Expansión de las plantaciones de palma aceitera como política de Estado en Centroamérica

En Centroamérica las extensiones de palma aceitera registradas oficialmente sobrepasan las 370.000 hectáreas y esta cifra viene en aumento debido a una agresiva expansión producto de la demanda de aceite de palma a nivel global. El 51% del aceite vegetal consumido mundialmente es de origen de palma. En particular las exportaciones centroamericanas tienen como destino México, Estados Unidos y la Unión Europea (1).

El aceite de palma es quizá una de las industrias de más rápido crecimiento y al mismo tiempo integradas regionalmente como agronegocio. Pero destaca por ser quizá el cultivo menos estudiado en cuanto a sus impactos sociales y ambientales aún inconmensurables.

En Guatemala existen 130.000 hectáreas de plantaciones de palma. En los departamentos con presencia del monocultivo se reportan desplazamiento de comunidades y pueblos indígenas (2). Estos son los casos del Sur de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Quiché, Q´eqchí, Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenengo, San Marcos y Retalhuleu, la mayoría comunidades campesinas y pescadoras. Alrededor del 4% del total de la superficie agrícola del país está ocupada por este monocultivo.

Si hablamos del caso hondureño, el monocultivo de palma es uno de los responsables más importantes de la deforestación y la pérdida de territorio por parte de las comunidades garífunas y misquitas. Honduras posee una agroindustria agresiva vinculada a poderes políticos, militares y del narcotráfico. Se reportan oficialmente 165.000 hectáreas, pero esta cifra está poco documentada y se encuentra actualmente en expansión gracias a políticas e incentivos gubernamentales.

Para Honduras la concentración aparente no es tan acentuada ya que la producción de palma no es exclusivamente una actividad de grandes productores o transnacionales. En Honduras, 16 de los 18 mil productores son pequeños (50 de las 165 mil hectáreas). Hay que señalar que el número de hectáreas registradas con cultivo de palma en Honduras es el que emiten las mismas empresas, por lo que se estima que están subcontabilizadas. Sobre todo luego del Golpe de Estado de 2009, cuando se ha venido consolidando de forma más agresiva la expansión palmera, la militarización y la violencia contra campesinos. Esta situación se ha hecho particularmente evidente en el Valle del Agúan, por la gran cantidad de asesinatos y desaparecidos dentro de las plantaciones. En el centro de esta polémica por los crímenes está la empresa DINANT, propiedad de la familia Facussé, el mayor productor de aceite de palma del país (3).

Por su parte, el censo agrícola de 2014 de Costa Rica reporta 66.419,7 hectáreas sembradas de palma aceitera distribuidas en 2169 fincas, donde el 67% de la extensión se encuentra en tan solo el 8,6% de las fincas. Esta producción está vinculada con la industria alimentaria y cosmética principalmente, aunque han habido intentos gubernamentales por incentivar la producción de palma aceitera para la producción de biodiesel. Según datos de la Cámara Nacional de Productores de Palma (CANAPALMA), el 50% de la superficie sembrada de palma en Costa Rica está en posesión del 3% de los productores.

La introducción de la palma aceitera de forma intensiva en Costa Rica se dio en la década de 1980, aunque se reporta ya experimentación desde los años 50. El agotamiento de los suelos y la contaminación con metales pesados provocada por el uso excesivo de fungicidas a base de Sulfato de Cobre empleados en las plantaciones bananeras, ocasionó que miles de hectáreas de tierra se tornaran tóxicas para las musáceas (familia de las bananeras) y otros cultivos intolerantes a la presencia de estos elementos en el suelo.

Esto provocó una disminución en la producción bananera de la zona. Por tanto, la United Fruit Company (principal transaccional agroexportadora de la época) migró agresivamente sus plantaciones e infraestructura relacionada con la industria bananera desde el Pacífico Sur hasta el Caribe costarricense a la siembra de palma aceitera. Este cambio se generó no solo debido a que el Caribe suministraba mejores condiciones de humedad que beneficiaban al cultivo de palma, sino además porque este cultivo tolera altos niveles de concentraciones de metales pesados en el suelo, como el cobre.

Para 1973, la United Fruit Company tenía contratados alrededor de 11.000 empleados en la industria bananera en la Zona Sur. Luego de la migración a palma aceitera, esta misma compañía empleaba 4.000 peones agrícolas a finales de los años ochenta. Mientras las plantaciones de banano en promedio empleaban a un trabajador por hectárea, ahora ese mismo peón asiste 10 hectáreas de palma. Esta razón puede llegar a explicar el desempleo generado desde la década del 80 en gran parte del Pacifico Sur costarricense producto de este cambio productivo.

Para algunos autores, la transaccional United Fruit Company/United Brands suministró a los pequeños productores locales de una alternativa productiva, crédito y tecnología de punta. Sin embargo, también controló la entrada a los segmentos más rentables de la cadena de producción de aceite por medio del material genético, la industrialización, el transporte y la comercialización. El Estado jugó un papel central en la configuración de las relaciones de poder por medio de su participación en la construcción de infraestructura procesadora e industrializadora de aceite. Dejando en poder de la transnacional la parte más rentable de este negocio (la comercialización) que luego tomaría el nombre de Chiquita Brands.

El fomento al sector cooperativo es donde el papel de las instituciones estatales posee mayor injerencia cuando se habla de palma en Costa Rica. Mediante un primer préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$31 millones, otro de la institución financiera para el desarrollo del gobierno del Reino Unido (CDC, por su sigla en inglés) de US$ 13 millones y un aporte estatal de US$ 4 millones, se da inicio a la operación de una Unidad Ejecutora del Proyecto de Desarrollo Agroindustrial de Coto Sur. Esta Unidad no solo fomentaría la siembra de palma por parte de pequeños y medianos productores, sino también la construcción de una planta procesadora para extraer aceite.

En la actualidad, la Cooperativa de Pequeños Productores de Palma (COOPEAGROPAL), adeuda más de 1,500 millones de colones (aproximadamente US$ 2,72 millones) al Estado costarricense en un fideicomiso en el Banco Nacional, adquirido para el establecimiento de una planta extractora de aceite. Esto es excepcional debido a que Costa Rica ha optado por la desfinanciación de la agricultura campesina, para apostarle a la inversión agroindustrial publico-privada. Así, se da inicio a una industrial marcada por desigualdades e intereses económicos muy fuertes.

Palma Tica S.A. tiene en su control el procesamiento y la comercialización del 80% del aceite crudo y se estima que del total de hectáreas sembradas de palma aceitera en el país esta misma empresa pose el 40% de la superficie sembrada, es decir 24.800 hectáreas aproximadamente. A esto se le debe sumar alrededor de 19.200 hectáreas que pertenecen a productores independientes financiados mediante crédito hipotecario por parte de Palma Tica, la cual reclama la totalidad de la producción durante 14 años, como parte del pago. Por otro lado, COOPEAGROPAL maneja el restante 31% de la superficie sembrada y comercializa al rededor de un 20% de la producción.

Palma Tica S.A es una de las cuatro grandes empresas del Grupo Numar, transnacional que opera a nivel centroamericano y en Panamá especializada en producción, distribución y comercialización de alimentos procesados. La transnacional Chiquita Brands vendió el Grupo Numar en 1995 por US$100 millones a ocho firmas costarricenses, una panameña y otra de Belice. Posteriormente, en 2013, Chiquita Brands vuelve a comprar esta compañía.

El Grupo Numar, a través de su subsidiaria Agricultural Services and Development (ASD), tienen en su control la totalidad del suministro de germoplasma tanto para los productores independientes, como para Palma Tica S.A y COOPEAGROPAL. Según la misma empresa, ASD ha exportado más de 300 millones de semillas a prácticamente todos los países productores de palma aceitera en el mundo. En América Latina alrededor de 65% del área plantada del monocultivo de palma fue desarrollada con variedades de ASD. En el mundo, las plantaciones comerciales que han usado variedades de ASD representan más del 11% del área total plantada, lo que demuestra la influencia regional y global de la transaccional en la expansión de este monocultivo.

Actualmente, tanto Costa Rica, Guatemala como Honduras cuentan con políticas de “biocombustibles” o mejor dicho agroenergía, las cuales han intensificado y estimulado la expansión de la palma. Un ejemplo de esto son las declaraciones de la Federación Nacional de Palmeros de Honduras (Fenapalmah) quienes afirmaron que para setiembre de 2015, 7 de cada 10 plantas de extracción de aceite estaban produciendo energía de biomasa.

La región centroamericana en su conjunto sufre una serie de procesos de supuesta integración económica y financiera: sistemas de interconexión eléctrica, tratados de libre comercio regionales, políticas aduaneras conjuntas y proyectos de infraestructura son ahora algunos de sus ejes. En este sentido, la producción de aceite de palma no sólo puede ser visto como un proyecto regional sino que es una carrera de “integración económica” anclada a la producción de mercancías para la exportación. Los pueblos y comunidades expulsados de los territorios ocupados por esta expansión son los más afectados.

Los procesos de expansión del monocultivo a nivel regional se encuentra orquestado sin importar fronteras ni gobiernos. Para comprender este fenómeno a nivel regional es preciso verlo en su conjunto y tratarlo como un proyecto empresarial de gran magnitud fuera de las proporciones nacionales de cada uno de los países centroamericanos.

Henry Picado, moc.liamg@iciborga

Red de Coordinación en Biodiversidad, http://redbiodiversidadcr.codigosur.net/

Notas

(1) Mapa “Monocultivo de Palma Aceitera en América Latina”, Otros Mundos AC, GeoComunes – ver aquí.
(2) Guatemala: la palma africana promueve un nuevo desplazamiento de comunidades rurales – ver aquí.
Guatemala: Isla Chicales – tierras estatales deben ser manejadas por las comunidades – ver aquí.
(3) Bajo Aguán: Grito por la Tierra – ver aquí.
Honduras: mujeres en lucha por la tierra en un marco de violencia y asesinatos – ver aquí.

Fuente: Boletín 226 del WRM