Encuentros de esperanza: Seminario Internacional de Zonas de Reserva Campesina en Colombia

Por Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina - Anzorc / 3 de marzo de 2015

“El gobierno Colombiano quiere que en las zonas de reserva campesina no sean los campesinos los actores de la paz. Quiere que sean las empresas agroecológicas”, expresó el senador Alirio Uribe en el Seminario Internacional de Zonas de Reserva Campesina organizado por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc, el pasado 20 y 21 de febrero en la ciudad de Bogotá.

Por eso se hizo un llamado a movilizarse para oponerse al nuevo Plan Nacional de Desarrollo que quiere dar al presidente de la república facultades para transformar todas las instituciones agrícolas de la nación, en un escenario de deuda histórica con el campesinado.

Teniendo en cuenta que no se han cumplido las demandas puestas sobre la Mesa de Interlocución Agraria, instalada después de las movilizaciones campesinas del 2013, las demandas son múltiples y sentidas, pero los diálogos de la MIA son un diálogo de sordos. El gobierno no considera importante a las comunidades que se organizan al margen de la democracia representativa, dinámica que los legitima en sus puestos, allá arriba, en la torre de marfil del poder político.

Según el senador Alirio Uribe en la conceptualización actual del gobierno tampoco existe el campesino, sino los trabajadores agrarios. Quieren que los campesinos sean proletarios de los megaproyectos y que los bosques no estén para su conservación, sino para su aprovechamiento comercial. Es así como “La propiedad de la tierra se acumula en manos de 2000 propietarios: 500 familias que tienen más de la mitad de la tierra registrada en propiedad privada”, según documentodel Instituto Latinoamericano para un Derecho y una Sociedad Alternativos y el Incora, sobre las ZRC.

ZRC, una esperanza larga

Ante los puntos del pliego recogido por la Mesa de Interlocución Agraria, “la respuesta del gobierno ha sido prácticamente nula”, señaló en el seminario Gloria Quintero de Ascamcat.

Para el escritor Alfredo Molano, investigador que ha seguido de cerca el proceso campesino desde hace décadas, la política agraria de Santos va en contravía de las tendencias históricas. Dicha historia es la diáspora del campesinado por el territorio colombiano en busca de tierra, que luego de ser colonizadas caían en manos de los grandes terratenientes. Esto lo explicó desde en el Congreso de la República en el marco del seminario.

Las ZRC nacieron como una idea de organización campesina para ponerle una talanquera a las grandes concentraciones de tierras en manos de los comerciantes ricos que endeudaban a los colonos y después, cuando ya era imposible que pagasen la deuda, se quedaban con la tierra y con las mejoras, generando nuevos desplazamientos y esos inmensos latifundios que carcomen las montañas vírgenes y los valles otrora frondosos al borde de los ríos.

Con la coca y la guerrilla empezó una nueva etapa, pues la primera era más rentable que los cultivos de pan coger y la guerrilla como una de sus fuentes de financiación, les cobra impuestos sobre estos cultivos. El campesinado, tras una larga lucha, vislumbró en la figura de las ZRC la posibilidad de defender el terreno ganado con su sudor y su sangre.

Aún hoy el gobierno se interesa por buscarle alternativas al cultivo de la coca. Pero las políticas de sustitución de cultivos no han tenido el éxito esperado o simplemente fueron reemplazadas por las nefastas fumigaciones y los bombardeos. Con una alta dosis de persecución, asesinato y encarcelamiento de los campesinos (400 solamente en el Catatumbo, luego de las últimas movilizaciones).

Hacia los noventas se llamaron Resguardos Campesinos y con la ley 160 de 1994 se denominaron Zonas de Reserva Campesina. Tenían el propósito explícito de “regular la ocupación y el aprovechamiento de las tierras baldías de la nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer zonas para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial que se señalen” (artículo 9, Ley 160).

En el gobierno de Samper llegaron a ser 800.000 hectáreas aprobadas como ZRC. En los años siguientes alrededor de un millón de hectáreas fueron solicitadas al Incoder. Por su parte, el gobierno de Uribe Vélez las persiguió y paralizó y ahora Santos volvió a retomar el proceso de adjudicarlas, sin comprometerse del todo, pues su aplicación afectaba los intereses transnacionales y comerciales de su gobierno.

Actualmente la adjudicación de ZRC está estancada según las organizaciones campesinas. En el seminario internacional Alfredo Molano afirmó que el presidente Santos personalmente le dijo: “queremos darlas (las ZRC) como gobierno y no como efecto de los acuerdos de la Habana”. También recordó Molano la sentencia C-371 de 2014, donde se expresa que las ZRC son una figura de ordenamiento social, ambiental y productivo de una región, ratificando su legalidad y legitimidad.

Pero el interés de la actual clase dirigente está más claro en la Ley 133, en trámite, que ofrece al capital un 38% del territorio nacional para la libre explotación minero-energética, beneficiando a las grandes multinacionales: una amenaza que espanta al campesinado colombiano. Dicho proyecto de ley ha levantado polémicas y ha sido calificado por el senador del Polo Democrático Ivan Cepeda, como “una contrareforma agraria y un golpe al campesinado, teniendo en cuenta que el 52% de la propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población”. ( Ver artículo).

Zonas de hecho

Ante la inmovilidad del gobierno y su naturaleza antipopular, las organizaciones campesinas han constituido y consolidado varias ZRC por las vías de hecho, acogiéndose a todos los requisitos que expresa la ley. Tal es el caso del Catatumbo, donde pese al histórico actuar de grupos paramilitares, miles de labriegos han logrado con base en la organización campesina, construir ellos mismos el ideal de autonomía y la reconfiguración de su territorio.

“La Zona de Reserva Campesina (tanto la del Catatumbo, como otras) se creó de hecho ante el incumplimiento de la ley 160 por parte del gobierno. Todo el trámite administrativo está cumplido y no existe ningún impedimento para constituir la ZRC en el polígono de Tibú y en zonas de San Calixto y Hacarí, pero Santos faltó a su palabra, incumplió los compromisos que adquirió para levantar el paro campesino, por eso el Catatumbo es ya una Zona de Reserva Campesina de hecho”. Escribió César Jerez anteriormente ( Prensa Rural).

Hasta el año 2001 apenas se habían constituido seis ZRC: Guaviare, Pato-Balsillas (San Vicente del Caguán), Sur de Bolívar, Cabrera (Sumapaz, Cundinamarca), Bajo Cuembí (Putumayo) y Valle del Río Cimitarra. Hasta el año 2012 habían varias solicitudes pendientes, entre las que se cuentan las ZRC “de hecho” en Lozada (Caldas), entre otras 11 que cumple requisitos y ya suman a la fecha alrededor de 54 solicitudes pendientes, según Ángel Torres, presidente de Anzorc (noviembre de 2014, en ipc.org).

La de Guayabero, en Meta, es otro ejemplo de lucha del campesinado por organizarse. Están ubicados en la “zona de distensión” y cubre 22 veredas colonizadas a partir de los años 70’s.

Ordenando el territorio, cuidándolo de la tala indiscriminada, protegiendo los nacimientos, regulando el uso del suelo (exigen que se conserve el 40% de cada finca), impidiendo la extinción de animales como el Pamiro, la Danta, el Chigüiro, el Chamir y regulando la cacería; campesinos y campesinas construyen un futuro frondoso y en paz con la naturaleza, son guardianes de su existencia futura.

Todo eso mientras se defienden de balas y bombas, pues como expresó Ángel Torres en Bogotá el pasado fin de semana: “Desde el mismo día del despeje hemos sido bombardeados, murieron niños y mujeres y luego por tierra llegaron los soldados comiéndose el ganado y los plátanos, como si fueran una plaga”.

Desde el 2001 quieren ser una ZRC, pero hasta la fecha no les ha sido aprobada la solicitud por el gobierno. Han tenido que hacerle mantenimiento con recursos propios a mil kilómetros de vías y han construido 15 puentes de concreto. “Nos ha tocado echarnos toda la responsabilidad del gobierno al hombro” mencionó Ángel Torres.

También la de Sumapaz, Cundinamarca, es una ZRC de hecho. Tienen el páramo más grande del mundo, su conservación es una cuestión estratégica para la vida en el planeta y sin embargo, según el dirigente Hernando Bejarano, el Incoder les ha dicho que tienen que contar con el visto bueno del ejército por “cuestión de seguridad”.

Otra ZRC de hecho es la de Patía, Cauca, donde tienen conformados 19 comités y buscan que toda la comunidad se vincule a ellos. Es una zona cocalera que tiene esperanza en los diálogos de paz de la Habana, pues gracias a ellos el gobierno ha tomado en cuenta sus peticiones. Ante la ausencia del Estado ponen en práctica su regulación con base en un manual de convivencia propio que se construyó colectivamente.

Brasil al otro lado de la selva

La presencia internacional del seminario fue memorable. Brasil y Ecuador son países que tienen procesos campesinos que Anzorc ha decidido traer a colación al seminario. Sus casos sirven de inspiración.

Maicon Reginato, del Movimiento de Pequeños agricultores del Brasil, habló de la experiencia organizativa del movimiento campesino de su país, donde también “el campesino está supeditado al capital” y está obligado a ofrecer resistencia a los agronegocios.

Las organizaciones campesinas han puesto en práctica una estrategia de unidad nacional que busca proteger la semilla criolla y la biodiversidad, además del debate por la defensa de la clase campesina y la movilización. Sus principales acciones son el debate, la movilización, la construcción de la vivienda digna (a través de la agro-construción) y el trabajo con la juventud, brindándole posibilidades para que no abandonen el campo hacia las ciudades.

También han diversificado la comercialización de sus productos y buscan eliminar los intermediarios, vendiendo directo al consumidor pues, como ocurre en Colombia, estos se quedan con gran parte de los ingresos de los campesinos.

“Si nos juntamos campo y ciudad para combatir el capital, será una lucha ganada, seremos imbatibles” Afirma Reginato. Tienen una feria campesina en Sao Pablo. “Somos pequeños, pero política e ideológicamente un coñazo”. Han creado una cooperativa para autogestionarse.

Gracias a estos esfuerzos Brasil es uno de los países reconocido (2014) por cumplir uno de los objetivos del Milenio de la ONU, en lo concerniente a la erradicación del hambre y la miseria.

Indígenas del Ecuador

De Ecuador estuvieron algunos invitados del movimiento campesino, Romelio Gualán y Verónica Fortuna. Vienen de un país donde hay una revolución en marcha que ha escrito nuevas leyes con objetivos vanguardistas, encomiables y necesarios, como el de tener un país libre de transgénicos.

Proceso que sin embargo no está exento de contradicciones. Según Gualán estos “elementos constitucionales todavía no están llegando a cumplirse”. Recientemente se aprobó en Ecuador una Ley de Aguas que no obstante adjudica el 80% del agua nacional para los agronegocios y sólo un 10% para las familias y el otro 10% para la agricultura campesina.

Allí también “las transnacionales quieren acaparar la tierra” y están viviendo una “descampesinización del campo”, pues en el año 2000 el 48% de la población era campesina y ahora es sólo el 38%. No obstante están organizados y no tienen la violencia estatal y paramilitar como obstáculo, por lo que han podido avanzar hacia la agroecología bajo los principios de reciprocidad, complementariedad y solidaridad, en busca de un acceso equitativo de la tierra.

Verónica Fortuna, de la Unión Provincial de Organizaciones del Campo de Ecuador, habló de lo acordado en la constitución Ecuatoriana que defiende la soberanía alimentaria (distinta a la seguridad alimentaria que propone el capitalismo). Vale reseñar los artículos 281 y 282 de su constitución, reconocida por la FAO como una de las primeras cartas magnas en hablar de soberanía alimentaria.

El 281 dice que “la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente”. Y el artículo 282 “faculta al Estado normar el uso y acceso a la tierra bajo principios sociales y ambientales; prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes” ( artículo FAO).

Posteriormente se aprobó allí la Ley Lorsa, Ley Orgánica del Régimen y Soberanía Alimentaria, que busca “establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente”.

Una Ley avanzada cuya implementación ha planteado a los ecuatorianos bastantes retos organizativos y de articulación, que van trasegando en busca de lo que las mayorías indígenas llaman el “Buen vivir”.

ZRC y posconflicto en Colombia

Distantes todavía de una Ley Lorsa y de los avances organizativos del Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, el movimiento campesino colombiano tiene la esperanza de que el gobierno cumpla la Ley 160 de 1994, que reconoce las Zonas de Reserva Campesina, tal y como se ha acordado también en los Diálogos de Paz de la Habana.

Para ello se preparan nuevas movilizaciones, entre otras estrategias. La Paz es el clamor del movimiento campesino colombiano, pues nadie ha sufrido tanto los rigores de la guerra como los habitantes de los campos.

De continuar la guerra, como dijo un campesino de la Macarena en el Seminario Internacional de Zonas de Reserva Campesina de Bogotá, la violación de los derechos humanos va a continuar por parte de la fuerza pública y las multinacionales, por lo que “muchos campesinos seguirán donando su sangre y su vida para que haya paz”.

Mientras tanto las organizaciones campesinas seguirán encontrando en las Zonas de Reserva Campesina un horizonte legal, político y filosófico por el que vale la pena seguir luchando.

Fuente: Prensa Rural