El TLCAN y la minería en México: un acuerdo trilateral para el despojo

El recién ingreso del Sr. Trump a la presidencia de los EE.UU ha generado una serie de inquietudes de corte político, social y económico que abarcan una amplia gama de temas en donde la confrontación, desestabilidad e incertidumbre son, por lo menos, algunos de sus ejes comunes. El que nos convoca en este caso hace referencia al TLCAN, diseñado en 1991 e implementado en 1994, tratado que no debemos perder de vista porque es predecesor comercial del conocido Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés, 1986).

Sin duda, sorprende el creciente nivel de discusión social que sobre el tema se está generando, nada parecido, siquiera cercano, a la escasa participación que tuvo cuando entró en vigencia en 1994; si acaso sólo puesto como referencia en la opinión pública, y como uno de los ejes principales con la aparición del EZLN. Sorprende también la postura nacionalista de defensa asumida por el gobierno mexicano, a pesar de que, en su contexto amplio, México ha sido el gran perdedor de un acuerdo trilateral con marcadas asimetrías que por supuesto van más allá de las cifras siempre alegres, y por cierto, muy manipuladas de los pocos ganadores de dicha negociación, que en síntesis ha reafirmado el control comercial de empresas que en estos años han adquirido un poder inmenso.

Por supuesto no sorprende que, como antaño, sea el gobierno mexicano quien vaya a negociar a nombre de los mexicanos, lo que nadie de nosotros sabemos es qué tienen en mente para negociar y por supuesto que nos asustan dos asuntos:

1. Saber con qué ánimo van a hablar en defensa de un tratado que nos ha hecho pedazos en su sentido amplio;
2. Quienes encabezan la negociación ya tienen serios antecedentes de liderar acuerdos a favor de los poderes empresariales y las multinacionales que incluye ceder al antojo de los privados, nuestros bienes naturales, y además ello, tienen mucha prisa por negociar (ver aquí).

El TLCAN en sí mismo forma parte de una fuerte creación de tratados comerciales que, en su mayor parte, se han puesto en marcha en toda Latinoamérica a partir de los 90 a través del Consenso de Washington. El propósito del Consenso fue y continúa siendo: "implantar una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales, determinadas instituciones con sede en Washington -mayormente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, así como el gobierno y la Reserva Federal de EE.UU-, parecían tener un consenso sobre su necesidad" (John Williamson - 1989).

En términos generales, este nuevo ideario apostó por la implantación de un paquete de políticas económicas de las que sobresalieron: la lucha contra el déficit público por la vía de reducción del gasto, las reformas para reducir la progresividad impositiva, el desplazamiento y privatización de empresas públicas, la liberalización tanto del comercio como de los mercados de capitales a nivel internacional, la minimización de las condiciones a la entrada de inversión extranjera directa y la desregulación de los mercados laborales internos, la cual se ha venido ampliando a otros sectores, por ejemplo el agrario y el ambiental, para que las empresas dispongan de mayores libertades tanto para la apropiación como el saqueo de los bienes naturales.

A raíz del consenso en Latinoamérica proliferaron varios tratados comerciales tales como: el TLCAN, el Mercado Común Centroamericano, el Pacto Andino, el G-3, el Mercado Común del Caribe o el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y, con la "maduración" de éstos, la integración económica se ha reajustado, para ahora establecer acuerdos y alianzas entre más países/corporativos que geopolíticamente representan un mayor control comercial, como ya sucede con el reciente y golpeado Acuerdo Transpacífico (TTP), así como también han evolucionado "nuevas inercias" de control comercial (rutas, productos, servicios), además de otras que, con o sin tratados, en apariencia están "al margen" de estos macro acuerdos pero que se van implementando con acciones de bajo perfil, tratando de evitar que este despojo desmedido haga florecer más resistencias locales, tal como vemos sucede con la creación de "áreas comerciales aisladas o desincorporadas y administradas por empresas", que en México se denominan Zonas Económicas Especiales (ZEE), conocidas también en otros países como Ciudades Modelos.

No hay duda alguna que estos acuerdos comerciales forman parte de un modelo de desarrollo que requiere de la protección de los mercados nacionales, en donde la intervención estatal ha sido reemplazada por un conjunto de políticas orientadas, en forma dominante, para mejorar la eficiencia y facilitar el funcionamiento de los mercados, y con ello reducir los "efectos distorsionantes" de la intervención estatal en las actividades económicas. En otras palabras, la obediencia de los estados/naciones a los corporativos y a los "mercados", dictan la imposición de un nuevo orden basado en la nación/corporación.

El efecto es contundente, pues todos los países de la región iniciaron programas de liberación de sus regímenes comerciales, con reducciones de por lo menos 15 puntos en las tasas de arancel promedio. Un 57% del valor de las privatizaciones en la región (en los 90), tuvo lugar en sectores de infraestructura, a pesar de ser sectores tradicionalmente cerrados a la participación privada. Otro 11% provino de la venta de entidades bancarias y afines, con lo cual se reforzaron las tendencias de las reformas financieras que también se hacen llamar "Reformas Estructurales", para básicamente buscar cambios en las principales áreas de política económica para robustecer el libre funcionamiento de los mercados (mercado neoliberal), lo cual requiere "nuevas políticas" comerciales, financieras, tributarias, laborales y de privatizaciones, éstas referidas a la participación, total o parcial, del sector privado, ya sea como propietario, financiador, administrador u operador, en proyectos de infraestructura en los sectores de energía, telecomunicaciones, transporte, agua, biodiversidad o minerales incluyendo también los antes inamovibles y estratégicos bienes del gas/petróleo.

De acuerdo con J.B. Glattfelder and S. Battiston, en Backbone of complex networks of corporations: The flow of control. Physical Review E 80 (2009), las nuevas políticas se orientaron a derechos cedidos para el capital privado nacional o transnacional, entre los cuales destacan los siguientes:

1. Proporcionarles estabilidad de políticas y de gobierno incorporando una visión de "desarrollo" de tipo multinacional;
2. Régimen de tributación nacional, incluyendo la nómina corporativa, el capital y otros impuestos, circunscribiendo el reducir la complejidad de cumplimiento tributario. Esto se traduce en bajos porcentajes de pago en regalías y gastos deducibles a casi el 100%, además de prácticamente estar exonerados del pago de aranceles y pagos aduanales para el caso de México. En el caso de la minería por ejemplo no hace más de tres años (2014) que se aplicó por primera vez un pago de "regalía" del 7.5%, el mismo que continua siendo ridículo para las ganancias generadas por el sector.
3. Evitar la doble tributación, que en el caso del sector minero se encuentra totalmente protegido por el gobierno canadiense, lugar donde se hacen las tributaciones mayores de las empresas mineras que están inscritas ahí, lo cual no es un hecho menor cuando más del 70% de las empresas mineras de capital extranjero que operan en México son canadienses y controlan el 80% de la inversión extranjera en México (Francois Lafond, cónsul de Canadá en Monterrey-2012). Aunque es importante resaltar que solamente seis firmas mineras de Canadá controlan 70% de la explotación de oro en México, lo que establece una especie de monopolio regulado. En conjunto, las empresas canadienses "poseen" en el "territorio nacional" reservas de oro con un valor total de 83 mil millones de dólares;
4. Ajustes a la tenencia de la tierra y certidumbre para ganar litigios;
5. Desregulación que da origen a ambiguas, débiles y precisas regulaciones de leyes, con una tendencia clara y orientada hacia temas ambientales y de vigilancia de procesos que garantiza a los corporativos contaminar, destruir la naturaleza y evitar los costos procesos de restauración;
6. Participación en procesos de reconstrucción derivados de guerras, desastres naturales y reordenamientos financieros para apropiarse de bienes naturales estratégicos;
7. El adelgazamiento de los derechos políticos, sociales y laborales;
8. Sistemas políticos de gobiernos corruptos y desnacionalizados;
9. Cero mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas.

En el caso particular de México los efectos no se hicieron esperar. Bajo el gobierno de Miguel de la Madrid sucedió que:

1. Se redujo al 50% del PIB proveniente de aranceles de importación;
2. Desaparecieron 743 empresas paraestatales;
3. Hubo una caída del 40% al salario real.

Con Salinas de Gortari de presidente, las tendencias del desastre se incrementaron a tal grado que:

1. La inversión pública tuvo una caída abrupta. Con De La Madrid se tuvo el 8.1% del PIB; con Salinas cayó al 3.6% y con Fox, Calderón y lo que va de Peña Nieto, se roza el 2%;
2. Las pocas empresas paraestatales que todavía quedaban bajo la regulación del país fueron vendidas, muchas de ellas artífices de los procesos de nuestra economía local e interior;
3. Se permitió el 100% de inversión extranjera e inició el desplazamiento del sector nacional, sobre todo de aquellas que no lograban establecer alianzas y perecieron ante la fuerza de la nueva competitividad y la eficiencia productiva;
4. También sucedió lo impensable… Salinas de Gortari modificó la constitución mexicana al lograr cambios sustanciales al art. 27 para debilitar y, paulatinamente, resquebrajar la propiedad colectiva de la tierra, que es donde se concentraba la mayor cantidad de bienes naturales que para el mercado son indispensables: minerales, agua, biodiversidad/ADN, gas, petróleo, viento, entre otros, mismos que, de acuerdo al investigador Juan Danell, representan más del 50% del producto interno bruto (PIB).

Todo lo anterior era imposible implementarlo sin costos sociales, de tal manera que sistemáticamente fue en aumento la violación a los derechos humanos colectivos, se dispusieron procesos para modificar, desmantelar y/o desterrar corporativos sindicalizados, y actualmente hay un proceso creciente que criminaliza la resistencia social.

En ese contexto vale la pena recordar que el TLCAN, si bien fue diseñado en 1991 y puesto en marcha en 1994, ya en 1987, es decir, siete años antes de su arranque, la cúpula empresarial minera integrada en la Cámara Minera de México, da un primer golpe desestabilizador al interior del sector e impone un nuevo proyecto laboral, con el cual asumen el control de, a decir de ellos, las "tortuosas" revisiones bianuales de los contratos colectivos para con las secciones de trabajadores del Sindicato Minero.

Su propósito fue hacer contratos más "elásticos" bajo el pretexto de la necesidad de sortear los bajos precios de los metales en el mercado, a la vez que esta acción marcó de forma contundente el primer precedente de adelgazamiento de los derechos laborales al alienar en los contratos los siguientes componentes:

• Los estándares de trabajo mínimos;
• El ascenso por antigüedad;
• Se compactaron el número de categorías escalafonarias;
• Se incrementó tanto la movilidad como la rotación de tareas;
• Se estableció la libre subcontratación de terceros;
• El personal excedente fue despedido.

Este proceso se realizó en la emblemática Compañía Minera de Cananea, a pesar de, en esas fechas, exhibir un contrato colectivo de por lo menos 50 años de antigüedad. La compañía se declaró en quiebra y a partir de ello forzó a su sindicato a negociar o mejor dicho a mercadear el adelgazamiento de los derechos laborales.

Con el TLCAN en puerta, al final de 1992, la mayoría de las grandes empresas mineras ya habían modificado los contratos colectivos y, lamentablemente, corporativizado el Sindicato Minero Nacional que aceptó las nuevas condiciones, incluyendo el cierre temporal de muchas empresas que plantearon la falta de dinero para sostener los contratos colectivos con el pretexto de las bajas cotizaciones de los minerales. El costo de esa decisión significó la pérdida de más de 50 mil plazas (1992-1995) y por lo menos 31 secciones sindicales cerradas. Para quienes continuaron, hubo una reducción de ingresos y se eliminaron altas compensaciones derivadas de horas extras y trabajos a destajo. En consecuencia, los trabajadores habían sido capturados por el mercado. [Fuente: Miguel A. Ramírez; Crisis y reformulación de los mecanismos de control sobre el trabajo en la minería mexicana, 1992.]

El apoyo gubernamental a la política de flexibilización del sector minero fue decisivo, además de acompañar a las empresas en la toma de soluciones unilaterales y violentas, a tal grado que fue reducido el papel de los sindicatos ya con poca o nula influencia en su regulación laboral, de tal manera que se afianza la intención del régimen de abandonar su papel tutelar en las relaciones laborales y desmantelar la influencia político social que antes prevalecía en y para los sindicatos.

CRECIMIENTO DEL NEGOCIO MINERO:

Para tener una idea de la injerencia de los diversos tratados comerciales en la expansión del negocio minero, vale la pena un breve comparativo regional. Las exportaciones de los países del MERCOSUR ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), pasó del orden de los 13 mil millones de dólares en 2003 a más de 42 mil millones en el 2009, y se sostienen esos números actualmente (CEPAL).

El caso de Argentina es ilustrativo: entre 2003 y 2006, el número acumulado de proyectos mineros creció por encima del 800%, y las inversiones acumuladas aumentaron un 490% (Gutman: 2007). En el 2015, América Latina captó el 51,7% del total de la inversión, seguido por Norteamérica y Eurasia, con un 20,6% y un 14,6%, respectivamente.

En lo que respecta a México, en el sexenio de Felipe Calderón la administración captó US$16,700 millones en inversión extranjera directa, 224% más que el sexenio anterior. Sin embargo, para el 2013 la inversión rondó por los US$8,043 millones de dólares, de los cuales 10 empresarios aportaron el 83% (Grupo México, Minera Boleo, Chesapeake Gold Corp, Minera Frisco, Industrias Peñoles, McEwen Mining, Goldcorp, Yamana Gold Inc. y First Majestic).

Para el caso de la minería que es la mayor inversionista privada de México, en 2011 la inversión total aumentó 42.7% por ciento con respecto al año anterior; al pasar de US$3,316 millones a US$4,731 millones. En 2012, superó los US$5,000 millones. Con relación al valor de la producción, en 2012 superó los 22,000 millones de dólares (109% mayor al 2008). Los datos del sector minero son los siguientes: cuarto generador de divisas netas, con un monto de US$17,053 millones; genera 328 mil empleos directos y un millón 600 mil indirectos, según la Cámara Minera de México (CAMIMEX 2015).

Al inicio del gobierno de Peña Nieto, de enero a junio de 2012 se expidieron 1,343 nuevos títulos de concesión minera que, sumadas a las ya otorgadas, totalizan 4 millones de hectáreas. Es decir, hubo un incremento del 322% de la superficie concesionada en solamente en seis meses y un 187% en las concesiones, con lo cual, aun y considerando los inconsistentes datos de la Secretaría de Economía, tenemos un saldo de 28 mil 807 títulos de concesión minera vigentes por un área total de 61.8 millones de hectáreas, aproximadamente el 31% de la superficie del país. (Fuente DGRM. SE en Programa de Desarrollo Minero 2013-2018).

No obstante, mediciones del instituto Frasier de Canadá en su informe menciona 96 millones de hectáreas (Survey of mining companies 2011-2012). Ninguna de las concesiones mineras fue entregada bajo procesos de transparencia y de respeto a los derechos de los Pueblos. En otras palabras, con las concesiones se fraguó -y esto continúa- un despojo administrativo para posteriormente apropiarse del territorio.

No obstante y a pesar de las supuestas cifras alegres del negocio minero, en realidad el aporte al país no sobrepasa un raquítico 2.4% del PIB, mismo que no sirve para paliar las consecuencias de contaminación, desolación y despojo que ocasiona.

Para concluir, un análisis del TLCAN y en particular de los efectos de este en el tema minero, no sólo debe mirar las cifras de éxito o fracaso de las políticas comerciales. Está claro que es un modelo impuesto, y ante la supuesta renegociación del TLCAN no habrá fondo ni forma de la misma, porque adolece entre otras muchas razones, de la necesaria participación colectiva.

- Leer en línea "¿Qué hacer con el TCLAN? Miradas Críticas desde la Sociedad Civil"

Fuente: Otros Mundos - Chiapas