Energía, ¿para qué? ¿Y para quién?

Participaron del debate público Elisangela Soldatelli, de Brasil (Fundación Rosa Luxemburgo); los colombianos Tatiana Roa, de CENSAT Agua Viva/Amigos de la Tierra y Edgar Mojica de la Central Unitaria Trabajadores (CUT); Lucio Cuenca, chileno del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y Gonzalo Castelgrande del Uruguay, miembro de la Agrupación del Sindicato de Funcionarios de la Empresa de Energía Estatal (AUTE).

Los y las panelistas comentaron sobre las estrategias de organización y movilización que existen para contrarrestar modelos neoliberales basados en la extracción indiscriminada de bienes comunes, que vienen conjugadas con intervenciones sociales cuestionables y persecución política, aspectos dejados en evidencia como un flagelo de sistematicidad histórica contra los diferentes actores que se oponen a la explotación hidrocarburífera convencional y no convencional. Luego del debate entrevistamos a varios de los participantes, quienes dieron un balance de las particularidades que se viven en cada contexto nacional.

Brasil: “El retroceso de la legislación ambiental está directamente relacionado con el avance del extractivismo energético”

Brasil, al igual que el resto de los países de América Latina y gran parte del mundo, tiene un sistema energético dependiente de las fuentes fósiles: más de un 50 % es dependiente de petróleo y gas, y en el caso de la matriz eléctrica, la hidroelectricidad representa un 65%. Este sistema trae una serie de problemáticas asociadas con la generación y transmisión de la energía, como el intenso proceso de expropiación de comunidades originarias, campesinos y campesinas, y pequeñas ciudades, en las que se vive un proceso de destrucción e importante fragmentación territorial.

En los últimos años, recapituló Elis Soldatelli, se dió una intensificación de estos procesos relacionados con un discurso de crisis energética, que llevó a la generación de nuevos proyectos hidroeléctricos. Otra problemática en el país está relacionada con el sistema interconectado, y la generación de energía lejos de los centros de consumo, es decir, se genera energía en el norte, y se consume en el sur, o lo contrario.

Una importante fuente de generación de energía en la cuenca del río Uruguay es controlada por empresas grandes consumidoras de energía, principalmente vinculada a los sectores de aluminio, cemento y acero, y muchas de esas empresas están instaladas en el norte del país. Esto está relacionado con la inserción de Brasil en la división internacional del trabajo como exportador de bienes primarios y de energía. Actualmente Brasil se encuentra en un hacia un nuevo proceso de privatización de las empresas que no pudieron privatizarse en los años 90, fundamentalmente de Petrobras y Electrobras.

Existen diversos tipos de resistencias de comunidades, algunos de los cuales están relacionados con el accionar ante la justicia. Muchas veces se logra parar el avance de este tipo de emprendimientos, pero en muchos casos es solo momentáneamente. Ocurren cambios de gobiernos o en la coyuntura política-económica, y nuevamente esos proyectos vuelven a la agenda pública.

Colombia: “El Buen Vivir está por encima de las lógicas extractivistas”

Tanto Tatiana Roa Avendaño como el sindicalista Edgar Mojica afirmaron que la energía en Colombia es básicamente para intereses internacionales, en la que la economía gravita alrededor de lo minero-energético. Más que ser una potencia minera, petrolera, gasífera o carbonera, es un país donde los bienes de la naturaleza están insertados en una matriz, un mercado mundial de commodities de la energía, importantes para un mercado internacional.

De acuerdo a Roa Avendaño, en los últimos 20 años Colombia profundiza el modelo extractivo flexibilizando la legislación ambiental y laboral, y exporta carbón para el mundo al tiempo que genera graves violaciones de derechos en sus territorios: miles de niñxs mueren de sed en el norte colombiano por las sequías que provocan las minas de carbón.

Mojica afirmó que “las necesidades de consumo de un país permiten generar un excedente para la exportación, ese excedente está llevando a que haya un extractivismo intensivo. Hoy día el 90% de nuestro carbón se exporta y 70% de nuestro petróleo; el 60% de nuestro gas va para mercados internacionales. A nivel de tasa de los niveles de reserva versus los niveles de exportación, el petróleo que tenemos da para seis años. Si no hay nuevos yacimientos descubiertos en términos de potenciales reservas, Colombia se vería evocado a importar petróleo”. En ese sentido, “saldría más barato importar directamente la gasolina y los diesel, que importar crudo para refinarlo en el país”.

Las lógicas del Buen Vivir que se oponen a las lógicas extractivistas como la megaminería, la extracción petrolera, los yacimientos de gas, trabajan por formas distintas de autogestionar, defender y permanecer en el territorio. “A diario hay una amenaza en algún territorio, a diario hay represión indiscriminada de la fuerza pública, un uso exagerado de la fuerza, especialmente a comunidades en resistencia contra el modelo minero”, relató Mojica, de la CUT.

“Por ejemplo, esta semana estamos viviendo una dura represión de la Policía Nacional y su cuerpo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), en una zona petrolera que se llama Guamal, en el departamento del Meta, donde un grupo de mujeres se opone a la empresa petrolera estatal (…) el Estado hace parte de ese aparato represivo y violador de derechos humanos contra el movimiento social colombiano”.

La CUT hace parte de una iniciativa de la sociedad civil llamada “Mesa Social para la Paz”, desde allí se impulsa una mesa mineroenergética, “as apuestas de participación en el escenario de Quito abren una luz de esperanza en el sentido de posibilitar un escenario distinto, de posibilitar un escenario de diálogo nacional, donde empresarios, Gobierno y sociedad civil en su conjunto nos sentemos a discutir de cuáles son esas transformaciones mínimas.

Finalmente, el líder social colombiano hizo una reflexión a modo de conclusión, siendo crítico con el modelo extractivista incluso en los gobiernos progresistas de la región, haciendo un llamado a la unidad popular para contrarrestar la dinámica económica y política actual: “Inclusive en algunos de los gobiernos progresistas hay que discutir de fondo si el modelo energético ha cambiado, un tema interesante, no creo que sea un tema de falta de voluntad sino que esa inserción en el mercado mundial sigue siendo muy fuerte.

Creo que hay similitudes que transitan caminos identitarios y que nos plantean un reto de si hay posibilidades de hermanar luchas, de dar peleas más globales, apuestas de resistencia a largo plazo, lógicas de acumulación social y política desde las izquierdas y desde el movimiento social, más unitarias. Yo diría que hay una necesidad de mirar si somos capaces de responder como clase, creo que lo que está ocurriendo en el continente es un reacomodo de las fuerzas del capital y un reataque, una reconquista, de los avances que tuvo la izquierda y los sectores progresistas y democráticos en el continente; en ese orden de ideas, si lo lees en esa lógica, la respuesta debería ser en términos de clase”.

Desmitificando las versiones sobre el Uruguay

Para Gonzalo Castelgrande, miembro de AUTE, Uruguay ha sido uno de los principales objetivos de inyección de capital extranjero de los últimos tiempos en materia de energía, convirtiéndose en una de las “patas fundamentales de nuestra economía”. La lógica mercantil del Estado uruguayo transformó las empresas autónomas en empresas a conformar la matriz productiva nacional, algo importante para este país que desde que se conformó como Estado-Nación, estatizó las empresas públicas, pasando a ser patrimonio nacional, ahora con una tradición de más de 100 años.

No obstante, para ser un país tan pequeño, se ha transformado de acuerdo a las lógicas neoliberales a nivel mundial.

Prueba de ello son las miles de plantaciones de eucalipto con dos plantas de celulosa y una tercera en construcción, la segunda de la multinacional finlandesa UPM.

A principios de milenio, Uruguay estuvo a punto de sufrir una crisis en materia energética, puesto que el país llevaba alrededor de 15 años sin inversión, lo que pudo llevar a un desabastecimiento. Uruguay históricamente ha sido un país de servicio y de clase financiera, situación que atrae la promoción de leyes para implementar la energía eólica que “trajo de la mano subsidios, generación de impuestos, zonas francas (…) un terreno fértil para que se hayan instalado diferentes empresas multinacionales para poder garantizar este cambio de la matriz energética”, señaló Castelgrande.

Dicho cambio de esta matriz se hizo a partir de 7 mil millones de dólares, de los cuales 5 mil millones fueron de capital privado. Ahora bien, uno de los rasgos positivos de tales cambios tiene argumentación ambiental, pues la generación de CO2 se redujo significativamente. Incluso fueron cerradas algunas centrales que despachaban energía térmica y fueron reemplazadas por energía renovable, actualmente soportada en el país con la combinación de energía hidráulica y eólica.

No obstante, “el Estado genera préstamos internacionales para que las grandes empresas se vinieran a instalar en el país, asegurando rentabilidad con contratos de compra de energía, con préstamos fijos en dólares a 20 años, (…) hoy en día hay leyes y decretos que obligan a pagar primero a las empresas privadas que a las estatales, un negocio grande que se saturó y hubo una sobreoferta de energía (…) el sistema se ha encarecido y es sumamente ineficiente por la rentabilidad que se queda en las multinacionales”.

Lo anterior fue denunciado por diferentes sindicatos que, según Castelgrande, fueron estigmatizados y “ninguneados”. Ahora el problema es más visible porque los barrios pobres siguen teniendo mala calidad en el servicio y el alza frecuente en las tarifas ya tocó el bolsillo de los uruguayos. En ese sentido se vienen organizando diversas expresiones sindicales para lograr salir de la lógica del cliente y de mayor apropiación social de la empresa y tener un control mayor por parte de los usuarios:

“Laburamos en los barrios, hacemos asambleas de vecinos ayudamos en los barrios más pobres a conectar la luz. Como sindicato tenemos brigadas solidarias, y más que diciendo, haciendo, es que estamos tratando de generar este movimiento de usuarios que es en definitiva lo que nos va a permitir que entre trabajadores y usuarios poder poner estos problemas, involucrar a otros sectores la sociedad para resistir estas privatizaciones y después poder redistribuir la riqueza por medio de la rebaja de la tarifa”.

En conclusión, al igual que los otros ponentes del evento, el sindicalista coincidió en la necesidad de articular luchas continentales entre movimientos sociales y organizaciones política de distinta índole “para construir un nuevo paradigma. Aprendimos que no hay recetas, somos antidogmáticos”.

Chile: “Luchas locales con resultados nacionales”

Por su parte, Lucio Cuenca, coordinador de OLCA, señala los discursos predominantes del neoliberalismo que está orientado a convencer a la ciudadanía chilena de que la extracción masiva es necesario para ponerlos en el juego del mercado internacional, escondiendo que son medidas que pasar por encima del ambiente y la vida humana.

“El modelo ha estructurado un sistema en donde es más barato el uso de energéticos contaminantes, en este caso es el carbón, que se usa dos veces más de lo que representa la matriz de producción, se ha instalado un discurso de que necesitamos más hidroeléctricas para tener más capacidad de producir energía, porque nos vamos a quedar sin crecimiento económico.

En los últimos 10 años se han duplicado las hidroeléctricas y las empresas de energía renovable, pero en los momentos que el país necesita más energía se pone en funcionamiento solo la mitad de esa capacidad de generación de energía. Chile, que anteriormente le compraba gas a Argentina, hoy día Chile le está vendiendo electricidad y gas en los períodos de invierno a Argentina”.

En Chile persisten las políticas heredadas de la dictadura militar iniciada en 1973, la Ley Eléctrica, por ejemplo, privatizó todo el sistema, tanto la generación, la transmisión y la distribución. El Estado, de acuerdo a esa ley, omite la generación de la energía, transfiriendo toda responsabilidad al sector privado, se queda con algunas funciones de regulación en los hidrocarburos, pero Chile como tal no produce hidrocarburos, dejando que todo lo propicie las empresas extranjeras.

Además, gran parte de la energía chilena está destinada al funcionamiento de la minería, triplicada en volumen de la cantidad de minerales que se extraen en los últimos 20 años. Chile es el primer productor mundial de cobre, consumiendo el 37% de toda la energía eléctrica que se genera, con 24% del sector industrial y solo un 16% de consumo doméstico.

En el marco de este panorama la respuesta social no ha sido menor. Las resistencias mapuches son una ejemplificación de luchas con buenos resultados que han echado abajo proyectos hidroeléctricos de importante envergadura, como forma de enfrentar las políticas públicas mineras del gobierno chileno. Lucio Cuenca ratificó: “Teniendo una comunidad viva, movilizada, que defienda su territorio, puede no solo tener resultados a nivel local sino incidir en tendencias más generales, lo que a veces nos cuesta visualizar”.

Entrevistas realizadas por Pablo Quintana, periodista de Radio Kalewche

11 de septiembre de 2017

Fuente: Fundación Rosa Luxemburgo