El carrusel de las cumbres

La publicación de ese informe sereno y sobriamente razonado fue seguida de un silencio ensordecedor. Fue el tipo de silencio que puede producirse al proferir una palabrota irreverente en la iglesia. Todos la escuchamos, pero los buenos modales nos exigen pretender que no lo hicimos. ¿Podría ser ésta una explicación posible del silencio que sobrevino? ¿O esperábamos acaso que los muchos fantasmas que el artículo revive desapareciesen por sí mismos si manteníamos distancia?

Yo fui una de quienes pecamos de silencio en una situación que reclamaba en cambio un coro de voces y respuestas. Llevé conmigo ese número de Seedling varias veces alrededor del mundo con la intención de responder, pero nunca lo hice. Me pregunto, ¿cuántos más habrán hecho lo mismo?

La historia, sin embargo, no es producto de las buenas intenciones sino de las acciones que resultan del debate. Sin debate no hay acción ni soluciones. Pero no podemos seguir ignorando la multitud de dudas que se han acumulado en torno al tema de los sui generis. Dudas que abarcan desde la (in)eficacia de los sistemas sui generis como contrapeso al control creciente de la diversidad genética en manos de grandes empresas, hasta cuestionamientos más fundamentales sobre la noción misma de derechos de propiedad sobre un recurso común de la sociedad humana. ¿Podrían acaso los sui generis realmente proteger los derechos de los descendientes y herederos de las generaciones anónimas de cuyo trabajo a lo largo de los siglos resultó originalmente la variabilidad genética?

Una historia de apropiación

La urgencia y gravedad del tema de los sui generis está fuera de duda. Hace cinco años ya lo era, y hoy en día lo es más aún. Al igual que cualquier otro asunto vinculado a los recursos comunes de la sociedad humana, el debate sobre los sui generis versa sobre la expropiación y explotación de la que es víctima una mayoría, en gran parte pobres y carentes de poder, a manos de una minoría de ricos y poderosos. Los recursos genéticos no son la excepción a esa regla. La larga batalla por la protección y la conservación de la diversidad genética revela toda la saña de los poderosísimos intereses que están dispuestos a no detenerse ante nada con tal de conseguir y mantener el control total sobre esos recursos -en caso necesario mediante el saqueo, pero cada vez más usando artilugios legales y diplomáticos-.

UPOV protege a la industria, no a la agricultura

La Unión para la Protección de las Nuevas Obtenciones Vegetales (UPOV, por su sigla en francés) es un acuerdo multilateral adoptado por países que brindan normas comunes para la protección de la propiedad intelectual sobre las nuevas obtenciones vegetales de los fitomejoradores en al ámbito nacional. Fundada en 1961, la UPOV creció de seis miembros europeos originales a una veintena de miembros a inicios de los '90. Hoy en día cuenta con 50 países miembros.

Gracias a sucesivas revisiones de la Convención UPOV original (en 1972, 1978 y 1991), la protección que ella le brinda a los fitomejoradores se asemeja cada vez más a la que otorgan las patentes. En realidad, la revisión de 1991 pretendía colocar al sistema UPOV prácticamente en igualdad de condiciones con el sistema de patentes.

Los fitomejoradores obtienen grandes derechos bajo UPOV. La Protección de Variedades Vegetales (PVV) que ofrece UPOV le brinda al fitomejorador el control comercial total sobre los materiales reproductivos de la variedad que el o ella hayan mejorado. Eso significa que a los agricultores que siembren variedades PVV les queda prohibido vender semilla seleccionada de su propia cosecha. Además, cada vez se les imponen mayores trabas a al práctica tradicional de guardar e intercambiar semillas por fuera del circuito comercial. La PVV también implica que los agricultores pagan regalías cada vez que compran semillas. Es más, sólo los productores que obtengan una licencia especial podrán reproducir variedades protegidas con destino a la venta. La legislación UPOV de 1978 contempla dos excepciones al monopolio comercial: se le permite a los agricultores guardar semilla para uso propio, y los fitomejoradores quedan en libertad de utilizar variedades PVV para desarrollar otras más nuevas. Sin embargo, esas excepciones quedan severamente restringidas bajo la convención UPOV de 1991, que hoy en día es la única de las opciones UPOV que acepta nuevos miembros.

La fase actual de maniobras corporativas para hacerse de los recursos genéticos de los cultivos agrícolas se inauguró en 1962, con la legislación sobre Derechos de Obtentor. Esa ley dotó de derechos de comercialización, no a los fitomejoradores --como sugiere erróneamente el título y sus autores-- sino a las empresas que emplean fitomejoradores. Dicha movida marcó el inicio de una ola privatizadora masiva que transformó por completo en el curso de una década el mejoramiento vegetal, de una actividad y un servicio de carácter sobre todo público a una industria fuertemente privatizada y crecientemente atada a gigantescas empresas de agroquímicos.
Esa transformación coincidió con la Revolución Verde y la dependencia que ella creó al uso de variedades de gran respuesta (más comúnmente y erróneamente denominadas de 'alto rendimiento') entre los agricultores. Tales variedades incrementaron exponencialmente el empleo de fertilizantes y otros insumos sintéticos como los plaguicidas en algunos de los cultivos más importantes. Al mismo tiempo, la comercialización creciente de la agricultura y la competencia que ella estimuló, generó un aumento importante de la demanda por nuevas fuentes de diversidad genética que a su vez promovió un interés cada vez mayor en la explotación de los recursos genéticos. Estas tendencias y acontecimientos también ejercieron una influencia sumamente negativa en el propio mejoramiento vegetal y todo el medio ambiente humano.
La transición de los derechos de obtentor de los '60 al patentamiento de seres vivos fue apenas un corto paso, plenamente anticipado. La toma de control corporativo de ese campo de actividad, asociado desde siempre al sector público y empresas locales relativamente pequeñas, viene ocurriendo desde los '70 hasta el presente a un ritmo desenfrenado. A finales de los '70 y en el correr de los '80 empezó a crecer la presión en torno al patentamiento y los derechos de propiedad intelectual (DPI), y la batalla -para entonces de alcance mundial- se tornó intensa. En ese período creció también el involucramiento de ONGs, al que luego se sumó el empuje de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs).
Tanto en el ámbito nacional como internacional, los DPI se transformaron en dogma directriz de un mundo crecientemente privatizado. El nexo monetario empezó a gobernar todas las relaciones y el concepto de "servicio público" se atrofió ostensiblemente. Los 'derechos de obtentor' tienen poco que ver con los fitomejoradores y menos aún con sus derechos; en realidad, lo que hacen es atribuirle privilegios comerciales a los empresarios que emplean a los fitomejoradores. Las patentes formalizan y legalizan la apropiación privada de los resultados de las actividades de innovación genética, muchas de las cuales son de origen social. Las patentes se vienen empleando como una suerte de cobertura legitimante del saqueo intelectual y genético. En sólo una década, los DPI han pasado a tener un peso dominante en las políticas y la estructura de pensamiento en el seno de la Naciones Unidas y sus agencias, y su influjo también es considerable en las tácticas y estrategias de las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil (OSCs).
Los valores sociales de apego a normas de servicio público y bienestar común cedieron paso rápidamente a otros que justifican una concepción de derechos de propiedad privada o individual que fueron absorbidos casi sin dolor tanto por las víctimas como por sus victimarios. La propiedad se transformó en dios y señor. Los dueños de la pelota definieron las reglas y reubicaron los arcos y metas del nuevo juego. Quienes no se contaran entre los dueños de la pelota no tenían chance, o sentían no tener más chance que aceptar las nuevas reglas.

Negociar con corsarios

En esa época, cuando el concepto de "derechos" -aunque no así su práctica- se había ganado un lustre tan bien cultivado que sería del peor gusto cuestionar la noción misma de los DPI, algunos consideraron que la única manera de seguir luchando por los derechos populares consistía en jugar el juego según las nuevas reglas del sistema. Entonces se inventó la idea de "derechos de los agricultores", suponiendo que así se generaría un espacio de reconocimiento y recompensa de la innovación campesina dentro del nuevo sistema de legislación fundado en la propiedad.
Dado que algunas ONGs admitieron el principio de las relaciones fundadas en la propiedad, y que los Derechos de los Agricultores no cuestionaban fundamentalmente el sistema, el debate sobre la diversidad genética se institucionalizó. El frente de batalla se trasladó a los salones de conferencias y comités de los poderosos. Al mismo tiempo, se les hizo creer a los pobres y vulnerables que su causa era objeto de "negociación" y "participación". En realidad, su lucha había ingresado en un terreno minado, plagado de diplomacia tramposa y forcejeos legales interminables.
El concepto de derechos de los agricultores fue un argumento fundamentalmente errado, propuesto por algunos que temían confrontar al corsario que ya había abordado el bote, porque eso quizás podría alentar conflictos y desastres. Una manera de proceder más discreta, pensaban, podría ser "negociar" condiciones que le permitiesen al corsario continuar con su saqueo y, al mismo tiempo, llegar a algún tipo de arreglo "justo" que pudiese apaciguar a sus víctimas. En pocas palabras, aquellos que pretendían defender a las víctimas del saqueo empuñaron las armas del enemigo; es decir, reconocieron los derechos de propiedad, haciendo caso omiso de la legitimidad o ilegitimidad con que se hubiese adquirido esa propiedad.

TRIPS le da nueva vida a UPOV

El acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC, mejor conocido como TRIPS por su sigla en inglés) obliga a todos los países miembros a brindar protección a la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales en el ámbito nacional, bien sea a través de patentes o mediante "un sistema sui generis eficaz", o por una combinación de ambos (artículo 27.3(b)). Pocos países disponen de leyes que cedan explícitamente patentes sobre variedades vegetales, pero otros sí lo permiten en la práctica. Puesto que las patentes prohiben no sólo la producción o venta de las invenciones que ellas protegen a todo aquel que no sea su titular, sino que también impiden su mera utilización, el patentamiento de variedades vegetales afectaría muy seriamente el mejoramiento vegetal y la agricultura en general.

El acuerdo TRIPS no define exactamente que podría ser un "sistema sui generis eficaz" para la protección de la propiedad intelectual de las obtenciones vegetales. Los países industrializados tenían en mente a UPOV cuando se redactó el acuerdo TRIPS, pero el texto en ninguna parte hace mención de esa convención. Eso significa que no hay jurisprudencia que indique como determinar la "eficacia" de cualquier sistema sui generis bajo el TRIPS. La Convención UPOV es un acuerdo internacional que fija normas de propiedad intelectual sobre las obtenciones vegetales que dan derechos monopólicos muy similares a los de las patentes. Esa convención está sesgada fuertemente en favor de los intereses y condiciones de la agricultura industrializada, y el grueso de los miembros de UPOV son países ricos del Norte.

Se supone que los 69 países en vías de desarrollo miembros de la OMC deberían haber aplicado el artículo 27.3(b) del acuerdo TRIPS a partir de enero de 2000, en tanto que los 30 países menos desarrollados tienen plazo hasta enero de 2006 para implementar esa normativa. Por otra parte, la revisión prevista de las cláusulas del artículo 27.3(b) del acuerdo TRIPS, que viene llevándose a cabo desde 1999, todavía no ha provocado acciones concretas que cambien el Acuerdo, no obstante las propuestas muy claras que han presentado los países del Sur para mejorarlo.

A pesar de la aparente flexibilidad que brinda la cláusula sui generis del acuerdo TRIPS, la protección de variedades vegetales (PVV) del tipo que ofrece UPOV es presentada cada vez más como la única opción sui generis válida para el Sur.

Solamente una cuarta parte de los países del Sur miembros de la OMC disponen de leyes de protección de las variedades vegetales. De ellos, hay 26 que ya se unieron a UPOV -en su inmensa mayoría apenas en los últimos años, como respuesta a las exigencias del acuerdo TRIPS-. Otros 25 están en proceso de adhesión, y hay 30 más que supuestamente están solicitando asesoría de UPOV sobre la consonancia de sus propios anteproyectos de legislación para la protección de variedades vegetales con las disposiciones respectivas de la UPOV.

¿Qué significa todo esto? País tras país, la opción sui generis del acuerdo TRIPS se viene reduciendo paulatinamente a normativas tipo UPOV. El motivo principal de que así ocurra es la presión directa de los países industrializados que buscan la uniformización mundial de las leyes de protección de la propiedad intelectual -no sólo a través de convenios globales como los de la OMC, sino también mediante tratados y acuerdos regionales y bilaterales sobre comercio e inversiones-. Eso acarrea serios riesgos para la agricultura sustentable y los derechos de los agricultores, ya que aceptar las normas UPOV es el primer paso hacia la aprobación de las patentes sobre seres vivos en toda su dimensión.

Para un recuento detallado de la ubicación de todos los países del Sur con respecto a UPOV visite: www.grain.org/publications/pvp-south-upov-en.cfm

Sin embargo, el error persistió y se convirtió en el nudo de lo que Camila denominara el "caos conceptual" derivado de los intentos por "formular un equivalente de los conceptos básicos del actual sistema de propiedad industrial y pos-industrial, apto para las comunidades indígenas". Así proliferó una maraña de planteamientos en torno a los conceptos de "propiedad intelectual colectiva" y la "distribución justa y equitativa" de los beneficios derivados de su uso. La confusión y el enredo surgen del hecho que, para la mayoría de aquellos cuyos antepasados criaron la riqueza genética que hoy persiguen con tanto ahínco los ricos y sus poderosas empresas, el concepto mismo de propiedad les resulta bastante extraño y ajeno. En su visión, los seres humanos somos los guardianes de la naturaleza y sus riquezas, mas no sus propietarios.
Esa visión es característica no solamente de los sistemas sociales no occidentales. Los intentos para desmantelarla y sustituirla por una cultura fundada en la propiedad privada datan de siglos atrás. Un ejemplo temprano de privatización con métodos engañosos ocurrió en Irlanda en tiempos de las invasiones de la dinastía Tudor. En ese momento, los ingleses buscaban (y consiguieron) vencer la resistencia irlandesa con tácticas tramposas, aplicando una política de "rendición y recompensa". En su calidad de líderes electos por los clanes y en consonancia con las leyes irlandesas de los Brehon, los jefes irlandeses gobernaban determinados territorios en nombre de ciertos clanes, y algunos de esos jefes fueron persuadidos de ceder sus tierras a la Corona inglesa, que después se las devolvió en calidad de propiedad (privada) bajo la legislación (feudal) inglesa. La trampa es que esos clanes y sus jefes quedaron sometidos al rey inglés cuando aceptaron esa operación tramposa.
Los principios que honran el servicio público y el bien común sobrevivieron hasta hace poco. En su artículo, Camila señalaba que "los cimientos de nuestro desarrollo científico actual fueron erigidos bajo el supuesto explícito del conocimiento como un bien común generado para el bien común". Pero observaba que "el intercambio [de conocimiento] entre los científicos -componente fundamental para acelerar la creación de conocimientos- está siendo desmantelado sistemáticamente", y con él la ciencia pública que "se caracteriza por ser de libre acceso, creación libre y por trabajar en función del bien común".
El paso siguiente de una oposición consecuente a esas tendencias es rechazar la propiedad intelectual en cuanto tal, afirma Camila. ¿Porqué no ha ocurrido así? "¿Porqué ", pregunta ella, "seguimos negociando pretendiendo limitar los daños mediante la acomodación, aceptando ser gobernados por reglas que sabemos sumamente dañinas? ¿Acaso hemos perdido la esperanza? ¿Tenemos miedo? ¿Nos sentimos acorralados?"
Ahí se encuentra el meollo del asunto. Somos testigos del colapso de todo un sistema de valores y su sustitución por otro basado exclusivamente en la relación económica, bajo la presión de un proceso de privatización ahora globalizado. Este nuevo sistema ya está desgarrado por debilidades y contradicciones internas, pero nos hallamos acorralados en su seno.

Los derechos de los agricultores abandonados en el camino

En abril de 2001 fui invitada a participar de una reunión en Spoleto, Italia, que pretendía darle los toques finales al Compromiso Internacional sobre Recursos Fitogenéticos. Terminó siendo una experiencia perturbadora. Siendo ésta la primera reunión intergubernamental en la que participara en no menos de quince años, me resultó un déja vu que me heló la sangre, marcado por los mismos juegos leguleyos de palabras que esconden obstruccionismo empecinado, y la misma decisión arrogante de satisfacer los mismos intereses empresariales que se nos habían colado por las grandes rendijas de nuestra defectuosa defensa del interés público en los '70. La reunión produjo un documento inofensivo, truncado, salpicado de hermosas palabras. Eso fue lo mejor que pudo hacerse en Spoleto.
Más escalofriante aún, sin embargo, fue el convencimiento evidente de algunos participantes de la reunión que creían que al fin nos acercábamos a la victoria en lo que había sido una guerra de ingenio y nervios, difícil y prolongada. Pero ¿y qué del acceso?, ¿qué de los 'derechos de los agricultores' que de todos modos, como observó Camila, "se asemejan cada vez más al concepto de propiedad intelectual, al punto que ahora aparecen siempre aparejados en los documentos oficiales". El acceso sigue sujeto a condiciones que favorecen a los poderosos, excepto en un número limitado de cultivos. Y los 'derechos de los agricultores' quedaron deliberadamente abandonados a la ambigüedad y complejidad de las interpretaciones nacionales.
¿Qué hay de nuevo en todo esto? Nada. El Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, que finalmente fue aprobado meses más tarde, no aporta nada más que algunos pocos fragmentos de texto entre corchetes y algo de "espacio para reabrir la discusión" en torno al "tema clave" de los Derechos de los Agricultores -una decisión que fue aplaudida-. ¿Reabrir la discusión? Los ricos y poderosos conceden la posibilidad de volver a hablar de todos estos problemas otra vez. Pero decenas de años de debate no produjeron nada que no esté sitiado por una maraña infinita de "en caso de", "peros" y "siempre y cuandos" que constituyen una barrera permanente al cambio y proporcionan un reducto de protección para los intereses que se oponen al cambio. Ese es el objetivo de tales juegos infinitos de palabras, que una vez más han logrado su objetivo.
El Tratado fue descrito como "débil", pero la verdad es que está lejos de ser débil. Desde sus inicios, este acuerdo fue concebido para promover los intereses de los poderosos, y eso es lo que ha conseguido. Una vez establecidas las reglas fundamentales, ahora era posible firmar alegremente el Tratado sin mayor riesgo de resistencia hostil desde la base, que de otro modo hubiera quedado vigente en la agenda. Este tratado, fruto de siete años de negociaciones y aclamado calurosamente por los medios de comunicación oficialistas, ha sido catalogado por las organizaciones de la sociedad civil como injusto, inequitativo y limitado. ¿Podríamos acaso haber esperado otra cosa?
Camila sintetiza así la situación. "El balance de cuentas", afirma ella, "indica un incremento de las leyes y normas que administran, facilitan y organizan la expropiación de los recursos, en contraste con aquellas destinadas a protegerlos". Y, enfáticamente, agrega que "lamentablemente, la desviación gradual del debate hacia alternativas o excepciones dentro del sistema actual nos ha robado tiempo precioso". Pero, ¿qué se puede hacer ahora?

Más allá de buenas intenciones

En ese contexto, una tarea importante es definir cuál sistema alternativo puede sustituir al sistema actual. ¿Se trata acaso de un nuevo sistema de control y reglamentación dentro del actual sistema social?, ¿o apuntamos a un nuevo sistema social? ¿Cómo pretendemos definir ese nuevo sistema? ¿Cómo pretendemos alcanzarlo? ¿Utilizando qué criterios? ¿Con qué medios? ¿Cuáles modelos estamos en condiciones de proponer?
En lo que se refiere a recursos genéticos, en las últimas cuatro décadas no han faltado declaraciones de principio y buenas intenciones. No ha habido escasez de palabras floreadas, argumentos persuasivos o preocupaciones declaradas. Sin embargo, existe y siempre ha existido entre quienes toman las decisiones una gran brecha entre las declaraciones y los hechos -y esas son las fuerzas que gobiernan el sistema social vigente-.
Cuando presentaba sus recomendaciones, la Conferencia sobre Recursos Genéticos celebrada en Roma en 1967 declaraba que "se reconoce como obligación nacional e internacional descubrir y conservar los recursos fitogenéticos del mundo, y ponerlos a disposición de quienquiera que accediendo a ellos pueda beneficiar a los seres humanos a nivel local, nacional o internacional". No obstante, cuarenta años después el acceso a los recursos genéticos está más restringido que nunca antes.
¿Porqué? Porque, en palabras de la Declaración de Bogeve de 1987 sobre Biotecnología en Interés de los Pueblos, el uso de dichos recursos "está inevitablemente asociado a la sociedad en la que se generó y se usa [la tecnología], y por tanto ella suele reflejar las características sociales de esa sociedad, ya sean éstas justas o injustas". En otras palabras, no importa cuán iluminada sea la legislación, su eficacia depende del contexto social y de cuántas de sus cláusulas sobrevivan la amputación constante y salvaje de la que son objeto de manos de sus administradores estatales que sirven a los intereses de una minoría poderosa y privilegiada.
Alcanza con una mirada a vuelo de pájaro sobre cualquiera de las Cumbres o reuniones internacionales de las últimas décadas para confirmarlo. Hace cinco años la Cumbre Mundial de la Alimentación reunió 9,800 delegados representando a los gobiernos de 186 países, entre ellos a los presidentes y primeros ministros de 80 países. Al costo presupuestado de 1.2 millones de dólares se le sumaron "contribuciones voluntarias" de patrocinadores en su mayoría privados, que ascendieron a un total de siete millones de dólares. Se reunieron en Roma para "debatir" el problema del hambre en el mundo y la seguridad alimentaria. También "participaron" delegados de 1,500 ONGs. ¿Participaron? A ellos se les proporcionó un espacio de cuatro minutos para presentar una declaración -una séptima parte de segundo para cada una- ante un auditorio prácticamente vacío.
La declaración final de la Cumbre incluía una lista de "Siete Compromisos" -entre los que el derecho a la alimentación brillaba por su ausencia- que constituyó el consenso internacional signado por el "más bajo común denominador". A pesar de los encendidos llamados de las ONGs en apoyo a un "Octavo Compromiso" que estableciese el "Derecho a la Alimentación" universal -propuesta ésta apoyada por el Papa Juan Pablo II y muchos oradores en la Cumbre- lo único que resultó de ese circo fue un llamado no vinculante a reducir el número de hambrientos en el mundo, de 840 millones a 400 millones en el lapso de veinte años. El presidente cubano Fidel Castro describió ese 'logro' como una verdadera "vergüenza". En la reunión de seguimiento cinco años después de la Cumbre, celebrada este año que corre sin la participación de los líderes de la mayoría de los países ricos, los delegados reconocieron que ni siquiera esa meta llegaría a alcanzarse.
La participación de las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil en esos eventos institucionales ha logrado a todas luces muy poco, y sí ha tenido efectos negativos. "Nos hemos embarcado", concluye Camila, "en un carrusel que nos lleva de reunión en reunión, de Cumbre en Cumbre, convencidos de que el próximo encuentro internacional sin duda constituirá una batalla que no podemos perdernos" y hemos "transformado las buenas intenciones en meras ilusiones". Haríamos bien quizás en referirnos más bien a "declaraciones" de buenas intenciones.
El mundo guarda memoria de la Cumbre del G8 en Génova en el 2001 por motivos diversos. Los líderes de algunos de los países más ricos del mundo prometieron una suma de U$S 1,300 millones para una campaña contra la epidemia del SIDA, en la esperanza de ganarse la opinión pública y neutralizar la resistencia popular a sus actividades mediante una demostración de 'generosidad' hipócrita. Al hacer su promesa sabían muy bien que el costo de una campaña de ese tipo asciende a no menos de U$S 10,000 millones, según estimaciones de la ONU. Ya sean nacionales o internacionales, todas las instituciones del sistema actual exudan engaño.

Restablecer nuestros puntos de referencia

Nada de esto significa que no podamos hacer nada, o que no sea más importante que nunca emprender toda iniciativa válida con renovado vigor. De un lado, corremos contra reloj. De otra parte, la protesta pública está adoptando mayoritariamente nuevas formas y está probando nuevos caminos hasta ahora no transitados, que no nos atan a las estructuras institucionales que hasta ahora nos fallaron consistentemente.
Otro mundo está cobrando fuerza sorprendente y reclama nuestra evaluación crítica y participación constructiva. Las derrotas del pasado no deben alimentar el pesimismo, deben más bien reafirmar con mayor decisión el camino a seguir. La sensibilidad creciente que insiste en el cambio "de abajo hacia arriba" marca una nueva etapa en el desarrollo del interés por la suerte de nuestro mundo, sus pueblos y sus recursos. Nos brinda la oportunidad, parafraseando a Camila, de "restablecer nuestros propios puntos de referencia". Ha llegado el momento en que las mayorías sin privilegios definan las reglas del juego.
Pero ¿podrán hacerlo?, y ¿cuáles son esas reglas del juego? ¿Cuáles son nuestros puntos de referencia hacia el futuro? ¿Qué principios exactamente estamos buscando defender, y cómo exactamente habremos de establecerlos y garantizarlos?
Nuestros puntos de referencia principales ya están fijados y ya han sido ampliamente expresados. Muchas organizaciones de la sociedad civil ya incorporaron la defensa de la biodiversidad y la seguridad alimentaria como elementos centrales de sus propias políticas, bajo la influencia del intenso fermento global de los últimos años. La resistencia popular informada en contra del saqueo legitimado de la biodiversidad mediante el patentamiento de seres vivos, es ya parte de una gigantesca ola de oposición pública que está afectando y seguirá afectando de manera creciente a la sociedad civil en su conjunto.

Esa oposición ya no puede ser ignorada como sí lo fue en Spoleto en abril de 2001, cuando Vía Campesina presentó un documento de posición y más de 250 organizaciones de la sociedad civil le remitieron una carta abierta con términos muy fuertes a los delegados oficiales de la reunión. Aun siendo que Vía Campesina representa organizaciones campesinas y grupos de agricultores de todo el mundo, su intervención no fue suficiente para desviar de su objetivo principal a los miembros dominantes en esa reunión, expresado en más de medio siglo de encuentros semejantes: afirmar y consolidar el poder de las grandes empresas y los gobiernos que están a su servicio.
La experiencia de Spoleto y la más reciente del Tratado confirman por enésima vez que jugar el juego siguiendo las reglas del enemigo no ha producido nada positivo, más que mostrarnos cómo llegamos al punto en el que nos encontramos. Pero no nos ha mostrado cómo salir de ahí.
Es necesario un cambio cualitativo en la correlación de fuerzas implicadas en esta lucha. Ese cambio ya se hace evidente en la contienda actual por el desarrollo, que enfrenta a los privilegiados y poderosos del mundo con la inmensa mayoría de desposeídos y sin poder. Entre éstos últimos hay sin embargo una voz que permanece aún sub-representada: la de los científicos, técnicos y genetistas cuyos oficios y habilidades se encuentran directamente al servicio de las grandes empresas. Aún así, entre estos intelectuales hasta ahora considerados como una fuerza social "neutral", también está creciendo gran preocupación por las consecuencias sociales de la aplicación errada y el abuso de sus conocimientos. Esa preocupación se ha tornado en duda, y su duda en ira.
Muchos de ellos creen que los cambios tecnológicos de los que ellos son agentes constituyen una contribución al bien común, o en el peor de los casos, un mal necesario. Estos intelectuales tradicionalmente han optado por mantenerse al margen de cualquier discusión seria sobre las consecuencias sociales de su trabajo. En el fermento creciente de nuestros tiempos, lentamente empiezan a darse cuenta que sus propias vidas están tan afectadas por el control que ejercen las grandes empresas sobre su trabajo, como las vidas de los pueblos más pobres y vulnerables. Hay signos inequívocos de una postura de responsabilidad social crecientemente radical. Muchas asociaciones profesionales y científicas están llamando al restablecimiento y ampliación del viejo Juramento Hipocrático, que fija normas éticas para la práctica médica que aún son en gran medida respetadas. Algunas de esas asociaciones han adoptado posturas comprometidas en torno a temas políticos y sociales, rehusándose a trabajar en favor de intereses ética y moralmente insostenibles.
El año pasado, la British Lancet y la US Annals of Internal Medicine [Anales de Medicina Interna de EE.UU.] publicaron un llamado de varios investigadores médicos "a reconocer la necesidad de reafirmar en el contexto de la sociedad moderna actual algunos de los principios planteados originalmente por Hipócrates". Su llamado viene acompañado de un enérgico ataque a la corrupción que "cunde el en el campo de la medicina y donde los intereses privados son los principales implicados", y establece una lista de principios fundamentales y compromisos que reclaman seria consideración.

¿No habrá llegado el momento, acaso, de que los genetistas y otros que trabajan en las áreas de biodiversidad, biotecnología, mejoramiento vegetal y genética declaren claramente su oposición y resistencia frente al abuso ético y social de sus conocimientos y su trabajo?
Sin duda hay señales de un sentido creciente de responsabilidad social. ¿Acaso responderá al mismo renacimiento que dio origen al movimiento del Foro Social Mundial?, o ¿estaremos presenciando simplemente el efecto diferido de prolongadas campañas de ONGs? Podemos estar tentados de pensar así, pero las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil no pueden ser vistas automáticamente como una suerte de punto de referencia moral y político. Esos grupos no brindan fórmulas mágicas, sencillamente por virtud de su propia condición. Algunos son radicales, otros son conservadores. El espectro de sus enfoques es tan amplio como el del mundo que los circunda: desde aquellos que se han institucionalizado colaborando con el sistema vigente, hasta otros que lo rechazan totalmente. Poco consuelo entonces para quienes esperan respuestas prefabricadas para los problemas que atormentan a nuestra generación. ¿No será más probable que todo este fermento -que el sistema vigente por el momento pretende no ver- sea un signo de una gran oleada de protesta popular contra la arrogancia y el cinismo del poder, donde quiera y como quiera que éste se ejercite?

El Foro Social Mundial

El Foro Social Mundial es un nuevo movimiento internacional para la creación e intercambio de proyectos sociales y económicos que promueven los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo sustentable. Tiene lugar en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, y su fecha de realización coincide con el Foro Económico Mundial financiado por las grandes empresas, que se reúne todos los años en Davos, Suiza, a fin de enero. Desde 1971, el Foro Económico Mundial viene desempeñando un papel clave en la formulación de las políticas económicas de los estados más ricos del mundo y los países que dependen de ellos.

Existe claramente un conflicto de intereses entre el servicio al bien común y la apropiación privada que no puede ser resuelto con debates elitistas y distantes, no importa cuán enconadamente disputados ellos sean. Tampoco puede resolverse a través de los cada vez más populares debates así llamados sin consenso [más conocidos como diálogos multisectoriales o de partes interesadas], en que los participantes acuerdan no estar de acuerdo. Por contraste, ese conflicto sí podrá resolverse en el contexto de la protesta mundial que ahora está adoptando formas y estructuras visibles, reales e inmediatas. Es tan solo un primer paso, pero en la dirección correcta. Denota una revuelta dentro del sistema, y puede nutrirse del movimiento popular que está adquiriendo dimensiones importantes por doquier; esto, a su vez, no puede más que fortalecer nuestra propia batalla en defensa del patrimonio genético común de nuestras sociedades.

Está llegando el día en que los científicos e intelectuales reconocerán la necesidad de emprender la acción social y aceptar la responsabilidad social como parte integral de su responsabilidad científica, en lugar que como complemento, y sumen así su voz y sus acciones a aquellas de millones de otras personas. Ese
será un día muy esperanzador para un mundo fatalmente amenazado.

Erna Bennett

Erna Bennett es una de las pioneras de la conservación genética. Mientras trabajaba en la Estación Escocesa de Mejoramiento Vegetal escribió su informe de 1964 alertando sobre la necesidad de conservar y proteger los recursos genéticos, titulado "Introducción de especies vegetales y conservación genética: aspectos genético-ecológicos de un problema mundial urgente", que fue ampliamente difundido y traducido a varios idiomas.

En 1967 empezó a trabajar en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Fue asimismo el momento en que coeditó y escribió el primer gran clásico sobre recursos genéticos, "Recursos genéticos vegetales" publicado en 1970. Trabajando en la FAO, Erna empezó a percatarse cada vez más del grave peligro que corrían los inmensos esfuerzos de recolección y conservación del insustituible y preciado germoplasma del mundo en los que ella estaba tan comprometida, al caer en manos de poderosos intereses privados. Ella presenció las primeras movidas -primero encubiertas, luego abiertas y masivas- hacia la privatización de los recursos genéticos y el papel cada vez más predominante de las empresas decididas a ganar el control del valiosísimo germoplasma agrícola. Tras muchos años de lucha interna en la FAO para mantener a las empresas fuera del sistema de la ONU, Erna eventualmente se vio forzada a renunciar a la ONU en 1982, cuando la influencia empresarial sobre las políticas de la FAO llegaba a límites intolerables. Desde entonces, ella se mantiene activa en éste y otros temas, dictando conferencias, escribiendo y asesorando --pero fuera de los círculos oficiales.

Erna Bennett no fue la única que luchó por programas referidos a la erosión genética en aquellos primeros años turbulentos. Ella recuerda con gran cariño y afecto a muchos de sus pioneros y compañeros de viaje. Pero "fue esta colorida y desenfadada revolucionaria irlandesa nacida en Ulster, quien primero acuñó el concepto de 'conservación genética' y le dio sustancia y estrategias a ese término de cara a la comunidad mundial", tal y como relatara Pat Mooney en su libro Shattering*.

*Shattering - Food, Politics and the Loss of Genetic Diversity, por Cary Fowler y Pat Mooney, University of Arizona Press, 1990.

Artículo publicado en la Revista Seedling de Grain, en Julio de 2002. traducido del original en inglés por Alberto Villareal. La versión original está disponible en http://www.grain.org