Etnocidio petrolero en Bolivia

Este artículo analiza los impactos de las transnacionales petroleras sobre las poblaciones indígenas de Bolivia, en un contexto globalizado.

1. América Latina: Tierra de Transnacionales

1.1 Ajuste Estructural

Durante las últimas décadas del Siglo XX, los organismos multilaterales de financiamiento (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional) así como los cuerpos diplomáticos de los países del Norte (especialmente Estados Unidos) aprovecharon la debilidad y maleabilidad de los gobiernos de latinoamérica para imponer drásticas reformas políticas, económicas y legales. En los años 80, América Latina recién despertaba de un oscuro trayecto dictatorial y se precipitó a ojos cerrados a la trampa neoliberal. La sociedad no estaba preparada para una embestida tan bien planificada y no opuso grandes resistencias al proceso neoliberal, ya que cuajó la esperanza del anunciado crecimiento económico que traerían las inversiones extranjeras, unido a la reducción de la corrupción de las empresas estatales.

La dificultad del pago de la deuda externa en los países latinoamericanos, fue el chivo expiatorio para que el Banco Mundial y El FMI, amparados por el Consenso de Washington, actuaran conjuntamente en la imposición de programas de Ajuste Estructural con elementos comunes en los países endeudados: una continua reducción del déficit fiscal a la par de aumentar ingresos públicos mediante impuestos y el traspaso obligatorio de todos los excedentes de las empresas públicas al Tesoro General de la Nación[1].El segundo paso, una vez las empresas públicas debilitadas, fue entregarlas durante la vorágine privatizadora de los años 90.

En 1995, la Capitalización de las compañías estatales bolivianas consistió en valorar el patrimonio de las empresas y asociarse con empresas extranjeras que invertirían ese valor en los siguientes años. En la práctica se entregó gratuitamente las compañías públicas con sólo la promesa de inversión. Con esta fórmula, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolvianos ( YPFB) fue repartida entre los consorcios ENRON-SHELL, BP-AMOCO y REPSOL-YPF por un total de apenas 835 millones de dólares.

Por otro lado, las leyes de hidrocarburos fueron modificadas profundamente, creando condiciones muy favorables para la inversión extranjera y debilitando el rol fiscalizador del Estado. El impuesto a las regalías, fue rebajado en Bolivia de un 50% a un 18% . Las regalías se pagan en base a una Declaración Jurada de las propias compañías, de manera que las condiciones están creadas para legalizar el contrabando[2].

1.2 ALCA y los Tratados de Libre Comercio

El Área de Libre Comercio de las Américas comprendería 34 países de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, exceptuando a Cuba. Con una población de 800 millones de habitantes y un PIB combinado de 12 billones de dólares el ALCA conformaría la zona de libre comercio más grande del mundo.

Sin embargo, las ambiciones norteamericanas de aprobar el ALCA en la reunión de Quito de 2002, se fueron diluyendo por la emergencia de presidencias en países como Brasil, Venezuela o Argentina, que proyectan la creación de un área comercial latinoamericana. Desde el fracaso de la Cumbre de la OMC en Cancún 2004, donde un bloque de países disidentes apodados como Grupo de los 25 se opusieron rotundamente a negociar temas clave como las exportaciones agrícolas o las patentes, Estados Unidos ha optado por firmar tratados bilaterales de libre comercio, algo que ya consiguió en Chile. Otros tratados regionales como el CAFTA ( Centro América Free Trade Agreement) o el TLC-CAN ( Tratado de Libre Comercio de la Comunidad Andina de Naciones) se encuentran en un dilatado proceso de negociación, del que varios países ya se han apartado.

De consumarse estos tratados, los países firmantes no sólo se verán avasallados por una avalancha de productos norteamericanos que destruiría sus industrias, también llegarán transnacionales que recibirán el mismo trato que empresas nacionales, privatizando servicios básicos como la educación o la sanidad. En caso de que un Estado ponga algún impedimento a las inversiones, pongamos por ejemplo por un derrame de petróleo o por atropellos a comunidades locales, las empresas pueden elevar el conflicto a un Tribunal Internacional de Controversias, pudiendo exigir una compensación no sólo por la inversión, sino también por las ganancias que tenían previstas en el país. Esto ya sucedió cuando se expulsó la transnacional de aguas Bechtel de Cochabamba, en la Guerra del Agua del 2000. La compañía se amparó con un Acuerdo bilateral que tenía Bolivia con Holanda para reclamar las ganacias que tenía previstas en el país.

A la par de los tratados comerciales, Estados Unidos, la Unión Europea y la Banca Multilateral, están implementando una serie de iniciativas regionales para convertir el continente en una organizada red de vias de transporte de mercancías que comunique las zonas de extracción de materias primas (minerales, madera, hidrocarburos...) con puertos marítimos de exportación. El Plan Puebla Panamá en Centroamérica, la Asociación de Estados del Caribe o la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Sudamericana (IIRSA) crean corredores de exportación que coinciden con las zonas más ricas de extracción de recursos.

El saqueo del continente latinoamericano tiene ya cinco siglos de trágicos impactos ambientales y poblacionales. Ahora, con la configuración de un contexto internacional que sobrepasa los poderes del Estado y una faraónica red de infraestructuras, las consecuencias sobre las culturas amazónicas supervivientes puede alcanzar niveles de destrucción irreversible.

1.3 La Petromilitarización

Estados Unidos manejó durante dos décadas un discurso de lucha contra el narcotráfico que fue muy utilitario para extorsionar a los países andinos para aplicar políticas que nada tenían que ver con el tema y de paso amaestrar las fuerzas armadas nacionales al servicio de la mayor potencia mundial.

Bajo el instrumento de la Certificación, Estados Unidos calificaba a los países que más luchaban contra el narcotráfico en base a unas reglas de juego cambiantes, que recortaban las libertades de los ciudadanos. En Bolivia por ejemplo, la Ley Antinarcóticos1008, impuesta por la embajada de Estados Unidos, declara en Bolivia a “toda persona sospechosa de narcotráfico hasta que no se demuestre lo contrario”.Esta Ley ha encarcelado sin juicio a muchos campesinos de la región cocalera del Chapare, donde operan las petroleras BP-Amoco y Repsol-YPF.

El siguiente paso fue construir bases militares norteamericanas en latinoamérica, algo ya consumado en El Salvador ( Base de Comalapa), Panamá ( Base de Howard), Ecuador ( la Base de Manta), en Colombia ( en el departamento petrolero de Arauca), en la Isla de Curaçao (en frente de Venezuela) y lo intentó en el Chapare boliviano pero las masivas movilizaciones de 2001 lo impidieron.

La presencia militar en América Latina no responde únicamente a la denostada Lucha contra el Narcotráfico. También persigue la protección de los intereses transnacionales de las organizaciones sociales que se oponen a sus operaciones. El Plan Colombia, financiado por Estados Unidos y también la Unión Europea, tiene una particular importancia en los departamentos petroleros.

En la imparable escalada militar, los movimientos sociales entran en el punto de mira cuando se resisten a la realización de proyectos extractivos en sus territorios. En la última década, Colombia perdió más de 2.000 líderes indígenas y sindicales asesinados por el paramilitarismo, cuyos lazos con el ejército y las propias transnacionales ha sido repetidamente demostrada[3].

En un escenario global de escalada de precios de los combustibles fósiles, es predecible una extensión de la violencia en regiones petroleras, algo que ya ha sucedido en regiones petroleras de Ecuador y Bolivia, con la aparición de paramilitares.

2. La industria petrolera destruye el territorio

2.1 Impactos de la actividad petrolera

Tanto las actividades exploratorias como productivas impactan seriamente en el ambiente. Para determinar la ubicación de los yacimientos hidrocarburíferos, la compañía realizará uno o varios proyectos de exploración sísmica sobre el territorio. Esto es, abrir sendas de dos metros de ancho por unos veinte kilómetros de longitud, donde entierran explosivos a 10 metros de profundidad cuya detonación emiten unas ondas cuyos ecos es detectado por una línea de sismógrafos. Para tal efecto, habrá que no sólo deforestar los caminos sino construir campamentos móviles, helipuertos y zonas de descarga. Un proyecto símico simple puede necesitar entre 300 y 1000 km de longitud de brechas, 200 helipuertos y mil zonas de descarga.

La exploración sísmica tiene impactos importantes en áreas boscosas tropicales, en cuanto son nuevas vías de acceso para la colonización, caza o tala de maderas nobles. A parte, las comunidades originarias son ocupadas por centenares de trabajadores foráneos que irrumpen con patrones de conducta occidentales, como la prostitución y el alcoholismo.

Ubicado el yacimiento, se iniciará la perforación escalonada de pozos exploratorios, que de resultar positivos, hipotecan durante lo mínimo los siguientes 30 años la vida de las comunidades vecinas. La perforación petrolera se realiza con el sistema de Emulsión Inversa, o sea, inyectando productos químicos ( lubricantes, antioxidantes, biocidas y otros) en concentraciones de 95%. Estos productos son acumulados al aire libre en piscinas de dudosa impermeabilidad junto a los ripios de perforación, las aguas de formación y restos de crudo. En regiones que soportan la pluviosidad más importante del planeta, los derrames son frecuentes.

Cuando la compañía abandona el territorio, deja tras de sí un paisaje deteriorado, deforestado y con un historial de derrames y accidentes. Las abundantes lluvias actuan de vectores de contaminación fluvial de cualquier charquito de productos químicos que haya quedado al descubierto. La industria petrolera limpia en ecosistemas tropicales no existe.

2.2 Petróleo en áreas protegidas

En Bolivia existen 21 áreas protegidas con una extensión de 167.417.07 kilómetros cuadrados que representan el 15.2 por ciento del territorio nacional, que hoy se ven amenazadas por la creciente actividad petrolera.

Esas zonas son ricas en su biodiversidad, fauna, flora y en su territorio albergan a comunidades originarias que en todo el tiempo han vivido en una relación de sostenibilidad con los recursos.

En total de 11 áreas protegidas fueron invadidas por las empresas petroleras para realizar trabajos de exploración, prospección y sísmica. En la región amazónica, las empresas petroleras se adjudicaron tres bloques (Río Hondo, Rurrenabaque y Tuichi) en el área protegida del Parque Madidi y Pilón Lajas; el bloque Sécure en el Parque Nacional Isiboro Sécure; el bloque Amboró Espejos en el Parque Nacional Amboró; el bloque Chimoré I en el Parque Nacional Carrasco. En la región chaqueña el Parque Nacional Serranía de Aguaragüe ha sido concesionado a empresas petroleras en los bloques San Alberto, San Antonio, Bereti y Tarija Oeste. En el Parque Nacional Sama operan las petroleras en el bloque Cambarí.

A parte, existen muchas regiones del país que no gozan de ninguna protección pero que su inaccesibilidad las ha conservado como bosuqes primarios no intervenidos.En el Beni, la serranía de Eva-Eva y Mosetenes están aún inexploradas, se sabe de la existencia de nucleos indígenas chimanes aún por contactar. En el Departamento de Chuquisaca, la Serranía de Iñao conserva manchas de bosque boliviano-tucumano que albergan una de las colonias más grandes de Paraba frente-roja, endémica de Bolivia.

Lo cierto es que con protección o sin ella, son muchas y de gran alcance, las áreas ecológicas que van a ser impactadas y degradadas irreversiblemente en Bolivia, sino se cambia la política fiscalizadora del Estado a la actividad hidrocarburífera.

3. Los pueblos indígenas de Bolivia

3.1 Los Pueblos Indígenas y sus organizaciones

En Bolivia existen 33 grupos indígenas, agrupados en una docena de grupos lingüísticos diferentes, siendo los Quechuas y Aymaras los más abundantes ( ambos suman más de 4 millones de habitantes) seguido de los chiquitanos (184.000), guaranís (133.000) moxeños y guarayos (decenas de miles). Existen grupos muy reducidos en declive poblacional alarmante como los Araona (112 habitantes) Moré (101 ), Pacahuaras (11), Machineri (25). Existen tambien grupos no contactados de las etnias Toronama y Nahua , cuya supervivencia depende de mantener su territorio inaccesible. Se especula también la existencia de clanes chimanes sin contactar en la Serranía Eva Eva, no muy lejos de donde Repsol abrió un pozo exploratorio en el año 2.000.

Los pueblos andinos (quechuas y aymaras) están muy organizados entorno a Ayllu como unidad territorial o los sindicatos campesinos y federaciones urbanas com unidad social. Además, en los últimos años los instrumentos políticos de las organizaciones sociales (como el MAS y el MIP) , han conseguido entrar con fuerza en las instituciones democráticas, por primera vez en cinco siglos de exclusión total de la vida pública. No obstante, la extrema pobreza de las áridas regiones andinas expulsa a la población a endeudarse para emigrar a España y Argentina, principalmente.

En las tierras bajas, algunas organizaciones, como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)o la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), tienen experiencia de más de una década. Otros pueblos recién comienzan a organizarse, cuando ya tienen en su territorio la invasión de actividades madereras o petroleras.

A nivel nacional, la Confederación Indígena de Pueblos del Oriente Boliviano (CIDOB) representa todas las etnias de la Amazonía y el Chaco, si bien desde sus oficinas financiadas por la coperación internacional no siempre conocen la realidad de los teritorios alejados al interior de la selva.

Es oportuno señalar, que el Banco Mundial y otras agencias de financiamiento han tenido una actitud paternalista con esta organización, financiando viajes a Canadá y otros países a líderes indígenas para que reciban adoctrinamiento sobre negociación con empresas petroleras.

3.2 Territorios Indígenas y el proceso de titulación

Un planteamiento central de los pueblos indígenas reside en que no solicitan un espacio de tierra, sino fundamentalmente , el reconocimiento legal del derecho propietario sobre el territorio que originaria y tradicionalmente ocupaban. El territorio es su hábitat natural que forma parte de un sistema productivo ( el chaco) y reproductivo (cacería, pesca, recolección , miel, madera, etc) que proveen los alimentos y recursos necesarios para la alimentación.[4]

Sin embargo, sus territorios están siendo invadidos por la presencia de Terceros ( campesinos y latifundistas) y las actividades extractivas como la minería, madereras y petroleras.

En este escenario de continua usurpación, el Saneamiento y Titulación de los territorios indígenas es vital para su supervivencia, aunque este proceso sea muy largo, costoso y como veremos, la titulación no garantiza el impedimento de actividades hidrocarburíferas en sus territorios.

El proceso de titulación de territorios indígenas no llegó gratuitamente para los pueblos originarios. Fueron necesarias tres grandes marchas históricas que movilizaron las diferentes etnias del Oriente Boliviano recorriendo medio país para llegar a las puertas del gobierno en La Paz.

La primera movilización fue la Marcha por el Territorio y la Dignidad, iniciada en Trinidad el 15 de agosto de1990. En ella participarán 15 pueblos étnicos que abandonarán sus comunidades para caminar disciplinadamente hasta La Paz, demostrando al país.

Eran mojeños, trinitarios, ignacioanos, javieranos, yuracarés, movimas, sirionós, mosetenes, weenhayek, simbas, ava guaranís, tacanas, chipayas, urus y chimanes. Tras su llegada a La Paz consiguieron arrancar del gobierno varios Decretos Supremos que reconocían las demandas de Territorios Indígenas de los Chimanes, Sirionó, Multiétnico y el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) así como el compromiso de elaborar una Ley de Pueblos Indígenas del Oriente[5].

La Segunda Marcha, en 1996, aglutinó las reinvindicaciones conjuntas de campesinos y 32 etnias amazónicas y chaqueñas. El motivo era la problemática ley de Reforma Agraria (Ley INRA) que el gobierno quería imponer sin la participación de los mismos afectados, legalizando a la oligarquía latifundista que usurpaba enormes extensiones de territorios indígenas. Como acuerdos concretos de esta marcha se consiguió la titulación de ocho territorios por Decretos Supremos y de otros 15 territorios, después de un previo saneamiento (la ineficacia y lentitud de estos saneamientos será motivo de otra marcha años más tarde).

La Tercera Marcha, en junio del 2000 arrancó del gobierno notables acuerdos, como la modificación de la nueva resolución de la Ley INRA que permitía concesiones en tierras fiscales y evadía el saneamiento de la propiedad agraria.

Según datos del 2000, existen 8 terrritorios indigenas titulados con Decreto Supremo, beneficiando a los pueblos Chiman-T´simane, Yurakaré, Sirionó Moxeño, Araona, Mosetenes y Yukis.

Son 16 las demandas de Tierras Comunitarias de Orígen (TCO´s) Inmovilizadas antes de la nueva Ley INRA de 1996, que abarcan territorios de los pueblos Esse Ejja, Tacana, Cavineño, Chacobo, Pacahuara, Yaminahua, Machineri, Movima, Baure, Caybaba, More, Joaquiniano, Itonama, Chiquitano, Guarayo, Ayoreo, Mosetén, Yurakaré y 12 territorios Guaranís.

Por otra parte, son 8 las demandas presetadas en fase de saneamiento, de los pueblos Uru Chipaya, Uru Murato, Lecos, Canichana, Ignacianos y Moxeños.[6]

4. Conflictos entre las petroleras y los pueblos originarios

4.1 Concesiones petroleras en territorios indígenas

La jerarquía legal que se estableció entorno a las leyes petroleras, que por su “interés nacional” prevalecían por encima de otras leyes o reglamentos “secundarios” como la Ley 1333 de Medio Ambiente, el Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos o la Ley INRA ha generado un estado de desprotección que vulnera tanto a extensas áreas de conservación biológica como amplios grupos poblacionales del país.

Dice el Art 1 de la Ley de Hidrocarburos que “Todos los yacimientos de hidrocarburos son propiedad inalienable del Estado”, el cual a través de contratos de riesgo compartido, los otorga a las empresas transnacionales. Donde pone yacimientos, léase subsuelo y ya tenemos el marco legal establecido que abre puertas a la ocupación de territorios. Si bien la superfície terrestre no es propiedad de las petroleras, sí les pertenece el subsuelo, que es lo mismo que decir que pueden operar ahí donde el sismógrafo indique presencia de hidrocarburos.

Además, las petroleras pueden expropiar vía Derecho de Servidumbre a las famílias que habiten en cualquier predio donde abrir un camino, construir una planchada, helipuerto o campamento.

El conflicto indígena con las petroleras se enmarca en una de las intersecciones geográficas más habituales del país: el punto en que se cruza el derecho indígena con las concesiones hidrocarburíferas. Lo cierto, es que existe una repetida coincidencia entre bloques de exploración hidrocarburífera y los Territorios Comunitarios de Orígen (TCO), lo cual no es extraño teniendo en cuenta que del total del territorio nacional, 611.100 km2 (un 55,6%) son de potencial hidrocarburífero[7].

Los contratos de licitación de los bloques petroleros, garantizan a las transnacionales 40 años de concesión. De modo, que el impacto sobre las poblaciones es inevitable. Transcurridas cuatro décadas de explotación petrolera, las empresas se retiran dejando tras de sí un historial de derrames y accidentes “imprevistos”. A parte, la ocupación del territorio por la construcción de planchadas, piscinas de lodos y carreteras de acceso, ya no vuelve a regenerarse. Basta visualizart lo que dejó Texaco en Ecuador para adivinar cómo quedará la Amazonía Boliviana cuando las petroleras se retiren.

Entre las compañías transnacionales que operan en Bolivia, Repsol-YPF es de las que más territorios ha intervenido. La compañía tiene un total de 22 bloques petroleros con un total de 4.973.511 hectáreas[8], concesiones que se superponen a un total de 17 TCO repartidos en las regiones amazónica y chaqueña. De Norte a Sur, los bloques Rurrenabaque y Tuichi abarcan los territorios de las etnias amazónicas chimanes, mosetenes y tacanas. A parte, la etnia nómada esse ejja, que recorre las playas del río Beni, también se verá afectada de las operaciones hidrocarburíferas, aunque no tiene un territorio titulado. El bloque Sécure atraviesa el territorio indígena multiétnico, donde conviven comunidades chimanes, moxeñas y yurakarés; el territorio indígena chimán y el territorio indígena del parque nacional Isiboro Sécure, refugio ancestral de la etnia yurakaré.

La fragilidad ecológica de los ecosistemas amazónicos, al ser intervenidos, coincide con la fragilidad cultural de los grupos étnicos que los habitan. Su reducido número de habitantes y el escaso contacto los hace propensos a romper bruscamente sus actividades tradicionales, trabajar para la empresa con contratos temporales que introducen en las comunidades hábitos como el alcoholismo, el abandono de la familia o las actividades agrícolas y recolectoras. Cuando Repsol ingresó al interior del territorio chimán, ofreció cepillos de dientes pretendiendo imponer costumbres higiénicas ajenas. En cambio, durante la construcción del primer pozo exploratorio (Pozo Eva Eva) la empresa se dedicó a comprar las piezas de caza que los hombres de la comunidad cazaban para alimentar a los suyos. Desde entonces, ya no cazaban para la subsistencia sino para vender las piezas a la compañía y comprar alcohol a los comerciantes que entraban a vender productos al campamento petrolero.

En la región chaqueña, Repsol invade varios TCO de la etnia guaraní, como Charagua Norte, Kaami, Itikaguasu y Tapiete. Estos territorios, ubicados en la llanura chaqueña, también son afectados por la construcción de dos gasoductos de 500 km, que transportan el gas chaqueño a Santa Cruz, donde es exportado a Brasil por el Gasoducto Bolivia – Brasil. En la serranía del Aguaragüe, donde se descubrieron las reservas más grandes de gas, el bloque Caipipendi invade el TCO Tentayapi, donde viven las comunidades guaranís que por su inaccesibilidad han conservado la cultura más pura. En un manifiesto fechado en julio del 2004, la comunidad de Tentayapi se pronunciaba en tomar medidas activas para impedir la entrada de Repsol en sus territorios.

Las leyes nacionales (Ley de Medio Ambiente y Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos) e internacionales (Convenio Nº 169 de la OIT) obligan a las empresas petroleras a realizar consultas y actas de acuerdo con las comunidades afectadas. En la práctica, las compañías practican todo tipo de engaños para conseguir unas firmas que a menudo no respetan la organización tradicional. La firma de actas de acuerdo a cambio de sacos de azúcar o ropa deportivo es desgraciadamente una práctica aún común en los territorios indígenas intervenidos pro las petroleras.

TABLA 1: Territorios indígenas afectados por actividad petrolera en Bolivia

Territorio Indígena / Compañía Petrolera
Tacana / Repsol- Perez Companc
Territorio Indígena Chimán / Repsol-YPF
Territorio Indígena Multiétnico y TIPNIS / Pan Andean y Repsol-YPF
Yuracaré y Yuki / Pan Andean
Avatiri Huacareta (guaranís) / Pluspetrol
Avatiri Ingre (guaranís) / Maxus y Pluspetrol
Charagua Norte (guaranís) / Maxus, Pluspetrol, Shamrock
Charagua Sur (guaranís) / Maxus, Shamrock
Isoso (guaranís) / Andina (Repsol), Bridas SAPIC, Chaco, Dong Won, Pluspetrol, Shamrock
Itikaguasu (guaranís) / Maxus, Petrobras, Pluspetrol
Itikaraparirenda y Iupaguasu (guaranís) / Maxus, Tecpetrol
Kaaguasu (guaranís) / Maxus, Andina (Repsol)
Kaami (guaranís) / Maxus, Andina ( Repsol)
Machareti Nancaroinza Karandaiti (guaranís) / Chaco (BP-Amoco), Maxus, Shamrock
Takovo Mora (guaranís) / Andina S.A ( Repsol), Bolipetro, Bridas SAPIC, Chaco S.A (BP-Amoco), Maxus (Repsol), Pluspetrol,
Tapiete / Repsol-YPF
Weenhayek / Andina S.A ( Repsol), Chaco S.A ( BP-Amoco), Repsol-YPF, Tesoro

4.2 Negociaciones indígenas en los Gasoductos

Aunque los proyectos de construcción de nuevos gasoductos en Bolivia ha debido incorporar alguna “migaja” que distraiga la oposición indígena, basta recordar la rotura del Oleoducto Sica Sica-Arica, en enero del 2000, para cuestionar si realmente las poblaciones resultaran beneficiadas.

En aquella ocasión, el derrame contaminó contaminó con crudo reconstituido casi 200 comunidades aymaras y las dos únicas comunidades de Uru-Muratos que existen a través del río Desaguadero y la laguna Poopó. El consorcio Enron-Shell, como empresa responsable del vertido, actuó de manera prepotente en las negociaciones de compensación, desembarcando un ejército de antropólogos que se dedicaron a estudiar, más que solucionar las demandas de los damnificados. Los Uru-muratos, que vivían en estrecha dependencia de la caza y la pesca de la laguna contaminada, obtuvieron tras marchar en protesta hasta la ciudad de Oruro, una caja de productos alimenticios enlatados[9].

En los últimos años, la existencia de enormes reservas de gas seco en el Chaco Boliviano han motivado la acelerada construcción de gasoductos que conectan Bolivia con los mercados de Argentina y Brasil.

El Gasoducto Bolivia-Brasil (2000), de 3.150 Km y una capacidad de 30 millones de metros cúbicos diarios, conecta la ciudad de Santa Cruz con Sao Paolo. Sus empresas propietarias son Transredes (Enron-Shell) y Petrobras y fue financiado por el Banco Mundial y el BID. El Derecho de Vía del gasoducto es de 30 metros, impactando los ecosistemas de numerosas comunidades guaranís. Durante la construcción, que fue militarizada para evitar huelgas de los trabajadores, ocurrieron numerosas violaciones a los derechos humanos en las poblaciones donde pasa el Gasoducto. Por su parte, las organizaciones guaranis del Parque Nacional Kaaya, negociaron un Programa de Desarrollo de los Pueblos Indígenas por 4 millones de dólares[10].

El Gasoducto Lateral Cuiabá (2001) de 626 Km es un negociado inicial de la empresa Enron para obtener gas boliviano en su termoeléctrica de Cuiabá (Brasil). Tras la quiebra de Enron en 2001, pasó a manos de Shell. El trazado de este gasoducto fue muy polémico por intervenir el Bosque Seco Chiquitano, un ecosistema de bosque de cerrado único en el mundo. Las 24 comunidades chiquitanas y 2 comunidades ayoreas afectadas, se opusieron originalmente, negociando tras dos años de lucha un Plan de Desarrollo Indígena de casi 2 millones de dólares. Sin embargo, los que más recibieron fueron 5 fundaciones conservacionistas (la más conocida es WWF) que recibieron 20 millones de dólares para permitir la destrucción del Bosque Seco Chiquitano a cambio de un plan de manejo[11].

El Gasoducto Yacuiba Río Grande (2002) de 431 Km, pertenece al consorcio Transierra (Repsol y Petrobras). Su trayecto afecta a comunides guaranís, tapietes y weenhayek. Estos últimos, pescadores del río Pilcomayo, expresaron su rechazo a la construcción del Gasoducto Yacuiba Río Grande, oposición que fue desestimada por la Superintendencia de Hidrocarburos. Unos años después, Petrobras recibiría del Banco Mundial un premio por la “ejemplar negociación” con comunidades indígenas.

El Proyecto LNG (previsto para 2003), de las empresas British Gas, Total y Repsol pretendía exportar gas desde la Serranía de Aguaragüe a Estados Unidos, a través de Chile y México. Esta vez, fueron las poblaciones urbanas de orígen Aymara de La Paz, las que paralizaron el proyecto durante los acontecimientos conocidos como la Guerra del Gas, en octubre de 2003, a pesar de que el costo fue más de 70 muertos[12].

TABLA 2: Transporte de hidrocarburos y pueblos afectados en BoliviaDucto /

Empresa / Longitud en Bolivia / Pueblos afectados
Oleoducto Sica Sica- Arica / Transredes (Enron-Shell) / 350 Km / Aymaras, Quechuas, Uru-Muratos
Gasoducto Bolivia-Brasil / Transredes (Enron-Shell), Petrobras / 570 Km / Guaranís, Ayoreos
Gasoducto Lateral Cuiabá / Enron, Petrobras / 361 Km / Chiquitanos, Ayoreos
Gasoducto Yacuiba Río Grande (Gasyrg) / Transierra (Repsol-Petrobras) / 431 Km / Guaranís, Tapiete, Weenhayek
Gasoducto Yabog / Transredes (Enron-Shell) / 440 Km / Guaranís, Tapiete, Weenhayek

5. Desarrollo petrolero en Bolivia: ¿hacia un etnocidio?

A tiempo de escribir este capítulo, Bolivia vive intensamente convulsionada entorno a la promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos que, de ser aplicada, elevaría las regalías de un 18% a un 50% sobre el precio del barril a boca de pozo. Esta ley, calificada por las corporaciones petroleras de confiscatoria, no satisface a los reclamos sociales que exigen la nacionalización de los hidrocarburos. Sectores sociales de todo el país se alistan para retomar las movilizaciones que fueron paralizadas después de la destitución del presidente Gonzales de Losada, en el Octubre Negro de 2003.

Sin embargo, a pesar de una creciente concientización del pueblo boliviano por la recuperación del petróleo y gas, la degradante situación de las comunidades indígenas que viven en los yacimientos ha quedado relegada como un mal menor aceptado. Una vez más, los intereses económicos, esta vez también encarnados en la voluntad popular, pesan más que los derechos humanos de las poblaciones más desfavorecidas.

La industria petrolera actúa en un contexto de impunidad ambiental porque las denuncias de las poblaciones locales afectadas, testigos directos de la destrucción de sus medios de vida, nunca llegan a los centros de decisión: ni al Estado y mucho menos a las sedes de las transnacionales. Los consumidores mientras tanto, nunca conocerán la nocividad de los productos que diariamente están comprando, porque una cortina publicitaria esconde la cruda realidad de la industria petrolera.

Mientras se repitan los procesos irreversibles de destrucción del territorio y degradación cultural , tan comunes en el relacionamiento entre compañías petroleras y comunidades indígenas y estas conductas sean legitimadas por la complicidad del aparato estatal, se puede anticipar la desaparición cultural de los pueblos amazónicos y chaqueños, lo que nos conduce a identificar un Etnocidio Petrolero en Bolivia.

Referencias

[1] FERNÁNDEZ, Roberto, FMI, Banco Mundial y Estado neocolonial, Plural, La Paz, Bolivia, 2003.
[2] GAVALDÀ, Marc, Las Manchas del Petróleo Boliviano, Cedib-Fobomade, Cochabamba, 1999.
[3] En Abril de 2004, Amnistía Internacional denunció a Repsol YPF de financiar cuerpos paramilitares en el Departamento de Arauca, Colombia. Noticia aparecida en El País. Las norteamericanas Occidental y Chevron-Texaco también acumulan denuncias en el mismo sentido.
[4] CPTI, CIDOB, Atlas Territorios Indígenas en Bolivia, CID-Plural, Santa Cruz, Bolivia, 2000.
[5] PATZI,Felix, Insurgencia y sumisión. Movimientos indígeno-campesinos (1983-1992), Muela del Diablo Editores, La Paz, 2000.
[6] CPTI, CIDOB, Atlas Territorios Indígenas en Bolivia, CID-Plural, Santa Cruz, Bolivia, 2000.
[7] ORDUNA,V, “Donde hay hidrocarburos, hay indígenas..”, Pulso, La Paz, 2004..
[8] Datos de YPFB 1998 y 2000 citados en M. Gavaldà, M. Gandarilla, H. Rodríguez, B. Rioja, Repsol en Bolivia, un acercamiento de los impactos de Repsol en el Beni, Chapare y Chaco, Consultoría para Intermón-Oxfam, Cochabamba, 2002.
[9] GAVALDÀ, Marc, La Recolonización, Icaria, Barcelona, 2003.
[10] CRESPO, GUARDIA, Problemática Socio-ambiental del Gasoducto Bolivia-Brasil, Probioma y Olca, SantaCruz, 2000.
[11] CEADES-OICH, Guía Metodológica para la Vigilancia Social de la Industria Extractiva en Territorios Ind´genas: “La experiencia del Pueblo Indígena Chiquitano en el Gasoducto Lateral Cuiabá”, Ceades y Oxfam GB, Santa Cruz, 2004.
[12] GAVALDÀ, Marc, “Los Conflictos del Gas Boliviano”, Revista Iconos 31, FLACSO, Quito, 2004.

Marc Gavaldà
Observatori Transnacional

Fuente: Indymedia Argentina