Extractivismo, democracia y desarrollo en Colombia

Las consultas populares como una herramienta de empoderamiento para las comunidades.

INTRODUCCIÓN

Colombia, como un país dependiente en el sistema imperante, está subordinado a ciertas dinámicas económicas y sociales, que ocasionan formas de sobreexplotación tanto humanas como de la naturaleza, en donde las comunidades se ven enfrentadas directamente con las consecuencias de un sistema totalmente depredador e inhumano, que ha sido profundizado y potencializado en la etapa neoliberal.
Debido a lo anterior, en los últimos meses hemos observado como diferentes municipios y regiones del país han transitado de la pasividad a un dinamismo extraordinario en la participación y decisión de que hacer en el territorio. Las comunidades toman las riendas de sus vidas y sus relaciones espaciales con la naturaleza, conllevando a una apropiación y concientización de la fuerza propia de las comunidades organizadas, generando dinámicas de socialización, concientización, educación y empoderamiento popular.

LA DICTADURA DEL EXTRACTIVISMO EN COLOMBIA

“En efecto, a diferencia de lo que sucede en los países capitalistas centrales, donde la actividad económica está supeditada a la relación existente entre las tasas internas de plusvalía y de inversión, en los países dependientes el mecanismo económico básico deriva de la relación exportación-importación” (Marini, 1972)

Colombia como una economía dependiente a diferencia de los países metropolitanos, está determinado, en el sistema capitalista, a la relación exportación e importación, lo cual ocasiona una dictadura de las relaciones productivas dirigidas por las necesidades de las económicas metropolitanas. Estas dinámicas generan una sobredeterminación de las relaciones económicas externas sobre las relaciones económicas internas, propiciando una debilidad endémica de las economías dependientes debido a que los ingresos de estos se conciben en relación a los términos de intercambio internacional tanto de las exportaciones como de las importaciones.

Esta dictadura de las economías metropolitanas sobre las económicas dependientes genera entre otras: i) una determinación directa en la producción; ii) una sobreexplotación laboral y de la naturaleza; iii) una baja tasa de democratización; y, iv) una debilidad endémica de los países dependientes a los flujos y reflujos de la economía internacional. Estas dinámicas propias de los países dependientes son características de la acumulación capitalista y son re-afianzadas y profundizadas en la etapa neoliberal.

Colombia está inserta en estas relaciones odiosas y ha transitado, en su historia, por la dependencia a la exportación de ciertas mercancías de carácter primario, como lo fue la exportación de tabaco a principios del siglo XIX, y del café a mitad del siglo XX, hasta la actual dependencia al extractivismo de los recursos naturales, como hidrocarburos y minerales.

Esta dependencia primordial a los ingresos de la exportación de la producción extractivista se hace visible desde comienzos de la década de los 90 y se verá concluida a partir del periodo 2000-2004 en Colombia, |1| el inicio de la dependencia al extractivismo se compagina con el fin de la dependencia a la exportación del café a finales de la década de los 90, -como se evidencia en la siguiente grafica- dando paso a la nueva fuente de ingresos devenida de las exportaciones de la explotación de los recursos naturales y energéticos en el país, claramente jalonado y en relación directa a la nueva división internacional del trabajo inaugurada en la década de los años 70 y 80 debido entre otras causas a la tercera revolución científico técnica y a la dinámica de la financiarización de la economía.

Como refiere Ruy Mauro Marini en el siguiente extracto la nueva división internacional del trabajo ocasiona que “[…] uno de sus resultados visibles es el regreso de países (desde luego con métodos de gestión plenamente capitalistas, a diferencia de lo que sucedía antes) a la forma simple de división internacional del trabajo que primaba en el siglo XIX y que involucraba el trueque de bienes primarios por bienes manufacturados.” (Marini R. , 2008, pág. 260)

Ante estas dinámicas de opresión directa de las metrópolis a los países dependientes, se evidencia como existe una determinación inmediata en el desarrollo económico de los países dependientes por los países metropolitanos, donde los primeros deben producir y/o explotar las mercancías necesarias para mantener el mecanismo económico internacional.

El aumento de la explotación y/o producción de las materias primas y su posicionamiento como el referente primordial de las exportaciones de los países dependientes, tiene como principio la puesta en marcha del neoliberalismo en nuestros países en la década de los 80 y 90, y póstumamente el aumento exponencial de los precios de las materias primas a partir del año 2002 como se evidencia en la siguiente gráfica.

Este incremento de los precios de las materias primas generó el aumento demencial del extractivismo en los países dependientes en particular en los países de América Latina y, claramente, en Colombia. Según el Atlas Global de Justicia Ambiental, Colombia es el país con mayores conflictos ambientales con alrededor de 72 conflictos para el año 2014.

“En América Latina, el mayor número de casos de conflicto documentados por el atlas están en: Colombia (72), Brasil (58), Ecuador (48), Argentina (32), Perú (31) y Chile (30)” (Semana Sostenible, 2014)

Aunque se evidencia -en la gráfica 2- como en el año 2014 los precios de las materias primas o Commodities tienen un gran desplome en sus precios internacionales |4|, estas dinámicas de sobreexplotación de la naturaleza no cesaron, puesto que la tesis gubernamental en el país y en gran parte de América Latina ante la crisis devenida de la caída de los precios de las materias primas es recuperar lo perdido por los bajos precios con una mayor explotación de los recursos naturales y/o Commodities.

Esto conllevó a un incremento de los conflictos ambientales, debido a que las comunidades evidencian de manera latente la sobreexplotación de la naturaleza y sus consecuencias tanto físicas como culturales afectando de manera directa a sus vidas y sus relaciones de producción y reproducción de la vida material. Esta confrontación entre las comunidades y las instituciones gubernamentales se han visto reflejadas en la estigmatización y deslegitimación de las primeras por las segundas.

El aumento de los conflictos ambientales se observa en tanto que estos pasaron de 72 en el 2014, a rondar 115 en el 2016 según el Atlas Global de justicia Ambiental.

“Colombia, cierre del año 2016: 115 conflictos socio-ambientales* se mantienen activos, el 80% de ellos (92) impactan o se originan en las zonas rurales; cerca de 12,5 millones de colombianos han sido o pueden ser afectadas potencialmente por ellos; el área afectada o potencialmente afectada llega a las 12,4 millones de hectáreas (1,1% del territorio nacional)” (Colombia Plural, 2017)

CONSULTAS POPULARES Y EL EMPODERAMIENTO SOCIAL.

Tras la intensificación de la sobreexplotación de la naturaleza en los últimos años, hemos observado como las comunidades han generado una mayor cohesión entre sí, propiciando diferentes formas de resistencia a los ataques de las grandes multinacionales y trasnacionales, que se basan en la rentabilidad económica subordinando los derechos de las poblaciones y de la naturaleza.

Las comunidades han observado los desastres ambientales que causa la explotación de los recursos naturales, que se transforman en la cosmovisión de las comunidades desde un valor de cambio -Commodities- hacia un valor de uso -los bienes comunes-, donde las equivalencias y relaciones económicas de y sobre la naturaleza son desmitificadas y se replantea la relación que tiene la humanidad-natural con la naturaleza.

Las comunidades transformaran su pensamiento y accionar debido a la experiencia de los innumerables ecocidios alrededor del país, con lo cual propician varias formas de resistencia en contra de este perjuicio, como son las consultas populares para frenar los proyectos extractivos en sus territorios y la presión ejercida sobre los consejos municipales para que ratifiquen la negativa de este tipo de proyectos.

Estas dinámicas democráticas solo pueden ser puestas en marcha bajo la concientización de las comunidades y un trabajo arduo por la educación y socialización de experiencias acumuladas y de estudios propios, que se basan en la horizontalidad y el respeto a la diferencia.

Esta puesta en marcha de la construcción de un nuevo devenir de la sociedad, donde estas posean el poder de transformación de sus entornos, se proyecta como un proceso de autogestión y auto-organización de las comunidades, que parten de la solidaridad y fraternidad de los individuos de la colectividad y del acompañamiento de diferentes resistencias que se aglutinan una junta a la otra cada vez en las conquistas democráticas que apuntalan a la construcción de un proceso emancipador y de la fundación de nuevas relaciones tanto productivas como reproductivas.

LAS CONSULTAS POPULARES: MÁS ALLÁ DE UNA HERRAMIENTA JURÍDICA EL PUNTO DE PARTIDA POR LA REIVINDICACIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, LA AUTONOMÍA TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Como se puede observar en la ilustración no. 2 hasta el momento se han realizado 5 consultas populares relacionadas con los temas de explotación en el sector minero-energético, y se preparan más de 40 iniciativas a lo largo de todo el país, lo cual ha sido llamado como el “boom” de las consultas populares.

Estos instrumentos y su vinculatoriedad han recibido un apoyo desde la Corte Constitucional en sus últimas providencias la C-273 y la T-445, ambas de 2016, en donde la corporación ha reconocido la competencia de las autoridades territoriales y sus poblaciones a decidir sobre su territorio, en la primera en el examen de constitucionalidad que se hizo del nuevo código de minas en donde se vetaba esta competencia a estas autoridades, y en la segunda en la acción de tutela contra la providencia del Tribunal Administrativo de Quindío que declaraba improcedente la pregunta para dar paso a la Consulta Popular en Pijao. En esta última, la Corte expresó que:

“En el ámbito interno los componentes de la justicia social ambiental cuentan con respaldo constitucional expreso y quedan comprendidas dentro del mandato del Constituyente de asegurar la vigencia de un orden justo (art. 2 CP). Es más, no se debe olvidar que la Carta del 91consagra el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, disposición que, interpretada a la luz del principio de igualdad establecido en el artículo 13, fundamenta un derecho fundamental de acceso equitativo a los bienes ambientales y un reparto igualmente equitativo de las cargas públicas, al igual que un mandato de especial protección para los grupos sociales discriminados o marginados. Para garantizar la adecuada materialización de los derechos a la participación de las comunidades o poblaciones afectadas por un proyecto extractivo, algunos autores han manifestado la importancia de establecer bases organizativas que tengan la capacidad de generar incidencia en la decisión, ya que una participación meramente simbólica en la toma de una determinación no podría estar dotada de la legitimidad que propugna el estado social y democrático de derecho que estableció la Carta del 91 si los afectados no son escuchados y su punto de vista es tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión.” (Sentencia T-445, 2016)

En las providencias mencionadas se retoman las leyes – Ley 134 y 136 de 1994- que reglamentan la materia de las consultas populares y su viabilidad ante proyectos que puedan llegar a cambiar el uso del suelo. Adicionalmente, la Corte Constitucional recalca como por medio de estas herramientas no sólo se está en desarrollo del derecho de participación ciudadana sino que también se hace visible el desenvolvimiento de la autonomía territorial y del derecho a un ambiente sano.

Es así como por medio de estas sentencias se han brindado respuestas claras a los interrogantes que vienen desde el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente y sus ministros, quienes en respaldo a la inversión extranjera han puesto de manifiesto la decisión de promulgar una nueva ley que restringa el área de acción y los efectos de las consultas populares.

Es por esto que ante estas estrategias del gobierno nacional, se refuerza el argumento que las consultas populares son herramientas jurídicas -al igual que los acuerdos municipales- cuyo impacto depende del trabajo de educación y movilización social que las respalden; debido a que en preparación de estos espacios se abren posibilidades de discusión en los territorios sobre qué es lo que se entiende por desarrollo y por medio de qué estrategias se puede llegar a él.

Como Grupo de Investigación estaremos acompañando a las comunidades en sus procesos de discusión teniendo a las consultas que se avecinan como una ilusión y esperanza, pero a la vez a la incertidumbre de las estrategias jurídico-legales del Gobierno frente a las cuales será la movilización social quien haga respetar el clamor de las poblaciones que hacen un llamado de atención sobre la destrucción de nuestros territorios y bienes naturales comunes.
Por Camila Andrea Galindo y John Freddy Gómez
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BIBLIOGRAFÍA

Colombia Plural. (30 de Enero de 2017). Los 115 conflictos que olvidó el posconflicto. Obtenido de Colombia Plural: https://colombiaplural.com/...

Fariza , I. (22 de Noviembre de 2015). Los precios de las materias primas caen a su nivel más bajo en 16 años. Obtenido de El Pais : http://economia.elpais.com/...

Fundación Paz & Reconciliación. (27 de junio de 2017). Consultas populares en el sector minero energético. Obtenido de Fundación Paz & Reconciliación: http://www.pares.com.co/....

Kalmanovitz, S. (Julio de 2015). Breve historia económica de Colombia. Obtenido de Universidad tadeo: http://www.utadeo.edu.co/...

Libreros, D., Galindo , C., & Gómez , J. (26 de Junio de 2016). Crisis del capitalismo periférico y la bancarrota del extractivismo. Obtenido de CADTM: http://www.cadtm.org/...

Libreros, D., Galindo, C., & Gómez, J. (16 de Febrero de 2015). La caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso y el aumento de la deuda pública. Obtenido de FISYP: https://fisyp.org.ar/...

Marini, R. (2008). Proceso y tendencias de la globalización capitalista. Obtenido de CLACSO: http://biblioteca.clacso.edu.ar/...

Marini, R. M. (1972). SUBDESARROLLO Y REVOLUCIÓN. En R. M. Marini, Subdesarrollo y revolución (págs. 1-25). Mexico: Siglo Veinte Editores S.A.

Semana Sostenible. (22 de Marzo de 2014). COLOMBIA ES EL PAÍS CON MÁS CONFLICTOS AMBIENTALES DE AMÉRICA LATINA. Obtenido de Semana Sostenible: http://sostenibilidad.semana.com/...

Sentencia T-445 (Corte Constitucional 19 de agosto de 2016). Obtenido de http://www.corteconstitucional.gov....

Notas

|1| Aunque manifestamos que la dependencia principal del extractivismo se visibiliza desde la década de los 70 esto no quiere decir que el extractivismo no estuviera presente en toda la historia del país.

|2| Grafica extraída de (Kalmanovitz, 2015, pág. 108)

|3| Grafica extraída de (Fariza , 2015)

|4| Para mayor información remitirse a (Libreros, Galindo , & Gómez , Crisis del capitalismo periférico y la bancarrota del extractivismo, 2016) y (Libreros, Galindo, & Gómez, La caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso y el aumento de la deuda pública, 2015)

|5| Grafica extraída de (Colombia Plural, 2017)

|6| Extraído de: (Fundación Paz & Reconciliación, 2017)

Fuente: CADTM, 5 de julio, 2017