El modelo extractivo: un síndrome desde Estocolmo

“Una cosa es ecologismo en serio, y otra es ecologismo pour la gallerie [o “para la tribuna”, en un léxico futbolero], desde mi punto de vista poner un día para conmemorar el tema ambiental viene a fijar una agenda para que la gente externa a este ‘mundo verde’ lo entienda”, reflexiona Rubén Méndez de la Asociación Ecológica de Lanús, de Buenos Aires, organización miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE). “Para mi sigue siendo un día como cualquier otro, porque acordarse de que hay que salvar al planeta cada 5 de junio, me parece muy limitado y acotado. Pero así se da dentro de una sociedad de consumo que fija días como el del padre o el de la madre”, agrega.

“Yo soy vecina afectada directa de Minera La Alumbrera, por eso la reflexión que puedo hacer en este 5 de junio es una acerca de cómo nos estamos vinculando con la naturaleza, sabiendo que estas pandemias y estas enfermedades que atravesamos van a ir aumentando a medida que no tomemos conciencia de lo que estamos haciendo a nuestra Pachamama”, sentencia Karina Martinelli, de la Asamblea de vecinxs del Yokavil, en Catamarca, que confluye junto a muchos otros colectivos en la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC).

Desde Ramallo, provincia de Buenos Aires, Evangelina Romano de la ONG Unidos por la Vida y el Ambiente, también integrante de RENACE, coincide en que “esto que nos pasa es un fiel reflejo de nuestro accionar sobre los bienes comunes, que nos lleva al deterioro progresivo en nuestras comunidades y esto a su vez debilita nuestra respuesta inmunológica ante distintas agresiones que sufre el ambiente”.

En la misma línea, Pablo Palicio Lada, de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACCH) agrega: “El día del ambiente aquí en Chubut nos invita a pensar lo que nos pasó en los últimos ocho o diez meses, con el intento de habilitar la megaminería, uno de los tantos intentos, pero quizás el más fuerte”. En ese sentido, explica que este día “tuvo sus orígenes en 1972 en los informes que se hicieron sobre los límites del crecimiento, que fueron los que alarmaron y advirtieron sobre el crecimiento indefinido en un planeta finito” y añade: “El trasfondo del debate del extractivismo y la megaminería sigue siendo ese, ¿para quienes son estos minerales, a dónde van a parar y quiénes los quieren extraer?”.

Los testimonios son contundentes: las asambleas, organizaciones y colectivos de distintas regiones están todos los días resistiendo ante los embates del extractivismo, de este modelo que todo devora en su andar y que algunas veces se disfraza de “desarrollo sustentable”, mostrando el discurso del progreso y ocultando su faceta más destructiva: la que cotidianamente envenena el agua, dinamita montañas, deforesta bosques y selvas y desplaza a comunidades originarias.

Así estamos país

El segundo junio atravesado por la pandemia del COVID-19 nos encuentra en Argentina con la inminente aprobación del trigo transgénico, la potencial zonificación minera en Chubut, el avance del proyecto Minera Agua Rica Alumbrera (MARA) en Catamarca, la ampliación de la frontera agrícola y el uso de agrotóxicos en la zona centro y litoral, la preocupación por la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, la pérdida de biodiversidad por los incendios forestales y la contaminación de arroyos y ríos por químicos provenientes de la industria agropecuaria e hidrocarburífera, entre otras. Las noticias no son muy alentadoras, aunque también se promulgó la ley de educación ambiental.

Mientras se masifican los mensajes y contenidos en las redes sociales sobre temas ambientales y lxs activistas e influencers twittean y republican información sobre la crisis climática y la necesidad de “hacer algo”, la situación real en los territorios, no parece cambiar. “Estamos muy lejos de sentir que hemos avanzado en estos últimos tiempos, en relación al cuidado de nuestros territorios y a la lucha contra el extractivismo, por el contrario, en nuestra región litoral y en el país entero, ha habido una avanzada de proyectos que creíamos superados y esto no es así”, analiza Daniela Verzeñassi, del Foro Ecologista de Paraná, Entre Ríos.

Esta primera mitad del año, deja también una movilización masiva de mujeres originarias nucleadas en el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que marcharon desde sus comunidades en el norte y sur del país para confluir en Buenos Aires en la caminata “Basta de Terricidio”, un concepto acuñado desde la cosmovisión originaria que engloba muchas de las cuestiones que desde la mirada occidental se consideran como extractivas.

Las voces compañeras desde los territorios

Muchas de las personas entrevistadas para este artículo coinciden en que lo peor de la situación pandémica es la imposibilidad de “asamblear”, de encontrarse, de compartir en los encuentros los testimonios, de escuchar de primera mano las voces de las personas que cotidianamente le ponen en cuerpo -de manera literal- a estas luchas. En esos encuentros afectivos, movilizantes y fortalecedores se tejen las redes de resistencia a los embates de este modelo de muerte. Sin embargo, cada unx, desde sus lugares cuentan cómo están viviendo estos meses y cuáles son las problemáticas más urgentes de cada zona.

La región noroeste viene atravesando una feroz amenaza en relación a la megaminería, que tuvo su momento más convulsionado en abril, cuando detuvieron a integrantes de la asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, Catamarca, acusándolos de incendiar las oficinas de la minera que opera en los yacimientos de Bajo La Alumbrera y Agua Rica, actualmente llamado Proyecto MARA. “Están perforando nuestro cerro, el Nevado de Aconquija, que le da agua a la ciudad de Andalgalá. Si se hace efectivo el proyecto MARA se va a comprometer seriamente la salud ambiental de toda una región, no solo de Catamarca. Esto sería una catástrofe para todes”, señala Karina Martinelli, con profunda desazón por el avance en la etapa de la exploración. Karina agrega que la comunidad se siente en un enorme estado de vulnerabilidad ante la imposibilidad de movilizarse por las medidas restrictivas por la pandemia. “Sabemos que están violando el cerro con perforadoras en la etapa exploratoria del proyecto MARA, pero no encontramos muchas alternativas de expresión ante esto que está pasando. Es un momento bien crítico para nosotres aquí”, manifiesta.

La minería afecta a toda la zona cordillerana, por eso también desde la región cuyana, Jennifer Ibarra de la Fundación Cullunche señala que “lo que ocurre en Mendoza no es muy distinto a lo que sucede en otras provincias; estamos atentos y en lucha contra la megaminería y el fracking, actividades extractivistas y que tienen consenso de los funcionarios provinciales, pero no tienen licencia social”. En la misma línea, Guni Cañas, de la Asamblea Popular por el Agua, cuenta que “pasaron apenas dos años del momento en que todo Mendoza estuvo en pie defendiendo la ley 7.722 y sin embargo el gobierno no se acuerda, sigue el lobby mediático y empresarial queriendo bajar nuestra ley guardiana del agua”. Esta norma, sancionada en 2007, regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la provincia y ya tuvo varios intentos de modificación y flexibilización. “Seguimos dando todas las grandes luchas desde hace muchos años en contra de la megaminería, del fracking, de los negocios inmobiliarios y la alta criminalización de la protesta. En Mendoza también seguimos en pie”, sentencia Cañas, en un audio de WhatsApp, en cuya foto de perfil reza “Todxs somos Chubut”, en alusión al acompañamiento que las asambleas hicieron a lxs compañerxs de esa provincia en donde la Legislatura rechazó recientemente el proyecto de iniciativa popular presentado por las asambleas ciudadanas para rechazar la megaminería.

En ese sentido, Pablo Palicio Lada, uno de los militantes chubutenses que desde Trelew impulsa la lucha antiminera y antinuclear expresa: “La pelea contra la megaminería es un granito más en la gran lucha planetaria que es por la supervivencia de nuestra propia especie humana. Ya en la década del 70, cuando se celebraron esas primeras cumbres que hoy recordamos, lo advertían y el reloj sigue corriendo. Esta alarma nos tiene que servir para intentar cambiarlo todo, la defensa del ambiente incluye la construcción de un mundo más justo”.

En la Patagonia, además de la amenaza minera, que incluye el emprendimiento Calcatreu, en Río Negro, el proyecto Navidad en Chubut y unos cuantos más en Santa Cruz, se agudiza el conflicto por la extranjerización de las tierras y desplazamiento de comunidades mapuche-tehuelche, tal como relata Luciano Beveraggi de la Organización Ecologista Piuké, de Bariloche. “Sumada a la problemática de la concentración de tierras, tenemos una situación muy grave con las plantaciones y los monocultivos de pino, una especie invasora que avanza sobre la flora nativa y además en este contexto de cambio climático y grandes sequías, nos expone a incendios devastadores, como los sucedidos en la Comarca Andina en marzo”, explica Luciano y añade que “los pinos son el símbolo del colonialismo y de la invasión europea, los trajeron augurando progreso y nos generaron enormes desastres ambientales”.  

Las zonas centro y litoral del país siguen en riesgo por los agrotóxicos, las quemas en los humedales y los desmontes, pero también tienen otros conflictos ambientales en relación a los ríos y cauces de agua. “Una de las preocupaciones más grandes que tenemos es el futuro de nuestro río Paraná y la Gran Cuenca del Plata, que está amenazada con el avance de la entrega de nuestro bien natural común como es el agua”, advierte Daniela Verzeñassi, que se refiere además a los debates sobre la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay: “no se trata solamente de una cuestión de soberanía, sino también de seguir pensando a los bienes comunes en función de este modelo extractivista que exprime nuestros territorios y pone en riesgo la vida de quienes lo habitamos”.

Desde la orilla del rio Uruguay, Juan Veronesi de la histórica Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, cuenta que se preparan para poner este 5 de junio un cartel en el puente internacional Libertador General San Martín, que separa la localidad entrerriana de la uruguaya Fray Bentos, en donde se realizaron numerosas movilizaciones en contra las famosas papeleras. “Acá estamos como siempre preocupados por el ambiente. El sábado celebraremos este día y para eso estamos preparando cartelería, para que la gente se entere y participaremos de los medios de prensa locales para refrescar nuestro compromiso con el tema”. Gilda Bilinski, otra pionera de la Asamblea agrega: “en la región litoral estamos luchando permanentemente contra los desmontes, contra la extranjerización de las tierras coloradas de Misiones, los negociados y las represas. En Formosa además están rechazando la construcción de una planta de uranio, que es un Chernobyl en potencia”. Gilda termina su testimonio con una significativa arenga: “No bajamos los brazos, estamos permanentemente conectados con la UAC, aunque no podamos asamblear. No queremos callarnos, hemos levantado la voz hace 20 años y seguiremos diciendo que el pueblo sabe lo que quiere en sus territorios: un ambiente sano, una tierra sana, sin agrotóxicos ni efluentes podridos que tiran a los ríos y arroyos”.

También se suma al impuso por “no aflojar”, Juan Patricio Méndez, joven militante  de la Asociación Ecológica de Lanús: “En estos tiempos de extractivismo y agronegocio, reafirmamos la necesidad de militar por un ambiente sano, saludable, sustentable, igualitario y soberano, en donde las instituciones gubernamentales respeten las políticas sociales, donde las corporaciones no puedan asumir roles del poder ejecutivo, judicial o legislativo, y dónde los CEOS no tengan más injerencia que las iniciativas populares, originarias y sociales”. En ese sentido, Rubén Méndez, de la misma organización, agrega: “aguanten todos los cumpas que hacen algo para que esto todos los días sea un poquito menos malo”.

Educación ambiental: una ley progresista a medida del gobierno

Por último, en este repaso por la situación ambiental del país de cara a la efeméride del 5 de junio, recordamos que el 2021 trajo consigo la aprobación de la Ley 27.621, de Educación Ambiental, que establece como principio de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral el abordaje de las problemáticas ambientales como procesos sociohistóricos que integran factores económicos, políticos, culturales, sociales, ecológicos, tecnológicos y éticos. Se trata de un proyecto que giró durante seis años por distintas instancias legislativas y que, incluso obteniendo media sanción en 2015, perdió estado parlamentario y tuvo que volver a foja cero.

“El proyecto resultante no es malo, en el marco de las circunstancias que estamos atravesando y del tiempo transcurrido desde que se empezó a promover una ley de educación ambiental y el momento actual. Era una deuda que el Estado nacional tenía con la educación, con la educación ambiental y con nuestro marco jurídico que es interesante y progresista, solo que no se cumple. A este marco le faltaba una ley de educación ambiental”, expresa Pablo Sessano, educador ambiental, investigador y Especialista en Gestión y Análisis de Políticas Ambientales y uno de lxs impulsores de esta ley.  “El resultado final cambió mucho y la ley que finalmente se aprobó es muy a medida del gobierno, es una ley desarrollista, que discursiva y políticamente es correcta, dice lo que hay que decir, se compromete con la mejor calidad de vida y con la justicia social, con el compromiso con las políticas de género y el reconocimiento de las culturas indígenas, pero en realidad elude, desde mi punto de vista, una crítica fuerte al modelo de desarrollo”, plantea Sessano. “Si uno lee la ley, no aparece con claridad esa mirada crítica sobre el modelo, al contrario, insiste en la fórmula de buscar el equilibrio entre sociedad, ambiente y economía, que es la fórmula de la educación para el desarrollo sustentable, que en definitiva es un poco más de lo mismo. Se proyecta hacia adelante la solución y se evita una reflexión profunda que ponga en cuestión el modelo capitalista”, expresa.

De todas formas, rescata que las universidades se sumaron a participar de la estrategia nacional, que las provincias tendrán injerencia en la adaptación regional de los contenidos y que la ley contempla un consejo consultivo, que según prevén, será una instancia democrática que constituye “un desafío a la sociedad civil para que se autoorganice y presione a las autoridades de aplicación para que sea participativa y consultada”.

Fuente: Tinta Verde