Elecciones y derechos indígenas

En los años ochenta, el neoliberalismo comenzó a sentar sus reales en el país y la competencia entre partidos políticos se presentó como algo necesario, obligando al Estado a impulsar la creación de otros más; pero al poco tiempo de gozar las mieles del poder los partidos se dieron cuenta que poder y dinero iban de la mano y era mejor estar con los dueños de éste si querían seguir disfrutando de aquél. La pretendida democracia se convirtió en un buen negocio y los partidos en la franquicia para mantenerse en él.

En todos los procesos electorales los pueblos indígenas han estado ausentes como pueblos y cuando se presentan lo hacen de múltiples formas y con distintos objetivos. Históricamente fueron carne de cañón, voto cautivo para el partido dominante. Normalmente algún indígena amestizado o un personero del partido único se presentaba con los líderes tradicionales para convencerlos de votar por sus candidatos y estos lo hacían, porque de esa manera lograban mantener cierta autonomía para que las autoridades estatales no se metieran en sus asuntos internos, obtener promesas de solución a sus añejos problemas, y hasta algún puesto de elección popular en las instituciones estatales, como presidencias municipales, diputaciones locales, federales y a veces senadurías.

Pero la apertura política que propició el libre mercado también impactó en los pueblos indígenas, que ya no se conformaron con vender pasivamente su voto. Cuando los capitalistas comenzaron a afectar sus intereses muchos pensaron que la mejor manera de defenderlos era controlando los poderes locales; así surgieron las luchas por el control de los municipios; después vinieron las propuestas de escalar otros puestos. La experiencia no fue nada buena: los líderes comunitarios que se subieron al carro electoral ya no se bajaron. Así, en la lucha electoral, el Estado arrebató a los pueblos y comunidades indígenas algunos de sus mejores hombres, que de ser sus líderes pasaron a operadores del gobierno en contra de quien luchaban y, en el mejor de los casos, funcionarios públicos de los que el Estado echaba mano para presumir que es multicultural, incluyente y respetuoso de los derechos indígenas.

En la coyuntura actual a las instituciones electorales y a los partidos políticos les interesan bastante los votos de los pueblos indígenas. De otra manera no se explicaría el escándalo provocado por las expresiones racistas y discriminatoria del Presidente del Instituto Nacional Electoral y el apoyo que la mayoría de los partidos y consejeros electorales le mostraron frente a las críticas por tal desliz; ni la contratación que esa instituto hizo de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, para convencer a los indígenas de que dejen las actitudes abstencionistas y acudan a votar; o el ejército de promotoras del voto incubado en la Secretaría de Desarrollo Social a través del Programa Sin Hambre. El problema para ellos es que ya no son los tiempos del partido único y los pueblos indígenas traen su propia agenda y en base a ella deciden si votan o no.

En estas elecciones los pueblos indígenas debieron tener en cuenta que ningún partido político ofreció, como parte de su campaña, promover el reconocimiento de sus derechos, y en donde son gobierno se opusieron a su lucha por la defensa de sus territorios, recursos naturales y gobiernos, enfrentándolos de manera violenta, colocándose del lado de los dueños del capital que buscan despojarlos. Otro aspecto es que su futuro depende del fortalecimiento de sus procesos autonómicos, cosa que a ningún partido interesa. A partir de esa situación muchos pueblos indígenas decidieron bloquear las elecciones, otros abstenerse de participar; quienes votaron lo hicieron por alguna situación específica, no porque crean que existe democracia. Los derechos de los pueblos indígenas siguen siendo una asignatura pendiente.

Fuente: Revista Ojarasca