El financiamiento de REDD+ en la Amazonía: una mirada a la realidad reciente

Últimamente los mercados de carbono relativos a los bosques han provocado una serie de afirmaciones descabelladas de ingresos para Bolivia por parte del gobierno de Luis Arce Catacora y líderes de la oposición. El Senador Rodrigo Paz sostiene que para Bolivia se podrían generar  40.000 millones de dólares con bonos de carbono. ¡Esta cifra es tres veces la deuda externa de Bolivia! De otra parte, durante la firma del acuerdo entre la empresa estadounidense Laconic Infrastructure Partners y el Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el Ministro de Economía y Finanzas públicas, se sostuvo que se podían generar  5.000 millones de dólares para el país a través de los mercados de carbono [1].

¿Cuan realistas o fantasiosas son estas cifras de los bonos de carbono? ¿Cuánto han generado y realmente desembolsado los mercados de carbono por reducción de la deforestación, mas conocidos como REDD+ a nivel mundial y de la Amazonía?

Empecemos por recapitular que es REDD+. En 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) entró en vigor, marcando un punto de inflexión en la relevancia del cambio climático y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en los escenarios multilaterales, bilaterales y nacionales. Aunque al principio los bosques no ocuparon un lugar destacado en las estrategias contra el cambio climático, con el tiempo fueron ganando protagonismo hasta convertirse en uno de los temas centrales de las negociaciones climáticas.

En relación específica a los bosques, la CMNUCC desarrolló el mecanismo conocido como Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD+), como su principal marco para canalizar financiamiento y orientar las actividades del sector forestal para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal. En pocas palabras, REDD+ es un mecanismo basado en el mercado que permite direccionar fondos para fundamentalmente reducir la deforestación y degradación de los bosques y muy secundariamente apoyar la conservación y restauración del bosque, bajo un esquema de pagos basados en resultados ambientales. Al evitar las emisiones relacionadas con la destrucción de los bosques, se generan certificados de reducción de emisiones o bonos de carbono, los cuales pueden ser vendidos en los mercados de carbono y adquiridos por empresas o personas para cumplir con sus propios compromisos de reducción de emisiones.

En esencia, REDD+ es un mecanismo que permite comprar permisos para seguir contaminando, ya que facilita a las empresas «compensar» sus emisiones de GEI comprando bonos de carbono en lugar de reducir sus propias emisiones. Por esta razón, este mecanismo es visto como un instrumento de “flexibilidad” que permite a las empresas hacer trampa y continuar el modelo económico contaminante (Trujillo, 2024). Asimismo, REDD+ parte del principio de compensar económicamente a los actores cuya actividad económica genera deforestación, incentivándolos a abandonar sus prácticas destructivas. Este enfoque termina favoreciendo a quienes deforestan el bosque y que pueden demostrar que han dejado de hacerlo, mientras excluye a aquellos que conservan y cuidan el bosque.

A pesar de esto, REDD+ es promovido por varios sectores como la única fórmula para la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques, excluyendo a otros mecanismos y prácticas ancestrales que ya conservaban el bosque mucho antes que aparezca REDD+. Como vimos, esto se debe en parte a que REDD+ promete movilizar importantes sumas de dinero y generar grandes beneficios económicos para ciertos sectores. Empero, sólo una parte de los fondos comprometidos termina siendo desembolsado para ejecutar los proyectos. Además, el grueso de estos fondos se destina para costear la “asistencia técnica” que demanda este tipo de proyectos y a beneficiar a los actores que pueden fácilmente certificar reducciones de deforestación. Todo esto diluye los recursos destinados a las comunidades y pueblos indígenas, los cuales terminan siendo el sector más marginal dentro del mecanismo REDD+ (Van Dam, 2022).

Esta situación se evidencia en los diversos proyectos de REDD+ a nivel global, y la Amazonía no es una excepción. Pero, ¿qué tan presente está REDD+ en la Amazonía y qué implicaciones tiene para las comunidades y el bosque? Partiendo de esta pregunta, esta publicación busca mapear la situación actual del financiamiento de REDD+ en la región amazónica. Esto nos lleva, por un lado, a identificar los diferentes fondos disponibles para REDD+ y a determinar cuánto de ellos se destina específicamente a la Amazonía, así como visualizar quiénes gestionan estos recursos y a quiénes termina beneficiando. Por otro lado, implica examinar el impacto de los programas REDD+ en las comunidades locales y evaluar su contribución para frenar la deforestación y el cambio climático.

¿Qué tipo de fondos existen para REDD+, quién los financia y cuánto dinero mueven?

Existen varios canales a través de los cuales fluye la financiación para REDD+, siendo los principales: los fondos multilaterales (organizaciones y programas internacionales), los fondos públicos bilaterales (contribuidores nacionales) y los financiadores privados (empresas, Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones privadas) (Tabla 1) (Watson et. al., 2024a; Watson et. al., 2024b).

Fondos multilaterales

Desde que REDD+ entró en escena, se movilizó gran cantidad de fondos para promover y desarrollar este mecanismo en todo el mundo. Entre 2008 y 2023, los fondos climáticos multilaterales comprometieron 6.371 millones de dólares para proyectos REDD+. De este total, se aprobaron alrededor de 3.991 millones de dólares, según datos presentados por  Climate Funds Update (Tabla 2). Esto significa que apenas se aprobó poco más de la mitad de lo comprometido a nivel multilateral.

En promedio, estos 3.991 millones aprobados durante los últimos 15 años equivalen a 230 millones de dólares anuales. Si este monto se distribuyera equitativamente entre los 30 o 40 países que participan en el mecanismo REDD+, cada país recibiría apenas 5 o 6 millones de dólares al año. Esta cifra contrasta drásticamente con los 5.000 millones de dólares que el  Ministerio de Economía y Finanzas y la certificadora  Laconic proyectan generar únicamente para Bolivia.

Además, hay que resaltar que los fondos aprobados no reflejan los desembolsos reales realizados para ejecutar los proyectos (Juelsgaard, 2024). No se ha logrado determinar el monto exacto desembolsado para REDD+ por parte de los fondos multilaterales, bilaterales y privados. Sin embargo, diferentes publicaciones evidencian que gran parte de estos fondos se destinan a actividades de preparación para implementar los proyectos, como ser: el desarrollo de capacidades, la preparación de proyectos demostrativos y reducción de emisiones asociados(Watson et. al., 2024b).

Los países latinoamericanos son uno de los principales receptores de esos fondos. Según  Climate Funds Update, entre 2003 y 2023, se aprobaron 1.661 millones de dólares para proyectos REDD+ en Latinoamérica, equivalente al 29% del total de los fondos climáticos multilaterales destinados para la región (Watson et. al., 2024c). Esto hace de REDD+ la segunda categoría más financiada, solo superada por proyectos de mitigación al cambio climático que concentró 1.985 millones de dólares aprobados (donde a veces también se incluyen algunos proyectos REDD+). De hecho, el financiamiento destinado a REDD+ y a mitigación supera con creces el financiamiento multilateral aprobado para proyectos de adaptación al cambio climático y proyectos multifocales (Tabla 3).

Estos fondos multilaterales provienen de distintas instituciones. Algunas de ellas, como el Fondo Verde del Clima, están enmarcadas dentro de la CMNUCC, mientras que otras están al margen de la CMNUCC y son gestionados y administrados por financieras multinacionales como el Banco Mundial, los Fondos de inversión en el Clima (CIF por sus siglas en inglés) o programas regionales y/o nacionales como el Programa de Pioneros de REDD+ (Tabla 1). Adicionalmente, existen entidades regionales y nacionales acreditadas y ejecutoras de fondos para REDD+, como ser: el Fondo Amazonía, la Iniciativa Forestal para África Central (CAFI por sus siglas en inglés), el Fondo de Inversión en la REDD+ de Guyana, el Fondo para REDD+ en Indonesia, entre otros (Tabla 1 y 2) (Watson et. al., 2024b). 

Fondos bilaterales

La mayoría de estos fondos multilaterales provienen de contribuyentes nacionales, principalmente Noruega, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea, Francia y Japón (Watson et. al., 2024a) [2]. No obstante, estos países también proporcionan fondos para financiar proyectos REDD+ de forma bilateral. Un estudio publicado en 2014 por el  Center for Global Development estimaba que, entre el 2006 y 2014, hasta un 89% de la financiación comprometida para REDD+ provenían del sector público. Siendo que los fondos bilaterales representan el 51% del porcentaje total y el 33% correspondía a compromisos gestionados por fondos multilaterales (Norman y Nakhooda, 2014).

Algunos programas bilaterales que financian específicamente proyectos y programas REDD+ son: La  Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega (NICFI por sus siglas en inglés) o el  Programa de Pioneros de REDD+ (REM por sus siglas en inglés) del gobierno alemán, noruego y británico [3]. Sin embargo, también existen programas bilaterales de financiamiento climático que pueden incluir proyectos REDD+, tales como: la  Iniciativa Global para el Cambio Climático de EE.UU.; la  Financiación Internacional para el Clima del Reino Unido; la  Iniciativa Internacional para el Clima de Alemania o el  Mecanismo de Acreditación Conjunta de Japón (Watson et. al., 2024b; Granziera et. al., 2022).

Financiadores privados

Por otro lado, están los financiadores privados de proyectos REDD+ [4]. Aunque el sector privado desempeña un papel influyente en el financiamiento climático en general, los fondos destinados a proyectos REDD+ provenientes de este sector son hasta el momento relativamente marginales (Global Forest Coalition, 2020). Sin embargo, como veremos más adelante, a nivel de la Amazonía, los financiadores privados juegan un papel relevante a la hora de financiar proyectos de conservación, incluidos REDD+ (Juelsgaard, 2024). Por el momento, la participación del sector privado en REDD+ ha estado limitada en gran medida con los Mercados Voluntarios de Carbono (MVC) (Henderson et. al., 2021) [5].

Los MVC conforman proyectos de diferentes categorías, como ser: Energía renovable, Agricultura, Eficiencia Energética, Cambio de Uso de Combustibles, Transporte, Silvicultura y Uso del Suelo (categoría donde entra REDD+), entre otros [6]. Según el último informe de  Ecosystem Marketplace, la Silvicultura y Usos del Suelo es la categoría más importante, representando más del 50% del volumen total de transacción de los MVC en 2023. Dentro de esta categoría, los proyectos REDD+ son los que generan el mayor flujo monetario, ascendiendo en 2023 a un total de 222 millones de dólares, lo que representa el 78% del valor comercializado en esa categoría (Ecosystem Marketplace, 2024).

Al basarse en un principio de mercado, los flujos financieros por REDD+ varían en función a la demanda que existe en ese momento. Por ejemplo, en 2021, los proyectos REDD+ representaron el 42% del valor total de las transacciones de los MVC, valor que disminuyó al 33% en 2022 y 2023. Reducción atribuida, entre otras cosas, a una serie de investigaciones que revelaron que la mayoría de los bonos vendidos por proyectos REDD+ no representaban disminuciones auténticas de carbono (Ecosystem Marketplace, 2023 y 2024; Greenfield, 2023).

REDD+ en la Amazonía: ¿Cuánto dinero se destina para proyectos y programas
REDD+ en la Amazonía?

La región amazónica es un gran receptor de fondos de toda índole, incluyendo los dirigidos para proyectos y programas REDD+ [7]. Un estudio elaborado por Juelsgaard (2024) y publicado por el  Banco Mundial encontró que entre los años 2013 al 2022 se aprobaron 5.814 millones de dólares de subvenciones no reembolsables provenientes de fondos multilaterales, bilaterales y de financiadores privadas para la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonía  [8], donde solo una parte fue destinada a REDD+. Estos datos, sin embargo, no representan los montos desembolsados anuales, las mismas que pueden variar con respecto a las estimaciones originales de los montos comprometidos y aprobados (Juelsgaard, 2024). 

La mayoría de los fondos aprobados fueron aportes bilaterales (equivalente al 64% del total) donados principalmente por Noruega, Alemania, EE.UU., el Reino Unido y la Unión Europea. Luego se encuentran los aportes de financiadores privados (el 18%) – donde fundaciones privadas, ONGs y sector privado respectivamente son los mayores aportantes – y los multilaterales (el 17%) (Gráfica 1). La financiación privada en la Amazonía se ha incrementado durante el último periodo, sobre todo los provenientes de fundaciones privadas, como la  Fundación Gordon y Betty Moore o más recientemente el  Fondo Bezos para la Tierra que solo durante 2020 a 2022 aportó 150 millones de dólares (el 8% del total de los fondos en ese periodo) (Juelsgaard, 2024) [9].

Según los datos presentados por el  Banco Mundial, Brasil fue el principal receptor de estos fondos, concentrando el 48% del total durante este periodo, seguido luego por Colombia (14%), Perú (16%), Ecuador (7%), Guayana (4%), Bolivia (4%), Surinam (0,8%) y Venezuela (0,1%).

De los 5.814 millones de dólares aprobados para la Amazonía, solo 1.964 millones de dólares (equivalente al 34%) fueron destinados a programas y políticas de REDD+.  Los proyectos enfocados en la creación y manejo de áreas protegidas, en territorios y pueblos indígenas, y en paisajes integrados y gestión territorial recibieron los mayores montos después de REDD+, con 855, 418 y 392 millones de dólares respectivamente (Gráfica 2) [10]. En otras palabras, el 66% de los fondos aprobados para la Amazonía durante este periodo se destinaron a estrategias distintas a las de REDD+.

La mayoría de los fondos para programas y políticas REDD+ en la Amazonía provinieron de financiadores bilaterales, aglutinando el 89% del total de los fondos aprobados. Mientras que, las subvenciones multilaterales representaron el 11% del total y las de financiadores privados apenas el 1% de todos los fondos aprobados para programas y políticas REDD+ en la Amazonía. Dentro de la categoría de financiadores privados, el sector privado fue el que aportó la mayor cantidad de fondos para REDD+ (5.5 millones), seguido luego por las ONGs (5.4 millones) y en menor medida las fundaciones privadas (3.4 millones).

Un negocio para los intermediarios: ¿Cuánto del dinero de REDD+ llega a los
pueblos indígenas y comunidades locales y cuánto se llevan los intermediarios?

Los datos proporcionados por el  Banco Mundial señalan que los gobiernos nacionales canalizaron el 37% de los 5.814 millones de dólares de fondos aprobados para la Amazonía entre 2013 y 2022, seguido luego por el sector privado o empresarial (24%), las grandes ONGs internacionales (17%) y luego las ONGs nacionales y locales (12%). Los gobiernos subnacionales, instituciones académicas y de investigación recibieron todos juntos el 4% de estos fondos; mientras que las organizaciones indígenas recibieron de forma directa apenas el 0,1%(Gráfica 3).

En muchos casos, estos fondos son destinados en primera instancia a organizaciones mayores que cumplen un rol de “concesionarios de fondos” y que los van asignando luego a otras organizaciones menores. Juelsgaard (2024) identifica al  Fondo Amazonía,  Fondo Andino Amazónico,  Conservación Internacional,  Rainforest Trust y  World Wildlife Fund (WWF) como los principales “concesionarios de fondos” de conservación para la Amazonía; los mismos que concentran presupuestos comparables a las asignadas por las principales fuentes de financiación. Esto hace de los “concesionarios de fondos” actores intermediarios muy relevantes, que disponen los fondos para “subdonarlos” posteriormente, así como para cubrir sus gastos operativos. 

Pero el rol de los intermediarios no se limita solo a la concesión de fondos. En el caso específico de REDD+, un porcentaje considerable del dinero se destina al pago de consultores externos encargados de formular, desarrollar, verificar y certificar los proyectos y los bonos que se emiten(Watson et. al., 2024b). Pero los intermediarios son también los principales actores a la hora de conectar los proyectos y/o programas REDD+ con el mercado, así como en la comercialización de los bonos de carbono y la distribuir las ganancias (WRM, 2023) [11].

Muchas veces, estos intermediarios obtienen grandes ganancias mediante la especulación con los precios de los bonos de carbono que compran y revenden. Por ejemplo, una investigación realizada en 2023 por  Follow the Money expuso cómo la certificadora South Pole obtuvo millones de dólares al comprar bonos de un proyecto REDD+ en Zimbabue por 0,45 dólares y revendiendolos por 18 dólares. Como este, existen  varios otros casos que revelan cómo, a costa de la naturaleza y de las comunidades locales, los intermediarios logran grandes beneficios económicos especulando con los precios en los mercados de carbono.

Esto también está relacionado con el hecho de que muchos proyectos o programas REDD+ se desarrollan mediante concesiones a largo plazo. Al firmar contratos de exclusividad de larga duración, los intermediarios logran “comprar barato y vender caro” los bonos de carbono, aprovechándose de la diferencia de precios. Sin embargo, esto excluye a las comunidades locales, que ya han firmado contratos con una distribución establecida, quedando fuera de los beneficios adicionales generados por la reventa (Barratt y Clarke, 2022).

Al respecto, una evaluación reciente sobre contratos de carbono propuestos a distintos pueblos en la Amazonía brasileña encontró que la mayoría eran ofertas de contratos de 30 a 40 años de duración, que se dieron sin la prevención de clausuras de recesión y firmados con unos pocos individuos, sin consulta previa, libre e informada (WRM, 2023b). Asimismo, en la Amazonía oriental colombiana hubo proyectos en que solo uno de los intermediarios recibió hasta el 40% de los ingresos producto de la primera venta de los bonos de carbono (Trujillo, 2024)

Finalmente, un estudio publicado por  Carbon Market Watch, encontró que 9 de cada 10 intermediarios no revelan cuánto son sus honorarios ni los márgenes de beneficios que obtienen. Esta falta de transparencia dificulta dilucidar con precisión cuánto del dinero permanece en manos de los intermediarios, cuánto llega a los propietarios de los proyectos REDD+ y cuánto se invierte efectivamente en acciones de conservación del bosque y desarrollo de las comunidades locales (CMW, 2023a).

¿Cuánto ha contribuido REDD+ a reducir la deforestación y las emisiones de GEI?

REDD+ no solo no beneficia a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, sino que tampoco detiene el avance de la deforestación ni el cambio climático. De acuerdo con  Global Forest Watch, desde 2002 a 2023 se perdieron más de 76 millones de hectáreas de bosques primarios tropicales a nivel mundial, lo que representa una disminución del 7% del área total de estos bosques (Weisse et. al., 2024). Los  datos de la  Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) reportan que entre 2001 y 2020 la Amazonía perdió 54 millones de hectáreas, equivalente al 9% de su cobertura forestal, con una pérdida promedio anual de 2.7 millones de hectáreas (Gráfica 4). La mayor deforestación en este periodo ocurrió en la Amazonía brasileña, seguida por Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.

La mayor deforestación se registró en 2003, con casi 5 millones de hectáreas perdidas, para luego comenzar a descender entre 2004 y 2009. Esto debido a las políticas de fortalecimiento institucional y las acciones de combate a la deforestación implementadas por Brasil, que incidieron en la tasa de deforestación de toda la región (Zanon, 2023). Estas políticas se implementaron antes de la llegada de los proyectos y programas REDD+, que comenzaron a tener mayor presencia regional a partir de 2010 (WRM, 2020). Sin embargo, desde 2014, los niveles de deforestación en la Amazonía nuevamente volvieron a escalar [12].

La Amazonía brasileña ejemplifica cómo, a pesar de los fondos canalizados para programas REDD+, los índices de deforestación continuaron aumentando. Entre 2010 y 2023, el Fondo Amazonía (el principal fondo regional para programas REDD+ y con mayor cantidad de fondos comprometidos), depositó 1.5 mil millones de Reales (equivalente a unos 285 millones de dólares) para proyectos REDD+ en toda la Amazonía legal brasileña [13]. Sin embargo, la deforestación siguió un crecimiento constante, acumulando más de 11 millones de hectáreas deforestadas en ese mismo periodo. Deforestación que fue agravada durante el gobierno de Bolsonaro entre 2019 y 2022, debido al desmantelamiento de las entidades ambientales nacionales (Fondo Amazonía, 2024; WRM, 2020) (Gráfica 5).

Los proyectos y programas REDD+ no sólo han fracasado en reducir la deforestación en la Amazonía, sino que tampoco han logrado reducir las emisiones de GEI ni aumentar las reservas de carbono forestales en el bioma. Por el contrario, un estudio publicado por el  Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) reveló que, debido a la deforestación y a las quemas provocadas,  partes de la Amazonía brasileña dejaron de ser un sumidero de carbono para convertirse en una fuente neta de carbono (MAAP, 2021). En otras palabras, en algunas regiones, la Amazonía emite más GEI de las que puede absorber (Gatti, 2021).

Al respecto de ello, un  informe de evaluación de la Oficina del Auditor General de Noruega sobre la política climática y forestal nacional encontró que los programas REDD+ patrocinados por el gobierno noruego (uno de los principales contribuyentes de programas REDD+ a nivel mundial) tuvieron poca incidencia y resultados inciertos. El informe resaltó que existe “incertidumbre en torno a la viabilidad y el posible impacto de REDD+” y señaló que posiblemente las inversiones hechas “no tengan ningún impacto climático y que REDD+ no esté conduciendo a una reducción temprana de las emisiones como se había previsto” (OAG, 2018).

En esencia, esto se debe a que REDD+ permite la reproducción de las causas subyacentes a la deforestación. En varios casos, los proyectos REDD+ han otorgado fondos a empresas a menudo asociadas a la deforestación, posibilitando que mantengan y expandan sus modelos productivos (WRM, 2022). Además, en muchos casos, los bonos de carbono generados por REDD+ son utilizados por empresas mineras y petroleras para compensar sus emisiones (Amazon Watch, 2022; Lohamnn, 2022). Por ello, al permitir la continuidad del uso de combustibles fósiles y de modelos productivos que destruyen los bosques bajo una etiqueta de “carbono neutro” y «sustentabilidad», REDD+ contribuye a agravar la crisis climática global (Lohmann, 2022; Kill, 2022).

Consideraciones finales: REDD+, un mecanismo desencajado de la realidad de los
pueblos, los bosques y la crisis climática global

A pesar de los anuncios grandilocuentes de gobiernos y empresas certificadoras, los datos oficiales revelan que el financiamiento internacional destinado a la reducción de emisiones por deforestación y conservación de bosques es mucho menor de lo que se intenta proyectar. En el caso de la región amazónica, en la última década, los fondos multilaterales, bilaterales y privados para proyectos y programas REDD+ no superaron los 1.964 millones de dólares. Esta cifra contrasta significativamente con los 5.000 millones de dólares anunciados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la certificadora Laconic como el potencial ingreso de Bolivia por la venta de bonos de carbono bajo REDD+.

Por otra parte, aunque REDD+ se promueve como un mecanismo que supuestamente canaliza recursos hacia pueblos y comunidades locales, en la práctica se ha convertido en un negocio lucrativo para intermediarios, ONG internacionales y actores privados; donde organizaciones indígenas recibieron de forma directa apenas el 0,1% de estos fondos. Además, no solo las cifras económicas son inconsistentes, sino también las relacionadas con la reducción de la deforestación y las emisiones de CO₂. Lejos de cumplir su propósito, REDD+ ha permitido que grandes corporaciones transnacionales eludan sus responsabilidades, perpetuando negocios contaminantes a expensas de los pueblos, los bosques y el clima global.

El último informe anual del  Estado del Clima Mundial elaborado por la  Organización Meteorológica Mundial (OMM) señala el año 2023 como “el más cálido desde que hay registros”, con una temperatura media global cerca de la superficie de 1,45°C por encima de los niveles preindustriales. Es más, los últimos nueve años (de 2015 a 2023) han sido los más calurosos registrados. Asimismo, la concentración de los principales GEI (dióxido de carbono, metano y óxido nitrógeno) alcanzó en 2022 los niveles más altos observados (OMM, 2024).

Con el aumento de temperatura registrado en 2023, hemos alcanzado prácticamente el límite mínimo propuesto por el  Acuerdo de París para contener los efectos del cambio climático. Esto pone en evidencia cómo los acuerdos climáticos negociados en el marco de la CMNUCC, junto con los mecanismos basados en enfoques de mercado como REDD+, no están frenando el cambio climático. Por lo contrario, están empujando al sistema climático mundial a un nuevo “territorio desconocido” [14].

Esta situación nos conmina necesariamente a entablar una nueva discusión sobre los bosques, los combustibles fósiles y el cambio climático que vaya más allá de las negociaciones climáticas multilaterales, la reducción de emisiones y los mecanismos de mercado como REDD+. Es preciso encaminarnos a un proceso de diálogo informado, transparente e inclusivo orientado a la construcción de una política participativa de gestión y protección integral del bosque y de la biodiversidad.

Pero, al mismo tiempo, debemos emprender acciones concretas para detener la deforestación, así como la explotación petrolera, la agroindustria y el consumismo desenfrenado; basándonos fundamentalmente en soluciones desde los territorios (Solón, 2024). Esto requiere la participación activa de los pueblos que viven en los bosques, así como el reconocimiento de sus derechos territoriales ancestrales, su cultura y sus necesidades actuales. También requiere salir del antropocentrismo y reconocer que la naturaleza, al igual que los humanos, tiene derechos que deben ser garantizados y defendidos. En este sentido, es necesario partir de la premisa que las acciones de protección y defensa de los bosques deben surgir desde los propios pueblos y territorios forestales, y no desde las grandes metrópolis del capitalismo global.

Referencias:

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Barratt, L. y Clarke, J. (2 de junio 2022). How middlemen carbon brokers take a cut from money meant to help offset emissions. Unearthed. Disponible en:  https://unearthed.greenpeace.org/2022/05/02/carbon-offsetting-market-climate/

CMW (2023). Secretive Intermediaries. Are carbon markets really financing climate action? Carbon Market Watch. Febrero 2023. Disponible en:  https://carbonmarketwatch.org/wp-content/uploads/2023/02/CMW-briefing-on-intermediaries-1.pdf

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Notas:

[1] Véase también:  https://eju.tv/2024/11/bolivia-buscara-creditos-de-carbono-sin-darle-exclusividad-a-estadounidense-laconic/ ,  https://carbonherald.com/laconic-and-the-plurinational-state-of-bolivia-announce-landmark-5-billion-sovereign-carbon-transaction/ ,   https://eldeber.com.bo/tendencias/anuncian-historica-transaccion-de-carbono-soberano-por-us-5-mil-millones-a-traves-de-firma-estadouni/  ,  https://www.eldiario.net/portal/2024/03/07/ajustes-de-arce-a-su-gabinete-solo-buscan-respaldo-sindical-y-politico/

[2] Noruega es el principal contribuyente para los programas nacionales de REDD+ en Guayana, Indonesia, Tanzania y Perú y, conjuntamente con Alemania, son financiadores del Fondo Amazonía. Asimismo, Alemania conjuntamente con Noruega y el Reino Unido, financia el Programa de Pioneros de REDD+ (REM por sus siglas en inglés).

[3] En inglés: Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICIFI) y REDD Early Movers Programme (REM).

[4] De acuerdo con Henderson et. al. (2021), las Naciones Unidas definen el sector privado como empresas o negocios individuales, comerciales y con ánimo de lucro, asociaciones y coaliciones empresariales, así como fundaciones filantrópicas empresariales. En relación a REDD+, dos grupos principales del sector privado son los más relevantes: los que se centran en la producción de reducciones verificadas de emisiones y los que participan en las cadenas de suministro de materias primas con riesgo forestal.    

[5] Los mercados voluntarios de carbono son uno de los tres mecanismos voluntarios dispuestos en el  Acuerdo de París para facilitar a los países firmantes cumplir con sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas. Estos mercados voluntarios de carbono –conocido también como el “enfoque cooperativo” (Artículo 6.2)-  operan en cualquier jurisdicción bajo un compromiso voluntario de reducir o compensar emisiones y son creados por organizaciones privadas o por gobiernos nacionales con estándares de certificación independientes y descentralizadas de la CMNUCC (Villalobos, 2024b). 

[6] La categoría de Silvicultura y Uso del Suelo incluye a REDD+, Forestación-Reforestación y Revegetación (ARR), Gestión Forestal Mejorada (IFM) y Carbono Azul. Otras categorías importantes de los MVC son: Procesos químicos y fabricación industrial, dispositivos domésticos y eliminación de residuos (Ecosystem Marketplace, 2024).

[7] Desde una división política, la región Amazónica está abarcado por los estados de: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guayan, Perú, Surinam y Venezuela

[8] Este estudio no incluyó la Guayana Francesa por ser un territorio de ultramar francesa.

[9] El Fondo Bezos para la Tierra se creó en 2020 con un compromiso de 10.000 millones de dólares aportado por Jeff Bezos, dueño de la comercializadora en línea Amazon y uno del top 5 de personas más ricas del mundo.

[10] En el estudio de Juelsgaard (2024: 29), se aclara que “Los proyectos vinculados a los Programas y Políticas de REDD+ podrían incluir actividades que se enmarcan en otras estrategias, como la gestión de áreas protegidas, paisajes integrados, etc.”

[11] Según  Carbon Market Watch, estos intermediarios pueden clasificarse en cuatro categorías, aunque muchas veces existen solapamientos entre ellos: los intercambistas, los corredores o brokers, los revendedores en línea y los cripto operadores (que transforman bonos de carbono en unidades criptográficas para que pueden ser compradas con criptomonedas).

[12] A partir de 2014, la deforestación en la Amazonía comenzó nuevamente a aumentar principalmente debido al debilitamiento de las instituciones estatales destinadas a combatir la deforestación, así como nuevas tendencias políticas como el fortalecimiento de bloques agroindustriales, la llegada de Bolsonaro al poder o la firma de paz en Colombia (WRM, 2020).

[13] Amazonia Legal es una subdivisión geopolítica oficial del gobierno brasileño que abarca los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins y una parte de Maranhão. Esta división también incluye parte de la zona de sabana y partes del Pantanal.

[14] El término de “territorio desconocido” fue utilizado por el director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, Gavin Schmidt, para referirse a la excepcionalidad de la anomalía de calor registrada en 2023 (Marques, 2024). 

Fuente: Fundación Solón