En Costa Rica: Un proyecto de ley amenaza las semillas

Red de Coordinación en Biodiversidad

Las semillas: Territorios en disputa

Las semillas son estratégicas, pues incluyen toda la información genética que permite que la vida se siga reproduciendo. A lo largo de la historia de la humanidad, nuestra alimentación ha dependido de semillas conservadas, adaptadas y multiplicadas por pueblos indígenas y comunidades campesinas. Las semillas son consideradas un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad; son producto de la cultura humana y de los ciclos del planeta.

Sin embargo, en los últimos años se ha ido extendiendo una lógica capitalista y neoliberal que no entiende a las semillas como seres vivos, sino como mercancías, y que ve la alimentación como un gran mercado en el que se pueden hacer jugosos negocios.

En esa lógica, se han desarrollado distintos mecanismos; entre ellos los legales, que facilitan el control de las semillas y criminalizan a aquellas personas productoras que no cumplen con ciertas exigencias.

Un proyecto de ley que amenaza las semillas

El proyecto de “Ley para la Promoción y Desarrollo de la Producción y Comercio de Semillas (Expediente 16.098)”, anteriormente llamado de Reforma Integral a la ley de Semillas, ha avanzado en la Asamblea Legislativa y ya está listo para ser votado en primer debate. Esto pesar de que la enorme mayoría de los grupos campesinos e indígenas no lo conocen, no han participado en la discusión y no han sido consultados sobre las consecuencias que tendría.

Si se aprobara, esta ley crearía un sistema de registro y certificación, que aplicaría para todas las semillas que se produzcan y se vendan en el país. También crearía una instancia de vigilancia y regulación llamada Servicio Nacional de Certificación de Semillas (SENASEM), que sustituiría a la actual Oficina Nacional de Semillas), encargada de vigilar y multar a quienes no cumplan con esos procesos de registro y certificación. Aunque algunos diputados y diputadas del Congreso anterior estaban de acuerdo en dar un trato diferente a las semillas locales, tradicionales y criollas cuando se comercializaran “sin fines de lucro” o “fuera del comercio formal”, no sabemos cuál será la posición de la nueva Asamblea Legislativa. Además, ese trato diferente no resolvería el enorme problema que crearía esa ley, como veremos más adelante.

• ¿Qué implica que las variedades de semillas locales, criollas y campesinas tengan que registrarse y certificarse?

Imaginémonos que se aprueba ese proyecto de ley. Si una persona campesina quiere vender o intercambiar una de las muchas semillas que puede tener en su parcela tendría que:

1. Registrarse o inscribirse como persona productora de semillas; y

2. Registrar la o las semillas. Para esto, se requiere:

a. Ponerle un nombre a la variedad de semilla a registrar (denominación propia).

b. Que la semilla cumpla con ciertos requisitos, como que sea homogénea, estable (que al reproducirse siga siendo igual a la anterior y supuestamente con las mismas características) y distinguible (diferente a otras). Estos requisitos pueden cumplirlos las semillas industriales; pero no las variedades criollas o campesinas.

c. Que cumpla con otras características, que se conocen como de Valor Agronómico o de uso; por ejemplo, tamaño, resistencia a la sequía, color, etc.

3. Sólo una vez cumplidos todos estos requisitos, la Oficina de Semillas podrá extender el certificado correspondiente y la semilla podrá comercializarse.

Si no se cumplen estos requisitos, esa persona no podría comercializar legalmente sus semillas, y la SENASEM podría multarla. Además, la SENASEM podría inspeccionar, remover, muestrear o retener semillas en cualquier etapa del proceso de producción.

No se sabe cuánto costarían estos trámites, o a cuáles empresas habría que contratar para superar esos procedimientos. Pero además, la práctica histórica de compartir, intercambiar y enriquecer colectivamente las semillas, sin necesidad de inscribirlas en ningún registro ni de pedir permiso al gobierno para hacerlo, se convertiría en un delito.

• ¿Cómo se producen las semillas campesinas y variedades locales? ¿Por qué la obligación de registrarlas y certificarlas sería un peligro?

El intercambio de semillas es una práctica cultural campesina e indígena desde hace unos 10 mil años, que garantiza el mejoramiento de las semillas. En la naturaleza hay semillas de polinización abierta, que toman las características de otras plantas de la misma especie cuando el viento o los animales transportan el polen de una a otra. Pero además, cada vez que una persona campesina o indígena escoge semillas de su cosecha y las siembra en lugares distintos, o las intercambia para ampliar su diversidad genética, esas semillas se van aclimatando, se nutren del espacio geográfico donde están, se vuelven más fuertes y se convierten en parte de la cultura humana que las conserva. Así nace la cultura de domesticar semillas, y así nacen también nuevas variedades, porque la gente escoge las características que quiere estimular: sabor, textura, color, vigor de germinación o resistencia a enfermedades o a condiciones climáticas.

En cambio, en la agroindustria se usan tecnologías para crear semillas que no cambien, que puedan producirse y venderse a gran escala y se comporten siempre igual. También se crean certificaciones que garanticen eso. Estas semillas se convierten en propiedad privada. Muchas veces se promueven desde los mismos sistemas públicos de extensión agropecuaria, y para poder sembrarlas hay que comprarlas a las empresas que son sus dueñas, que incluso pueden enjuiciar a quienes cultiven sus semillas sin su permiso. Así, las comunidades campesinas y los pueblos indígenas que usan esas semillas se van volviendo dependientes, pierden su autonomía y su derecho a producir de acuerdo a su cultura y a sus propias decisiones.

• Importancia de las semillas para la autonomía campesina y para la alimentación

La desaparición de variedades de semillas es una realidad en todo el mundo. Según el documental SEED, durante el siglo pasado desapareció el 94% de las variedades; es decir, 9 de cada 10 semillas dejaron de existir. Esto afecta la capacidad de adaptabilidad y supervivencia de las semillas, y repercute directamente en la producción de los alimentos.

Según GRAIN, actualmente en Centroamérica el campesinado y los pueblos indígenas controlan sólo el 25% de la tierra. Aún así, producen la mayor parte de los alimentos que consume la población, sobre todo con semillas locales, tradicionales y criollas.

Por eso desde la Red de Coordinación en Biodiversidad seguimos defendiendo la autonomía campesina y la soberanía alimentaria, junto a organizaciones como la Red de Mujeres Rurales, la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG, el Consejo Nacional Agroalimentario y la Federación Ecologista Costarricense (FECON).

Cualquier cambio en las leyes y reglamentos relacionados con las semillas debería consultarse con las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, y sus posiciones deben escucharse y respetarse. Es absolutamente inaceptable que un tema tan importante se discuta sin participación y sin transparencia.

Hoy las semillas son un bien en disputa, al igual que nuestros cuerpos, la tierra, el agua, el aire, la cultura y el conocimiento. La organización, la unión y la resistencia desde las comunidades son vitales para hacer frente al modelo devastador y extractivista que nos desafía día a día, y que se expresa en proyectos de ley como el que ahora busca afectar a las semillas y a los pueblos que las han mantenido vivas y que garantizan nuestra alimentación.

Fuente: Revista Agroecóloga

3 de julio, 2018