El Quimbo, más problemas que energía

El Quimbo hasta 2014

Emgesa es la empresa con la segunda mayor capacidad para generación de energía en Colombia, pertenece al Grupo Enel, una compañía multinacional italiana que cuenta con más de 61 millones de usuarios y un producto enfocado en los mercados de Europa y Latinoamérica, principalmente.

El Quimbo es un proyecto hidroeléctrico construido por Emgesa al sur del departamento del Huila entre los municipios de Gigante, Agrado y Garzón, y en menor medida en Tesalia, Altamira y Paicol, en una zona que solía ser rica en biodiversidad endémica y muy fértil. Su fin es el aprovechamiento privado de la fuerza hídrica de los ríos Magdalena y Suaza. En 2009 inició su construcción, después de la aprobación de la licencia ambiental número 150509.

El proyecto es el más grande de Enel en toda América Latina, con una inversión cercana a los 1.200 millones de dólares. Para su realización fue necesaria la inundación de 8.586 hectáreas, una parte de las 35.000 que el Gobierno le regaló a la empresa en 2008 al declararlas como “de utilidad pública” para darle poder de expropiación. La hidroeléctrica significó el fin de la producción agrícola de las zonas inundadas, que generaban más de 32.000 millones de pesos; modificó los climas de la zona acabando con cultivos aledaños y afectó notablemente la pesca, desplazó 4.678 familias de las 35.000 hectáreas que recibió, inundó 78 áreas de interés arqueológico y destruyó 842 hectáreas de bosque de ribera.

Hoy la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo –Asoquimbo- calcula que, por afectaciones en la cadena productiva del Departamento, hay cerca de 32.000 damnificados.

Las últimas huellas del monstruo

Según los acuerdos, la empresa terminaría las construcciones y empezaría a operar en el año 2014, después de 4 años de obras. Iniciado 2015 no asomaba siquiera el llenado del embalse. En medio del retraso, el 5 de febrero de tal año, el Tribunal Administrativo del Huila emitió un auto que ordenaba una medida cautelar para evitar que el embalse de la represa fuera llenado, dando respuesta a una acción popular interpuesta por los pobladores por los daños ambientales que generaría.

Ante la dificultad de impedir el llenado, el Tribunal modificó la medida cautelar en el mes de junio y lo autorizó. Sin embargo, inmediatamente dio la orden de “suspender la actividad de generación de energía” hasta que los desechos forestales de la madera y la guadua que habían sido derribados en la zona de inundación fueran retirados y hasta que alguna autoridad ambiental certificara que no había peligro de contaminación del agua. Esta medida del Tribunal estuvo basada en denuncias de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena –CAM-, ratificadas por la Corte Constitucional, sobre el incumplimiento por parte de Emgesa del compromiso de retirar 44.473 metros cúbicos (m3) de residuos allí abandonados, después de que la empresa hubiera retirado 165.975 m3.

Dada la modificación de la medida cautelar, el 30 de junio Emgesa inició el llenado del embalse en medio de reparos y advertencias de los habitantes y las autoridades departamentales y regionales.

Un mes después, en julio de 2015, la Autoridad Nacional de Licencias ambientales -ANLAsolicitó una investigación advirtiendo problemas con la biomasa que aún no había sido recogida y sobre futuras complicaciones que esto causaría, por un lado, con la descomposición de este material que contaminaría el agua, y por el otro, con la disminución que esto causaría en los niveles de oxígeno del líquido, generando riesgo de alta mortandad de peces y por tanto de un daño al ecosistema y a la economía piscícola. Las advertencias de la ANLA no tuvieron mayor repercusión.

La descomposición de este material ha ocasionado malos y fuertes olores en zonas vecinas habitadas, invasión de zancudos y de animales que se acercan a la descomposición de la biomasa, y contaminación visual. Pero los daños de este tipo no han sido loss únicos para el Departamento: la mortandad de peces ha aumentado notoriamente y las 74 empresas que manejan la producción piscícola en Betania (aguas abajo de El Quimbo) han registrado pérdidas económicas hasta del 70% desde el llenado de la represa.

El 7 de septiembre, a raíz del cierre de la frontera con Venezuela, el presidente Juan Manuel Santos emitió el Decreto 1770 de 2015 “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional” por treinta días. Aprovechando la situación, al cumplirse el día 29 de vigencia de dicho decreto, el Gobierno Nacional expidió uno nuevo, el 1979 del 6 de octubre de 2015, norma que en solo 2 artículos pasaba por encima del Tribunal del Huila y todas las autoridades regionales para dar vía libre a la generación de energía de la hidroeléctrica El Quimbo. ¡A un día de terminarse el estado de emergencia!

La relación entre la emergencia y la represa la fundaron el Presidente y su gabinete en que la demanda de combustibles tras el cierre de la frontera se había incrementado en un 51% en los departamentos lindantes, y en que la satisfacción de este aumento se cubriría con la producción de la refinería de Barrancabermeja transportada a través del río Magdalena, cuyo nivel estaba mermado por el fenómeno del niño. De esta manera plantearon que para acrecentar el caudal del río y garantizar la navegabilidad de las barcazas, se permitiría la apertura de las compuertas de El Quimbo y la consecuente generación de energía allí; planteando, además, que “las obligaciones impuestas (…) relativas al retiro de la biomasa, se [habían] cumplido en un 99%”, sin tener fuentes de lo dicho y con cifras que controvertían los estudios de la CAM.

Del dicho al hecho. Dos días después la hidroeléctrica inició el proceso de pruebas para generar energía, dando vía libre al caudal de agua que, si bien sí aumentó el nivel del río Magdalena, ocasionó mayor mortandad de peces y extendió malos olores en toda la zona debido a la descomposición de los desechos que continuaban allí.

Por las quejas y los problemas ocasionados durante un mes de pruebas, y ante las evidencias de la CAM de que Emgesa aún seguía sin levantar los residuos del embalse, el 12 de noviembre el Tribunal Administrativo del Huila decidió no aplicar el Artículo 1 del Decreto 1979 de 2015, “Autorizar, a partir de la fecha, el inicio de la generación de energía eléctrica en el proyecto hidroeléctrico El Quimbo”, y ordenó interrumpir la generación de energía. Desacatando una orden judicial en firme Emgesa no detuvo las pruebas, y argumentando ser una empresa cumplidora de la ley que respetaba la vigencia del Decreto 1979, continuó operando con el 68.7% de la capacidad de llenado del embalse. Cinco días después, el 17 de noviembre, la empresa inició la generación oficial de energía para su comercialización, en una actuación claramente ilegal.

No obstante, al mes, la Corte Constitucional, que ya había intervenido en la vigilancia del proyecto, declaró inexequible el Decreto 1979 y, ratificando la vigencia de la medida cautelar proferida por el Tribunal del Huila, conminó el inmediato aplazamiento de la generación de energía de El Quimbo. La Sala Penal de la Corte afirmó que un decreto presidencial no podía perjudicar el cumplimiento de medidas cautelares, ni siquiera cuando este era proferido por emergencia; y, llamando al respeto por las decisiones judiciales, fijó que Emgesa no podría continuar en esta labor hasta que no realizara las medidas de mitigación ambiental que habían damnificado a habitantes y territorios.

El punto de la Corte era claro: no podían reabrirse las compuertas hasta que se cumplieran los compromisos adquiridos para conservar y preservar los recursos de la zona. Al día siguiente El Quimbo detuvo sus turbinas.

Como si se tratara de otro gobierno, el gabinete de Juan Manuel Santos actuó con rapidez. Ocho días más tarde, el 24 de diciembre de 2015, el Ministerio de Minas y Energía y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca –AUNAP- interpusieron una tutela alegando la vulneración de los derechos del debido proceso, mínimo vital, trabajo, salud, ambiente sano y vida digna del pueblo huilense. Pareciera que el Gobierno hubiera confundido las quejas ciudadanas y no hubiera entendido que lo que la población alegaba era que todos estos derechos se les vulneraban con la operación de El Quimbo que, desde la expropiación de sus casas y sus tierras, tantos problemas les había traído. Pero no era una confusión, es su política. La respuesta a la tutela fue negativa, el juzgado tercero penal de Neiva falló el 29 de diciembre en contra y planteó mantener el pare al flujo turbinado del agua.

Las presiones del Gobierno no se hicieron esperar, así que el 8 de enero de 2016 el mismo juzgado emitió un nuevo fallo para permitir la reapertura de las compuertas del embalse “como medida transitoria y hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila declare de fondo sobre el levantamiento o no de la medida cautelar”. La medida se justificó manifestando que mantener el agua estancada genera mayores perjuicios ambientales por la descomposición, y económicos, por la no comercialización de energía. Los descontentos no dieron espera después de anunciarse la nueva medida, protestas sociales empezaron a planearse.

El 10 de enero de 2016 Emgesa reabrió el embalse de El Quimbo, liberando 1’163.000 metros cúbicos de agua que reposaban allí desde el 16 de diciembre. Contaminación flotante, charcos de agua descompuesta, fetidez e invasión de zancudos regresaron redoblados para atormentar a los huilenses.

En la movilización de pescadores de los municipios de Hobo, Campoalegre, Yaguará y Neiva, realizada el 12 de enero, se exigió al Tribunal Administrativo del Huila mantener la medida cautelar del cierre de las compuertas de la hidroeléctrica, advirtiendo que, de lo contrario, morirían 20.000 toneladas de pescado en el corto plazo y la mortandad de peces se haría aún peor.

El pasado 3 de febrero las autoridades del Huila sostuvieron una reunión con las instituciones nacionales que corresponden al caso. ¿Las conclusiones? Nada nuevo: el agua contaminada y la biomasa siguen ahí, intactas; y las compensaciones de la compa- ñía no han sido satisfactorias. El Ministerio de Ambiente defiende las cifras (no conocidas) de la ANLA, según las cuales la cantidad de biomasa es menor que las reveladas por estudios de la CAM. Mas Emgesa sí reconoce los desechos y se excusa en decir que la ANLA modificó su licencia ambiental y consintió el llenado y la operación de la hidroeléctrica con el material abandonado. Al respecto la ANLA no ha respondido. La única propuesta de MinAmbiente es contratar a terceros que den veredicto sobre la cantidad de residuos y zanjar la contradicción.

Mientras se espera la decisión de fondo del Tribunal, la madera y la guadua se siguen viendo, el agua continúa contaminándose, la muerte masiva de peces permanece, la llegada de zancudos persiste y los vecinos siguen aguantando la quiebra de su actividad productiva, la pobreza y la hediondez, que ahora caracteriza lo que fue una de las regiones más fértiles y provechosas del Departamento.

La definición del conflicto

A grandes rasgos puede decirse que hay dos facciones en esta pelea: por una parte, Emgesa-Enel y su representante en Colombia, el Gobierno Nacional; y por otra, la gente de los municipios afectados: pescadores, campesinos y habitantes que han encontrado en las autoridades departamentales y regionales y en la Corte Constitucional un respaldo en la defensa del medio ambiente, los recursos y la producción del Huila.

Lo que dice una parte

Emgesa plantea que ha cumplido con la mayoría de compromisos de compensación ambiental y social en la zona, por lo que tiene derecho a continuar con la generación de energía, aunque, ya dicho, reconoce que trabaja sobre residuos de biomasa con la venia de la ANLA.

El Gobierno Nacional arguye que dar rienda suelta al agua es necesario para dotar de agua a los colombianos en medio de la sequía ocasionada por el fenó- meno del Niño, para mejorar la navegabilidad del río Magdalena y garantizar el 5% de consumo diario de energía con que El Quimbo provee al país. Han puesto a cuatro instituciones estatales a trabajar con entusiasmo para la compañía: MinMinas se enfoca en la producción de energía, MinAmbiente en decir que las condiciones ambientales en las que la hidroeléctrica opera son excelentes, la ANLA en afirmar que la CAM se equivoca en sus cifras por sus técnicas de medición, y la AUNAP en aseverar que Emgesa tiene excelentes planes para los piscicultores perjudicados.

Con todo y esto, Colombia ha vivido toda su historia sin la generación y comercialización de energía de El Quimbo, de hecho, las fechas evidencian que estos procesos se realizaron tan solo durante un mes del año 2015 y en lo corrido desde el 10 de enero de 2016 hasta hoy. Además, la CAM ha señalado que la hidroeléctrica solamente ha producido 100 MW de los 400 que tiene como capacidad instalada. Luego, las amenazas realizadas por el Gobierno Nacional de apagón y de aumento de tarifas de energía por el detenimiento de El Quimbo, no tienen fundamento.

Los argumentos de esta facción no convencen. Hoy el debate está en otro asunto: ni la empresa, ni las entidades estatales dan respuesta concreta de cómo Emgesa retirará la biomasa del embalse para evitar la contaminación y aumentar los niveles de oxígeno del agua. Más que un hecho complicado, el punto parece estar en la desidia típica de las multinacionales en Colombia que cuentan siempre con el beneplácito del Gobierno.

Lo que dice la otra

Asoquimbo dice que, además de los problemas con la contaminación y la calidad del agua actuales, la multinacional ha incumplido otros puntos de la licencia ambiental; por ejemplo, respecto al reasentamiento de afectados, solo reubicaron 50 de las 360 familias pactadas con la ANLA. Por otro lado, explican que existe un nuevo censo que eleva a 32.000 los afectados por las alteraciones en las cadenas productivas, a los que no se les reconoce nada.

La CAM acepta que el estancamiento puede empeorar la situación, pero también afirma que lo que hoy se necesita es calidad en el agua, luego la responsabilidad por el estancamiento, e incluso por los bajos niveles de agua del río Magdalena, no tendrían por qué recaer en otro sujeto distinto a Emgesa, quien debe retirar los más de 44.000 m3 de biomasa todavía presentes al día de la reunión de autoridades (3 de febrero). Así mismo, plantea que el trecho que está aguas abajo de El Quimbo tiene “niveles de oxígeno disuelto que son los de un río que tiende a morir”, y que lo que está haciendo la empresa está generando una “gran pérdida bioló- gica del Río”.

La solución que plantea la CAM, además de recoger los residuos, es la de abrir el vertedero superior del embalse que daría libre tránsito al agua superficial que está más oxigenada. El Ministro de Ambiente habla por Emgesa para decir que no se alcanzan los niveles de agua suficientes, por lo que se debe operar con el vertedero inferior de agua más profunda y menos oxigenada.

Por su parte, los pobladores de municipios como Gigante (uno de los aledaños a la represa y tal vez el más damnificado) están desesperados por los criaderos de zancudos y los fétidos olores que genera la madera que ha venido saliendo a flote del embalse.

Los pescadores hablan de la disminución de peces y la pérdida de rentabilidad del negocio; plantean que antes de la apertura de El Quimbo el agua tenía alrededor de 7 miligramos de oxígeno por litro y hoy tiene solamente 4. Culpan al Gobierno y a la ANLA por haber dado el permiso de operar la represa cambiando las condiciones iniciales del tratamiento de la biomasa. Lo preocupante es que más de 1.000 familias dependen de esta actividad en la zona. La situación parece no tener reversa. “No sabemos si es mejor que la dejen así o que la abran”, decían los pescadores a El Colombiano en los momentos en que se encontraba cerrada.

Me uno a la conclusión de Manuel Macías, representante de los piscicultores de Betania, dicha a BluRadio el 21 de enero: “Me parece muy preocupante el papel que está desempeñando el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Minas y de Ambiente de ser abogados de Emgesa, cuando al contrario deberían tratar de ser los más desinteresados y los más imparciales en este proceso, y tratar de salvaguardar los intereses de toda una región (…) y del país”.

Se suma El Quimbo a la lista de casos en que el Gobierno Nacional, esta vez el de Santos, defiende, con empeño y acciones rápidas, a una empresa extranjera que ha ocasionado diversos daños probados al país. No todo está perdido. Ya lo han demostrado quienes han detenido proyectos minero-energéticos aterradores: lo único que puede derrotar la unidad de las multinacionales extranjeras con el Gobierno, es la unidad de todos los afectados en una movilización masiva y permanente. Fuerza a los habitantes del Huila.

Referencias

Cita de Blu Radio: http://www.bluradio.com/...

Entrevista de El Colombiano a la que se hace referencia: http://www.elcolombiano.com/...

Fuente: Deslinde