Entre las tormentas de hambre, continúa la resistencia en el Caribe Norte de Nicaragua

El Plan Nacional de Producción Consumo y Comercio de Nicaragua, ciclo 2020-2021, presentado el 28 de mayo de 2020 por el titular del Ministerio Agropecuario, Edward Centeno, se propuso sembrar 1 millón 50.000 hectáreas de granos básicos: maíz blanco (333.200 hectáreas), frijol rojo (79.100 hectáreas), arroz de riego (69.300 hectáreas) y arroz de secano (650 quintales).

Según Centeno, este plan garantiza la “Seguridad Alimentaria y Nutricional”, con las finalidades de que las familias tengan acceso a “alimentos sanos, inocuos y seguros”, garantizar el abastecimiento nacional y avanzar en las exportaciones de productos como café, carne y productos lácteos.

No obstante, el plan del gobierno no tomó en cuenta la advertencia de que la Covid 19 está poniendo en peligro los “sistemas alimentarios” en el mundo, tampoco menciona las medidas a tomar con relación a la pandemia. Antes de la COVID-19, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el hambre seguía en aumento. En 2019, casi 690 millones de personas pasaron hambre. De acuerdo con el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo 2020, la pandemia pudo haber llevado a otros 130 millones de personas a sufrir de hambre crónica en 2020. En América Latina, cerca de 14 millones de personas estaban en condición de “inseguridad alimentaria aguda”. De ellas, 4.5 millones son de Centroamérica, señala el informe de Oxfam “Aquí lo que hay es hambre – Hambre y pandemia en Centroamérica y Venezuela”.

De acuerdo con el mapa de Predominio de Desnutrición (POU) en sus siglas en inglés, de la FAO, Nicaragua es el tercer país de Centroamérica que, en 2019, presentó el mayor número de personas con desnutrición (1,1 millones), sólo atrás de Honduras (1,3 millones) y Guatemala (2,8 millones).

El Plan Estratégico para Nicaragua 2019-2023 del Programa Mundial de Alimentos (PMA) gestionado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), reconoce que Nicaragua había logrado un crecimiento económico sostenido en los últimos cinco años -antes de 2018- y una reducción en la prevalencia de la pobreza que, en 2014 se situaba en aproximadamente el 30% y de la pobreza extrema situada en el 8%. Sin embargo, alerta que los bajos ingresos, el predominio del empleo informal, la fragilidad socioeconómica, las desigualdades de género, el cambio climático y los eventos naturales siguen amenazando la seguridad alimentaria. Agrega que, Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de la región, con una pobreza que afecta en particular a los menores de 17 años. Además, prevé que, debido al aumento de la inestabilidad social, Nicaragua se enfrenta ahora a una recesión económica, que puede llevar a un aumento de la pobreza y amenazar los medios de subsistencia de las personas más vulnerables.

Para cumplir las metas del Plan Nacional de Producción Consumo y Comercio del ciclo 2020-2021, las autoridades agropecuarias nicaragüenses centraban sus esperanzas en un buen invierno. Sin embargo, los huracanes Eta e Iota, arrasaron con estas expectativas. Un informe preliminar del Gobierno de Nicaragua, presentado por Denis Moncada, canciller de Nicaragua e Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), estima que los huracanes ocasionaron daños por 742 millones de dólares. Las pérdidas en el sector productivo aún no han sido cuantificadas, pero sólo en el sector pesquero, se estiman en casi 20 millones de dólares.

La Costa Caribe Norte es una de las dos regiones autónomas de Nicaragua, cuenta con una superficie de 33.106 kilómetros cuadrados. Su cabecera regional es Puerto Cabezas. Es una región multilingüe y multicultural, habitada mayoritariamente por miskitos y mayagna con una cosmovisión propia en su relación con el medio ambiente. Cuenta con un gobierno regional y autoridades comunales. Acá la propiedad de la tierra es colectiva. Viven de la agricultura de autoconsumo, la casa y la pesca.

El Caribe Norte de Nicaragua es una zona rica en recursos naturales: bosques, mares, suelos, tierras, ríos y, minerales. A pesar de esto, es una de las regiones más pobres de Nicaragua y altamente vulnerable a eventos naturales como los huracanes.

El Plan estratégico para Nicaragua (2019-2023) del PMA manifiesta que, las tasas de pobreza son elevadas en la zona central y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). Los grupos indígenas mayagna, miskitos, ramas, creoles y garífunas representan el 9% de la población e históricamente han vivido el abandono del Estado de Nicaragua. El Caribe nicaragüense cuenta con un régimen de autonomía que, en la práctica, ha sido socavada por el Gobierno Central, según el texto de Dolene Miller y Pablo Guillén, “Autonomía de las regiones de la Costa Caribe de Nicaragua (1987-2019)”.

El Caribe Norte quedó sumergido en la incertidumbre tras el impacto de los huracanes Eta (3 de noviembre) e Iota (16 de noviembre), dejando destruida sus redes de producción alimentarias. Ambos huracanes tocaron tierra en el litoral sur del Caribe Norte, golpeando a las comunidades de Wawa Bar, Haulover y Wounta. También causó daños en Puerto Cabezas, Yulú, Sangnilaya, Francia Sirpi, Waspam y otras comunidades del Triángulo Minero (Siuna, Rosita y Bonanza).

Haulover es una comunidad costera formada por una barra de tierra ubicada entre el Mar Caribe y la Laguna de Haulover. Los comunitarios la describen como un lugar paradisíaco, con árboles de coco a lo largo de la costa y en los patios de las casas de tambo, construidas con madera. Es uno de los principales destinos turísticos del Caribe Norte. Las familias de esta comunidad miskita se dedican principalmente a la pesca artesanal y a la agricultura familiar. Esta combinación de agua y tierra les genera gran diversidad alimentaria. Pero, con el paso de los huracanes Eta e Iota, Haulover ya no es la misma, quedó totalmente destruida. Las casas y los cocos fueron arrasados. La comunidad quedó partida en dos, ahora un caño une a la laguna con el mar. A pesar de ser una zona propensa a los huracanes, sus familias han empezado a regresar de los refugios para reconstruirla y recuperar sus medios de vida.

Jomary Budier, de 23 años, reconstruye su casa con latas y madera. Hace una pausa y acepta conversar. Dice que la base principal de la alimentación en Haulover es la yuca, todo lo que producen es para el consumo de la casa. “En febrero sembramos con mi familia unas yucas, pero el huracán se lo llevó todo. Mi papá fue a ver el cultivo cuando terminó el huracán Eta y dijo que no quedó nada, que lo perdimos todo”.

En la laguna y el mar, tenían otras fuentes de alimentación. No obstante, la dinámica de la pesca también cambió, no sólo porque los huracanes arrasaron con sus botes y chinchorros. El ecosistema sufrió alteraciones y los peces han migrado a otros lugares, dejándoles sin posibilidad de pescar en las zonas donde habitualmente lo hacían. Las comunidades buscan reponerse, han empezado a sembrar arboles de cocos porque no pueden faltar en las costas y en los patios de sus casas. Onda Local visitó estas comunidades luego del primer huracán (Eta) y pudo comprobar que, ante la falta de agua limpia, bebían agua de coco. Además, demandan al gobierno central les apoye para recuperar sus herramientas de pesca.

En la comunidad costera miskita de Wounta Bar, aunque fue menos afectadas que Haulover, también pasan hambre. Las familias casi no tienen nada para comer. Hacen un tiempo de comida. Sobreviven con la poca ayuda que les ha llegado de parte de algunas organizaciones. Los huracanes también arruinaron sus instrumentos de pesca. “Antes sacaba bastante pescado. Con atarraya y chinchorro sacábamos bastante pescado, chacalines. Pero el huracán se llevó todo y no hay nada”, asegura Manuel Andrews, comunitario de Wounta.

Manuel, de 60 años, es originario de Prinzapolka, Caribe Norte. Desde hace 35 años vive en Wounta Bar. La pesca artesanal es su principal fuente de alimentación. El idioma de Manuel es el miskito, y amablemente nos habla en español para relatar que su vida y la de su familia ya no es igual después de los huracanes. Él cultivaba yuca; y sobre el borde del río tenía sembrado guineos, quequisques y malangas. En la parte más alta, arroz. “El huracán se llevó todo. Ya no podemos sacar ni un pedacito de yuca, todo se pudrió”, dice Manuel.

Desde el bote se observa una punta de tierra quemada. Es parte de lo que quedó de la comunidad miskita de Wawabar, severamente afectada por los huracanes. Los comunitarios afirman que ahí era el lugar donde cultivaban papaya, arroz, frijoles, yuca, guineo, quequisque, entre otros productos de consumo local. El nivel del mar creció al punto de que las olas inundaron los cultivos. Las cosechas se perdieron y el nivel de sal en la tierra dificulta retomar la producción. La comunidad tiene la esperanza que con las lluvias se disminuya la cantidad de sal y el lugar vuelva a ser apto para cultivar. Mientras tanto, exploran otros terrenos para sembrar.

“Mientras no tengan ayuda de parte del gobierno y de las iglesias o de la sociedad civil, no van a poder sobrellevar esta situación tan difícil ahorita, porque todas las fincas o plantaciones han sido afectadas”, señala la socióloga Arely Barbeito.

Los cultivos también fueron devastados totalmente en las comunidades situadas al norte del municipio de Puerto Cabezas.

“No tenemos esperanza ahorita de poder sacar algo de nuestras parcelas para poder alimentarnos, generar ingresos y solventar otras necesidades que tenemos. En las parcelas todo lo que teníamos sembrado ha sido dañado: los plátanos, los bananos, han sido tumbados, dañados y ya no hay como volver a rehabilitar eso, porque necesitamos ahora el material para volver a sembrar”, dice Paterson Dixon, promotor de salud de la comunidad miskita de Yulú.

En esta comunidad viven de la agricultura. Los granos básicos como arroz, frijol, maíz; la producción de musáceas: plátanos, bananos, junto a la yuca, quequisque, malanga y algunos frutales, son el sostén de su soberanía alimentaria. Producen para el consumo familiar y el comercio local, lo que les permite acceder a otros productos de consumo básico como azúcar, aceite, entre otros. Pero después de los huracanes toda esa dinámica ha sido afectada, explica Estela Ideen Praia, partera de la comunidad de Yulú. “La yuca uno puede ir a arrancar y todo está podrido. Ni los animales quieren consumir de eso, porque ya está dañado. Los plátanos todos están tumbados”.

En Yulú, lamentan la falta de ayuda alimentaria de parte del gobierno y organismos de cooperación, la poca que han recibido es insuficiente ya que las familias son numerosas. “Han dado apoyo a otras comunidades, no tanto aquí, hemos recibido tres veces, pero la alimentación es por 10 días. En cada casa hay hasta 10 personas”, refiere Paterson Dixon.

Estela, agrega que la poca ayuda que han recibido ha sido por parte del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de algunas organizaciones que les han llevado diez libras de arroz, nueve de frijoles. La provisión entregada, se las han dado para una semana, agrega. Pero hay viviendas donde viven de 10 a 15 personas. Lo que les han dado apenas da para tres días porque no tienen ni yuca ni plátanos para acompañar y que la provisión les rinda más.

Las parcelas están distantes de la comunidad de Yulú, para llegar a ellas se debe caminar hasta tres horas; por ahora son inaccesibles debido a la cantidad de árboles caídos. Por eso, demandan al gobierno, les proporcione motosierras para abrir los caminos.

Estela señala que el gobierno, a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, les ha proporcionado hasta 20 libras de semilla de frijol para reactivar la producción de apante, un período especial de cultivo que se realiza entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Los alimentos que se cultivan durante la siembra de apante son principalmente: frijoles, maíz y hortalizas. La cosecha de apante sale en los meses de marzo y abril. Después de los efectos devastadores de los huracanes, la cosecha de apante se ve con esperanza, pero en las comunidades del Caribe Norte no hay muchas expectativas debido a la falta de semilla y por la dificultad de acceso a las parcelas. “Como fueron tantos los daños, no hay acceso a las parcelas. Tenemos que meter motosierra para abrir camino porque hay palos cruzados que no dejan tener acceso hacia eso”, dice Estela.

José Gómez, técnico del Instituto de Investigación y Gestión Social (INGES), organización que ha impulsado los huertos diversificados y biofincas, con el liderazgo de las mujeres señala que aproximadamente el 80% de la producción en el caribe norte es para consumo de las familias. El resto se vende en Puerto Cabezas para garantizar otros alimentos que no son producidos en las comunidades. “Con los huracanes, las familias se quedaron sin semilla para volver a sembrar y trabajar en el siguiente ciclo productivo (apante). Por falta de semilla ahora están con los brazos cruzados. Es una situación que viene a afectar seriamente la soberanía alimentaria”, señala Gómez.

En Yulú, la parcela de Paterson Dixon es una de las más cercanas. Está ubicada a unos cinco kilómetros de su casa. Para llegar se debe atravesar un camino fangoso. Paterson ha empezado a sembrar frijoles, maíz y yuca. Al llegar a su parcela, muestra una matita de frijol. Para él germina la esperanza de poder cosechar algo en los meses de marzo y abril. Pero, en su comunidad no todos tienen esa posibilidad, afirma.

Valeria Manuel Pitt, es juez segunda en la estructura comunitaria de Sangnilaya, comunidad Miskitu del Caribe Norte. Esta comunidad vive de la agricultura y no escapó a las afectaciones de los huracanes, todos los cultivos fueron dañados, manifiesta.

“Trabajamos principalmente con granos básicos: frijoles, maíz, arroz; también pijibay, aguacates, mango, peras; musáceas como plátano, banano, guineos filipitas y cuadrado. Yuca que la sembramos en gran medida y también malanga y quequisque. Todo ha sido afectado, dañado”.

Las familias no cuentan con semillas de frijol, maíz y arroz. El gobierno apoyó con un poco de semillas, pero no todas las familias recibieron. Además, las semillas no germinaron totalmente, expresa Valeria. “El problema serio que tenemos ahora con las semillas, necesitamos el material vegetativo de yuca, quequisque y plátano. Hacemos el llamado como comunidad, como líder comunitaria al gobierno que nos apoye con la semilla y el material vegetativo que sembramos en la comunidad”.

Igual problemática viven en la comunidad Segura, territorio de Bilwaskarma, Waspam. Esta comunidad es fronteriza con Honduras y la mayor parte de las familias trabajan del otro lado del Río Coco. Alfredo Toledo es anciano de la comunidad, cuenta que los huracanes no causaron tantos daños en las viviendas, pero sí en los cultivos. “Todo lo que sembramos acá ha sido afectado en su totalidad por las inundaciones. Los árboles frutales han sido dañados. Aquí tenemos 252 familias, más de 900 habitantes. Las familias siembran de una a tres hectáreas. Sembramos plátano, banano, guineo felipita, yuca, quequisque, malanga, arroz, frijol y maíz, principalmente”.

En noviembre y diciembre siembran frijol y maíz. Este ciclo, no pudieron sembrar porque los suelos siguen inundados y lodosos. “Hay parte que todavía tiene agua, por lo tanto, no podemos ni siquiera trabajar y hasta el día de hoy sigue lloviendo”.

En 2019 también hubo afectaciones en los cultivos de frijol y las familias no sacaron semilla. “Tenemos serios problemas con la disponibilidad de semilla. El INTA nos apoyó con cierta cantidad de semilla de frijol (20 libras), machete y botas de hule, pero hasta el momento no hemos podidos sembrar porque los terrenos siguen inundados, algunos han probado y las semillas no todas germinan”. Con la semilla entregada, dice Alfredo, apenas logran sembrar una tarea, equivalente a “0.2 hectáreas”.

Toledo agrega que su comunidad no hay trabajo. Todas las familias se dedican a la agricultura para generar alimentación e ingresos económicos. “Con la venta de frijol, compramos la ropa de los niños, para el colegio y comprar el resto de la comida que no producimos en la comunidad”.

En esta comunidad, algunas familias acostumbran el cultivo en los patios de sus casas. Siembran guineos, cocos, malangas, quequisques, ayotes, entre otros productos.

La respuesta del gobierno 

Nicaragua cuenta con la Estrategia Nacional de Promoción de la Agricultura Familiar para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019 – 2021. Como su nombre lo indica está enfocada en la seguridad alimentaria y no en la soberanía alimentaria, esta última entendida como el derecho de las comunidades a producir sus propios alimentos, lo cual implica priorizar la producción local, garantizar el acceso a la tierra, al agua, a la semilla y al crédito. También tiene que ver con el derecho de las personas consumidoras a poder decidir lo qué quieren consumir, cómo y quién se lo produce.

Según la estrategia del gobierno, la agricultura de las familias nicaragüenses representa un componente importante en la seguridad alimentaria y nutricional, por su aporte significativo en la producción de alimentos para el autoconsumo y la generación de ingresos.

Con esta estrategia, el gobierno busca ampliar la producción para mejorar la disponibilidad de alimentos, promover hábitos de consumo sanos y nutritivos en las familias, así como la generación de ingresos a partir de la comercialización de los excedentes de la producción. Añade que, los cultivos a promover son ricos en proteínas, vitaminas, fibras, calcio y hierro para una nutrición adecuada, de tal manera que garantiza una alimentación diversificada, así como el emprendedurismo en el modelo de economía creativa para aprender, emprender y prosperar.

Los cultivos priorizados en la estrategia son: arroz, frijol, maíz, yuca, sorgo, nopal, ojoche, amaranto, semillas jícaro, marango, camote y ajonjolí. También prioriza la siembra y producción de hortalizas de hojas como espinacas, acelga, mostaza china, apio, lechuga y repollo.

La estrategia también contempla la crianza y manejo en producción de especies menores como gallinas, chompipes, patos, codornices, ovejas, cabros, porcinos, garrobos y conejos, para promover el consumo de proteína de origen animal.

El pasado 11 de enero, Daniel Ortega conmemoró sus 14 años consecutivos en el poder. Ese día, anunció sus planes con relación al sector productivo, confirmando así su apoyo a la agroindustria y a la cadena de comercialización a nivel nacional y regional. Entre los programas anunciados mencionó el de mejoramiento genético de la población bovina (ganado) y porcina (cerdos), fortalecer la producción de pasto para mejorar la nutrición y el rendimiento del ganado, recuperar y reactivar la pesca, rehabilitando la infraestructura, cadena de frío y equipamiento para la pesca, acopio y comercialización. La flota pesquera, el laboratorio de peces de agua dulce en San Carlos, Río San Juan, producción acuícola, plan de peces para la vida y habilitación de fondos para reactivación productiva, fueron los otros proyectos anunciados por Ortega.

Con relación a los proyectos productivos mencionó la producción de semillas de granos básicos como frijoles, arroz, maíz. Además de hortalizas y cítricos. Asimismo, habló de un proyecto para fortalecer las capacidades de experimentación y transferencia de tecnologías agropecuaria para la Costa Caribe, fortalecimiento del sistema de vigilancia sanitaria agropecuaria a través de las MiPymes del campo y la ciudad, el programa patio saludable, programa de producción de huevo en pequeñas granjas avícolas y mejoramiento genético de aves. “Todo esto involucra a miles y miles de familias del campo y también a alguna gente que se encuentra en las zonas periféricas de las ciudades”, mencionó Ortega, sin dar datos concretos sobre el número de personas beneficiarias ni de los lugares específicas de intervención.

Producción en tierras comunales en medio de la violencia

En Nicaragua, siete de cada diez productores no cuentan con recursos suficientes para producir. Las tierras son acaparadas para el fomento de la producción agroindustrial y ganadera. Selmira Flores, directora del Programa de Investigación y Desarrollo del Instituto Nitlapan de la UCA, explica que existe una enorme desigualdad en el acceso a la tierra, pese a la reforma agraria.

Por su parte, Jürgen Guevara, oficial de industrias del Centro Humboldt, asegura que casi el 100% de los recursos destinados a la producción agrícola está en manos del 30% de los productores, quienes tienen la mayor cantidad de recursos y de tierra; y, por ende, una mayor dinámica de expansión de monocultivos como caña de azúcar, maní, palma, entre otros. El 70% de los productores restantes, casi no tienen recursos.

El estudio “Mujeres Miskitu en sus dinámicas comunitarias: Acceso a la tierra y participación en cuatro comunidades del territorio de Tasba Raya”, señala la importancia de la tierra en el contexto del régimen autonómico. Si bien, el marco general del sistema sociopolítico de la autonomía promueve y protege los derechos de los pueblos indígenas, en la práctica es un desafío debido a la inminente llegada de los frentes de colonización agrícola y ganadera que se dirigen hacia el Caribe, presionando los recursos y los territorios donde han habitado estos pueblos indígenas.

El territorio de Wangki Twi Tasba Raya (WTTR), agrega el documento, experimenta el desplazamiento de la población producto de los tensionamientos derivados del proceso inconcluso de la demarcación y titulación de territorios indígenas. Un estudio realizado por Selmira Flores de Nitlapan identificó que la invasión a territorios indígenas afecta las dinámicas de la vida de las familias, siendo uno de sus aspectos la pérdida de áreas de cultivo y de caza, restringiendo el consumo de proteína animal.

Según la investigación, las mujeres, particularmente, se ven obligadas a buscar nuevas áreas de cultivo y con ello el riesgo a la inseguridad alimentaria por la aparición de plagas y enfermedades, la infertilidad de los suelos y la baja productividad, afectando el abastecimiento básico en los hogares a pesar de ser zonas más cercanas a la comunidad.

Los grupos indígenas de Nicaragua se han enfrentado por años al acaparamiento de tierras promovido por empresas mineras, la industria ganadera y los migrantes (colonos) de otras partes del país, señala un informe de  Oakland Institute, publicado en abril de 2020 por The New York Times.

El gobierno de Nicaragua no sólo ha fallado en hacer cumplir las leyes que protegen a sus pueblos indígenas y sus tierras comunales, sino que está promoviendo activamente la apropiación ilegal de tierras y otorgando concesiones a empresas mineras y madereras, señala el informe.

Por su parte, El informe “Resistencia Miskitu: una lucha por el territorio y la vida”, elaborado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con apoyo del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) señala que, históricamente los pueblos Miskitu han vivido en una situación de desprotección estatal, exclusión y pobreza con respecto de la población mestiza de Nicaragua, además de un constante acecho de personas ajenas a las comunidades que se internan en sus territorios ancestrales con la intención de despojarlos de ellos y aprovecharse de los recursos naturales, generando desplazamiento y una crisis alimentaria sin precedentes”.

El Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), para hacerle frente a esta situación, ha desarrollado un programa de agroecología que beneficia más de 300 mujeres, principalmente de las comunidades afectadas por las invasiones de colonos o terceros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado cartas en el asunto. El 14 de octubre de 2015 otorgó medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas miskitu de “Esperanza, Santa Clara, Wisconsin y Francia Sirpi” ubicadas en el territorio Wangki Twi-Tasba Raya, en vista de los constantes ciclos de violencia, asesinatos, amenazas y actos de hostigamiento presuntamente perpetrados por parte de “colonos” dentro de los territorios de comunidades en el marco de un conflicto territorial y de procesos de saneamiento realizados por el Estado. Estas medidas fueron ampliadas el 16 de enero de 2016 y, después, el 8 de agosto de 2016 a favor de personas defensoras de derechos humanos de la organización CEJUDHCAN: Juana Bilbao, Deborah Escobar Lackwood, Jiménez Wilson Rosales, José Medrano Coleman Alejandro, Delvin Rosalio Colomer y Mariela Castillo Hawkins.

El 23 de noviembre de 2016 y 22 de agosto de 2017, la Corte Interamericana resolvió ampliar las medidas provisionales para proteger a los miembros de la Comunidad Indígena Miskitu de Esperanza Río Coco, y de la Comunidad de Esperanza Río Wawa, así como a las personas que presuntamente hayan tenido que abandonar dicha comunidad y deseen regresar. Asimismo, el 23 de agosto de 2018, la Corte Interamericana decidió ampliar las medidas provisionales a favor de la defensora de derechos humanos Lottie Cunningham Wrem y del defensor José Coleman.

Desde 2015, más de 40 indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua han sido asesinados y muchos más han resultado heridos y secuestrados, según el Instituto Oakland. “La violencia aumenta cuando el mundo se centra en la Covid”, dijo Anuradha Mittal, directora ejecutiva del instituto y autora del informe. “La gente dice, olvídate de morir por Covid, estamos muriendo por invasiones de tierras”.

En la costa Caribe Norte de Nicaragua, muchas comunidades indígenas luchan por la vida y por recuperar sus medios de vida. El programa de agroecología de CEJUDHCAN fue afectado por los huracanes, pero lo reactivarán de nuevo para que germine la esperanza en las mujeres beneficiadas.

Fuente: Chiapas Paralelo