El paraíso de las empresas, el infierno de los pueblos en las orillas del río Santiago en México

“Lo que más nos llamó la atención es no encontrar anemia, sin embargo encontramos alteraciones hematológicas que no tienen que ver con la mala nutrición o insuficiencia de hierro sino con exposiciones a ciertas sustancias tóxicas que pueden generar este tipo de alteraciones. Los glóbulos rojos de la sangre resultaron en un 88,6% más pequeños de lo normal en los niños de La Cofradía, eso quiere decir que hay daño en la médula ósea. En el caso de El Salto lo vemos en el 41,9%”. En el auditorio hay más de cien personas que por primera vez reciben datos precisos de lo que viven. En la zona se están muriendo por la contaminación generadas por los vertidos industriales.

La doctora Gabriela Domínguez Cortinas, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue parte del estudio Propuesta metodológica para la implantación de una batería de indicadores de salud que se realizó en 2009 por pedido del Estado. Ella tuvo que esperar diez años para poder compartirlo con las comunidades afectadas. Sí, diez años estuvo guardado en el cajón de la impunidad del Estado. La gravedad de los datos requerían de políticas urgentes, pero la clase política decidió ocultarlo. ¿Qué sanción le corresponde a los responsables por este silencio? ¿No es esta acción un crimen de Estado? Hace unos meses se cumplió el tiempo del bozal legal que incluyó el acuerdo de confidencialidad impuesto por el Estado de Jalisco al equipo técnico. La especialista quiso inmediatamente hacerlo público y exponerlo ante los pueblos afectados.

Mientras la doctora habla, la sala se inunda de silencio, solo por ese instante el olor nauseabundo del río Santiago deja de sentirse o tal vez pasó a un segundo plano. Con lágrimas en los rostros escuchan cada dato que la médica brinda. Indignación, consternación, rabia, sus miradas expresan eso. “Dan ganas de irse”, comenta un joven con un dejo de resignación momentánea. Los índices son los cuerpos de sus hijas/os, nietas/os, incluso —en el caso de jóvenes presentes— podrían ser ellas/os mismas/os. Las muestras fueron tomadas en más de 180 núcleos familiares en las localidades de Juanacatlán, La Cofradía, El Salto, Tonalá y Jardines de la Barranca, todos pequeños pueblos cercanos a Guadalajara aledaños al río Santiago. 

Las alteraciones hematológicas son muy altas en la población infantil, según el estudio un 88,5% en la localidad de La Cofradía, un 79% en El Salto y un 64% en Juanacatlán están por sobre los patrones “normales”. Además de los estudios de sangre y orina, el trabajo también analizó las habilidades cognitivas y el aprovechamiento escolar, los resultados de varios indicadores dieron una puntuación por debajo del límite mínimo, que según la doctora es 90. Se encontró que existen afectaciones que generan una disminución de capacidades de inteligencia breve, habilidad verbal, aplicaciones académicas, comprensión verbal, formación de conceptos y pareo visual, esta última es indicador de la memoria a corto plazo. Para Domínguez “esto tiene que ver con muchas cosas, pero son los neurotóxicos que están jugando su papel en disminuir o afectar este tipo de capacidades”.

LA LIBERTAD PARA DEVASTAR

El Salto es una ciudad del Estado de Jalisco, México, ubicada al sureste de Guadalajara, la segunda más poblada del país. Del lado norte del agredido río Santiago se encuentra Juanacatlán, con la que comparte glorias, fiestas y penas; y al norte de esta ciudad está el paraje La Cofradía. El olor de las aguas residuales es muy fuerte en ambas ciudades. A las primeras horas de llegar los ojos se irritan y en la cara comienza a manifestarse un ardor. El barbijo es una señal de extranjería, incluso más que el acento, la vestimenta o las cámaras fotográficas que cuelgan de los cuellos de la mayoría de las treintena personas que forman parte de una comitiva de veedores internacionales organizada por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

Las alternancias neoliberales en México permitieron el ingreso de industrias sucias y cuestionadas en sus países de origen. El 1 de enero de 1994, durante el último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se puso en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un complejo entramado empresarial que incluyó desregulación ambiental, flexibilización laboral y tercerizaciones por doquier.

La tradición de rebeldía y resistencia del pueblo mexicano le dio su malvenida levantándose en armas en Chiapas al grito del “Ya basta”. Desde esa primera declaración de la selva Lacandona, el zapatismo advirtió las consecuencias de los TLC. El grito chiapaneco retumbó en todo el país, pero los tratados continuaron.

El fugaz espanto de los primeros inversionistas fue cubierto por un halo protector de la clase política. Según la Secretaría Económica del Gobierno nacional, el país cuenta en la actualidad con 12 tratados de libre comercio llevados adelante con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) firmados con 33 países, y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Ni Hernán Cortés imaginó este nivel de flujos de capital.

El paraíso de las empresas se transformó en tan solo unas décadas en el infierno de los pueblos, distintas zonas han sido devastadas a poco cumplir las bodas de plata de la entrada en vigencia del primer TLC. Las consecuencias son tan graves que lugareñas/os se permiten decir que viven en medio de “un silencioso genocidio”.

El río Santiago tenía un vasto ecosistema que recuerdan con cariño, a las cascadas que están a la altura de El Salto y Juanacatlán la llamaban “el Niágara mexicano”, un paraíso terrenal para las comunidades del Valle. Tras su paso, el río era generador de vida, producción hortícola, ganadera y peces son parte importante de los recuerdos de la población. Hoy en cambio es un río con enfermedad terminal.

“Vivir en este ambiente, ningún pueblo lo merece”, dice el joven artista local Miya Tafari ante el público, su canción Regresen nuestro río es parte de un compilado musical de denuncia. La mirada de cuenca y su economía es integral, “directa o indirecta, también a ti te afecta, se usa esta agua para el ganado y para la siembra”, sentencia el rap. La zona siempre fue proveedora de alimentos de los grandes conglomerados poblacionales, como Guadalajara. Tras la llegada de las industrias y la agudización de la contaminación ambiental se siguió produciendo como se pudo, el agua envenenada viaja a las mesas de millones de personas disfrazada de alimento.

En Juanacatlán el 93,8% de la población infantil estudiada tiene plomo en sangre por sobre los parámetros mínimos, algo que, según la doctora Gabriela Domínguez, produce “daño neurológico, afectaciones cognitivas y daños en la sangre”. Los índices en El Salto y La Cofradía también son elevados, casi cercanos al 50%. Otro de los tóxicos encontrado en la sangre es el benceno. El parámetro usado es el de quienes trabajan en el sector de refinerías, gasolineras, o sea, es ocupacional. La creatinina encontrada fue superior en todos los casos, 73,7% en Juanacatlán, 59,2% en La Cofradía y 61,9% en El Salto.

Para la especialista “el benceno es un cancerígeno, el principal cáncer que genera es la leucemia”, entre otros. Ella explica a los presentes que “es un orgánico volátil que causa muchas alteraciones neurológicas”. También la población tiene en sangre compuestos orgánicos persistentes, sobre todo en Juanacatlán y El Salto. El DDT, DDE —plaguicidas prohibidos— y el lindano, que es muy utilizado para el control de parásitos en ganados, están alojados en los cuerpos de las personas estudiadas en la zona.

AGUA MALA

En 2009 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizó un estudio de calidad del agua del río Santiago, se analizaron “32 estaciones de bombeo en río y afluentes, 43 en descargas municipales, 26 industriales y ocho pecuarias, para un promedio de 110 sitios de muestreo por campaña. Las campañas se realizaron durante dos períodos de estiaje, en el primero, de octubre de 2008 a mayo de 2009, se efectuó la primera campaña en marzo de 2009. Durante el segundo período de estiaje de octubre de 2009 a mayo de 2010 se efectuó la segunda campaña en diciembre de 2009, y la tercera campaña en abril-mayo de 2010”. Los resultados son graves, encontraron unos 1.090 Compuestos Orgánicos Semivolátiles (COSV) y volátiles (COV), a su vez pudieron determinar que se vierten a la cuenca “un total de 507,5 toneladas de contaminantes convencionales diariamente, distribuidos de la siguiente forma: 155,5 ton/día de sólidos suspendidos, 280,2 ton/día como demanda bioquímica de oxígeno, 29,2 ton/día de nitrógeno total, 4,7 ton/día de fósforo total, 37,8 ton/día de grasas y aceites, 7,5 kg/día de cobre, 11,4 kg/día de níquel, 118 kg/día de zinc y 2.1 kg/día de plomo” (IMTA, 2011).

Andrés Barreda Marín es licenciado en Economía, maestro en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, también es doctor en Estudios Latinoamericanos, y activista socioambiental miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Para Barreda, la zona del Juanacatlán y El Salto se encuentra en una encrucijada hídrica venenosa, que combina distintas fuerzas de contaminación que desembocan en el río Santiago; la industrial, con los vertidos de las empresas ubicadas al sur de Guadalajara; las granjas agroindustriales —el 70% son de animales, se crían pollos, puercos y vacas— y que vierten los desechos sobre los ríos Zula y Verde. A esto hay que sumarle el uso brutal y sin control de agroquímicos, plaguicidas y fármacos para mantener a los animales; los vertidos de aguas negras —cloacales— de la ciudad de Guadalajara que van a parar a la presa de El Ahogado, muy cercana a El Salto. Además la zona es afectada por una concentración de infraestructuras como la central de distribución de gasolinas de Guadalajara, y un basurero a cielo abierto que tiene tres incineradores de residuos que llenan el aire de dioxinas, que son cancerígenas.

Las consecuencias de este conglomerado de maldesarrollo está a la vista. La doctora Domínguez comenta que encontraron altos índices en las neoplasias —anomalías en el cuerpo y la piel— que devienen en cánceres. En el caso de Juanacatlán, el 42% de la población infantil está sobre el parámetro máximo, el 28,6% en La Cofradía y un 35,4% en El Salto. En cuanto a la exposición a agentes tóxicos, los datos dieron una excesiva concentración de flúor, plomo, cadmio, arsénico, mercurio y benceno, entre otros. Para Domínguez “es un índice de exposición que genera daños neurológicos en la población infantil”. El cadmio es uno de los datos más alarmantes, los resultados dieron que el 71,7% de los niños lo poseía en Juanacatlán, 84,3% en La Cofradía, 97,8% en El Salto. El mercurio también dio muy alto, 33,3%, 34,4% y 55,1% respectivamente en las localidades antes nombradas. “Ningún niño debería tener nada de mercurio”, sentenció la médica.

En 2016 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos visitó el país a fines de observar las zonas afectadas. “Fue un fuerte impacto ver el río cubierto de espuma y el olor de fuertes gases que se desprende del agua que cae en la cascada El Salto. Médicos locales citaron un aumento en la prevalencia de diferentes enfermedades, incluyendo leucemia, abortos espontáneos y defectos de nacimiento congénitos, entre otros”, dice el informe presentando al Estado mexicano.

Graciela González Torres es bióloga y una de las fundadoras de la organización Un Salto de Vida. En 2017 realizó su tesis de maestría en Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara sobre la calidad del aire y su efecto en la función respiratoria de la población infantil de El Salto. Las coincidencias con el estudio que presentó la doctora Domínguez no dejan dudas: la zona padece graves índices de contaminación. Incluso hasta bacterias intrahospitalarias aparecen en los estudios, sus sospechas recaen en fallas en los incineradores y la emisión de residuos biológicos infecciosos. “También en estudios encontramos propagadas partículas muy pequeñas, que son las que ingresan al torrente sanguíneo, las sustancias que tienen esas partículas no las pudimos determinar, es necesario estudiarlas”, señala González.

En la primer fila la escuchan con consternación académicas/os, legisladores y activistas que son parte de la caravana con veedores internacionales. Se analizó a la población infantil y determinaron que en muchos casos tienen enfermedades respiratorias restrictivas. “Según los neumonólogos el 21% respiraba a menos de un 80% de su capacidad. En los estudios de orina se encontraron más de 14 pesticidas, siendo su residencia en algunos casos de las zonas céntricas de la ciudad de El Salto”, concluyó la bióloga.

La infancia en la región es muy dura, es el sector de la población más expuesto a los altos niveles de contaminación junto a las/os adultas/os mayores. Un caso emblemático es el de Miguel Ángel López Rocha, un niño de tan solo ocho años que a fines de enero de 2008 mientras jugaba con sus amigos cayó al río Santiago. Estuvo 19 días en coma luchando por su vida. No logró sobrevivir. Su cuerpo presentaba, según el informe médico, una alta concentración de arsénico, un 400% más de lo permitido en un adulto mayor.

Los responsables gubernamentales fueron eludiendo responsabilidades intentando siempre poner mantos de dudas sobre la causa del fallecimiento de Miguel. El director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, afirmó: “Puedo decir con absoluta seguridad que no es la causa de ese deceso; que la Comisión Nacional del Agua trabajó con la secretaría de Salud, con las autoridades estatales y no se encontró niveles de arsénico altos en las aguas residuales del Santiago y que por lo tanto, no pudo haber sido esa, definitivamente no”. La negación es la política pública más popular en México.

Guillermo González Cueva tiene más de 60 años, todos los días madruga y sale a correr tras darle de comer a sus gallinas. Es dueño de un hotel y un motel que puso a disposición del contingente de veedoras/es. Sueña que El Salto se recupera de la contaminación: “Antes nos bañábamos y pasábamos con la familia en río, desde hace unos años eso no se puede”. Los relatos dan cuenta que la esperanza a veces flaquea ante una grave realidad adversa, el Estado no escucha, no ve, no siente, solo estira la mano para recibir los escasos beneficios que las industrias dejan. La familia Curiel es de Juanacatlán, ellos son los dueños del reconocido e histórico bar Chicho’s y también pusieron las instalaciones para las reuniones con la caravana. Los alimentos fueron donaciones que todos los días distintas familias de los pueblos acercó. El tejido social comunitario es el manto que cobija a las golpeadas esperanzas. El papel de la organización Un Salto de Vida ha sido fundamental para sostener las demandas y estar alertas a los nuevos anuncios de llegadas de más industrias.

CUERPOS Y TERRITORIOS

“Miré, mi hijita, le vengo avisar que han ordenado que le hagamos algo, pero yo a usted la conozco desde chiquita. No voy a hacer caso al pedido, pero sepa que si no lo hacemos nosotros, a alguien van a encontrar”. Las palabras son de un narco y se las dijo a una vecina que lucha contra la contaminación. La muerte se disfrazó de progreso y como un cáncer fue avanzando sobre los territorios y los cuerpos de las poblaciones.

Samir Flores era un poblador y activista de Amilcingo, localidad del Estado de Morelos. Fue asesinado de cuatro balazos. ¿Quién mata cuando se jala el gatillo? ¿El Estado, las empresas, el sicariato, el narco, o todos? La violencia estructural posee fibras y conectores que se articulan al son del lucro: unos asesinan, otros mueren, muchos callan, varios ganan y el libreto se vuelve a repetir cada vez que el clamor popular se levanta contra algún proyecto contaminante. Al momento del asesinato de Flores el pueblo enfrentaba la instalación de una termoeléctrica y un gasoducto. Con 32 años y siendo padre de cuatro hijos, fundó junto con la comunidad la radio Amiltzinko a través de la cual informaban al pueblo.

El caso de Samir representa la distorsión democrática que genera la dependencia a las grandes corporaciones y deja a trasluz el oscuro entramado de violencia que lo solventa. A Flores lo asesinaron en medio de un referéndum impulsado por el gobierno nacional para consultarle al pueblo. En una entrevista explicó: “No queremos el gasoducto, porque representa un riesgo para la vida de nuestro hijos. Y entonces nos decían ‘pues, ellos no quieren el desarrollo’. Nos hablaron siempre de desarrollo, pero lo que nunca pudieron especificar es desarrollo para quién”. En la consulta participó el 3,6% del padrón electoral de la zona, casi el 60% dijo que sí al proyecto y se la dio como aceptada. El escenario democrático propuesto por el Estado a través de las consultas es denunciado por distintas organizaciones opositoras por ser “amañadas”. Según manifiestan, detrás del supuesto “mandar preguntando” se encuentra un sostén de proyectos y obras que las poblaciones no quieren.

Alan Carmona tiene 28 años, es padre de dos hijos y también es referente de Un Salto de Vida. Según él viven en marco de una “normalización total de las situaciones que ponen en riesgos sus vidas”. Para Alan, narcotráfico y Estado es una asociación indisoluble en los territorios: “Hay una cartelización de los gobiernos, sobre todo en los ayuntamientos, ese ir y venir constituye el crimen organizado. El solo hecho de habitar estos espacios constituye un riesgo alto por la violencia estructural en la que se está inmerso, cuando realizas actividades políticas este peligro se incrementa. Hay asimetrías muy grandes por la concentración de poder que tienen quienes ejercen la violencia”.

El control de la protesta social vía escarnio público mediante violencia es una constante. Pequeños hechos cotidianos les ocurren a las familias que dan pelea contra la contaminación. Atemorizar es preludio de hechos mayores que han llegado a costar vidas o dejado heridas profundas. El despojo es acto violento que para ser sostenido en el tiempo requiere de impunidad. En México quién facilitó e impulsó el devenir de estos actos impunes durante décadas ha sido el Estado. ¿Estará en la voluntad de la nueva conducción del presidente López Obrador quitarse el oscuro disfraz de la muerte?

La caravana y las comunidades afectadas fueron recibidas por Víctor Manuel Toledo Manzur, actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Nación. Tras escuchar los reclamos se acordó una mesa trabajo que comenzó desde enero de 2020 y en su primer reunión acordó ir camino a la restauración y remediación de las zonas afectadas. Las políticas públicas que se construyan y las respuestas que el Estado brinde pueden ser un buen termómetro para determinar en qué dirección se va.

Fuente: El Salto Diario