El Tribunal Internacional de Justicia Climática emitió su dictamen
El Tribunal Internacional de Justicia Climática (TIJC) finalizó su primera sesión con una serie de recomendaciones tanto para las víctimas del cambio climático como para los gobiernos y empresas culpables. Los ocho jurados coincidieron en la urgencia de cambiar el modelo económico por uno que valore a las personas, a la naturaleza y a la vida.
El encuentro terminó en un cuarto intermedio, que se reanudará probablemente en Brasil. Evidenciaron que “el cambio climático es el mayor problema que enfrentará la humanidad en la medida que agudizará otros problemas como la pobreza, el hambre, la guerra, las desigualdades de género, el control territorial, la soberanía alimentaria, el acceso al agua y saneamiento entre otro
En su dictamen, las y los jurados indicaron que el tribunal “no tiene carácter estatal vinculante, pues su constitución y funcionamiento no se origina en el poder judicial sino en la sociedad civil organizada. Sus resoluciones buscan implicaciones morales, éticas y políticas y se proyectan a construir un sistema ético que interpele a los gobiernos y las entidades multilaterales a asumir sus responsabilidades en el marco de la equidad y la justicia climática”.
Los jurados son Miguel Palacín Quispe, de Perú, titular de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); Alicia Muñoz, de Chile, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri); Beverly Keene, nacida en Estados Unidos y coordinadora Jubileo Sur; Joseph Henry Vogel, de Puerto Rico, especialista en economía de la biodiversidad; Brid Brennan, de Irlanda, investigadora del Transnational Institute de Holanda; Ricardo Navarro Pinelda, de El Salvador, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA); Tom Kucharz, nacido en Alemania, militante de Ecologistas en Acción de España; y Nora Cortiñas, de Argentina, de las Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora.
El 13 y 14 de octubre sesionaron en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), de la ciudad de Cochabamba. Allí analizaron siete denuncias sobre el impacto del cambio climático y la vulneración de derechos en comunidades y poblaciones. Destacaron que “la responsabilidad histórica de haber emitido la mayor parte (80%) de gases de efecto invernadero en los últimos 250 años es de los países industrializados del Norte. La energía barata –en forma de petróleo, carbón y gas- ha sido el motor para su rápida industrialización y crecimiento económico, sin reconocer la deuda ecológica y social histórica.
El TIJC concluyó que “el sistema económico capitalista genera el cambio climático e impide una respuesta rápida y efectiva a sus impactos. Los acuerdos internacionales sobre comercio e inversiones impulsan la expansión de los sectores industriales de uso intensivo de energía fósil y otros recursos naturales, así como la expansión de la agricultura y ganadería industrial (incluyendo monocultivos). Todas estas actividades liberan grandes cantidades de carbono y contribuyen a la destrucción de bosques que regulan el clima”.
Los casos presentados:
1.- “Denuncia por violaciones de los derechos humanos de la comunidad de Khapi resultantes del calentamiento global por actos y omisiones de los países incluidos en el anexo i de la convención marco sobre el cambio climático”, demanda contra países incluidos en la lista del Anexo I de la Convención Marco sobre Cambio Climático presentada por la comunidad Khapi, de La Paz, Bolivia.
2.- “Víctimas del cambio climático y de la negligencia del Estado Salvadoreño, en comunidades empobrecidas de la zona norte del municipio de Jiquilisco”.Presentó la demanda la Asociación de Comunidades Unidas del Bajo Lempa (ACUDESBAL), de El Salvador.
3.- “FACE PROFAFOR” fue presentado contra la Fundación holandesa Forest Absorbing Carbon Emissions (Bosques para la Absorción de Emisiones de Dióxido de Carbono, FACE) por la organización Acción Ecológica de Ecuador.
4.- “Los impactos climáticos causados por IIRSA” (Iniciativa para la Integración Regional de Sud América)” fue presentado por la Fundación Puente Entre Culturas, que acusó a los tres miembros de Coordinación Técnica del IIRSA: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero Para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). La demanda se hizo extensiva a entidades financieras como BNDES, la Unión Europea y el Banco Santander.
5.- “Violación de los Derechos Humanos, Ambientales, Culturales y Laborales por la implementación de la falsa solución al cambio climático, Agrocombustible-Etanol con base en caña de azúcar en el Valle del Río Cauca”, fue presentado por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar del Cauca contra el gobierno de Colombia.
6.- “Niños y niñas con exceso de plomo en sangre en Cerro de Pasco (Perú) por gases y partículas contaminantes”, fue presentado por la Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor contra la Compañía Minera Volcán S.A. y el Estado de Perú.
7.- “DOE RUN PERU” fue presentado por Cooperación, quien demandó al gobierno peruano y a la empresa Doe Run Perú (DRP), que funde y refina metales, por la contaminación de las comunidades de la región de Junín.
Derechos vulnerados:
El tribunal comprobó que en estos casos no se respetaron los derechos a la vida y a la seguridad; a la salud; al agua; a la alimentación; a un nivel de vida adecuado; a la subsistencia; a la libre determinación; a la cultura; a la propiedad; a la libertad de movimiento y residencia; a un medio ambiente sano; a la consulta; y a la manifestación pública y libre asociación. Subrayaron que fundamentalmente se vulneraron los derechos de la Mujer, del Niño y la Niña, de los Pueblos Indígenas, así como los derechos contra el racismo y la discriminación. Afirmaron que las constituciones de varias naciones tampoco fueron obedecidas.
Las responsabilidades del sistema financiero internacional:
Según el TIJC, los casos “han puesto en evidencia la responsabilidad de gobiernos, instituciones financieras internacionales -incluyendo el Banco Mundial, el BID, la CAF, el Fonplata, el Fondo Monetario Internacional, otros bancos, corporaciones transnacionales y otros actores- en promover la expoliación de la Madre Tierra y el cambio climático a través del otorgamiento de créditos, asesoría técnica, condicionalidades y otras políticas que contribuyen a la configuración, imposición y mantenimiento de un modelo de producción y de consumo, llamado ‘de desarrollo’, que es insustentable”.
También puntualizaron que son culpables de “la acumulación de deudas financieras y otros condicionamientos a la soberanía de los pueblos y países de la región para la implementación de políticas, programas y proyectos que contribuyen a la reproducción del sistema y modelo de producción y consumo que está generando el cambio climático, además de diversas formas de deuda ecológica, social y cultural”. Esta argumentación se aplicó al caso IIRSA, que afectó a decenas de poblaciones “con la construcción de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, la construcción de una mega represa hidroeléctrica sobre el Río Madera, la expansión de la industria minera en el Perú y de la agroindustria exportadora en El Salvador”.
Las y los jurados repudiaron “el rol de estos mismos gobiernos, instituciones financieras internacionales e intereses corporativos en promover y financiar falsas soluciones a la problemática del cambio climático, incluyendo la implantación en Ecuador del monocultivo de árboles por parte de la empresa holandesa FACE-Profafor, a fin de generar créditos de carbono para compensar la no-reducción de emisiones en el Norte, así como la expansión del cultivo de la caña de azúcar en el Valle de Cauca, de Colombia, para la producción de agrocombustibles”.
En el caso de la comunidad Khapi, que vive junto a la montaña nevada Illimani de Bolivia, comprobaron “la violación del derecho al territorio, a la vida, cultura, autodeterminación y salud entre otros. La inminencia del desplazamiento forzado de la comunidad a un mediano plazo, con el derretimiento del glaciar Illimani, nos alerta sobre la perversidad de los impactos del cambio climático que conllevará a la extinción del pueblo”.
La demanda de la cooperativa ACUDESBAL contra el Estado de El Salvador puso de manifiesto que “la exigencia de pago y el cobro de las deudas externas acumuladas ilegítimamente y la imposición de los Programas de Ajuste Estructural han impactado negativamente en la capacidad de los gobiernos de prevenir, proteger y reparar los daños provocados por el cambio climático”. Para el tribunal, este caso “evidencia también la negligencia del Estado de proteger a los habitantes de los impactos del cambio climático”.
Recomendaciones del Tribunal Internacional de Justicia Climática:
El TIJC solicitó “dar seguimiento a los casos y denuncias presentados en esta Audiencia Preliminar, profundizando y coordinando la acción de pueblos y naciones indígenas, movimientos sociales, redes y organizaciones populares en América latina y el Caribe y al nivel global, hacia la constitución del Tribunal Internacional de Justicia Climática”.
Destacó “la urgencia de avanzar en la adopción de medidas cautelares que puedan incidir en la no-repetición de los crímenes aquí denunciados, incluyendo la no-mercantilización de las respuestas al cambio climático, el fin del rol evidenciado de las instituciones financieras internacionales en el financiamiento del cambio climático y las falsas soluciones al mismo, y la no-generación de nuevo endeudamiento como respuesta a la crisis planteada”.
Y exigió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que sea “más proactiva en la investigación, la persecución y en su momento la prevención con medidas cautelares. O la iniciación, en su caso, de proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de casos de crímenes ecológicos y de víctimas de Cambio Climático”.
A la CIDH pidió “promover consultas en las regiones de las comunidades afectadas por el Cambio Climático”.
A las Naciones Unidas (NNUU) y a los estados acusados recomendó iniciar “en la mayor brevedad de tiempo, investigaciones exhaustivas para aclarar los impactos de la industria extractiva sobre el Cambio Climático y cómo ello afecta a la vulnerabilidad de la población afectada”.
Remarcaron que las NNUU deben “tomar en serio la necesidad de trabajar sobre una Declaración de los Derechos de la Madre Naturaleza para construir normas nuevas colectivas de respeto a nuestro planeta”.
A los demandantes aconsejaron presentar estos casos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la ayuda de un sindicato “por la posible vulneración del Convenio 169 de la OIT. Asimismo recomendamos presentar los casos ante el Defensor del Pueblo, el sistema interamericano de derechos humanos, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Derechos Humanos de las NNUU”.
A los países industrializados exigieron aporte financiero para la creación de un “Fondo Internacional de Justicia Climática para las medidas de adaptación y mitigación”.
Recomendaron a los gobiernos, a las asociaciones de abogados y jueces, a las fiscalías del Estado, al sistema Interamericano y las instancias de Naciones Unidas “investigar para juzgar los casos de violaciones de Derechos Humanos por los efectos del Cambio Climático como Crímenes de Lesa Humanidad”.
El tribunal constató que “la criminalización y persecución de la lucha social y por la justicia climática se ha convertido en un hecho sistemático y permanente”.
En este sentido, condenó “la violación sistemática a los Derechos Humanos y la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad y/o la omisión ante la comisión de tales hechos por el Estado colombiano, así como la criminalización y persecución de la lucha social en Colombia, Perú, Honduras, El Salvador y otros”.
Organizadores de la sesión del TIJC:
La primera audiencia del Tribunal Internacional de Justicia Climática fue realizada por las secretarías de Recursos Naturales de cuatro organizaciones sociales: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), junto a otras organizaciones indígenas regionales como CAOI, COICA, que articularon con organizaciones de la sociedad civil reunidas en la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático y las Redes Internacionales como Jubileo Sur, Amigos de la Tierra Internacional, Ecologistas en Acción, Alianza Social Continental, OWINFS y otras.