El Estado de Chile contra la Nación Mapuche: una historia de opresión y usurpación

La violencia política: 1859-1883 

El pacto colonial suscrito entre los mapuches de La Araucanía y el imperio español estableció como límite entre ambas naciones el río Biobío, reconociéndose un territorio independiente políticamente hasta el Toltén. El Parlamento de Tapihue (1825), ya durante la República, ratificó la autonomía mapuche. Sin embargo, a partir de la década de 1840 el Estado chileno comenzó a cuestionar progresivamente dicho pacto, asumiendo la necesidad de consolidar su presencia en todo el país, frente a otras naciones latinoamericanas y ante potencias europeas. 

Los sucesivos gobiernos comenzaron a idear los medios para ocupar La Araucanía, lo que fructificó en diversos proyectos y planes, decidiéndose finalmente por la estrategia elaborada por el coronel Cornelio Saavedra, en 1861; que contemplaba el avance de la línea de frontera hasta el río Malleco, por vía de la construcción de fuertes con el previo pago por el terreno y el emplazamiento de población chilena entre el Biobío y el Malleco hasta controlar todo el territorio. 

Desde los inicios de la ocupación continuó la práctica de parlamentar -con el apoyo de los padres franciscanos establecidos en la región- para acordar la protección del ejército chileno contra enemigos extranjeros, la fundación de fuertes y el asentamiento de no mapuches dentro de territorios ancestrales, invocando el respeto a la autonomía indígena. El proceso experimentó quiebres de importancia cuando, tanto los sectores mapuches aliados del gobierno -principalmente, nagche y algunos rewe lafkenche- como los opuestos a la ocupación de La Araucanía -wenteche, pewenchey lafkenche- pudieron constatar que las verdaderas intenciones del Estado eran muy diferentes a las declaradas. Pues se buscaba la invasión de la mayor parte del territorio, poniéndolo a disposición de colonos extranjeros y nacionales. 

Un aspecto importante dentro del proceso de resistencia mapuche fue el pensamiento y acción de uno de los líderes wenteche de la época, Magiñ Wenu. El gran lonko buscó reaccionar frente al inminente avance de la frontera y la fragmentación del territorio a partir de la compra para la creación de fuertes y población chilena en el Wallmapu -justificada por la protección de los especuladores y usurpadores de sus tierras que se venían estableciendo desde hace décadas en La Araucanía-. Por medio de misioneros como Palavecino intentó que el Estado dejara la idea de ocupar el territorio a partir de los tratados anteriormente celebrados. 

Desde el punto de vista del ejercicio de la violencia estatal como método de sometimiento, podemos identificar dos momentos claramente diferenciados: el primer período va desde 1861 a 1869, bajo la dirección de Cornelio Saavedra, y el segundo desde 1869 a 1883, bajo el mando de José Manuel Pinto, Basilio Urrutia y Gregorio Urrutia, respectivamente. En el primero, la violencia estuvo más bien localizada y tuvo su origen en problemas relativos a la propiedad de la tierra y a la usura por chilenos y agentes del Estado. En el segundo, se intensificó el uso de la fuerza por parte de las tropas chilenas, afectando sembradíos, viviendas, animales y personas no combatientes. 

Si bien las leyes establecieron cierta protección para los mapuches, estas tuvieron en la práctica menos impacto de lo esperado, porque no frenaron el avance de las usurpaciones, algunas de ellas realizadas por métodos violentos. Podemos reconocer la incipiente presencia de la fuerza, principalmente en manos de los colonos espontáneos, cuya penetración en La Araucanía no era nueva, pero que se fue acrecentado con el avance de la ocupación chilena. Dicha infiltración había sido el principal motivo del levantamiento de 1859, sirviendo como el pretexto inmediato para iniciar la conquista del territorio. 

Cornelio Saavedra, que conocía claramente las enemistades entre las espacialidades territoriales de Arauco y Malleco, dispuso emisarios con el objetivo de presentar su plan de ocupación a los mapuches, expresando la necesidad de establecer plazas militares para la defensa de chilenos y mapuches frente a los criminales de la frontera que se amparaban entre ellos y les causaban muchos perjuicios. Esta propuesta fue bien acogida por la mayor parte de los grupos lafkenche y nagche. 

En nombre del Estado, y conforme se iba produciendo el avance hacia el sur, Saavedra fue comprando tierras a los mapuches y abriendo espacios para fuertes, asentamientos y futuras colonias extranjeras, buscando a la vez terminar con la violencia ejercida por especuladores y estafadores en la compra-venta de terrenos a mapuches. Era la lucha del Estado contra la violencia de los particulares hacia los mapuches. Dichos terrenos fueron siendo medidos y vendidos hasta el fin de la ocupación. De acuerdo con las cifras entregadas por Teodoro Schmidt, presidente de la Comisión de Ingenieros -encargada de hacer las mensuras de los terrenos de La Araucanía-, en 1873, ya se habían medido 123.700 ha, de estas solo 13.073 ha, 10,56%, fueron reconocidas (“entregadas”, según Schmidt) como propiedad mapuche. El resto había sido rematado (37,28%) o estaba en poder de particulares (45,66%) y de colonos nacionales (6,46%), una distribución claramente perjudicial para los mapuches. 

Los episodios de violencia ocurridos en esta primera fase de la invasión son consecuencia de la usura indiscriminada a fines de la década de 1850 y comienzos de la siguiente; momento en que la legislación chilena recién comenzó a plantear la necesidad de ocupar el Wallmapu. Un importante testimonio al respecto es la carta de Mangil Wenu al presidente del país, Manuel Montt, de septiembre de 1860, donde señala: 

 Al leer este texto se constata que en las usurpaciones, robos y asesinatos existía participación de autoridades provinciales -incluido el propio intendente de la provincia de Arauco- y locales como el capitán de infantería y comandante de armas de Santa Bárbara, Domingo Salvo. 

No se trataba solo de disputas en juicios por tierras, el desplazamiento de la frontera profundizaba la lucha y la acción directa contra la sociedad mapuche. Las tropas chilenas comenzaron a atacar rewe aledaños a las fortificaciones, lo que causó un cambio en el ejercicio de la guerra. Los mapuches optaron por no enfrentar directamente al ejército, por ello a fines del mandato de Saavedra, en 1869, se realizó un parlamento para llevar a la paz el territorio. 

Al dejar Saavedra el puesto de jefe militar ese mismo año, se dio inicio a la fase más violenta de toda la ocupación. Nos referimos a la resistencia a partir de la rebelión encabezada por el Lonko Kilapán, Ñidol Toki del Weichanmapu, el que enfrentó al ejército de ocupación comandado por los generales Pinto y Urrutia. Entre 1869 y 1881 se produjeron los hechos más significativos de violencia estatal contra mapuches durante el conflicto, con el nuevo avance de la frontera hacia los ríos Traiguén y Cautín, respectivamente. Un testimonio temprano lo constituye la comunicación del intendente de Valdivia, Epifanio del Canto, al ministro de Guerra, en mayo de 1871, donde subraya los peligros que suponían para la provincia: 

Tal proceso se agudizó en los años siguientes. Como señala el general Bailio Urrutia en 1876: 

Uno de los primeros hechos del que podemos dar constancia ocurrió el 12 de enero de 1869, cuando una persona de nombre Enrique Greene pidió permiso al general José Manuel Pinto para reunir un grupo con el fin de robarle animales a los pewenche de la cordillera. La expedición, consistente en 52 hombres, a cargo de un tal Saldías, tenía la orden de “robar cuanto pudieren, y matar a chico y grande, fuesen hombres o mujeres”. Es así como atacó un pequeño rewe en Lolco, un territorio pacífico. Saldías volvió con una gran cantidad de animales y después de haber asesinado a 20 pewenches, entre hombres, mujeres y niños, y hacer cautivos a 3 niños. Este episodio es relevante puesto que es el único donde vemos que fuerzas no militares realizan una masacre de tal magnitud. 

A inicios de la década siguiente los hechos de violencia estatal contra los mapuches se multiplicaron, produciéndose graves y reiterados incidentes. Veamos algunos de los más importantes. De acuerdo con Tomás Guevara, el 7 de mayo de 1880 en las cercanías de Chanco una división de 440 hombres se dirigió hacia los asentamientos mapuches. Al llegar a la ribera del río Dumo se adelantaron 240 hombres al mando de Bonifacio Burgos, asaltando a los rewe de Pailahueque, Ñanqucheo y Pancho, donde asesinaron a 13 personas y tomaron 15 prisioneros y gran cantidad de animales. 

El 10 de noviembre de 1881 tuvo lugar lo que Gavilán denomina “la masacre de Temuco”, donde 3.500 mapuches asentados en la futura ciudad y sus alrededores fueron sorprendidos por fuerzas del Ejército, quienes los asesinaron, causando un impacto profundo en la sociedad mapuche por la crueldad del acto, en lo que hasta hoy se conoce como el sector de Matanza (Gavilán, 2007: 114-115). 

Otro suceso importante ocurrió el 13 de diciembre de 1882 en Alto Biobío. Por orden de los mayordomos de la Hacienda San Ignacio, un grupo de militares mató a diecinueve personas -entre mujeres y niños- y quemaron sus cuerpos. Posteriormente asesinaron a diez hombres que estaban bajo el mando del cacique de Lonquimay. El sumario realizado para esclarecer los hechos reveló que habían dado muerte a otros siete mapuches antes, lanzándolos al río para esconder el crimen, contabilizando treinta y seis muertos. 

Según lo visto, la segunda parte del proceso de ocupación de La Araucanía se caracterizó por la presencia de formas de violencia propias de una guerra sucia, en la que el asesinato de personas inocentes o apresadas sin resistencia se volvió un hecho común. Un punto de relevancia es la falta de enjuiciamiento a los responsables en todos los casos relatados. Al comparar ambas fases se puede concluir que, bajo la comandancia de Saavedra, no se registró ningún hecho de violencia de la magnitud o similar a los realizados durante las comandancias de Pinto y de los Urrutia. Los hechos ocurridos durante su comandancia estuvieron relacionados con problemas de propiedad de la tierra, dados entre mapuches y colonos por los límites que involucraban usura o estafa, pero siempre en el plano local. En cambio, en la segunda fase encontramos una violencia más generalizada por parte de los militares: la matanza de prisioneros, de rewe y de grupos de mapuches sin mediar enfrentamiento previo, además de la práctica sistemática de destrucción de casas y cultivos, de robo de animales y aun de asesinatos de niños. 

La radicación: 1884-1929 

El proceso de radicación no significó el fin de la violencia política estatal contra los mapuches. Más aún, adquirió nuevos contornos con la entrada de colonos chilenos y extranjeros, muchas veces apoyados por la policía (Carabineros o Gendarmes de la Colonia). Principalmente se acrecentaron las acciones de fuerza destinadas a apropiarse de terrenos mapuches. El presidente de la Sociedad Caupolicán Defensora de La Araucanía, Manuel Antonio Neculmán, señaló al respecto: 

Neculmán denuncia al intendente de Cautín lo ocurrido con dos mapuches del sector de Quepe, Yane Filuche y su sobrino Curiqueo, a cuya vivienda había llegado un grupo encabezado por un agricultor, José del Carmen Sepúlveda, más otra persona y tres carabineros. Estos últimos habían procedido a amarrarlos y azotarlos, para después llevarse a Curiqueo al domicilio de Sepúlveda. Allí lo mantuvieron “colgado en un roble, atormentándosele a golpes y que declarase quién era el autor del robo de un animal que decía Sepúlveda le había sido hurtado y como dijera que nada sabía fue sumergido en el estero donde se le sacó sin sentido”. Mientras Filuche fue dejado libre al día siguiente por intermediación de un tercer mapuche, Curiqueo fue llevado al fundo de Nicanor Hidalgo, “donde permaneció detenido por cuatro días, haciéndosele alojar en un cepo sin tener con qué cubrirse, sin atender la inclemencia del tiempo, ni su ancianidad, (setenta años), y que por fin se le dejó en libertad el domingo del presente”. Neculmán agrega que: 

Como queda en evidencia, existía una complicidad abierta entre la policía, los colonos y la justicia, que impedía poner fin a los múltiples y reiterados actos de violencia contra los mapuches, generalmente para despojarlos de sus bienes y tierras. 

También se pone de manifiesto que, consumada la derrota militar y política mapuche, la disputa por tierras había adquirido una nueva dimensión. En efecto, las dos principales formas de violencia relacionadas con ellas en el período de la radicación fueron: 1) el despojo legal -realizado por el Estado por medio de sus agentes civiles y militares- y 2) el despojo ilegal, llevado a cabo principalmente por colonos chilenos y extranjeros recién establecidos en los lindes de los nuevos terrenos mapuches formados por los Títulos de Merced y que abarcaban una muy pequeña extensión de su antiguo territorio (6% aprox.). 

La radicación no podía tener efecto si los mapuches no se encontraban en posesión de los terrenos, por lo que las tierras que fueron adquiridas o expoliadas a ellos con anterioridad no podían ser objeto de la acción de la Comisión Radicadora. El presidente de la Comisión Radicadora, Leoncio Rivera, en su Informe Anual correspondiente al año 1911-1912, explicaba que: 

En efecto, los principales problemas de la nueva configuración de La Araucanía guardaban relación con demandas por parte de gente mapuche al Estado o personas de relevancia político-nacional respecto de despojos de tierras y violencia, muy vinculadas entre sí. 

Al despojo de tierras de parte del Estado y de los colonos se añadió luego un nuevo elemento: el uso de la fuerza pública para defender las tierras ya usurpadas y de esa manera controlar todo el territorio ocupado. En noviembre de 1896, a nombre de su familia y de “muchos y prestigiosos caciques de La Araucanía”, Esteban Romero escribió una carta al Presidente de la época, Federico Errázuriz, donde relata el despojo sufrido por él y numerosas familias que pertenecieron a su reducción. En un pasaje significativo señala que: 

Por otro lado, desde inicios del siglo XX los mapuches comenzaron a reorganizarse para idear nuevos mecanismos de lucha y revitalizar los antiguos, visibilizando y enfrentando la violencia ejercida en su contra. El hito más significativo y presente en la memoria mapuche del presente ha sido el parlamento de Coz-Coz, Panguipulli, en 1907, que tuvo dos peculiaridades. La primera es que se recurrió a una institución propia del pueblo mapuche para unirse y reflexionar frente a la violencia y el despojo que los afectaban y la segunda es que a dicho mecanismo ancestral se sumaron nuevos elementos como fue la presencia de un periodista que plasmó en El Diario Ilustrado todo lo que pudo anotar y recordar. 

De acuerdo con los testimonios mapuches, la costumbre de utilizar un notario para manipular contratos siguió durante el proceso de radicación, pues así se les engañaba para apropiarse de una parte importante o de la totalidad de la reducción. El robo de animales fue también frecuente durante la ocupación y en el período de radicación se profundizó aún más. Las compañías ganaderas y los nuevos dueños del territorio crearon cuadrillas especializadas para el robo de animales. El mecanismo era simple: llegar a un territorio mapuche y robar durante la noche o esperando que nadie se encontrase, de no ser así se intimidaba y violentaba a los moradores. Otro modo usual era emborracharlos y entregarles migajas por sus animales y terrenos, dejándolos en la indefensión. Asimismo, era muy común incriminarlos falsamente de acciones de robo, para luego tomar acciones en su contra: azotes, detenciones, rapto con violencia y tortura para lograr la venta o la huida a los territorios colindantes. 

Otro mecanismo aún más violento fueron los asesinatos. En el Parlamento se refirieron los casos de Nieves Ayñamco, mandada a asesinar por Joaquín Mera y de la Compañía San Martín, empresa de colonización que se adueñó del lago Panguipulli, destruyendo toda embarcación mapuche que circulara por él y responsable también de los asesinatos de Mariano Millanguir y de su hijo Manuel, por los que no respondieron ante la justicia (Díaz Mesa, 1907: 246-252; Fraunhausl, 1904-1924: 326-327). Solo unos meses después de realizada la junta en Coz-Coz, tuvo lugar en Panguipulli otro nuevo asesinato contra un mapuche. Así es como el padre Sigisfredo estampó en su diario el acontecimiento: 

Además de la impunidad en que quedó el crimen, llama la atención que uno de sus instigadores o, al menos, cómplice, se apoderase de las tierras del asesinado. 

Además de los señalados, existieron también otros tipos de violencia que no tenían necesariamente que ver con la disputa de tierras o el despojo y que dan cuenta de que la violencia comprendió todos los ámbitos de la vida. En efecto, el establecimiento de las nuevas urbes en la frontera dio lugar a numerosos abusos. José Miguel Varela, relata en su autobiografía lo insegura que era la ciudad de Temuco debido a los bandidos que asechaban constantemente a chilenos y mapuches:

Otro hecho muy emblemático ocurrió en 1913, la denominada marcación Painemal, un evento repudiado masivamente por la comunidad mapuche por el grado de violencia que revistió. El acto de marcar a un mapuche por parte de un colono que lo acusaba sin evidencia de un robo, reveló la profunda desigualdad e injusticia presente entre colonos europeos y mapuches. La repercusión fue tal que la Sociedad Caupolicán convocó a una manifestación en Nueva Imperial, a la que asistieron más de tres mil mapuches para repudiar el hecho y dejar en claro que no se podía dejar en la impunidad ningún otro acto de violencia contra su pueblo. 

1930-1960 

Desde 1930 en adelante el conflicto étnico se centró en la cuestión de la tierra. Se trataba de una situación extremadamente grave por la cantidad de hectáreas perdidas por las comunidades. De acuerdo a un estudio reciente, tanto en Malleco como en Cautín, la cantidad de hectáreas reservadas para los mapuches no superaba las 8,56 ha. por persona. 

Las cosas se complicaron a partir de 1927 al aprobarse la ley de división de las tierras comunales, hecho que provocó dos situaciones complejas que marcaron la agenda del conflicto mapuche: por una parte, agravó el problema de pérdidas de tierras y, por otra, generó una serie de conflictos al interior de la sociedad mapuche, particularmente entre sus dirigentes, por los desacuerdos que existieron en torno a esta ley. El tema se planteó tempranamente, cuando Manuel Manquilef junto a otros dirigentes empezó a abogar por la subdivisión de las tierras mapuches. Fuertemente influenciado por las ideas del Partido Liberal, en el cual militó, Manquilef consideró que la división de la tierra era uno de los caminos para superar la pobreza entre los mapuches. Elegido diputado en 1926, logró al fin que se aprobara la ley 4.169 del 29 de agosto de 1927, que creó un Tribunal especial para proceder a la división de las comunidades indígenas. Eran los tiempos de la dictadura de Ibáñez, quien desde un comienzo ejerció "acciones fuertemente represivas contra el movimiento obrero, incluidas las organizaciones mapuches". La ley establecía que para proceder a la división bastaba que un solo comunero lo pidiera. 

En 1930, Ibáñez anuló la ley anterior, reemplazándola por la ley 4.802, que creó los Juzgados de Indios, cuya misión era estudiar todo lo relacionado con la división de las comunidades. En 1931, un Decreto con fuerza de ley introdujo modificaciones a esta ley, estableciendo como requisito la petición de un tercio de los comuneros para proceder a la división. Ese mismo año se dictó el Decreto supremo 411 que fijó el texto definitivo sobre la división de las tierras comunales y radicación de los indígenas. El gobierno y la amplia mayoría parlamentaria que la apoyó, creía que la venta libre de tierras, que pasarían a ser propiedad individual sometida a la mano invisible del mercado, resolvería “la tenaz resistencia del mapuche al progreso”. Aunque este proyecto fue resistido por algunos parlamentarios, principalmente los del Partido Comunista, contaba con el apoyo del diputado Manuel Manquilef, ferviente anticomunista. Manquilef creía que la división de la tierra no sólo permitiría a los mapuches superar la pobreza, sino sería un antídoto a la revolución, pues se tendría unos 50 o 60 mil propietarios, "que serán… elementos de orden, porque los que algo tienen, aunque sea poco no son revolucionarios". 

La idea de dividir las tierras comunales era resistida al interior de las propias organizaciones mapuche. En 1926 la Sociedad Caupolicán encabezada por Arturo Huenchullán, se había opuesto tenazmente al proyecto que empezaba a difundir Manquilef. En el Congreso Araucano celebrado en diciembre de ese año en Ercilla, también se discutió el proyecto, encabezando su rechazo Manuel Aburto Panguilef, muy cercano en ese momento al Partido Comunista y a la Federación Obrera de Chile. 

No era un misterio que la Araucanía no había logrado despegar económicamente y que en la región subsistían una serie de problemas que habían impedido que se acoplara al proceso de cambio que vivía el país. Uno de esos problemas estaba relacionado con las dificultades para modernizar ciertas unidades productivas, entre las cuales se encontraban las comunidades mapuches. Desde comienzos de siglo, estas, junto a pequeños y medianos propietarios habían sostenido la producción regional, movida por intermediarios que extraían de las comunidades los excedentes y los colocaban en el mercado a disposición de los grandes empresarios. Así operaron las grandes y medianas empresas vinculadas a la agricultura, los molinos, la ganadería y la actividad forestal. Por lo tanto, si estas unidades productivas no mejoraban sus índices de producción, se debilitaba toda la economía regional. Las cosas se pusieron más difíciles a partir de la década de 1930 y 1940, cuando una serie de factores como la crisis del ‘29, el agotamiento de las tierras, la erosión, la caída de los rendimientos, problemas del transporte y la política de precios impuesta por el Estado, paralizaron del crecimiento económico. La propia población empieza a emigrar y entre ellos numerosos mapuches que se trasladan a Santiago, Concepción o Valparaíso. 

La polémica sobre las tierras comunales y la nueva política del Estado no frenaron los abusos y usurpaciones de tierras. De acuerdo a un estudio presentado en 1956, a comienzos de los años 50, más del 25% de las tierras comunales (126.748,99 hectáreas) habían sido divididas. En ese momento el proceso se detuvo por iniciativa del Ministro de Tierras y Colonización, Ignacio Palma, y por la oposición de un grupo organizado de indígenas. Palma, junto con detener el proceso, convocó a una especie de Congreso los días 18 y 19 de agosto de 1950, que se realizó en Temuco, para discutir esta materia. Poco después Palma renunció al Ministerio, abortando esa iniciativa; sin embargo, se logró detener la división de las tierras. Entre 1930 y 1972 los Juzgados de Indios autorizaron la división de 832 comunidades mapuches con Títulos de Merced, provocando una segunda merma de las tierras en posesión de las comunidades. Con la división de los Títulos de Merced, se asiste -a partir de la década de 1930- a otra etapa en el proceso de pérdidas de tierras mapuches, ya sea porque -producto de la división- numerosas hijuelas mapuches pasaron a manos particulares por la vía de la compra fraudulenta o simplemente por préstamos de tierras que nunca se devolvieron. 

1960 en adelante 

La cuestión mapuche cambió en los años sesenta con la Reforma Agraria. El indigenismo surgido a principios de siglo permitió la creación de decenas de organizaciones mapuches que convergieron en 1968 en el Congreso de Ercilla, donde se estimó que no había un marco jurídico adecuado para encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales. En este contexto, comenzaron las tomas de terrenos como un modo de encontrar una estrategia de recuperación de tierras y resolver sus pleitos históricos. 

La política indígena implementada por la Unidad Popular se diferenció por lo menos en cuatro aspectos de la perspectiva asimilacionista adoptada desde que fuera dictada la primera ley de división de 1927: reconocer la existencia en el territorio nacional de grupos culturalmente diferenciados, hacer del asunto indígena un problema nacional, reconocer la deuda histórica que tenía el Estado para con los indígenas y sacar a la luz el tema de la participación autóctona. 

La dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, con criterios geopolíticos y neoliberales, dictó en 1978 una ley que aprobó como una única política hacia las tierras indígenas, la división de las propiedades comunitarias con el objetivo de generar un mercado de tierras y resolver el conflicto indígena. 

La Concertación de Partidos por la Democracia, liderada por el entonces candidato presidencial, Patricio Aylwin, promovió la suscripción de un acuerdo con los representantes de las diversas organizaciones indígenas, que es conocido como el Acuerdo de Nueva Imperial. En él, Aylwin prometió hacer efectivo durante su gobierno el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y a propender a su desarrollo e integración pero respetando su cultura. Las organizaciones indígenas, por su parte, se comprometieron a apoyar el futuro gobierno de la Concertación y a canalizar sus legítimas demandas a través de los mecanismos de participación creados por el gobierno. Con este acuerdo se pretendía dar por superada la política de división de las comunidades y de asimilación de la población indígena a la sociedad mayor impuesta por la dictadura militar. 

Sin embargo, algunos sectores políticos e indígenas consideraron que con la firma del Acta de Nueva Imperial el movimiento autóctono se oficializaba, por lo que rechazaron esta estrategia. Entre las organizaciones contrarias al acuerdo estaba el Consejo de Todas las Tierras, creado en 1990 y que se originó en Ad Mapu debido a diferencias políticas entre sus principales dirigentes. El Consejo se marginó del proceso de suscripción del Acuerdo de Nueva Imperial, "retomando la propuesta de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche". 

Privatización de tierras  

Para la construcción de la Central hidroeléctrica Ralco se relocalizaron comunidades mapuches por medio de permuta de tierras, en contra de la voluntad de algunas familias. Además, se inundaron cementerios y sitios ancestrales sagrados para la religión mapuche. 

A inicios de la década de 1990, la empresa chilena Endesa, subsidiaria de la empresa española del mismo nombre, pretendía iniciar un gran proyecto para abastecer el suministro eléctrico del país. El potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Biobío ya había sido estudiado en la década de 1960 por la misma entidad cuando esta era pública. El 22 de mayo de 1990, el Ministerio de Economía autorizó la construcción de la central hidroeléctrica Pangue, primera etapa de un gran plan cuyo objetivo era erigir seis centrales en el Biobío. 

Inmediatamente sabida la resolución gubernamental sobre Pangue, surgió una fuerte oposición al proyecto, ya que alteraba las formas de vida de siete comunidades pehuenches que vivían en el área de inundación y la cuenca del río sufriría un severo daño medioambiental. El conflicto llegó a los tribunales de justicia donde finalmente, en 1993, la Corte Suprema acogió la apelación interpuesta por la empresa Pangue S.A. permitiendo la construcción de la central. Ralco sería un conflicto muy difícil de enfrentar. A pesar del fuerte apoyo que tuvo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hubo una férrea oposición de ecologistas -nacionales y extranjeros- y, sobre todo, del pueblo indígena. 

En 1993 se aprobó la Ley 19.253 de Desarrollo Indígena. La situación creada por esta ley, que había operado con la cooperación de los principales referentes mapuches hasta 1997, sufrió una crisis, cuando Endesa comenzó a construir una segunda central en la zona del Alto Biobío con el nombre de Ralco. De esta manera autoritaria se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuche-pehuenche. Nicolasa Quintremán, una de las habitantes de la comunidad afectada, encabezó el movimiento popular que desde 1995 trató de impedir la realización del proyecto. Organizó protestas masivas en ciudades como Santiago, Concepción y Los Ángeles. Además, fue una de las representadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde acudió a explicar la amenaza hacia las tierras pehuenches. El 10 de diciembre de 2002, la CIDH recibió una petición presentada por abogados representantes de la Universidad Arcis, el Center for International Environmental Law (CIEL) y de cinco pehuenches directamente afectadas (entre ellas, las hermanas Quintremán), donde se alegaba la violación por parte del Estado de Chile de varios derechos protegidos descritos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; además, se solicitó medidas cautelares para evitar que sus tierras fueran inundadas. En ese entonces las obras ya tenían un 70% de avance.

Explotación de plantaciones forestales 

En la misma época, comenzaba la explotación de las plantaciones forestales en predios que habían sido previamente otorgados a las comunidades mapuches durante el gobierno de Salvador Allende, pero que durante la dictadura pasaron a manos de algunos grupos económicos. Los intereses de las empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche, el temor de los agricultores que poseen predios considerados como usurpados por las comunidades mapuche y el aumento de la protesta social mapuche hacia fines de los años 1990 en la zona, motivaron al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12). El informe fue criticado por contener declaraciones de más de 15 agricultores afectados y solo de un representante mapuche. 

Además, las grandes plantaciones de pino y eucaliptos son incompatibles con las poblaciones humanas. El bosque crece tupido y nada se desarrolla junto a él. Las comunidades aledañas a las plantaciones no obtienen beneficios y, por el contrario, reciben perjuicios múltiples como el deterioro económico, social y ecológico del territorio. 

Homicidios en período democrático 

Jorge Suarez Marihuan (2001): hermano del Lonko de la comunidad de Malla Malla en el Alto Bío Bío, quien fue encontrado muerto el 11 de diciembre de 2001 en la ribera del río Queuco, luego de permanecer desaparecido por 6 días. La comunidad denunció una golpiza por parte de un grupo de desconocidos, que habrían actuado en complicidad con la policía uniformada. 

Edmundo Lemunao Saavedra (2002): fue asesinado durante la ocupación del fundo Santa Elisa, propiedad de la Forestal Mininco. El mayor Marco Aurelio Treuer utilizó una escopeta Winchester calibre 12.  

José Huenante Huenante (2005): durante la madrugada del 3 de septiembre de 2005, de 16 años, fue subido al radio patrulla (RP) N°1375 perteneciente a la 5.ª Comisaría de Puerto Montt. Eso fue en plena Avenida Vicuña Mackenna. Desde entonces se desconoce su paradero.  

Juan Collihuin Catril (2006): durante un allanamiento ocurrido en 2006 en el sector de Bollilco Grande, Nueva Imperial, fue asesinado el Lonko Juan Collihuin Catril por el sargento Luis Marimán. Al lugar llegaron carabineros acompañados por un grupo de civiles, no contaban con orden judicial y ocurrió de madrugada.  

Matias Catrileo Quezada (2008): durante la noche del 3 de enero de 2008, un grupo de 30 comuneros mapuche ingresaron al fundo Santa Margarita, de la comuna de Vilcún, que está a nombre de Jorge Luchsinger y es reclamada por la comunidad Lleupeco Vilcún. Al percatarse de la fuerte dotación policial del sector, el grupo comenzó a quemar fardos de pasto. Según el audio entregado por la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO) los comuneros sólo estaban atacando con piedras. Es ahí cuando se escucha la orden, “métele un balazo”. El cabo Walter Ramírez acusa recibo y dispara su subametralladora UZI. Una bala entra por la espalda en el pulmón de Matías Catrileo, estudiante de agronomía de la UFRO. Muere minutos después.  

Johnny Cariqueo Yañez (2008): murió de un infarto el 31 de marzo del 2008, tras una brutal golpiza propinada por carabineros del GOPE y de la Comisaría 26º de Pudahuel , minutos después que fuera inaugurada en esa comuna la plaza 29 de marzo, dedicada a los luchadores sociales caídos en dictadura y en democracia.  

Jaime Mendoza Collío (2009): resultó asesinado durante la ocupación del fundo San Sebastián por parte de su comunidad. El autor de los disparos, el cabo Patricio Jara Muñoz, alegó legítima defensa, presentando su casco y chaleco antibalas con numerosos impactos de balines. Un informe de la Policía de Investigaciones confirmó que dichos impactos habían sido hechos de manera posterior.  

Camilo Catrillanca (2018): nieto del lonko de la comunidad Ignacio Queipul Millanao del Lof Temucuicui, Juan Catrillanca. Falleció por un disparo en la cabeza percutado por funcionarios del Comando Jungla instaurado por el gobierno de Sebastián Piñera, mientras regresaba a su hogar en tractor. 

Criminalización del movimiento indigenista mapuche 

Diversas organizaciones han denunciado que existiría una criminalización de su lucha social. Las demandas de los indigenistas están ligadas a lo que denominan como recuperación de los territorios de los que afirman ser herederos ancestrales. Las personas que han sido juzgadas y condenadas mediante la ley antiterrorista creada durante la dictadura militar —que endurece las penas correspondientes a delitos comunes, cuando se configura el tipo de terrorismo— son consideradas presos políticos. Se han denunciado también otros hechos, como ataques a menores de edad en las comunidades mapuches; así, el 30 de octubre de 2007, Patricio Queipul Millanao, de 13 años, resultó herido en el tórax por al menos seis municiones disparadas por carabineros con sus escopetas antimotines. Este hecho se suma al de Daniela Ñancupil, de la misma edad, baleada en extrañas circunstancias por policías en enero de 2001,​ y que luego, en el 2002, fue secuestrada e interrogada por sujetos de civil, quienes la vendaron y la amenazaron para que desistiera de sus acciones legales. 

La Operación Huracán (2017), condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu. En enero de 2018, tras quedar a cargo de la investigación de los hechos, el Ministerio Público informó que se habría descubierto mediante pericias técnicas que Carabineros habría manipulado pruebas, razón por la que abrió una investigación contra la propia policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación. 

Raúl Castro Antipán 

Puso al descubierto los montajes con que los servicios de inteligencia criminalizan la causa mapuche. Raúl Castro Antipán, reclutado como informante de carabineros cuando era un joven estudiante activista vinculado con algunos grupos pro causa mapuche, fue infiltrado para, en sus palabras, desarticular la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Entre 2009 y 2011 una treintena de comuneros estuvieron detenidos por su testimonio como delator compensado por la Ley Antiterrorista; Castró llevó a la cárcel a 14 personas, que finalmente fueron absueltas por los tribunales de justicia. 

Reacción de organizaciones no gubernamentales 

El Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, denunció supuestas prácticas criminalizadoras contra el movimiento indigenista en sus observaciones al informe de Chile en marzo de 2007. En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la ley antiterrorista. Además, en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto, el Comité lamentó la información de que las "tierras antiguas" continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, expresando que Chile debía realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1, párrafo 2, y 27 del Pacto, debiendo agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales, debidamente demarcadas. 

También exhortó al Estado chileno a efectuar consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia, y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto. En 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya había formulado observaciones en el mismo sentido. 

Finalmente y de acuerdo a la académica Verónica Figueroa, postdoctorada del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford y profesora en la Universidad de Chile: 

Fuente: ALAI