El modelo del modelo: las represas al sur de Chile

Por Nazaret Castro

Aunque la historia oficial lo dejó fuera de los libros, a ellos no se les olvida que el pueblo mapuche conservó su autonomía durante los siglos de la dominación española sobre las Américas. Pueblo guerrero y orgulloso, los mapuches, a ambos lados de la cordillera andina, consiguieron firmar varios tratados con la Corona española que defendían la autonomía de ’Walmapu’, la Tierra Mapuche. Fue a mediados del siglo XIX cuando los recién constituidos Estados de Argentina y Chile emprendieron sendas campañas militares para doblegarlos. Esta vez sí fueron derrotados y lentamente asimilados por Estados que los empujan a la adopción de la cultura ’huinca’ (blanca) al tiempo que los marginan por su color de piel.

Los mapuche (“gente de la tierra” en su lengua, el mapudungún) llevan grabado en la sangre el recuerdo de esa resistencia y, en los últimos años, se palpa un deseo creciente de recuperar sus raíces culturales, sagradas, sociales, y también políticas. A principios del siglo XX nació en la comuna (municipio) de Panguipulli el Parlamento de Koz Koz con el objetivo de recuperar la autonomía política y cultural y defender el territorio. Un siglo después, en 2007, un grupo de personas decidió revitalizar esa iniciativa. Entre ellos estaba Jorge Weke, y, a su regreso de un largo exilio en Bélgica, pronto se sumó Humberto Manquel. Hoy, el Parlamento de Koz Koz es una de las voces más firmes en contra de las grandes represas que, junto con la industria forestal, se han convertido en el sur de Chile en las dos principales amenazas contra la naturaleza y las tradiciones mapuches. Neltume y el Alto Bío Bío son dos ejemplos y, en ambos casos, la empresa que está detrás es Enel Endesa, la multinacional que acapara más derechos de uso del agua en un país cuya legislación, al más puro estilo neoliberal, ha privatizado incluso los recursos hídricos.

Una represa sobre el Neltume

El Lago Neltume posee una belleza de cuento de hadas y bosque con duendes, con el imponente volcán Choshuenco a lo lejos. Es en este lugar de tranquilidad eterna donde, si la movilización social no lo evita, se construirá la central hidroeléctrica de Neltume, con 490 megavatios de capacidad instalada y un presupuesto de 781 millones de dólares. El proyecto es de Endesa Chile, la filial chilena de Enersis, una multinacional subsidiaria de la española Endesa; ésta, a su vez, está controlada desde 2009 por la italiana Enel. Una sopa de letras.

Para muchos integrantes de las seis comunidades mapuche afectadas, la central hidroeléctrica de Neltume es la nueva amenaza que pende sobre Panguipulli, una comuna de la Región de los Ríos a unos 800 kilómetros al sur de Santiago de Chile. El proyecto ha sido aprobado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pero los movimientos sociales y las organizaciones mapuches cuestionan el rigor técnico del SEIA. Sin embargo, el proyecto de Endesa ha sido paralizado por el proceso de consulta a las comunidades indígenas que exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un tratado que Chile firmó en 2008 pero que se pone en práctica por primera vez en Panguipulli, y por duplicado: las comunidades serán consultadas por la represa y también por la extensa línea de alta tensión que atravesaría más de la mitad del país para llevar hasta la capital la energía hidroeléctrica que se genera en el sur.

Las comunidades afectadas están divididas. Hay quienes están batallando para conseguir de la empresa y del Estado mejores compensaciones económicas; otros quieren ser incluidos en una lista de afectados que los dejó fuera; algunos rechazan de plano la construcción de la hidroeléctrica. Tienen motivos: cientos de familias serán desalojadas de sus territorios, se inundará un enclave sagrado (el Palenque) y se vería perjudicado el turismo. “Nos van a robar nuestra tranquilidad. El lago es nuestra fuente de ingresos, es también el lugar donde nuestros niños juegan, nuestro paisaje”, explica Rosa, de la comunidad Inalafquen. Ella cree que la empresa, con la ayuda de las autoridades estatales, ha contribuido a la división de las comunidades y ha “comprado voluntades”.

Las resistencias contra las represas en Panguipulli se inspiran en lo que sucedió en el Alto Bío Bío, una región cordillerana a unos 200 kilómetros al noreste de Panguipulli. La central de Pangue comenzó a funcionar en 1996, y Ralco, en 2003; ambas son de Endesa. El pueblo mapuche conoce desde entonces la cara más amarga de la energía hidroeléctica: la de los desplazamientos y los daños irreversibles a la Naturaleza y al clima.

Fotografía: Jheisson A. López.

Resistencias del Alto Bío Bío

En el Alto Bío Bío se respira montaña. El río Bío Bío fue un día la frontera natural de la Walmapu, la tierra mapuche, cuando los mapuches negociaron su autonomía con la Corona española. Del río hacia el sur, era territorio mapuche, y los pehuenche (la etnia de la región) vivían en la montaña y encontraban en el pastoreo su principal fuente de manutención. Todo fue cambiando muy rápido en el siglo XX, cuando las plantaciones de pino y eucalipto comenzaron a devastar los bosques nativos en beneficio de la floreciente industria forestal. El proceso se aceleró cuando llegaron las represas.

En Ralco, en las aguas del embalse que durante años combatió, encontraron el cuerpo de Nicolasa Quintremán el 26 de diciembre de 2013. Tenía 73 años y era, junto a su hermana Berta, un símbolo de la resistencia mapuche. Su trágico final obligó a los chilenos a volver la vista hacia la olvidada provincia del Bío Bío y recordar la pelea que un grupo de ocho ñañas (hermanas) pehuenches libraron contra la multinacional Endesa. Ralco salió adelante pese a que tanto la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se opusieron inicialmente al proyecto; de hecho, tres directores del Conadi fueron apartados del cargo [ 1].

Mientras las ñañas resistían, la mayor parte de las 93 familias afectadas fueron cediendo: setenta fueron reubicadas y aceptaron permutar sus tierras a cambio de la promesa de progreso y empleo que traía Endesa. Sin embargo, una vez construida la represa ningún pehuenche trabajó en la central, y tampoco el Estado ha cumplido su compromiso de fomentar el turismo en la región, al tiempo que la inundación provocada por el embalse afectaba al pastoreo, el sostén tradicional de muchas familias. Además, 38 de las familias realojadas fueron ubicadas en el fundo El Barco, situado en los confines de la cordillera, en terrenos donde las heladas imposibilitan los cultivos.

La región sigue siendo la más pobre del país, [ 2] con cerca del 45 por ciento de su población por debajo del umbral de pobreza. Nada se vio del “empleo y progreso” que prometían la empresa y el Estado. Por eso Carmelo Levi, lonko (autoridad política) de la comunidad de Quepuca-Ralco desde hace tres décadas, se arrepiente hoy del apoyo que dio a la construcción de Ralco. “Nos engañaron por no tener educación, por la pobreza. No queremos más represas en la zona: provocan daños ambientales y no dejan nada para la gente de aquí”, asegura Levi, aunque también reconoce que la movilidad de la comunidad ha mejorado mucho con la construcción de nuevos caminos. Lo cierto es que poco se cumplió del acuerdo al que, por la presión de las ñañas, llegó el Estado chileno con la comunidad: por ejemplo, en lo que respecta a frenar nuevos proyectos en la zona. Hoy avanza la construcción de la central Angostura, en manos de la empresa chilena Colbún.

Respirando los árboles

Una de las mujeres que luchó junto a las hermanas Quintremán sigue resistiendo: la ñaña Anita, que hasta hoy vive en la humilde ruca (casa) que comparte con su hermano Manuel. Allí me habla de su larga guerra contra Endesa, de la opacidad que rodeó al proyecto, de los regalos y promesas con los que la empresa fue ganándose a la comunidad y las amenazas que recibieron quienes prefirieron oponerse. A ella la detuvieron, allanaron su casa, la acusaron de actos vandálicos. Pero sigue obstinada en resistir, como obstinada está en vivir en una austeridad escogida.

“Fue una lucha de mujeres: los hombres tenían más miedo”, narra la ñaña Anita. Ya anciana, pero ágil y vivaracha, cada poro de su piel transmite sabiduría: “Los mapuches de la cordillera respirábamos los árboles. Teníamos poca ropa, vivíamos con poco, y sin embargo estábamos saludables: disponíamos de la energía de los árboles y de nuestras medicinas. Hoy, todo eso nos lo han arrebatado porque no lo supimos defender”. Para Anita, el realojamiento de los pehuenches en tierras dispersas contribuyó a dividir a la comunidad y perder una identidad como pueblo que está indisolublemente unida al territorio. Por eso juzga con dureza a Carmelo Levi y a quienes lo siguieron: “Entregaron para siempre sus derechos a cambio de nada, o muy poco. Muchos se arrepienten ahora. Esta tierra es mapuche y la tenemos que recuperar”.

El propio Banco Mundial, que financió 150 de los 340 millones de dólares que requirió el proyecto de Pangue, reconoció a comienzos de los años 2000 el error de planeamiento que supuso la represa. El entonces presidente del BM, James Wolfensohn, admitió que el apoyo prestado por el Banco al proyecto fue “un error”, que hizo un “mal trabajo” durante la evaluación del impacto ambiental y que no se consultó ni se tuvo en cuenta a los indígenas pehuenche ni tampoco el riesgo sísmico y volcánico de la región.

Para Jorge Weke, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Estado chileno y la empresa han actuado conjuntamente para “sembrar cizaña, cooptar liderazgos y desarticular a las comunidades”. Según Weke, la empresa lo ha hecho a través de la Fundación Pehuén, el principal eje en la zona de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Endesa. La fundación nació en 1993, con el objetivo de “mejorar la vida y las condiciones económicas y sociales” de las familias pehuenches, según la web de la empresa, que se negó a dar su versión de los hechos para este reportaje. Weke cree que su misión es “dividir e invisibilizar” los procesos de resistencia: según detallaron las ñañas en una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Endesa intentó otorgar proyectos productivos a cambio del compromiso de los beneficiarios de renunciar a cualquier otra demanda.

Sea como fuere, en Neltume y en el Alto Bío Bío, la lucha de los mapuches contra las megarrepresas continúa. En Chile como en buena parte de América Latina, los afectados por las represas se preguntan, ¿para qué y para quién son estos proyectos y por qué dejan tan poco en los territorios en los que se asientan?

El mercado del agua

El caso del agua y las represas es uno de los ejemplos más palpables de hasta qué punto Chile es “el modelo del modelo” neoliberal, como señala Lucio Cuenca, presidente del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). También la gestión de los recursos hídricos se colocó bajo la lógica del mercado y, para que no hubiera lugar a dudas, se plasmó en la propia Constitución, aprobada en 1980, todavía bajo la dictadura de Pinochet. Dice el artículo 19, apartado 24º, de la Carta Magna: “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Un artículo polémico para el que se han planteado ocho propuestas de reforma en los últimos doce años. Ninguna ha salido adelante.

El precepto constitucional se reguló a través del Código de Aguas de 1981 y motivó que, en muy pocos años, unas pocas empresas acaparasen los derechos del agua en Chile: se estima que tres empresas (la italo-española Enel Endesa, la chilena Colbún y la estadounidense AES Gener) controlan el 80 por ciento de los recursos hídricos disponibles en Chile. En cuanto a los derechos no consuntivos (figura legal concebida para el desarrollo de la energía hidroeléctrica), Enersis (filial de Endesa) controla el 80 por ciento, y el 96 por ciento en la región de Aysén, al sur del país, donde la presión ciudadana consiguió frenar las cinco megarrepresas del proyecto de Hidroaysén, también de Enel Endesa.

Nazaret Castro es periodista, corresponsal para América Latina y asentada en Buenos Aires. Colabora para medios como El Mundo y Le Monde diplomatique y es cofundadora del proyecto Carro de Combate ( www.carrodecombate.com). Alimenta el blog sambaytango.blogspot.com

Este artículo es una versión adaptada y actualizada de un texto que forma parte de la investigaciónCara y cruz de las multinacionales en América Latina (Fronterad y Tanyible, 2014).

Notas

[1] El proyecto recibió un cerrado apoyo del Gobierno, tal vez por la vinculación de algunos de sus miembros con las empresas implicadas en las obras. El entonces presidente, Eduardo Frei, aprovechó su último día de mandato, el 10 de marzo de 2000, para despachar el decreto que otorgaba la construcción de la central, aunque había recursos judiciales pendientes.

[2] Ver: www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl.

Fuente: OMAL, 13 de noviembre de 2014