El Día de la Tierra (de unos pocos)

En los últimos años, todas las personas hemos desviado nuestra atención hacia algo olvidado, algo dado por hecho: la Tierra. La pandemia del covid-19 —y últimamente la invasión de Ucrania— nos ha hecho mirar (aunque sea, por el rabillo del ojo) hacia lo que pensábamos que no podía escasear: nuestros alimentos. Y por extensión, hacia quiénes, dónde y cómo los producen. De repente, aparecen en las conversaciones cotidianas términos hasta ahora ajenos como el de soberanía alimentaria y problemáticas como las macrogranjas o si el precio que perciben los productores es justo y sus condiciones dignas.

Sin embargo, queda una última frontera: la Política Agraria Común (PAC). Ésta es, sin que muchos lo sepan, un elemento clave del sistema agroalimentario de Europa. Tiene la partida con  mayor presupuesto de la Unión Europea (33%) lo que le da un poder enorme: mediante su financiación, determina qué alimentos se producen y cómo. Solo en España y hasta 2027, supondrá la inversión pública de casi  6.800 millones de euros/año en subvenciones. O lo que es lo mismo, cada ciudadano y ciudadana europea aportará anualmente 113,15 euros de sus impuestos a apoyar el sistema agroalimentario, a las personas que producen en el campo y que la comida llegue a nuestro plato.

La cara B de este sostén del medio rural es que  el 80% de las ayudas de la PAC se reparten entre tan sólo el 20% de los beneficiarios. Es decir, este dinero público se encuentra concentrado en manos de unos pocos. Con distintas matizaciones, suelen tratarse, además, de fincas de gran extensión, intensivas, con un mayor uso de recursos naturales (como el agua y el suelo), de fertilizantes y plaguicidas y un mayor impacto en la biodiversidad y el clima. Un modelo que parece competir con las explotaciones más pequeñas, que abandonan al ritmo de 15 al día, según registró el  INE, entre 2013 y 2016. Tampoco resuelve otro de los grandes retos pendientes, el del despoblamiento del campo. 

Actualmente, estamos a punto de finalizar el diseño de esta política para los próximos cinco años, hasta 2027: cada estado miembro ha elaborado un Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), que es una propuesta de cómo entiende cada país que debería ser la PAC en su territorio. Antes de verano, la Comisión Europea lo validará o no. Poco a poco va creciendo el número de personas y organizaciones que la observan y vigilan. Desde la  Coalición Por Otra PAC —que aglutina a 50 entidades de la sociedad civil— abogamos por un marco agrario que sirva como palanca para la necesaria transición agroecológica, que sea justa y equitativa con las personas que producen alimentos; saludable, respetuosa con el medio ambiente; y responsable a nivel mundial. 

Desde la Coalición, llevamos alertando de la importancia y relevancia de un cambio de esta política agraria para que abandone el statu quo y que aborde con ambición las crisis climática, ambiental y social que el planeta está padeciendo. Algo crítico y urgente compartido por Bruselas: el 31 de marzo de este año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recibió las  observaciones de la Comisión Europea al PEPAC de España. En ese documento, el órgano europeo dudaba de la capacidad del Plan español para alcanzar los objetivos ambientales y climáticos comprometidos e instaba a realizar las modificaciones oportunas para su validación.

Entre otras cosas, la carta pedía explicaciones sobre el nuevo diseño de la ayuda básica a la renta (o pago básico), que sigue primando más a quien menos lo necesita; y que perpetúa un modelo injusto, basado en lo que se producía a comienzos de siglo (los llamados “derechos históricos”). También, alertaba sobre la incompatibilidad con los objetivos ambientales y climáticos de la financiación a inversiones que intensifican el campo. Estos subsidios perversos ayudan a mantener modelos de producción con importantes impactos sobre el medio ambiente, como el propio Ministerio de Agricultura ya reflejó en su  Evaluación Ambiental Estratégica. 

Especialmente preocupante señalado por la Comisión es la financiación destinada a aumentar la superficie de cultivos de regadío: sus beneficios ambientales son bastante dudosos (en verdad, inexistentes) y no parece ser el modelo de producción más adecuado para un país con un  elevado déficit hídrico. Tampoco, cuando se espera un aumento generalizado en la intensidad y magnitud de las sequías y, a su vez, una creciente aridez y aumento del riesgo de desertificación, como el Ministerio para la Transición Ecológica reconoce en su informe de 2021 sobre los  Impactos y Riesgos Derivados del Cambio Climático en España. Además, el organismo europeo avisa que España no ha diseñado intervenciones suficientes para reducir los gases de efecto invernadero de la ganadería y el uso de la tierra, para revertir la pérdida de biodiversidad y hábitats y para reducir la erosión, entre otros.

La misiva, por otro lado, reconoce ciertos avances positivos de esta PAC con respecto a la actual. Es el caso del apoyo a jóvenes y el equilibrio de género. También, aplaude la condicionalidad social y los ecoesquemas a manejos clave como el de ganadería extensiva. Este debería ser el camino de una Política que tuviera la ambición de transformar el sistema agrario español para adaptarlo a la realidad y a las incertidumbres que tiene por delante.

Si pese a las advertencias europeas, la PAC propuesta por España para los próximos años no se modifica, se podría favorecer que el dinero público siga yendo a las manos de unos pocos, que además sustentan su posición mediante la explotación insostenible de los recursos naturales y la expulsión de las personas de nuestros pueblos. 

En este punto, entra en juego la ciudadanía y su poder de presión. Y el primer paso es que la PAC se incorpore a su vocabulario consciente. Quizás, entonces, reclame un cambio del modelo agroalimentario para que podamos devolver la tierra a todos y todas.

Fuente: El Salto Diario