países donde estos conflictos ocurren, México se lleva la palma con 37 casos, seguido muy de cerca por Perú y Chile con 36 casos cada uno, Argentina con 26 y, ya más alejado, Colombia con 13. Sin embargo, es importante también mencionar la situación de países que, como Honduras, presentan un número menor de conflictos (en este caso cuatro), pero en los cuales la violencia, hostigamiento, criminalización y asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos es especialmente flagrante.

Según un estudio que Global Witness publicó en 2015, de los 116 asesinatos de activistas ambientales y territoriales ocurridos en 2014 que se pudieron identificar (pues existen serios vacíos de información que hacen temer una cifra aún mayor), tres cuartas partes ocurrieron en la región latinoamericana. El país más peligroso es Honduras, donde ha habido 111 asesinatos de activistas entre 2002 y 2014, de los cuales 40% de las víctimas eran indígenas. El desarrollo de actividad hidroeléctrica, minera y agroindustrial es la principal causa de estas muertes violentas.

El más reciente caso, ocurrido hace tan sólo unas semanas, es el vil asesinato de Berta Cáceres, líder indígena lenca integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ataque del que también fue víctima Gustavo Castro de Otros Mundos Chiapas, organización mexicana, y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero, a quien aún no se le ha permitido salir de Honduras, pese al riesgo en que está su vida. Días después, fue asesinado el compañero Nelson García, también del COPINH. Este Consejo, así como una diversidad de organizaciones y actores nacionales, regionales e internacionales, denuncian que estos no fueron casos aislados, si no que se dan en un marco generalizado de ataque a defensoras y defensores del territorio. En concreto, señalan su relación directa con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y responsabilizan a la empresa Desarrollos Energéticos.

Estos hechos muestran, además, los enormes intereses detrás de los proyectos extractivos y la arraigada corrupción, colusión e impunidad existentes en los países de nuestra región, donde rara vez se hace justicia por estos asesinatos o se ponen en marcha medidas que garanticen la no repetición de actos semejantes. En el ataque a Berta, Gustavo y Nelson y la investigación oficial que le ha seguido se pone de manifiesto cómo los gobiernos se alían con las empresas para llevar adelante proyectos por encima de la voluntad de las poblaciones que habitan los territorios que son invadidos y ocupados sistemáticamente por la actividad extractiva.

Ahora, ante la caída del precio de minerales e hidrocarburos esta situación corre el riesgo de agravarse, un nuevo panorama se está abriendo. La disminución en la rentabilidad de los proyectos y en la generación de renta pública, está tratando de ser compensada con un aumento de la producción, que conlleva la ampliación de la frontera extractiva. Pero, además, también viene asociada al debilitamiento de la institucionalidad y regulación social y ambiental, la neutralización de la legislación sobre derechos humanos, la reducción y cierre de espacios a sociedad civil, un aumento de la represión, la limitación del acceso a la información y la regresión fiscal. De esta manera se pretende continuar el modelo extractivo cueste lo que cueste y le pese a quien le pese, dirigiendo a la región a una carrera hacia el fondo.

En este panorama, se hace cada vez más urgente la construcción de alternativas al extractivismo. Para ello, se necesita la participación y propuestas de la población, especialmente de aquella que vive y ama los territorios, como es el caso de Berta, el COPINH y tantos pueblos a lo largo de nuestra América. Por eso, el ataque a las y los defensores de los territorios es un ataque contra todas y todos, contra la humanidad, porque, además de la perdida de vidas, atenta contra la construcción de otros modelos y modos de vida que no pongan en peligro a la población y el medio ambiente de la región. Modos que protejan al planeta entero, si consideramos el impacto de la actividad extractiva sobre el cambio climático.

Es por ello que, desde la RLIE y PLQP, nos sumamos al llamado de justicia para Berta y Nelson y de seguridad para Gustavo y el COPINH. Exigimos que estos y todos los otros ataques contra defendores y defensoras sean investigados, los verdaderos responsables sean llevados ante la justicia y se establezcan medidas que garanticen la no repetición.

#JusticiaParaBerta
#SeguridadParaGustavo
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Por Aroa de la Fuente López - Coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) y Miembro del Consejo Global y la Junta de Publiquen Lo Que Pagan (PLQP)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
23 de marzo, 2016

Fuente: Publiquen lo que pagan