El acuerdo de libre comercio con Europa se convierte en la última amenaza para el campo argentino

El granero del mundo. Así era conocida la Argentina de finales del siglo XIX, cuando se convirtió en una de las principales potencias agroexportadoras del mundo. Un siglo y medio después el mote sigue vigente: la agricultura continúa siendo una de las principales actividades del país y  Argentina aún figura en la lista de los grandes productores. Pero mientras el poderoso sector agroexportador cultiva principalmente el trigo, el maíz y la soja en las extensas planicies pampeanas, los pequeños y medianos agricultores producen cerca del 60% de las frutas y verduras que abastecen las ciudades y alimentan a la población dentro del territorio nacional.

El recién anunciado tratado de libre comercio (TLC) entre la Unión Europea y los países del Mercosur genera muchas incertidumbres y promete cambiar las condiciones de producción y comercialización tanto para las trasnacionales del agronegocio como para las cooperativas y familias campesinas. Las voces críticas son unánimes: lo que puede parecer una oportunidad para los primeros, se ve como una clara amenaza para estas últimas.

El campo fue y sigue siendo un  espacio de disputa por la demarcación de las tierras indígenas y por la defensa de las actividades de los pequeños y medianos productores. Hoy en día la mayor parte de las quintas de producción campesina se extienden en torno a las ciudades, que organizadas por familias y cooperativas sociales producen las frutas y verduras que se consumen en las mesas del pueblo argentino. Los/as agricultores son mayoritariamente migrantes de otras provincias, o de países vecinos, paraguayos y, sobre todo, bolivianos.

Maritsa tiene veinte años y hace diez que emigró de Bolivia. Llegó al país para trabajar en el campo junto a sus padres y cinco hermanos menores de edad. Como ella, muchas familias llegaron al país para cultivar la tierra. Al principio trabajaron para otros patrones, después algunos productores lograron alquilar un pequeño terreno para la producción.

El trabajo en las quintas comienza temprano y dura todo el día. Una vez que despiertan, normalmente la madre lleva al colegio a los niños y después trabaja en la tierra hasta el anochecer. “Los niños al volver de la escuela también trabajan en el campo. Es la forma de que la familia logre sostenerse”, dice Maritsa. La gran mayoría de los niños/as migrantes van al colegio, pero también se dan casos de abandono escolar a causa de la discriminación que sufren. Muchos vuelven a trabajar en el campo.

“Aquí conocí la palabra trabajo infantil, porque en Bolivia siempre ayudé a mi mamá y a mis abuelos. Pero aquí la situación era más difícil. Me di cuenta que el trabajo que hacíamos era explotador tanto para nosotros como para mi mamá”, cuenta Maritsa. Hoy, en Argentina, 763.500 niños y niñas de entre 5 y 15 años realizan actividades productivas, según la encuesta EANNA. La desprotección y las malas condiciones económicas podrían incidir desfavorablemente en este número, por lo que no está claro cómo se paliará esta situación. En 2018 el gobierno actual recortó 25 millones de pesos en gasto público y si el tratado con la UE se ratifica, no beneficiará a los sectores ya vulnerados, según afirman sus detractores.

La mayoría de los productores no son dueños de la tierra, sino que la alquilan. En muchos casos el dueño o la inmobiliaria les impide construir. Esto hace que vivan en lugares improvisados y poco seguros. “La mayoría son casillas de madera recubiertas de nylon, sin baño y con instalaciones eléctricas pésimas, que provocan incendios todas las semanas”, relata. Según Maritsa, la vida en el campo es difícil y precaria, no hay infraestructura, casi no llega la luz eléctrica, los caminos son de tierra, no hay alumbrado público y esto afecta a la seguridad. Ella estudia Astronomía y se integró a la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Ahora investiga y da talleres de agroecología.

En el último tiempo, las dificultades crecieron para este colectivo, según Hipólito Madariaga, migrante boliviano y referente del Frente Agrario Evita. A la agricultura familiar, campesina e indígena le afectó la política del gobierno de Cambiemos. “Cuando asumió  Macri hubo una gran inflación, el dólar subió mucho. Las semillas y todos los insumos para la producción están a precio dólar, pero nosotros lo tenemos que vender en pesos. Además de eso, los distribuidores fijan un precio de compra muy bajo para los productores y después lo venden mucho más caro. Además el agua, la luz y el gas subieron mucho, empeorando la situación". Después Hipólito continúa su relato. "Nosotros utilizamos bombas de riego y maquinaria a gas que consumen mucha energía. En el último tiempo la luz aumentó más de un 1000%”.

Ante esto, el campesinado organiza los llamados verdurazos, que como protesta llenan las ciudades de lechugas, peras y tomates. “Además de la protesta, se vende verdura a toneladas, pero con un precio justo tanto para el productor como para la población en general”. Hace unos meses el gobierno de la ciudad de Buenos Aires prohibió estas actividades y dejó a cambio una postal que dio la vuelta al mundo: una señora mayor recoge un par de berenjenas del suelo. Al fondo, una veintena de antidisturbios.

Sumado a esta situación, llega el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, que según Lucas Tedesco, de la UTT, "abre el mercado a productos que están subvencionados en Europa como carne, olivas, vinos, quesos y derivados, cosa que no se da en  Argentina, por lo que la capacidad competitiva del sector agropecuario podría verse restringida. Además, se perdería el acceso preferencial al mercado de Brasil, principal destino de las exportaciones del país".

En esta línea, la organización califica al acuerdo como “una condena para reprimarizar Argentina” y como "la intención de liberar aún más la economía, intensificándose la dependencia con la exportación de grano, que beneficiaría a las grandes corporaciones agroexportadoras". Diversos agentes sociales y parte de la comunidad internacional llevan denunciando el peligro del negocio agroindustrial por aplicar semillas modificadas y herbicidas (glifosato), que ponen en peligro la salud de la población y la soberanía alimentaria. Según Lucas, si el acuerdo se concreta "este tipo de herbicidas se aplicarán cada vez más para cumplir con los paquetes tecnológicos que se presentan en el mercado como agentes fitosanitarios para la producción".

Frente a esta lógica, algunas organizaciones de campesinos/as están indagando formas novedosas para avanzar hacia un modelo agroecológico. Uno de los organismos es la COTEPO (Consultorio técnico popular). Este consultorio popular arma talleres en los que los mismos productores se van enseñando unos a otros prácticas limpias para combatir las plagas o abonar el campo. También tratan de recuperar saberes que venían utilizando sus ancestros, mucho antes de la llegada de los agroquímicos.

A tenor de este modelo, la agroecología discute también la forma en que se produce, las condiciones de los trabajadores/as y la propia relación con la tierra. “Cuando llegamos al país, mi madre trabajaba como medianera en una quinta orgánica, pero seguía teniendo condiciones muy malas, la agroecología es más digna, es un cambio social”, recuerda Maritsa. Según ella, muchos se están pasando a otras formas más naturales de producción porque "además de cultivar sin perjuicios para la salud y la tierra, la agroecología tiene que ver con una transformación social más profunda".

En octubre el pueblo argentino irá a las urnas, el pago de la deuda empezará el año que viene y el acuerdo de libre comercio tendrá que pasar por el Congreso. La situación no pinta demasiado prometedora para los sectores populares. Mientras, desde las quintas se hacen purines y caldos minerales. Y así, organizándose desde el campo, muestran otra forma de vivir.

Fuente: El Salto