En Brasil el peor momento para los campesinos
"Han vuelto las masacres de campesinos toda vez que la tierra es un objeto de poder. El agronegocio pretende avanzar cada vez más sobre las tierras indígenas y de los pequeños agricultores, posesionarios y avecindados, ejerciendo presión y violencia contra ellos. Los hacendados ruralistas, protegidos por el gobierno, tienen licencia para matar y la política del Estado es de represión abierta contra los movimientos agrarios. Han regresado los asesinatos colectivos de las poblaciones indígenas. Es un contexto muy propicio para la muerte."
Aparición (fragmento), 1941. Grabado en metal, aguatinta: Francisco Díaz de León
Paulo Cesar Moreira Dos Santos y Alfonso Chagas (respectivamente coordinador y voluntario de la Comisión Pastoral de la Tierra, o CPT, de Brasil), comentaron durante su visita a la Ciudad de México los resultados del Reporte Anual: Conflictos en el Campo de Brasil, para el año 2016. La extensa presencia de la CPT en las regiones rurales le ha permitido construir uno de los más importantes acervos documentales sobre las luchas por la tierra y las formas de resistencia de los campesinos. El reporte se publica anualmente desde 1985. A continuación presentamos sus comentarios en conversación con Ana de Ita.
La CPT, es una organización brasileira ligada a la iglesia, que participa en La Vía Campesina. Desde su creación en 1975, se enfrentó con los conflictos en el campo y la violencia contra los campesinos, indígenas, asalariados rurales, comunidades tradicionales, quilombolas o afrodescendientes y pescadores artesanales.
Para los integrantes de la CPT, en Brasil se vive el peor momento para los campesinos, incluso peor que durante la dictadura militar porque la situación de violencia ha crecido de manera exponencial.
Han vuelto las masacres de campesinos toda vez que la tierra es un objeto de poder. El agronegocio pretende avanzar cada vez más sobre las tierras indígenas y de los pequeños agricultores, posesionarios y avecindados, ejerciendo presión y violencia contra ellos. Los hacendados ruralistas, protegidos por el gobierno, tienen licencia para matar y la política del Estado es de represión abierta contra los movimientos agrarios. Han regresado los asesinatos colectivos de las poblaciones indígenas. Es un contexto muy propicio para la muerte. Las milicias privadas, a veces dirigidas por militares retirados o en activo, actúan con encapuchados, tirando bala, espantando y quemando todo, buscando infundir miedo.
En estos primeros meses del año 2017, según el recuento de la CPT ha habido 37 asesinatos y tres episodios de cruenta violencia contra colectivos indígenas y campesinos: el 19 de abril, nueve campesinos fueron asesinados en el municipio Colniza (centro-oeste de Brasil), ejecutados y torturados por encapuchados. El 30 de abril en Maranhão, en el noreste de Brasil, fue masacrada una comunidad de indios Gamela por haber ocupado una finca en territorio de sus antepasados, ahora en posesión de rancheros. Los hacendados convocaron a personas que viven fuera del área a una gran fiesta, para después expulsar y torturar cortando las muñecas, disparando en la cabeza al pueblo Gamela. En Pau D’ Arco, al norte del país, diez “sin tierra”, que ocupaban una hacienda ubicada en tierras públicas y esperaban su reconocimiento, fueron asesinados por la policía y otros 14 resultaron heridos.
En el gobierno del presidente Temer —producto del golpe militar— la oligarquía de la tierra tuvo presencia dentro del Congreso y articuló sus políticas para suprimir los derechos de los pueblos. La demarcación de las tierras indígenas y quilombolas enfrentó obstáculos insalvables. La salida natural y legal habría sido una reforma agraria como lo prevee la Constitución de 1988, pero las poderosas bancadas de los latifundistas y del agronegocio en el Congreso impidieron cualquier iniciativa.
El resurgimiento de los pueblos. La Constitución de 1988 permitió tardíamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes a las tierras que tradicionalmente hubieran ocupado, pero al no exitir reglamentación, este derecho no podía ser puesto en práctica. La presidencia de Lula reglamentó el reconocimiento de los pueblos con base en la autoidentificación (autoadscripción) y desde hace un poco más de diez años, las poblaciones que estaban disgregadas en distintas ciudades empezaron a reunirse, visitaron sus territorios ancestrales y demandaron el reconocimiento a su territorio como pueblo. Pero ahora los latifundistas y la bancada rural anularon este decreto y el Supremo Tribunal Federal juzgará si el decreto es efectivo o no. Esta disputa ya ha tardado cinco años y desde entonces no ha habido reconocimiento de títulos de tierras. La intención del Congreso es que el poder legislativo dominado por los latifundistas decida quién tiene derechos sobre la tierra. Los latifundistas ruralistas pretenden que se revoquen las áreas ya demarcadas y regresen al Congreso, quien decidirá si es tierra indígena o no lo es.
Los asentamientos de los “sin tierra”. En Brasil no hubo una reforma agraria y muchas tierras son públicas. Los pequeños campesinos sin tierra ocupan estas tierras y demandan al Estado la regularización de sus posesiones, pero hay mucha gente que también ambiciona esa tierra para fines comerciales, para agronegocios, para inmobiliarias y consigue órdenes judiciales para desalojar a los acampados y lograr la regularización a su favor. La justicia brasileña en cuestión agraria es muy parcial. Muchos jueces son hijos de latifundistas y la justicia está totalmente comprometida con la defensa de sus intereses.
Los asentamientos son muy frágiles y la reconcentración de la tierra es un fenómeno permanente. Existe un tripié que permite la injerencia del Estado en la construcción de los asentamientos. La tierra es expropiada a los hacendados y su indemnización es millonaria. La asistencia técnica viene de los profesionistas formados en las universidades del agronegocio y no fortalece la identidad campesina. Y el crédito es una deuda con el gobierno que los integrantes del asentamiento adquieren. El Estado entra con estos tres pilares para destruir poco a poco la fortaleza de los asentamientos.
Existe un estudio del propio gobierno que registró alrededor de 70 millones de hectáreas públicas que podrían ser utilizadas para una reforma agraria en pequeñas propiedades y no habría nadie sin tierra.
Ningún derecho menos. Una de las formas que las fuerzas políticas tienen para enajenar los derechos de los campesinos e impulsar la expansión del agronegocio es la legislación. Hay en el Congreso un mínimo de 40 proyectos de ley, todos sobre la cuestión agraria. El Congreso es el instrumento de estas reformas.
Después del golpe fueron eliminados de la Constitución muchos de los derechos de los pueblos, como el reconocimiento de territorios indígenas y quilombolas. La bandera de “ningún derecho menos” está moviendo a la población.
Violencia y agronegocio. El 32 por ciento de la producción agrícola de Brasil es soya, maíz, caña y algodón. Además de 168 millones de hectáreas de pasto. Esos cinco cultivos garantizan una concentración de tierra agrícola inmensa.
Los lugares en donde se localiza el mayor número de conflictos son aquellos en donde se enfrentan el capital del agronegocio, productor neocolonial de monocultivos, con los campesinos, los pueblos indígenas y los quilombolas. La Amazonía, con gran existencia de tierras públicas que el agronegocio pretende puedan ser compradas por corporaciones extranjeras; los Cerrados ya que el agronegocio necesita agua y grandes planicies; Mato Grosso, Rondonia, Maranhão y Pará, también con grandes extensiones de tierras públicas y con gran presencia de monocultivos.
La disputa por la tierra en Brasil suma a las arcaicas y bárbaras formas de violencia colonial contra los pueblos indígenas y quilombolas, las nuevas violencias legales y tecnológicas del agronegocio que convierten al campo brasileiro en un campo de batalla por el territorio.