En Chile, la tierra sin agua no vale

Episodio 3: los clanes del aguacate

En RFI contamos su historia:

Si bien, la dictadura en Chile dio el primer golpe al entregar el agua al mercado, la estocada mortal vino en “Democracia” con la privatización de las Sanitarias, las empresas encargadas de suministrar el agua potable a la población.

Los ambientalistas y defensores del derecho al agua en Chile con quienes hablamos en la provincia de Petorca coinciden en que todos los gobiernos de la pos dictadura, independientemente del color político, han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque se trata de un negocio que tributa a la casta política.

Privatizando en Democracia:

La privatización de las empresas estatales proveedoras del agua potable arrancó durante la presidencia del demócratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), el segundo gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, abanico de formaciones políticas opositoras a la dictadura que, tras la derrota del régimen militar en el plebiscito de 1988, gobernó al país entre 1990 y 2010.

Ricardo Lagos asume la presidencia de Chile en el año 2000 y continua con la gran privatización de las Sanitarias pero bajo el modelo de concesiones por treinta años y suprimiendo el 35% que Ruiz-Tagle había conservado como propiedad pública. Y al llegar la derecha al poder en 2010, el presidente Sebastián Piñera decide desprender al Estado de cualquier participación en el rubro de las Sanitarias.

Hoy en día, las empresas encargadas de proveer el agua potable a los chilenos son propiedad de grandes empresas transnacionales: 43,8% pertenece al grupo Suez, 31,4% al Fondo de Pensiones de los profesores de Ontario (Canadá). El porcentaje restante se lo dividen aguas de Barcelona (Marubeni) e Innovation Network Corporation of Japan.

Las sillas musicales:

En Chile las “sillas musicales” es un término corriente del argot político dada la frecuencia con la que se presenta esa práctica que mezcla nepotismo, tráfico de influencias y clientelismo.

La ausencia de una regulación clara de las relaciones entre la clase política y el mundo empresarial permite que funcionarios del Estado pasen a ocupar puestos de dirección en el sector privado que les incumbía cuando ejercían un cargo público.

Bajo esa lógica, funcionarios del Estado pasan frecuentemente a ocupar puestos en los directorios de las empresas que se apropian del agua.  Además, la legislación heredada de la dictadura permite a funcionarios del Estado tener derechos constituidos de aprovechamiento de aguas, sin importar el conflicto de intereses que resulta del hecho de estar en el gobierno y, al mismo tiempo, poder beneficiarse de las dádivas que constitucionalmente se entregan al empresariado.     

Cargo: político paltero

En la provincia chilena de Petorca, región de Valparaíso, el agro negocio de paltas pertenece a consorcios familiares de los que hacen parte empresarios acaudalados que, a su vez, ocupan cargos en la dirección de los principales partidos políticos y en el gobierno.  

La agroindustria de la palta o aguacate recibe cuantiosos subsidios de la Comisión Nacional de Riego que depende del Ministerio de agricultura de Chile.

De esos rubros destinados a los clanes del aguacate se ha beneficiado el propio ministro de agricultura de Piñera, Antonio Walker Prieto. Su firma se encuentra entre las 20 que mayores aportes económicos ha recibido de la Comisión de riego en las últimas décadas.

Defensores del medioambiente y el agua en Chile denuncian que el actual encargado de la cartera de agricultura y su familia poseen más de 29 mil litros por segundo, equivalentes al suministro permanente de agua a 14 millones de personas.

En principio, por la Constitución y el Código de aguas de la dictadura, estas familias pertenecientes a la casta política chilena y propietaria del agro negocio son dueñas del agua. Sin embargo, en la medida en que sus cultivos se extienden de manera excesiva y el agua se va haciendo escaza, recurren a una serie de prácticas impropias para acumularla.

La más común de esas prácticas es la construcción de drenes con los que se apropian de las aguas subterráneas. Solo en la provincia de Petorca, existe una veintena de procesos judiciales abiertos contra los mega productores de aguacate por robo de agua de napas subterráneas y por acelerar la sequía.   

Sin embargo, en Chile no existe el delito ambiental y la usurpación de aguas se considera una falta administrativa que puede resarcirse con el pago de una multa.

Estado subsidiario por Estado solidario  

Por decisión de una abrumadora mayoría que voto en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, los chilenos empiezan a desencuadernar la Constitución pinochetista y a escribir la hoja de ruta hacia la democracia. La Convención Constituyente que salga en los próximos días elegida popularmente tiene el reto de remplazar los artículos y numerales que consagran el modelo de un Estado subsidiario que solo asume los bienes y servicios cuando dejan de ser un negocio rentable para los privados.

Si los derechos sociales dejan de estar mercantilizados como lo consagra la actual Constitución, es muy posible que Chile deje de ser el único país con sus aguas privatizadas tanto en sus fuentes como en su distribución.  

Fuente: RFI