El muro de Trump y los pueblos indígenas

Este hecho ha puesto de manifiesto que, aunque en el centro de nuestro país se mire poco, por esos lugares también se da el despojo de su patrimonio por las grandes empresas. No es una situación novedosa, pero sí más visible. Desde los años 60, el antropólogo Edward H. Spicer, de la Universidad de California, estudiando a los pueblos yumanos y yaquis, llegó a la conclusión de que históricamente habían sufrido tres ciclos de la conquista: la española, la mexicana y la estadunidense. Extrapolando la idea, podemos afirmar que los pueblos del norte del país, como los del resto del territorio, viven un cuarto ciclo del despojo: el del capital trasnacional.

Los primeros en levantar la voz fueron los tohono o’odhams, que habitan ambos lados de la frontera, porque, de construirse, el muro reforzaría su fractura, que se inició en 1847 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado después de la invasión estadounidense a México, a través del cual se apoderaron de gran parte del territorio nacional. El muro agravaría su situación, impidiéndoles siquiera comunicarse entre unos y otros. Pero no son los únicos. En la misma situación quedarían los cucapás, kiliwas, yaquis y rarámuris, que constantemente tienen que cruzar la frontera para reunirse con los otros miembros de sus pueblos. Si el muro se concreta, ya no podrán realizar sus fiestas, ceremonias rituales y actividades económicas que hasta ahora llevan a cabo para apoyarse unos a otros y seguir existiendo como pueblos. La afectación del muro hacia ellos sería directa, por eso su preocupación y su decisión de oponerse a él.

En todos estos pueblos existen proyectos de capital extranjero o nacional para despojarlos de su patrimonio. Son conocidos, por la resistencia que los afectados han realizado en su defensa, el acueducto Independencia y el gasoducto Aguaprieta, filial de la trasnacional Ienova y de su par Sempra Energy, en territorio yaqui, y el proyecto turístico Barranca de Cobre, que va de Sinaloa hasta la frontera con Estados Unidos, afectando varias comunidades rarámuris. Pero hay otros. Están, por ejemplo, los proyectos mineros entre yaquis, rarámuris y cucapás; los proyectos eólicos entre los kiliwas, que afectarían casi todo su territorio; la explotación forestal, que afecta los rarámuris, y los impedimentos para que los cucapás puedan realizar actividades pesqueras, que es la actividad que el gobierno y los empresarios les han dejado después de que, a través de los años, los han despojado de su patrimonio.

Esta situación muestra claramente que el capital no tiene fronteras y que el muro que llegara a construirse no será impedimento para que siga adelante con sus planes depredatorios. Lo paradójico de esta situación es que mientras los pueblos se defienden también en territorio nacional, el gobierno, que dice proteger a los mexicanos que viven en Estados Unidos facilita las condiciones para que quienes los agreden allá también lo hagan de este lado. De hecho, algunas obras, como el gasoducto Aguaprieta y el proyecto turístico Barranca de Cobre, claramente cruzan la frontera y son financiados también con capital estadunidense, mientras otros tienen injerencia política directa de sectores del país vecino, como el caso de las restricciones a la pesca por los cucapás, donde el gobierno mexicano, presionado por ambientalistas estadunidenses, ha endurecido las medidas para otorgarles guías que les permitan comercializar su producto.

Esta situación la entienden bien los indígenas de ambos lados, por eso han comenzado a estrechar alianzas entre ellos. Es el caso de la tribus siux de Standing Rock y río Cheyene, que se oponen a la decisión del gobierno de Donald Trump de construir el oleoducto Dakota Access, que había sido suspendido por el ex presidente Barack Obama. En días pasados, se reunieron en territorio mexicano con pueblos nahuas que se oponen a los megaproyectos y hablaron de la necesidad de construir una alianza internacional que hermane sus luchas. Es el caso también de los indígenas migrantes, como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, con amplia presencia de mixtecos, zapotecos y purépechas, que luchan de ambos lados de la frontera: allá para defender sus derechos civiles, políticos y laborales, y acá la autonomía, el territorio y los gobiernos de sus pueblos originarios.

No cabe duda, las agresivas políticas del gobierno estadunidense afectan de manera directa no sólo a los pueblos indígenas que habitan la frontera de ambos países, sino a todos, pero también crean una situación inédita que puede ser transformada en oportunidad para que los pueblos unan sus luchas, y las luchas de allá sean también las de acá, y viceversa. Todo depende de la claridad que se tenga sobre la situación, la capacidad para transformar la adversidad en oportunidad y la estrategia que se use para potenciar las luchas. Finalmente, todas las luchas indígenas coinciden en un aspecto: son luchas contra el despojo y en defensa de la vida.

Francisco López Bárcenas

Fuente: La Jornada